FORO POLICIA

HECKLER & KOCH SFP9 9mm x 19

Diseñada para profesionales

uspsuministros.com

La Policía, en colaboración con Europol, ha detenido a once personas, diez de ellas en España, en la mayor operación contra el cibercrimen. Los agentes han desarticulado una red que pretendía infectar con un virus millones de ordenadores de una treintena de países, empleando como señuelo a la Policía.

El conocido en España como el virus de la Policía es un tipo de malware que bloquea el ordenador y solicita el pago de una multa de 100 euros por acceder a páginas que contienen pornografía infantil o webs de intercambio de archivos. Desde que se detectó en mayo de 2011, en nuestro país, han salido a la luz más de 1.200 denuncias.

La operación, bautizada con el nombre de Ransom, ha culminado con la detención de la creación, desarrollo y difusión de las diferentes versiones del virus a nivel internacional. Se trata de un ciudadano ruso de 27 años que fue arrestado en los Emiratos Árabes, cuya estraditación ya está en curso. Los otros diez integrantes de la cúpula de la red han sido arrestados en Benalmádena y en Torremolinos.

Además, los agentes han logrado dar con la célula financiera que se establecía en la Costa del Sol. Su actividad consistía en blanquear el dinero obtenido con el fraude, que podría rondar el millón de euros anuales. Trataban de sacarlo del país mediante complejos medios de pago online.

"Ni la Policía Nacional ni la Agencia Española Protección de Datos sancionarían así", advertía la Policía en un tuit, en el que remitía a la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) para arreglar el virus. La Policía Nacional ya había denunciado la existencia de este timo meses antes, pero insistía en sus advertencias dado que sus responsables habían cambiado sus prácticas para tratar de burlar las precauciones de los internautas.

En la modalidad del virus que se distribuyó a principios de 2012, el mensaje que veían las víctimas del timo en su pantalla llevaba el encabezamiento de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior. Después, las supuestas sanciones procedían de la Agencia Española de Protección de Datos y, en otra modalidad, de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).