FORO POLICIA

La situación de la población reclusa etarra que cumple condena en España y en Francia será la cuestión clave sobre la que el Ejecutivo actuará en los próximos meses en función de los pasos que la organización terrorista ETA vaya dando hacia el camino de su desaparición. Hasta que llegue la entrega definitiva de las armas, el Gobierno modulará su política penitenciaria, tal y como permite la ley.

Los gestos que la banda etarra vaya dando en prueba de su «firme decisión» de desaparecer irán acompañados de un «trato especial» a los presos etarras. Esta flexibilidad que el Ejecutivo aplicará en la política penitenciaria irá desde «privilegios» penitenciarios, como permisos de fin de semana, hasta el acercamientos por etapas de los reclusos a las cárceles del País Vasco.

En estos momentos, la población presa asciende a unos 800 etarras, de los que 580 cumplen condena en territorio nacional y unos 200 hacen lo propio en las cárceles francesas. En esta cuestión, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta con el respaldo pleno del presidente francés para «adoptar una determinación en el momento que lo considere oportuno», según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.


Apoyo francés
Es más, Nicolas Sarkozy le ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo para actuar sobre los reclusos etarras en prisión en el país vecino. No sólo lo ha hecho en privado, sino también en público. La más sonada ocasión en la que brindó su apoyo a Zapatero fue en junio de 2007, una vez roto el proceso de paz. Por esas fechas, le expresó su total respaldo si decidía reactivarlo.

Además, el jefe del Gobierno español abordó a principios de 2006 esta cuestión con el primer ministro francés, Dominique de Villepin. Unos días antes de que ETA hiciera público su alto el fuego permanente el 22 de marzo de ese año, Zapatero se reunió en La Moncloa con Villepin.

Con este aval galo bajo el brazo, el presidente español utilizará el devenir de la población reclusa en Francia, «según convenga en cada instante», aseguran estas fuentes. Será entonces cuando vuelva a reclamar del mandatario galo un trato especial para los etarras presos en su país.

Tanto los nacionalistas como los socialistas vascos y el Ejecutivo consideran que el «Estado podrá ser generoso» si ETA entrega definitivamente las armas. «Esa generosidad pasa inevitablemente por dar una salida a los presos», reivindicación puesta encima del frustrado proceso de paz por los terroristas, aseguran fuentes del socialismo vasco.


«Hoja de ruta»
Si ETA renuncia a la violencia, el Estado galo deberá acompañar al español en la materialización de esa «generosidad». La solución al problema de los presos etarras en Francia pasará «necesariamente» por la salida a la calle de los reclusos sin delito de sangre y por poner en manos de la Justicia española a aquellos que tienen penas pendientes en nuestro país.

Si la banda terrorista da el paso, que el Gobierno está esperando desde hace meses, los primeros reclusos etarras encarcelados en Francia que saldrán de prisión serán los que no tienen delitos de sangre. Algo parecido ocurrirá en nuestro país. La «hoja de ruta» pasa «inexorablemente» por la puesta en la calle primero de los terroristas sin delito de sangre, precisan fuentes gubernamentales. En esta situación se encuentra Arnaldo Otegi.

Una declaración etarra, tal y como espera el Ejecutivo, de su voluntad de entregar definitivamente las armas, facilitaría que la Justicia decidiera dejar en libertad al dirigente batasuno. Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que el ex portavoz de Batasuna salga de prisión. La defensa de Otegi, la abogada Jone Goirizelaia, solicitó que su cliente pudiera salir del centro penitenciario ante «el devenir de los acontecimientos políticos» de los últimos meses.

El dirigente batasuno ingresó en prisión el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón y, hasta esa fecha, estaba pendiente de ser juzgado por la subordinación de Batasuna a la banda terrorista y la financiación de la banda a través de las «herriko tabernas» y por el que estaba en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con comparecencias quincenales y la prohibición de salir del país.