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Los vigilantes de seguridad privada podrán practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no tendrán potestad para averiguar o comprobar estos datos, según los cambios que se introducirán en Ley de Seguridad Privada, que se está tramitando en el Senado. Imágenes Vigilantes de seguridad 1 Foto No podrán efectuar ningún interrogatorio al detenidoEl PP ha presentado un total de doce enmiendas a esta Ley, que fue aprobada en el Congreso con el apoyo de CiU y PNV. Entre sus propuestas, los 'populares' introducen una modificación del polémico artículo 32, que permite a los vigilantes de seguridad practicar detenciones. Según la redacción de la enmienda del PP, la Ley mantendrá la potestad de los vigilantes para "detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes", en relación "con el objeto de su protección o de su actuación". También mantiene que no podrán efectuar ningún interrogatorio al detenido, aunque establece que sí podrán anotar sus datos personales para comunicarlos a las autoridades. En la anterior redacción de la Ley, la norma permitiría a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente. Todos los ciudadanos pueden detener El Grupo Popular explica que propone esta redacción alternativa para "facilitar su interpretación y aplicación" y aclarar que, al margen de lo anterior, los vigilantes de seguridad solo pueden practicar la detención en los mismos casos en que el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce esta facultad a cualquier persona. Tras la aprobación de la Ley en el Congreso, el Ministerio del Interior ya puntualizó que los vigilantes privados tenían competencias para practicar detenciones desde 1992, con la anterior legislación. Y añadió que Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 permite a cualquier ciudadano detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.

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