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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana castigará también la desobediencia a la autoridad cuando no desencadene delito.
El botellón en lugares públicos no autorizados podrá costar multas de hasta 30.000 euros y habrá sanciones de entre 3.000 y 30.000 para aquellos que usen capuchas o cascos en actos vandálicos. Éstas son las novedades más destacas de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que está preparando el ministerio del Interior, según confirmó ayer Jorge Fernández Díaz.

MADRID. Esta ley que debe estar perfilada, según publicó ayer ABC antes de que finalice el año para evitar desórdenes públicos, consta del nuevo régimen sancionador que van a tener infracciones como la perturbación del orden público siempre y cuando no sean constitutivas de delito (en ese caso se aplica directamente el Código Penal). Cadena Ser aseguró ayer que las infracciones se van a clasificar entre muy graves, graves y leves. Según fuentes de Interior, la clasificación se establece en función de la intensidad y de la gravedad de los ataques que se lleven a cabo contra bienes jurídicos protegidos.

Para el caso de las muy graves, las sanciones pueden llegar hasta los 300.000 euros y para el caso de las graves hasta los 30.000 euros. Lo más llamativo son las sanciones económicas que se van a establecer para las infracciones consideradas graves. Pueden llegar hasta los 30.000 euros e incluye la celebración de un botellón en lugares públicos no autorizados para el consumo de alcohol. También es considerado falta grave el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, aunque el objetivo no sea el tráfico y el abandono de utensilios o instrumentos empleados para drogarse en escenarios públicos.

DESORDEN PÚBLICO Se confirma también como falta grave el uso de capuchas, cascos u objeto que cubra el rostro por completo en actos vandálicos, así como la perturbación del orden público que no desencadene en delito, en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, acontecimientos solemnes o reuniones numerosas. Algo que ya había anunciado el Ministerio de Interior que iba a castigar duramente. Serán también faltas graves o muy graves la desobediencia y la falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito. En este mismo catálogo, serán consideradas faltas graves el uso público e indebido de uniformes, trajes, insignias o condecoraciones oficiales, además de atribuirse públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea.

Por último, para los casos leves, las multas oscilarán entre los 300 y los 3.000 euros. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz prevé, además, ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de acuerdo con su gravedad. Lo que se pretende es que los expedientes sancionadores no expiren. Según fuentes de Interior lo que se pretende con todas estas modificaciones es conseguir un efecto disuasorio contra la alteración del orden público y evitar altercados cometidos en los últimos meses como los de Barcelona o los de Valencia, en los que se sucedieron asaltos a entidades bancarias, amenazas a sus empleados, destrozos del mobiliario urbano o resistencia a la autoridad.

El Gobierno quiere así actualizar y concretar las conductas que integran el catálogo de infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana, y dotarse de medios legales para que los responsables de actos de vandalismo no queden impunes.

Ya era hora de un cambio sustancial!

Ahora solo falta una modificación del Código Penal que castigue con prisión los casos de agresión a Agentes de la Autoridad, de lo contrario se daría la paraadoja de que se castigue mas una falta de respeto que una paliza.

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