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La corrupción en los cuerpos policiales; las violaciones de los derechos humanos contra los propios agentes policiales; las aplicaciones de torturas y maltrato hacia los detenidos, así como la militarización, tienen efectos negativos en la lucha antidelincuencial en Latinoamérica
Juan José Dalton / Revista ContraPunto (El Salvador)
SAN SALVADOR – Finalizada la etapa de guerras civiles en Centroamérica y la dictaduras militares en el Cono Sur, los ejércitos retornaron a sus cuarteles. Al cabo de aproximadamente dos décadas, los militares vuelven creyéndose “los salvadores” de las sociedades.
Un caso típico, ejemplar, de este fenómeno, es El Salvador, país en el cual la dictadura militar había ejercido el poder gubernamental durante casi todo el siglo pasado. Los militares controlaban la defensa del territorio nacional, la soberanía y la seguridad pública interna.
Al terminar la guerra civil en 1992, la guerrilla ganó una batalla histórica: la desmilitarización de la sociedad. Se le suprimió a la fuerza armada su función de seguridad pública y se creó la Policía Nacional Civil (PNC), que operaría sujeta al mando civil.
La Fuerza Armada salvadoreña fue depurada y encerrada en sus cuarteles, según el mandato de los acuerdos de paz. Sin que haya transcurrido dos décadas, los militares en El Salvador, que sembraron terror y que cometieron en el pasado graves violaciones a los derechos humanos, pretenden ser lanzados al protagonismo en el combate antidelincuencial. Paradójico que ello lo enarbole un gobierno de izquierda.
México, ejército y seguridad pública
Recién ContraPunto estuvo presente en un foro internacional celebrado en la Ciudad México, auspiciado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (OMDHD), así como por la alemana Fundación Heinrich Böll, mismo que se denominó “Diálogo sobre la seguridad pública con derechos humanos ¿reto inalcanzable?”.
En dicho evento se debatieron casos que ocurren en el propio México y en Brasil, respecto al uso de las fueras militares para el combate de la delincuencia.
Los mexicanos pusieron en relieve la fragilidad legal que existe en el combate en contra la delincuencia; la corrupción en los cuerpos policiales; las violaciones de los derechos humanos contra los propios agentes policiales; las aplicaciones de torturas y maltrato hacia los detenidos, así como la militarización en algunas zonas.
Entre otros, un documento entregado en el foro y firmado por José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, y destacada personalidad de las luchas por la defensa de los DDHH, denuncia arbitrariedades en cuarteles militares de su zona, como torturas y “fabricaciones de culpables” en base a presiones físicas y psicológicas.
El gran debate en el México actual es a causa de unas reformas penales que se pretenden imponer, las cuales presuntamente atentan contra preceptos democráticos universales como la presunción de inocencia, el arraigo y la acción contra los sospechosos, entre otros.
Rocío Culebro, directora del IMDHD, resaltó la importancia de los encuentros académicos y de debates por parte, no sólo de la sociedad civil organizada, sino también interinstitucionales para tratar de buscar soluciones efectivas al combate a la delincuencia, sin que ello afecte a la democracia ni a los derechos civiles.
Brasil contra las mafias
Por momentos en los debates académicos se llega a creer que nada está salvado, que las instituciones, definitivamente no funcionan y que la corrupción se torna invencible. Pero al final los foros públicos han servido para intercambio de experiencias, manifestación de la crítica y formulaciones de propuestas.
Ignacio Cano, académico de origen español y residente en Brasil, es uno de los estudios más destacados en los temas de violencia en Latinoamérica. Su disertación en el foro sirvió para hacer una revisión detallada de la realidad que el continente vive después de finalizados los conflictos y tras el ejercicio de las democracias, afectadas en la actualidad por fenómenos nuevos: el narcotráfico, el crimen organizado y pandillerismo violento.
Cano, enumeró problemáticas brasileñas, pero que en realidad son comunes en Latinoamérica: Intensa percepción de la violencia y el miedo en la sociedad; una criminalidad con alta letalidad; altos niveles de corrupción y la respuesta a ello por parte de los estados es “la guerra a la delincuencia”.
Cano mencionó también la fragilidad del sistema de seguridad pública, es especial de la policía: entrenamiento deficitario, bajos salarios, sistemas duales (policía y agente de seguridad privada); existen diferencias de poderes en el seno de la policía (entre oficiales y agentes), así como reglamentos obsoletos y resistencias a los cambios.
Con situaciones así, el combate a una delincuencia organizada, armada, letal y con enormes recursos, es imposible de vencer.
La disyuntiva está centrada en el uso de la Fuerza Armada, considerada por los estamentos políticas como la institución última a salvar a la sociedad, o recurrir más a la sociedad, dándole poder a los gobiernos locales y a las comunidades para que participen en diversos escaños de la seguridad pública, sobre todo como fiscalizadores del accionar de los agentes del estado.
Académicos y activistas mexicanos consultaron a Cano sobre la participación de la sociedad civil en Brasil en la lucha antidelincuencial. Él apuntó que donde la sociedad civil presiona al gobierno, denuncia, apoya técnicamente y con recursos calificados a las policías, donde se denuncian a los malos policías y se estimulan a los buenos, los índices delincuenciales tienen a bajar y existe mayor efectividad policial y judicial.
En todo caso, Cano es contrario al uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. “Lo que se debe hacer es fortalecer la policía, su sistema de investigación e implementar todas formas de prevención desde muy temprano”, dijo finalmente el académico español
Ejércitos frente al ‘narco’
El uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado es contraproducente
En la estela de Colombia, México y Perú, son varios los Gobiernos de América Latina que se están metiendo en un terreno farragoso con la utilización del Ejército en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y contra el crimen organizado en general. Brasil, Bolivia, Guatemala y Honduras están optando por esta vía que no garantiza resultados, y que puede llevar a la corrupción, no ya de la policía, sino de las propias Fuerzas Armadas.
La lección de la experiencia mexicana, un eje central de la presidencia de Felipe Calderón, no solo no es edificante, sino que parece contraproducente a la hora de atajar a los carteles de la droga y reforzar al Estado y sus garantías. Su balance es dramático con casi 50.000 asesinatos desde 2006, en una espiral que parece no tener límites. Calderón empezó enviando 6.500 soldados a Michoacán, y ahora son 45.000 los desplegados en ocho Estados.
Que la lucha contra los narcotraficantes y otro tipo de crimen organizado sea un problema de seguridad nacional, para esos países y para todos, no significa que se deba militarizar su solución, tendencia a la que ha empujado la propia política de Estados Unidos. La comprensible desconfianza en unas policías muy dadas a corromperse lleva a poner la esperanza en los Ejércitos a la hora de enfrentarse a los narcotraficantes. Sin embargo, es necesario separar las funciones para evitar la corrupción, e incluso una creciente politización, siempre peligrosa, de las Fuerzas Armadas en el continente. Quizás se requiera el desarrollo de cuerpos intermedios, como se ha hecho en Argentina con la Gendarmería y la Prefectura.
Nadie minimiza el desafío. EE UU, cuya demanda sigue siendo la principal del mundo, se ha mostrado por vez primera dispuesto a que se hable de la droga en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena (Colombia), y este fin de semana, en un encuentro centroamericano al máximo nivel, se planteará a iniciativa de Guatemala la cuestión de la despenalización del consumo y producción, aunque no parece que vaya a tener recorrido.
Junto a una siempre mayor cooperación internacional, estos países deben dar a la policía y a la judicatura los medios materiales y legales para enfrentarse a estas hidras. Así se reforzará la eficacia y solidez del Estado de derecho, que los narcos siempre intentan socavar, y se evitará una nueva tentación de mala utilización de las Fuerzas Armadas.
Tropas en las calles de Latinoamérica
El avance democrático y las buenas relaciones regionales desatan el debate sobre si los ejércitos deben ser usados para combatir el narcotráfico y el crimen organizado ante el aumento de la violencia y la incapacidad de la policía
América Latina vive uno de los debates más importantes de su historia: el del futuro de sus ejércitos. El asunto ha cobrado especial relevancia por dos motivos, porque se considera improbable una guerra o un golpe de Estado, y por la creciente amenaza del narcotráfico y el crimen organizado. México, Honduras y Guatemala han lanzado a sus fuerzas armadas en la lucha contra los narcos, en línea con lo que Colombia y Perú llevan haciendo desde hace años. Brasil utiliza a los militares para desalojar las favelas y reventar huelgas de policías y Argentina hace tiempo que encargó a un cuerpo paramilitar tareas de seguridad en la provincia de Buenos Aires ante la creciente corrupción de la policía local. Ese mismo cuerpo, la Gendarmería, se ha visto ahora implicado en un caso de espionaje a políticos y dirigentes sociales.
La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas no concierne solo a América Latina, sino también a los países desarrollados. En la cumbre sobre terrorismo celebrada en Madrid en marzo de 2005 se acordaron una serie de supuestos en los que emplear a militares contra amenazas criminales: cuando las fuerzas de seguridad se vieran desbordadas por una amenaza, para impermeabilizar las fronteras, en cooperación con fuerzas extranjeras, y cuando la amenaza se halle amparada en territorios de otros países que sean incapaces de actuar por sí mismos. El apoyo al primero de estos supuestos ha crecido considerablemente en los países latinoamericanos, aunque con las reservas propias de una región donde la imagen de las fuerzas armadas aún se asocia a la represión de los años setenta y ochenta, y donde la última amenaza de guerra (Venezuela-Colombia) y el último golpe de Estado (Honduras) se produjeron hace menos de cuatro años.
“Los ejércitos son para la guerra. El combate del crimen y en especial la lucha contra el narcotráfico requieren una preparación y tecnología que las fuerzas militares no tienen. Involucrar al ejército en la lucha contra la droga requiere cambios doctrinales, filosóficos y de la misión militar”, explica Hernán Castillo, catedrático y experto en defensa de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. “Dicho esto, creo que cuando el crimen organizado se combina con grupos irregulares armados, sí deben involucrarse los ejércitos. Hay que ser flexible en el empleo de los recursos a disposición de cada Estado para derrotar, minimizar y reducir el daño que pueda ocasionarle el narco a la sociedad”, añade.
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La diferencia entre la lucha contra el crimen urbano y rural es algo en lo que la mayoría de los expertos hace especial hincapié. Todos justifican la intervención militar en las áreas rurales y muy pocos en la urbana. “Colombia ha sufrido la mayor acción combinada de operaciones ilegales fruto del narcotráfico y tras 47 años de lucha contra grupos terroristas nos ha quedado claro que el negocio del narco supera la capacidad de contención de la policía. La actividad criminal en áreas alejadas de los centros urbanos y a lo largo de unas fronteras altamente permeables, donde la presencia del Estado siempre ha sido escasa, ha permitido el crecimiento acelerado del negocio del narcotráfico. En países como Colombia y Perú es imposible combatir el crimen sin involucrar a las fuerzas armadas”, sostiene el coronel retirado del espionaje militar colombiano Michel Martínez.
“La participación del Ejército mexicano, a pesar de los éxitos que han tenido en la lucha contra el narcotráfico, se presenta como improvisada. Los mexicanos no parecen tener una estrategia clara y un plan a largo plazo. Hasta ahora, por una parte las operaciones han estado centradas en la utilización de la inteligencia militar, la infiltración y el espionaje. Y, por otra parte, el objetivo principal parece ser el de golpear al más alto nivel a los jefes, a la cabeza de las organizaciones, mucho más que la desarticulación de las estructuras, conexiones y procedimientos” del narco, añade Martínez. “Toda esa lucha en sus fases iniciales le corresponde a las fuerzas policiales, pero el Estado mexicano decidió comenzar el combate con los recursos militares, a pesar de que la guerra es sobre todo urbana”.
El uso de militares
en tareas policiales
exige un profundo cambio de doctrina
En noviembre de 2010, durante la conferencia de ministros de Defensa de los países americanos —con excepción de Cuba y Honduras— se consagró el principio de transparencia del gasto militar y el uso de las fuerzas armadas en caso de catástrofes humanitarias y naturales; y se impulsó la participación en misiones de paz. La delimitación de los temas de seguridad y defensa se dejó para más adelante. Sin embargo, Brasil sí ha establecido en su plan de defensa para los próximos 20 años la utilización del ejército para atajar las amenazas internas que desborden a la policía. El brasileño Eliézer Rizzo de Oliveira, autor de libros sobre defensa y democracia y profesor de la Universidad de Campinas, cree que las operaciones militares contra el crimen deben estar muy vigiladas por el poder civil y deben contar con observadores de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Además, sostiene que los futuros mandos de las fuerzas armadas deben también tener una formación cívico-militar más equilibrada.
La reforma militar puesta en marcha por Brasil durante el mandato de Lula es seguida con mucho interés por sus vecinos. En primer lugar, por el papel del país como potencia regional y en segundo porque los cambios son de calado. Aparte de reforzar el poder naval y terrestre para proteger los recursos naturales —en especial la explotación petrolera en el mar—, Brasil intensificará el adiestramiento de brigadas destinadas a vigilar la Amazonia y moverá el grueso de sus fuerzas desde el sur industrial del país —piedra fundacional del Estado Novo, el Brasil moderno forjado por Getulio Vargas— hacia el centro del país. Añadido a esta recolocación, está previsto que los cuerpos sean más ligeros y versátiles. Argentina también diseñó un plan de reestructuración llamado Ejército Argentino 2025, que incluye cambios de estrategia, organización y funciones; pero aún no hay información como para siquiera adivinar los objetivos concretos.
Brasil ha utilizado
al Ejército para
limpiar favelas y
reventar una huelga
Argentina es uno de los pocos países que tiene cuerpos paramilitares como la Gendarmería y la Prefectura (guardacostas) —creados a imagen de la Gendarmería francesa, la Guardia Civil española o los carabineros italianos—, involucrados en tareas de seguridad interior y con mejor imagen que la policía. Sin embargo, la Gendarmería ha sido vinculada recientemente a un caso de espionaje de dirigentes políticos y sociales que refleja la alta exposición a la corrupción de los militares dedicados a combatir el crimen. No pocos expertos latinoamericanos creen que la creación de estos cuerpos paramilitares, con mayor formación en tácticas policiales pero más impermeables a la corrupción, pueden ser el camino del medio. Otros creen que es mejor invertir en fuerzas especiales dentro de las fuerzas de seguridad, como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) brasileño, que saltó a la fama por la película Tropa de Élite. En cualquier caso, se trataría de crear cuerpos intermedios capaces de llevar a cabo tareas de investigación, infiltración y espionaje, claves para combatir la estructura ejecutiva y financiera de las bandas.
Centroamérica se
ha unido a México
en el uso de militares contra el crimen
Un comandante español, veterano de los Balcanes y Afganistán, y actualmente en misión en Sudamérica, explica el papel de los ejércitos en la lucha contra el crimen de una forma sencilla: “En Afganistán, en determinadas áreas, fundamentalmente inteligencia, se nos está pidiendo también capacidades típicamente policiales como parte importante de la campaña contrainsurgente. Por ejemplo, investigar redes de opio, tráfico de armas o corrupción política, y lo cierto es que no avanzamos. El concepto de aprender a comer sopa con un cuchillo se me venía a la mente allá muy a menudo. Las fuerzas armadas somos un tenedor, o un cuchillo, pero por mucho que nos metan en el plato de la sopa no vamos a ser una cuchara”.
La reorganización de las fuerzas armadas supone para América Latina uno de los mayores desafíos en 200 años de historia independiente. Un gran experto en los conflictos latinoamericanos, el estadounidense Robert Scheina, divide la historia militar de la región en dos etapas: la era del caudillo, que va desde la revolución haitiana de 1791 hasta la guerra hispano-americana de 1898; y la era del soldado profesional, que va desde la intervención de EE UU en Panamá hasta la guerra contra el narco de Colombia que aún pervive. Con las primeras pistas en la mesa, todo apunta a que la tercera era estará marcada por la implicación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado en todo el continente.
