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LA Policía Foral vive sumida en el caos organizativo. La rémora dejada por el anterior equipo de la Consejería de Interior -formado por Javier Caballero, Juan Ramón Rábade y Alfonso Fernández Díez- es tan considerable que hará falta mucho trabajo, y no menos imaginación y voluntad de consenso, para reflotar lo que hoy es un barco que hace aguas por muchos sitios.
El último capítulo de una historia que parecía haber concluido con el cambio de responsables en la Consejería de Interior ha sido una sentencia judicial que, tras la interposición de la correspondiente demanda por la representación sindical, declara contrario a derecho un concurso de traslados realizado a finales del año 2009. Como se puede suponer, el desaguisado está servido, pues la práctica totalidad de los policías forales está ahora mismo en una situación de provisionalidad laboral -bien por unas razones, bien por otras- que no podrán despejar definitivamente hasta que no se vuelva a convocar un nuevo concurso de traslados que les asigne de manera definitiva la plaza que fuere.
En este asunto, el sentimiento predominante es el de la indignación contra el anterior equipo de la Consejería de Interior. No son pocos los policías forales que reclaman acciones legales contra unos exresponsables que, según la sentencia judicial, han faltado a un principio tan elemental del derecho como es el de la jerarquía normativa. La indignación sube de tono cuando se advierte que los autores de tal atropello se han ido de rositas, y siguen ocupando en la actualidad altos cargos dentro de la Administración. Parece, sin embargo, que no cabría aquí dirimir cuestiones penales o administrativas, sino todo lo más exigir responsabilidades políticas -el señor Caballero es en la actualidad parlamentario foral-, y solicitar a la vez la modificación legal correspondiente para extender el régimen disciplinario de los funcionarios a los cargos de libre designación, como era el caso de los señores Rábade y Fernández Díez. En todo caso parece claro que, debido al notable perjuicio causado, la actuación de estos señores merece ser reprendida con severidad.
Pero volviendo al tema de la sentencia, tenemos que apuntar que durante estas Navidades, tanto la Dirección General de la Función Pública como la actual Dirección General de Interior, han emitido sendas resoluciones con las que pretenden ejecutarla, y en las que promueven la comisión de servicios como fórmula de adscripción a sus puestos de trabajo para 119 policías forales. Es cierto que tras estas disposiciones se advierte cierto criterio razonable -en el sentido de perjudicar lo menos posible tanto al servicio policial como a los policías afectados-, pero también lo es que la excepcionalidad de la situación merecería ser resuelta con mucha más diligencia y destinando todos los recursos técnicos y políticos que sean precisos para ello. Nos explicamos: si finalmente estamos abocados a convocar un nuevo concurso de traslados, y antes de ello hay que tomar decisiones referidas a las condiciones laborales o a las fórmulas de provisión de los puestos de trabajo, dispónganse los medios y el personal para ello. Y si en medio de este trajín, a su vez, hay que afrontar la modificación de la Ley de Policías de Navarra, y desarrollar los reglamentos que fueren, ya estamos tardando. Todo con tal de evitar que esta provisionalidad se pueda prolongar más allá del tiempo imprescindible.
Así pues, entre los que se fueron y nos han dejado la casa patas arriba, y los que han llegado y parece que están mirando para otro lado, la Policía Foral está literalmente hecha un cristo. Creemos no exagerar ni un ápice si afirmamos que el momento actual es crítico, y que requiere de un liderazgo político y técnico que demuestre compromiso con nuestra institución. Y compromiso para nosotros significa trabajar mucho, rápido y bien en la reestructuración organizativa, y hasta funcional, de un Cuerpo que consideramos fundamental en el conjunto de nuestra sociedad. Porque, ¿realmente lo consideramos así, verdad?
El mensaje, por tanto, que le queremos lanzar tanto al consejero como a la directora general de Interior no puede ser más claro: es preciso habilitar la Mesa Sectorial como espacio real de negociación, y es preciso tomar decisiones para comprobar si es verdad lo que el señor Roberto Jiménez prometió en campaña electoral y que luego nos ha repetido hasta la saciedad: que entre todos arreglaríamos los problemas, no ya de la Policía Foral, sino de las policías de Navarra. Porque el tiempo de las buenas palabras y las mejores intenciones ha pasado, y lejos de avanzar en la solución de situaciones problemáticas, parece que se están tomando medidas para consolidarlas.
Por supuesto que comprendemos que el señor consejero tenga su agenda ocupadísima con sus múltiples cargos y responsabilidades -tanto en el Gobierno de Navarra como en su propio partido-, pero él también debería entender que no admitamos más largas ni demoras, y que le reclamemos para que se ponga al frente de la tarea que tenemos por delante. El siempre delicado hilo de la paz social -hilo que él mismo y nadie más fabricó con sus declaraciones públicas-, está a punto de romperse.
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/0 ... do-critico