Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco |
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La Unión Federal de Policía (UFP), mediante una nota de prensa, denuncia la destrucción por parte del Gobierno de la Seguridad Pública en beneficio de la Seguridad Privada, así en el comunicado se señala que “el Ministro del Interior establece para este año, dentro de la oferta de empleo público, un total de 140 plazas para el acceso a escala básica del CNP. Acto seguido, el viernes 12, presenta el anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada, en el que abre las puertas a la seguridad privada a servicios como:
- Videovigilancia privada dentro de inmuebles.
- Vigilancia en polígonos, urbanizaciones y zonas peatonales.
- Vigilancia perimetral de prisiones.
- Investigación privada .
- Servicios de planificación y asesoramiento. Incorporando el principio de complementariedad
entre la seguridad privada y pública.
Las consecuencias son evidentes:
- De un lado se está destruyendo la seguridad pública en beneficio de la privada. No se convocan apenas plazas, ni siquiera llegan a cubrirse las vacantes. La situación aún no es alarmante, pero si de necesidad. Recordamos la mala planificación realizada, pues en años pasados llegaron a convocarse 4000 plazas. Nos extraña que se venda a bombo y platillo que la delincuencia ha disminuido en casi un 3% durante este año (recientes declaraciones de la Delegación de Gobierno en Madrid).
- A este paso el ciudadano tendrá que costearse su seguridad; de un lado se destruye la pública y de otro se dan competencias a la privada, quien la desee tendrá que pagarla, la situación de crisis no puede justificar todo, el afán privatizador del Gobierno redunda el perjuicio del ciudadano, privatizar supone costear servicios ahora gratuitos como la seguridad. No olvidemos que esas empresas cobraran por vigilar en edificios y lugares públicos, por ejemplo las prisiones, estos servicios suelen ser más caros que la propia seguridad pública. Sería interesante saber quiénes son los dueños de esas empresas de seguridad y el beneficio que obtendrán por esos servicios, los políticos nos tienen acostumbrados a todo.
- Estamos abriendo una puerta muy peligrosa para el control de la seguridad e investigación a compañías privadas, la consecuencia es evidente; el ciudadano estará controlado por una empresa privada.
- El Gobierno tiene otras soluciones legales y de tipo penal para salir de esta crisis como aumentar las penas de prisión para los delitos de malversación, blanqueo y evasión de capitales, estafas, fraudes …. muy comunes en la casta política y bancos, verdaderos autores del expolio económico que han sufrido las arcas del Estado y que ahora tratan de subsanar privatizando e incrementando costes al ciudadano… quizás a todo esto no se atrevan”.
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