El grupo del PSE reclamó ayer al gobierno municipal la transcripción por escrito «antes del próximo jueves» de las conversaciones entre los agentes de la Guardia Municipal que trataron de impedir sin éxito, el pasado 24 de septiembre, el acceso de un grupo de jóvenes al inmueble situado en la calle Gaztelubide número 5. El portavoz socialista Ernesto Gasco decidió dar este paso «ante las dudas existentes» alrededor de la ocupación del edificio de la Parte Vieja y con el objetivo de «conocer la verdad de una vez definitiva».
Esta petición llegó en el marco de la comisión de Servicios Generales, en la que el alcalde Izagirre debía responder a las interpelaciones que los tres grupos de la oposición le habían dirigido por escrito, pero en la que no obtuvieron respuesta, según denunciaron los grupos, más allá del informe del Subcomisario de la Guardia Municipal Joxe Anta, avanzado por este periódico el pasado sábado, y que los grupos municipales ya conocían de la reunión mantenida el pasado viernes con el alcalde y su equipo. La ausencia de Izagirre molestó ayer a la oposición, que lo tachó de «falta de respeto a los donostiarras». Ni el intento de la concejala de Protección Civil, Nekane Burutaran, por excusar la ausencia del alcalde y asumir ella la responsabilidad convenció a la oposición. «Son interpelaciones al alcalde y esperábamos hoy sus respuestas», denunciaron los grupos de la oposición.
PSE, PP y PNV pretendían saber por qué el gobierno municipal «ha dado cobertura» a la ocupación de un inmueble, en base a qué criterios, si pretende conceder un local a los jóvenes de la Gazte Asanblada de la Parte Vieja y cuándo va a dar la orden para retirar las pancartas que cuelgan de la fachada del inmueble. Las interpelaciones de la oposición no se centraban ayer en el papel que pudo tener el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, o en quién fue el responsable de la Guardia Municipal que dio la orden para que los agentes se retiraran del lugar.
Las interpelaciones de la oposición eran de contenido político, buscaban sobre todo que el gobierno municipal fijara una postura al respecto. Pero no la hubo, más allá del citado informe. El teniente alcalde Josu Ruiz, la delegada Burutaran y la concejala de Igualdad Naiara Sampedro se remitieron a este escrito del subcomisario de la Guardia Municipal y a la Junta de Portavoces, del próximo jueves, en la que comparecerán los agentes de la Guardia Municipal participantes en la operación del 24 de septiembre. «Podrán inventarse todas las películas que quieran, pero la realidad es la que refleja ese informe», advirtió el teniente alcalde.
Presiones a agentes
La postura del gobierno no satisfizo a los grupos de la oposición. El portavoz del PNV, Eneko Goia, criticó el «oscurantismo» de los representantes del gobierno y censuró «el recurso permanente de Bildu de remitirse a reuniones informales, en lugar de someterse a los órganos de control de la acción del gobierno legalmente establecidos por el Ayuntamiento». Una postura, que a juicio del jeltzale, busca «oscurecer su participación en todo este asunto» y que «no va a prosperar».
También el popular Ramón Gómez fue crítico con la postura de los representantes del gobierno en el marco de la comisión. «La mala costumbre de dejar a medias las cosas ha hecho que este asunto se les complique cada día más. Necesitábamos sus respuestas antes de la reunión del próximo jueves y nos vamos con las manos vacías una vez más». El PP dejó caer que llevará esta cuestión al próximo Pleno.
A esa junta del próximo jueves están citados los agentes de la Guardia Municipal que firman el primer informe en el que se identifica al secretario del alcalde «como responsable de dicho movimiento», a diferencia del posterior escrito del subcomisario en el que ni se menciona su nombre. En esta junta se pretende esclarecer qué paso ese día, qué agentes participaron en la acción, cuál fue el papel de Ibazeta, por qué no se pudo evitar que los jóvenes accedieran al lugar y si, como han denunciado los grupos de la oposición, se puede poner en duda la «dirección política y el diferente criterio de la Guardia Municipal según qué casos».
Para el gobierno municipal, según aseguró ayer en una nota, ya no hay preguntas a las que responder. «Todos los interrogantes respecto a lo ocurrido el 24 de septiembre quedan despejados» en el informe que firma el subcomisario Anta.
Pero hechos como el desvelado ayer por el portavoz del PSE enredan todavía más este asunto. Gasco dijo que dos de esos agentes de la Guardia Municipal fueron «llamados a consulta» por el alcalde y su equipo de asesores, a finales de la pasada semana, «para ser sometidos a un interrogatorio». «Es inquisitorial -añadió Gasco- que dos funcionarios sean sometidos a presiones por parte del alcalde y sus comisarios políticos».
Estos dos agentes participarán en la Junta de Portavoces del jueves de la que, en función de las respuestas recibidas, saldrá la petición del PSE para crear una comisión de investigación. Más allá de que se termine dando forma o no a esta comisión, la denuncia presentada en la Ertzaintza por el abogado de la propiedad, el pasado 24 de septiembre, sigue su curso.
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