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Se trata de la huelga del personal de seguridad privada que, en principio, no terminará hasta Fallas.
Alternativa Sindical, asociación convocante de esta protesta, denunció ayer los servicios mínimos establecidos, que “suponen la vulneración del derecho a la huelga”.
De hecho, la inspección de Trabajo –por otra huelga anterior– ha abierto dos actas de infracción contra las empresas de seguridad por no “constar el cumplimiento del trámite de previa audiencia al comité de huelga en la determinación concreta de las personas que prestan los servicios esenciales”.
El personal de seguridad convoca la huelga porque no se ha aumentado el número de efectivos pese a que el incremento de viajeros no ha cesado desde que comenzó la explotación del servicio.
Desde la intersindical no entienden cómo no se ha incrementado el personal “cuando cada vez son más frecuentes las agresiones tanto a maquinistas, como usuarios y empleados de FGV”. Citan otros dos ejemplos: “El año pasado atendimos 12.000 incidencias y en el turno de la mañana solo somos 13 personas cuando en Madrid son 600”.
Falta de efectivos
Otra de las demandas del sindicato es obtener una explicación de por qué en determinados tramos de la red y a determinadas horas no existe vigilancia, así como los recortes que se han producido en este ámbito.
Este grupo ha hecho coincidir parcialmente su paro con la protesta convocada por el Sindicato Ferroviario (SF), la entidad con menor representación en la empresa. No obstante, esta agrupación no comenzará su huelga hasta el día 6 –en el caso de que la empresa entregue el calendario de reuniones– o hasta el nueve –si es que no han llegado a un acuerdo–.
Las reivindicaciones del SF se resumen en una revisión de los puestos de trabajo porque no se tuvo en cuenta nuevas funciones de los empleados, qué modelo de seguridad quiere la empresa y el proceso a seguir y que se defina claramente cómo se entra en la compañía y los cauces para ascender.
A estos puntos añaden otro apartado que hace referencia al proyecto de expansión de FGV y pretenden que la empresa les diga si está estudiando permitir que operadores privados dar servicio.