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Yo asumo que la Justicia ha de tratarnos a todos igual, pero también asumo que igualdad es tratar desigual a los desiguales.
Nosotros somos citados y en los documentos judiciales aparecemos identificados, al menos cuando vamos como simples testigos y en muchas ocasiones, según el celo profesional del juez correspondiente, mediante nuestro carné profesional, mientras que los particulares aparecen con su nombre y apellidos. En la mayoría de los casos el nombre se reserva para el caso de que se dicte sentencia condenatoria.
Entiendo que, aunque la presidenta del CGPJ no pueda reconocerlo abiertamente, el caso de Iñaki Urdangarín, presunto chorizo, puede tener una especial repercusión sobre una de las principales instituciones del Estado, la Corona, y por eso se puede considerar comprensible que el juez disponga ciertas medidas especiales para preservarla.
Podremos compartir las medidas o no, incluso sospechar que lo que se pretenda sea dotar de menos transparencia al procedimiento, con fines espurios. Podremos plantearnos si están justificadas, pero lo que está claro es que cuando la presidenta del CGPJ dice “No en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una persona”, lo que quiere decir es “No en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una Corona”. Rima, pero no es lo mismo.
En este debate que planteas sobre si todos los imputados son iguales, te diré que creo que sí es cierto que no todos los imputados son iguales, pero no comparto que éste, precisamente éste, sea uno de esos imputados, ni que en el caso se daban adoptar medidas de desigualdad conducentes, solo en teoría, a buscar la igualdad.
Conociendo el caso del sobrino de Chaves, un simple ministro o expresidente de una Comunidad Autónoma, las demoras en el informe de la Fiscalía, la apreciación de la atenuante de dilación indebida o que no llegue siquiera a entrar en prisión antes de concederle el tercer grado, es normal preguntarse ¿qué no podremos ver en el caso Urdangarín?