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La aplicación del nuevo Código Penal podría quedar en vilo en la zona del entorno metropolitano de Barcelona dónde la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora. El fiscal especial de Seguridad Viaria, Bartolomé Vargas, anunció ayer que "está en estudio" la posibilidad de no pedir prisión a los que superen los 160 kilómetros por hora "si queda claro que la limitación se ha hecho sólo por razones medioambientales". Sería una salida al conflicto abierto entre la aplicación de la nueva ley que entró en vigor el pasado domingo y los nuevos máximos establecidos en Barcelona.
La llave de la cuestión reside en el hecho que la reforma legal establece penas de prisión para aquellos que superen en 80 kilómetros por hora los límites legales a las vías interurbanas. Así, mientras en el resto de autopistas la línea roja se sitúa en los 200 kilómetros por hora, en las del entorno barcelonés se podrá ir a la prisión por una velocidad sin lugar a dudas excesiva, punible por la vía administrativa, pero que los legisladores no consideran delictiva.
LÍMITES CREÍBLES
Vargas explicó a este diario que la reforma penal fija claramente que los delitos están vinculados a la seguridad viaria y no al medio ambiente. Por lo tanto, existe una rendija legal por evitar condenas que el presidente de la Comisión de Seguridad Viaria del Congreso, Jordi Jané (CIU), entre otros expertos, considera "exageradas". Este diputado, el principal impulsor desde el Congreso de la reforma penal, reiteró en una emisora de radio que los límites legales deben ser creíbles por ser cumplidos y recordó que algunos tramos de 80 disponen de hasta cinco carriles de anchura.
El fiscal especial informó que la resolución se tomará los próximos días de común acuerdo con la fiscalía de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y el Servicio Catalán de Tránsito (SCT). Ya habrá tiempo por analizar esta cuestión, porque la señalización de la zona está todavía en fase informativa y los Bocados no empezarán a tramitar las sanciones hasta el día 1 de enero.
La flexibilidad de la fiscalía de la Administración central contrasta con la rigidez exhibida por los responsables del tránsito en Catalunya. El director del SCT, Josep Pérez-Moya, se mostró contrario a la "generosidad" con los conductores que sobrepasen la línea roja delictiva. "Son tramos muy cortos que forman parte de un continuo urbano en su mayoría. ¿Estaríamos justificante que allá se vaya a 160 kilómetros por hora? ¿Debe prevalecer la cultura de la velocidad, inmediatez y/o rapidez sobre la seguridad viaria o ambiental?", se preguntó el responsable autonómico tras firmar un convenio sobre seguridad viaria con el Ayuntamiento de Mataró (Maresme).
MEJORA EN LA SEGURIDAD
Pérez Moya lanzó un mensaje muy claro a quien sobrepase los 160 kilómetros por hora en la franja limitada a 80: "Primero, que se lo haga mirar; segundo, que conduce de manera absolutamente irresponsable, y tercero, que merece ser perseguido y sancionado por la Administración de manera clara y contundente". Después aseguró que la medida tendrá un efecto indudable en la seguridad viaria y recordó que "a todas las áreas metropolitanas europeas dónde se ha aplicado la reducción a 80, la siniestralidad ha bajado entre el 35% y el 50%", informa Mar Loire.
El responsable autonómico dio después una pista que permite explicar su postura. Confesó que si él hubiera sido el legislador del nuevo código, "habría sido más restrictivo" con el límite de velocidad delictivo marcado dentro del casco urbano. La propuesta inicial de la Dirección general de Tráfico fue considerar delictivos todos los excesos que superaran los 70 kilómetros por hora a las vías interurbanas, pero nunca un exceso de 40, como la práctica pasaría a la zona 80 si se aplica al pie de la letra la nueva ley.
