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Silvia Torralba / Redacción (08/02/2008)
Daniel acompañaba a dos amigas por la noche cuando dos agentes se le acercaron y sin identificarse le pidieron que les diera la droga que llevaba. Empezaron a pegarle, y las amigas llamaron a la policía y fue al llegar los agentes cuando descubrieron que los otros también eran policías. Aún así los detuvieron y pusieron una denuncia contra Daniel en la que se le acusaba de homicidio.
A otro joven, cinco agentes lo detuvieron hace un año y medio cuando salía de su casa con su mujer embarazada. Durante el trayecto en el coche policial le amenazaron y al llegar a comisaría se dieron cuenta que se habían confundido de persona y le dijeron que mejor no presentara una denuncia formal.
Estos dos casos tuvieron lugar en España y los han recogido entidades como Amnistía Internacional y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.
La ONU aprobó el año 2002 el Protocolo Facultativo Contra la Tortura, que establece mecanismos prácticos para evitar casos de tortura y malos tratos en prisiones, comisarías y otros espacios como los centros de retención de inmigrantes. El texto fue ratificado por el Gobierno español en 2006 pero aún así “no se ha avanzado nada en estos dos años. Más bien hemos ido hacia atrás”, explica Luisa Domingo, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.
"No se ha avanzado nada en estos dos años. Más bien hemos ido hacia atrás" Para presionar e instar al Gobierno a actuar contra la tortura en el Estado español, las 42 organizaciones miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura elaboraron una serie de recomendaciones. Precisamente, la ratificación del Protocolo es “casi la única recomendación que se ha cumplido”, aunque todavía no cuenta con un mecanismo definido sobre cómo funcionar, advierte Luisa Domingo.
Aumentan las denuncias
La existencia de mecanismos de prevención es importante porque, según la coordinadora contra la tortura y Amnistía Internacional, las denuncias de tortura “continúan existiendo”. Como explica Luisa Domingo, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, en 2006 se contrastaron 610 casos en España y en 2007 la cifra provisional es de 720. “Hay la sensación que continua habiendo prácticas de malos tratos en prisiones y comisarías”, añade.
Según el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en los últimos dos o tres años se han dado casos de “golpes, patadas o insultos, incluso estando esposados bajo custodia policial”. También ha habido casos de “amenazas de muerte y amenazas de que si no cooperaban violarían a su novia”, añade.
"Pocas veces" estos casos llegan a los tribunales y los procedimientos judiciales duran años Los procesos también se ralentizan porque este tipo de casos “pocas veces” llegan a los tribunales; porque cuando llegan los presuntos responsables de los malos tratos suelen “suelen ser indultados”; porque los procedimientos judiciales duran años; o porque compañeros de los agentes inculpados se encargan de las investigaciones.
A juicio de Beltrán, el principal obstáculo para acabar con estas prácticas en España es “la falta de reconocimiento de que existe un problema con la tortura que va más allá de casos aislados”. Se trata de un problema que “afecta a todos los cuerpos de seguridad del Estado y mientras no se reconozca no se pondrán en marcha medidas”, afirma el director de Amnistía Internacional.
Medidas pendientes
A las comisarías, prisiones, centros de retención o espacios habilitados en los aeropuertos en España se puede presentar en cualquier momento un equipo del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Este organismo empezó a funcionar hace casi veinte años para garantizar que el trato que se da a personas privadas de libertad sea digno y, en la actualidad, puede actuar en los 47 países del Consejo de Europa.
A España, el comité ha venido una docena de veces, en visitas generales o puntuales para verificar situaciones como la de los inmigrantes que saltaron la valla en Melilla. “La situación en España no es peor que en otros países de Europa occidental” y varía en algunas comunidades autónomas, indica Mauro Palma, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Esta afirmación también la hace el ex relator de la ONU sobre la Tortura, Theo van Boven, que habla de la importancia de recoger a nivel estatal las recomendaciones internacionales de prevención y que incide en la necesidad de vencer la impunidad y reparar a las víctimas de los malos tratos.
El reto es llevar las viodecámaras al resto del Estado y a espacios como las salas de interrogatorio En el Estado español, en concreto, es necesario mejorar en muchos aspectos. Uno de ellos es el “acceso al abogado en una detención normal” desde el primer momento ya que pueden transcurrir hasta “ocho horas antes de permitir el acceso al abogado” o “sólo cuando va a declarar, pero no antes”, explica Mauro Palma. Otra realidad que debería mejorar es el acceso al médico ya que “no es suficiente” sólo con el acceso al médico forense actual.
En este contexto, Palma muestra también su preocupación por las detenciones incomunicadas y la necesidad de informar “al exterior” que determinada persona está detenida. Y por la posibilidad de detenciones incomunicadas de menores entre 14 y 18 años. “¡Es inaceptable!”, dice.
Algunos avances en País Vasco y Cataluña
Las peticiones de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional tienen lugar días después de la incorporación a los Mossos d’Esquadra de los cinco agentes suspendidos de empleo y sueldo tras ser grabados por una cámara oculta en una comisaría de Barcelona mientras presuntamente maltrataban a dos detenidos. Por su parte, el proceso judicial sigue adelante.
Según Luisa Domingo, del Colegio de Abogados de Barcelona, Cataluña es una de las comunidades autónomas con “mayor número de denuncias” por este tipo de casos, que afectan “a todos los cuerpos de seguridad del Estado, incluso a la policía portuaria”.
En el último año, sin embargo, ha habido novedades que se han traducido en la incorporación de cámaras de videovigilancia en comisarías de los Mossos d’Esquadra, se ha aprobado un comité de ética para elaborar un código de buenas prácticas policiales. El uso de viodeocámaras para prevenir malos tratos por parte de los agentes y falsas acusaciones contra los detenidos es una de las prácticas que también se ha puesto en marcha en el País Vasco.
El reto, ahora, es llevar las viodecámaras al resto del Estado y a espacios como las salas de interrogatorio; “para que no pase como en Cataluña, que la cinta se borró a las 24 horas”, advierte Esteban Beltrán.
fuente: http://www.canalsolidario.com/web/no...d_noticia=9674