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Cartera Guardia Civil |
 Fabricada en piel de vacuno |
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El edificio por el que Interior ha obtenido hasta ahora una mayor suma (18.600.000 euros) ha sido el complejo policial de Vía Layetana, en Barcelona, que será reconvertido en un hotel de lujo. El más barato ha sido una caseta de vigilancia en San Fernando (Cádiz), por el que obtuvo 203 euros.
Esta especie de inmobiliaria fue creada por la ley 66/97, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar (PP), con la función de "desarrollar las directrices del Ministerio del Interior en materia de patrimonio inmobiliario y condiciones urbanísticas del mismo, a efectos de la elaboración y realización de los planes de infraestructura de la seguridad del Estado". Pero realmente este nuevo organismo no empezó a funcionar hasta 1999, siendo Jaime Mayor Oreja ministro del Interior.
El pomposo lenguaje de la legislación oficial encubría el verdadero objetivo del nuevo organismo: hacer que el dinero obtenido con la venta de los cuarteles y comisarías que queden obsoletos sea reinvertido en nuevas instalaciones para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.
Hasta que el PP creó la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), era Patrimonio Nacional quien daba al mejor postor los inmuebles de la policía y la Guardia Civil y quien después utilizaba el dinero recaudado.
La GIESE, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha vendido desde 1999 un total de 183 destacamentos de la Guardia Civil, por los que ha obtenido casi 45 millones de euros, y 26 comisarías o edificios del Cuerpo Nacional de Policía, por los que ha logrado recaudar más de 56 millones de euros. Casi la mitad de estos inmuebles han sido vendidos a Ayuntamientos o a Gobiernos autónomos. "No somos una oficina inmobiliaria. Nuestra intención es que estos edificios sean de utilidad para el pueblo en el que están. Por eso, primero se los ofrecemos a las autoridades locales o regionales; y sólo cuando éstas nos comunican que no están interesadas en ellos, los sacamos a subasta libre", explica el general de brigada Gonzalo Jar Couselo, secretario general de la Gerencia de Infraestructuras. Los estatutos de este organismo autónomo, dependiente de Interior, impiden regalar estos inmuebles a fin de evitar cualquier tipo de componenda política.
En el caso de que un Ayuntamiento decida comprar un cuartel o una comisaría, debe comprometerse a mantener durante un periodo de 10 años su actual calificación urbanística y a no proceder a ningún tipo de recalifica-ción. Sin embargo, si el adquiriente es un ciudadano particular, no está sometido a estas cláusulas.
La mayor parte de los establecimientos policiales que están siendo vendidos se hallan en Cataluña, debido a que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están abandonando muchas de sus competencias en esta comunidad al ser sustituidos por los Mossos d'Esquadra. El resto de locales están ubicados en zonas próximas a Francia y Portugal, que han dejado de ser funcionales ante la desaparición de las fronteras dentro de la UE, según explica el general Jar.
En la capital barcelonesa, por ejemplo, la Generalitat ha adquirido para los Mossos d'Esquadra tres antiguas comisarías de distrito del Cuerpo Nacional de Policía. En la misma ciudad, el Ayuntamiento ha comprado por 12 millones de euros el inmenso cuartel de la Guardia Civil de Tráfico sito en la calle de Navas de Tolosa, donde hará equipamientos sociales y 150 apartamentos para jóvenes y jubilados.
Este proceso inmobiliario no siempre es tranquilo y pacífico. Así, el complejo de la calle de Navas de Tolosa tiene vigilancia permanente de la Guardia Civil desde hace cuatro años para impedir que sea asaltado por jóvenes del movimiento okupa. El Ministerio del Interior no quiere que se repita la situación que se ha producido en el cuartel de Mongat ni en las instalaciones de la Guardia Civil en el paseo Juan de Borbón, en el puerto barcelonés.
Cuando los viejos cuarteles o comisarías son adquiridos por particulares, éstos los destinan a usos muy diversos, Por ejemplo, el antiguo acuartelamiento de Peguerinos (Ávila), vendido por 132.000 euros, ha sido transformado en albergue rural, conservando las troneras y torres de vigilancia originales. Otros, como el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Ricla (Zaragoza), ha sido adquirido por un empresario agrícola, que lo ha transformado en 17 apartamentos que ha alquilado a otras tantas familias de inmigrantes -rumanos en su mayoría- que trabajan de temporeros en sus campos de frutales.
El Ministerio del Interior se ha fijado como objetivo obtener un promedio anual de 24 millones de euros por la enajenación de edificios de los dos cuerpos policiales estatales, con el compromiso de reinvertir este dinero en nuevos inmuebles para ambos.
