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El Ayuntamiento de Málaga se resiste a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada el 27 de noviembre de 2009, declarada firme por el Tribuna Supremo en 2011 y que anula las pruebas de la Policía Local de 2002 así como el nombramiento de 94 agentes, lo que supone aproximadamente el 10% de la plantilla. El 11 de marzo de 2013, tras solicitar la parte demandante la ejecución forzosa de la sentencia, la Sala del TSJA en Málaga dio al Consistorio un plazo de 20 días para informar «sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo». El Ayuntamiento respondió «en tiempo y forma» según fuentes oficiales, pero sólo para explicar que aguardan aún el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo presentado por la UPLB. Sin embargo, el TC ya se pronunció en enero de 2012 desestimando dicha petición. Según la documentación presentada por el Consistorio a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga, a la que ha tenido acceso este periódico, y respecto al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional interpuesto por los codemandados (sindicato UPLB) el día 5 de julio de 2011, el Ayuntamiento «desconoce actualmente el estado de tramitación del mismo, es decir si ha sido admitido y, en su caso, resuelto». En dos hojas escritas a modo de resumen preliminar por la asesoría jurídica municipal, se informa de que, ante tales circunstancias y «desde una perspectiva prudente y con la finalidad de no perjudicar gravemente los intereses generales y los derechos de terceros, como ocurriría con los codemandados, se suspendió la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 226/2003, hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso de amparo interpuesto o bien hasta que cualquiera de las partes del proceso instase la ejecución forzosa». Sin embargo, la ejecución forzosa ya la había pedido una de las partes y por eso precisamente desde el TSJA se requiere al Ayuntamiento el cumplimiento del fallo. Por otro lado, el Constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por la UPLB el 9 de enero de 2012, hace más de un año, según documento al que ha tenido acceso ELMUNDO.es. Parte de la documentación adjuntada por el Ayuntamiento a la Sala del TSJA lo constituye un informe del área de Personal, Organización y Calidad del Ayuntamiento de Málaga en el que se relata la actuación municipal respecto a este asunto desde el 14 de abril de 2010, cuando conocen la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2009 por el TSJA. A partir de ahí se cuenta cómo el Consistorio recurrió sin éxito la resolución judicial y después lo hicieron los «interesados» o «codemandados», en refererencia a la UPLB(Unión de Policía Local y Bomberos). Primero interpusieron un «incidente de nulidad de actuaciones judiciales ante el Tribunal Supremo», después un recurso de súplica en la Sala del TSJA «por el cual se solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia» y finalmente un «recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de fecha 10 de febrero de 2011» del Supremo que declaró firme la sentencia que anula las oposiciones y sus consecuencias. El informe del área de Personal fechado el 20 de marzo de 2013 y remitido al TSJA recoge que los dos primeros intentos fueron infructuosos, pero cita informes de la Asesoría Jurídica municipal de julio de 2011 que aconsejan «esperar a que se produzca alguna decisión judicial sobre el recurso de amparo interpuesto por los codemandados ante el Tribunal Constitucional», aunque dicho recurso «no implica la suspensión de la ejecución de la sentencia». Así, el relato de los hechos concluye el 15 de julio de 2011, sin informar a la Sala del TSJA de todo lo acontecido desde entonces, y aunque se alude a un escrito del 10 de mayo de 2011 del letrado de los recurrentes, Francisco Hurtado, instando al Ayuntamiento a «dar solución extrajudicial al recurso citado», no se hace referencia alguna a otros tres requerimientos posteriores pidiendo la ejecución de la sentencia. En todo este tiempo la parte demandante no recibió explicaciones ni fue informada tampoco de la existencia del recurso de amparo ante el Constitucional. Hurtado, en representación de varios afectados, recurrió las oposiciones de la Policía Local de Málaga de 2002 tras detectar una filtración de preguntas en una de las pruebas, y solicitó la nulidad de las mismas.
De 94, algun@ habrá que se lo haya sacado límpiamente y con muchísimo esfuerzo. Putadón para esa gente. Como vaya para adelante les arruinan la vida...
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