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Dimite la dirección del Sindicato Policía Foral en apoyo a su presidente
Fue condenado por haber trasladado 5.500 euros de una cuenta corriente a otra del sindicato y, por ello, haber retrasado el embargo por unos acreedores
Subraya su "asombro" ante el contenido de la sentencia condenatoria dictada por la denuncia presentada contra Eizaguirre



AGENCIAS. Pamplona Viernes, 13 de agosto de 2010 - 13:41 h.
La dirección del Sindicato Policía Foral (SPF) ha decidido dimitir "en bloque" en apoyo, protesta y desacuerdo con la situación de su presidente, condenado por haber trasladado 5.500 euros de una cuenta corriente a otra del sindicato y, por ello, haber retrasado el embargo por unos acreedores.

Según han asegurado, esta decisión, que ha sido adoptada también "en asunción de su corresponsabilidad en la dirección y acción de esta organización", no presentará merma en el desarrollo ni acción sindical del SPF, pues dicha dirección será asumida hasta la celebración de las próximas elecciones por una junta de delegados electos.

Así lo ha anunciado hoy el SPF en un comunicado en el que, conjuntamente con los sindicatos profesionales ErNE (Policía Vasca), SPC (Policías de Catalunya) y CEP (Confederación Española de Policía), muestran su "apoyo unánime y conjunto" a la gestión realizada por Antonio Eizaguirre como presidente del SPF y lamentan la dimisión que presentó tras conocer la sentencia.

A este respecto, subrayan que "le honra su honorabilidad y responsabilidad para con sus representados su decisión de dimitir del cargo" pero aseguran que "los motivos que han determinado dicha acción, no ha sido otra que su transparencia y su falta de interés personal".

Ello, agregan en su nota, "ha sido provocado por una situación en la que se ha visto inmerso por defender los intereses de sus afiliados y del derecho sindical de los mismos, ante una situación cuando menos injusta y provocada por actos de otras personas ajenas a la actual dirección del sindicato".

También subrayan su "asombro" ante el contenido de la sentencia condenatoria dictada por la denuncia presentada contra Eizaguirre por parte de un bufete de abogadas "por un caso cuando menos incomprensible".

En este sentido, muestran su convicción de que su actuación "fue en todo caso en el ejercicio de la libertad sindical y defensa del sindicato" ya que "el origen de todo reside en una reclamación del sindicato en favor de trabajadores que se estimó por los juzgados pero que no se pagaba por la Administración".

Además, señalan que el sindicato "no tenía ingresos para el pago de los servicios contratados hasta que se consiguiera hacer efectiva la sentencia" y que en el momento en que se hizo efectiva la sentencia "se abonaron las deudas", además de que las cuotas sindicales "son inembargables".

Tras calificar de "incomprensible" la resolución judicial, exponen una serie de argumentos que les lleva a opinar que se ha llevado a cabo "una auténtica vulneración de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución" y a afirmar que "hay más que suficientes motivos para acudir al Tribunal Constitucional en Recurso de amparo".

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