Descansad en Paz compañeros no os olvidamos
 Materiales de alta calidad |
materialpolicial.com |
La falta de meticulosidad de algunas empresas de seguridad daña la imagen de los vigilantes jurados
Francisco Mercado. Madrid. 21|AGO|1983
La imagen del guardaespaldas particular o la del uniformado vigilante jurado de una urbanización privada empiezan a ser un hecho real que supera las versiones cinematográficas o literarias conocidas. Pero más allá de esa imagen externa, la realidad es que realizar un chequeo exhaustivo a las empresas de seguridad encargadas de reclutar a estos profesionales y de facilitar sus servicios puede ser inquietante. Algunas no cumplen la legalidad vigente, en otras se ha detectado intrusismo, las deficiencias de seguridad para los mismos empleados son ostensibles y, por si fuera poco, unas pocas alimentan la sospecha de que podrían realizar un solapado contrabando de divisas y de armas.
En España hay más de 400 empresas de seguridad (vigilancia, transporte de fondos y fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de alarma), que en muchos casos no están registradas ni controladas, como es preceptivo, por el Ministerio del Interior. Diversas denuncias de los sindicatos abundan sobre este punto y acusan a estas empresas de incumplir la normativa vigente, en detrimento precisamente de esa seguridad que pretenden dar al cliente. No faltan incluso sospechas de que algunas de ellas actúan como tapadera para contrabando de divisas y armas. Los vigilantes jurados de que disponen estas empresas -alrededor de 15.000- son ocasionalmente destinados por éstas a cumplir funciones de guardaespaldas, lo que es absolutamente ilegal dado que es una de sus fuentes más lucrativas.El despertar de estas empresas se produjo a raíz del decreto de marzo de 1974 por el que se obligaba a las entidades bancarias a adoptar una serie. de medidas de autoprotección (incorporación de vigilantes jurados, instalación de sistemas. de alarma y protección para el transporte de fondos, etcétera). La ley sólo contempla la existencia del vigilante jurado, no la del guardaespaldas. El vigilante jurado, que siempre ha de actuar uniformado y armado, no puede dedicarse a la custodia de personas, salvo que éstas se encuentren en el interior de el edificio que debe oficialmente vigilar. Incurrirá en grave falta, de la que es responsable la empresa a la que pertenezca, si actúa como tal, vaya o no provisto de arma y uniforme, si actúa fuera de dicho ámbito específico o fuera de su jornada. Una vez concluida su jornada tiene, igualmente prohibido ir vestido de uniforme y con pistola. La pistola, que es propiedad de la empresa de seguridad, debe ser dejada en la misma cuando el vigilante haya cumplido su horario.
No parece que los controles para impedir portar el arma fuera de la jornada sean muy estrictos, cuando menos en la empresa Sociedad Anónima de Servicios de Seguridad (SASS), filial de Prosegur. Si bien las hojas de autorización para desplazarse provisto del arma deben ser obligatoriamente expedidas y firmadas. por el jefe de seguridad, SASS entrega hojas no sólo sin la firma del mismo, sino en blanco, con lo que el vigilante puede rellenar a su placer la hora o el itinerario a recorrer (uno de estos impresos obra en poder de EL PAIS). No ha sido infrecuente que algunos vigilantes conserven su arma concluida su jornada e intenten obnubilar con su exhibición a la muchacha con quien intentan flirtear en cualquier discoteca.
En Euskadi, los guardaespaldas son legión
La normativa vigente prohíbe rigurosamente tanto que un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúe como vigilante jurado como que éste actúe de guardaespaldas. Sin embargo, algunas empresas, particularmente durante el pasado campeonato mundial de fútbol, no han dejado de destinar a este cometido a algunos de sus vigilantes, si bien a unos precios desorbitados, conscientes de las sanciones a que se exponían (desde una multa de un millón de pesetas hasta la posible suspensión o cancelación de la empresa). La policía, no obstante, es consciente de que son legión, particularmente en Euskadi, los ciudadanos que tienen guardaespaldas.
El departamento policial de Seguridad e Instalaciones, encargado de controlar estas empresas, está elaborando un decreto precisamente para regular la figura del guardaespaldas. Ante el vacío normativo, aparece la picaresca.
Menudean las infracciones de estas empresas, replicadas por las pertinentes sanciones administrativas, por motivos variados: que los guardas jurados porten su arma fuera del servicio, que la empresa no entregue una memoria, anual de actividades o no comunique una variación en la composición de su consejo de administración, etcétera (la policia. siempre debe conocer la relación exhaustiva de los titulares, directivos y empleados).
El intrusismo es frecuente
También abunda, a decir de Ia policía, la falta de seriedad y meticulosidad en las empresas instaladoras de sistemas de seguridad, terreno en el que suele ser muy frecuente el intrusismo. Miembros de una de estas casas aseguran que aunque Interior tiene registradas 400 empresas, en la realidad funcionan cerca de 1.000, como se comprueba por el número de las que se inscriben para las ferias del sector.
Por otro lado, le quejan de la falta de calidad de los sistemas de seguridad, en su mayoría obsoletos, que instalan a desorbitaaos precios, críticas que extienden a los parámetros de calidad de Interior. Al no estar supervisada en muchos casos la labor de estas empresas, "pueden instalar un receptor de radio y decir que es un detector de infrarrojos".
La abundante presencia en estas empresas de ex miembros del Ejército, policía o Guardia Civil (general Manuel Prieto en Prosesa o el coronel Carlos Carbonell en SASS) se explica por la mayor farmiliaridad y contactos de que disponen a la hora de intentar conseguir contratas con Interior (instalación de sistemas de control en los accesos, blindaje de garitas o vehículos, etcétera) o por la facilidad de resolución de cualquier problema en relación con las armas. También algunos políticos han estado vinculados a empresas de seguridad, con importantes cargos en ellas, como los ex ministros Rodolfo Martín Villa a Prosesa o José María López de Letona y el argentino José López Rega a SASS, según afirman empleados de ésta. Las jefaturas de seguridad de muchos bancos y empresas hayan sido ocupadas por destacados policías del antiguo régimen. Este camino han seguido, entre, otros muchos, Genuino Novales, José Luis Fenández Dopico, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño), ex responsable, de Seguridad Ciudadana, ex director de la policía y destacado miembro de la brigada político-social durante el franquismo, respectivamente.
Contrabando de armas y divisas
Abundan las sospechas de que algunas empresas pueden ser cauce para operaciones de contrabando. La policía realizó en junio de 1982 una investigación sobre la empresa Prosegur, a raíz de la denuncia presentada por Diego Hurtado, presidente de la Federación de Vigilantes Jurados del sindicato USO, quien acusaba a dicha multinacional argentina de realizar evasiones de divisas a Suiza desde el aeropuerto de Palma de Mallorca. Hurtado aseguraba que entre el control de aduana y la salida del vuelo a Suiza las sacas que contenían las divisas podían ser manipuladas por Prosegur. Un directivo de la empresa calificó tal acusación de "sucia maniobra". Sin embargo, miembros de algunas empresas no ocultan que los furgones que, ocasionalmente se dirigen desde Cataluña a Andorra no tendrían excesivas dificultades para evadir divisas a través de esta vía.
No falta tampoco quien involucra a algunas de estas empresas en operaciones más serias: contrabando de armas. Cabe recordar que, a raíz de interceptarse el carguero Allul (repleto de armas y proveniente de Bélgica con destino a Bilbao), si el 3 de octubre de 1978 era asesinado el comandante de Marina Francisco Liesa, considerado como juez instructor del caso el 15 de octubre era asesinado en la puerta de su casa el director de la empresa Proasa, a quien diversos medios periodísticos vinculaban al contrabando die armas y a prestación de servicios de guardaespaldas, extremos que la familia del asesinado siempre han negado.
En la localidad de Burriana (Castellón), según un testigo presencial, son desembarcadas una vez por mes armas de contrabando que luego son transportadas en camiones de cerveza a un restaurante situado en las afueras de la localidad. Allí, las armas son recogidas en furgones blindados de una empresa de seguridad que los transportan hasta el departamento de Las Landas, en el suroeste del país galo, que se extiende hasta las poblaciones consideradas dormitorios de etarras: Biarritz, Rayona, etcétera.
En cualquier caso, las empresas tienen unos rendimientos muy elevados: si la empresa cobra por el mantenimiento de un vigilante jurado, 42 horas semanales durante un año 1.632.000 pesetas, el vigilante en cuestión cobrará al cabo de igual período 828.855 pesetas, aproximadamente. Si el precio de un vigilante acompañante parece caro, el cliente siempre tiene opción a que la empresa de seguridad le alquile los servicios de un perro por poco más de 30.000 pesetas mensuales, sin problemas de festivos ni nocturnidad.
Los empleados consideran arriesgado que en las dependencias de éstas se lleguen a almacenar hasta 5.000 millones de pesetas para su reparto total o parcial al día siguiente. Y juzgan temerario que los bancos ambulantes (furgones que circulan continuamente en previsión de socorrer una emergencia de falta de fondos de un banco) transporten hasta 80 millones de pesetas custodiados por el conductor y dos vigilantes jurados, con un armamento consistente en tres pistolas y una escopeta.
Los policías temen abusos al legalizarse que los guardas realicen detenciones
Un reglamento regulará el uso de armas por los vigilantes
Francisco Mercado. Madrid. 29|AGO|1991
El anteproyecto de ley de Seguridad Privada elaborado por Interior no regula los supuestos en que se puede dotar con armas de fuego a los vigilantes" y los remite a un posterior reglamento. El SUP, sindicato policial mayoritario, denuncia que se hurta este punto al debate parlamentario. Los vigilantes, según el borrador, serán "agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones", con capacidad para detener, lo que alarma al SUP, por entender que podrán arrestar por meras sospechas. En España hay 46.672 vigilantes.
El anteproyecto afirma que "reglamentariamente se determinarán los supuestos en que se puede dotar con armas de fuego a los vigilantes de seguridad". Este artículo recibe la crítica del SUP por estimar que al regularse por reglamento y no por ley este crucial aspecto, su elaboración se hurta al Parlamento y queda en las solas manos del Gobierno. La ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en cambio, limita el uso de armas por policías o guardias civiles a situaciones de un riesgo racionalmente grave" para la vida o integridad flisica del agente o de terceros.El anteproyecto determina que "los vigilantes de Seguridad tendrán el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, en relación con los bienes, establecimientos o vehículos de cuya vigilancia o custodia estuvieren encargados y siempre que fueren portadores del uniforme y distintivo del cargo que sean preceptivos". El SUP estima un "exceso" equiparar a los vigilantes con las fuerzas de seguridad, por entender que los convierte en "una policía paralela".
El anteproyecto atribuye a los vigilantes las misiones de "ejercer la vigilancia y protección de bienes e inmuebles" y evitar la comisión de actos delictivos o infracciones, en relación con los bienes objeto de protección".
No obstante, el mayor rechazo policial viene generado por el otorgamiento a los vigilantes de competencia para "detener, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal, a los delincuentes en relación con los bienes objeto de su protección, haciendo entrega inmediata de aquéllos, así como de los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". El SUP critica este punto: "El problema es que, como agentes de la autoridad que serán, podrán detener no sólo ante un delito flagrante, sino por meras sospechas, e incluso estarán facultados para realizar identificaciones, que no dejan de ser una detención".
La ley de Enjuiciamiento Criminal faculta al agente de la autoridad a detener, no sólo ante un flagrante delito, sino cuando "tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito" y "que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él".
El texto regula la figura del escolta personal, que "sólo podrá realizarse previa autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a la forma de prestación de servicio".
La ley prevé sanciones de hasta 25 millones de pesetas y cancelación de la inscripción de la empresa de seguridad que cometa faltas muy graves.
