FORO POLICIA

ARGUMENTOS
Lo que seguidamente voy a exponer sobre modernización de las fuerzas de seguridad, políticas
públicas y política sindical es la posición de mi sindicato, salvo en una propuesta concreta que en
estos momentos estamos debatiendo, y sobre la que expondré mi opinión personal.
Empezaré hablando de modernización de las fuerzas de seguridad, o lo que nosotros
llamamos el modelo policial, el modelo de sistema público de seguridad, en segundo lugar
me referiré a las políticas públicas de seguridad vigentes, que en nuestra opinión están
desenfocadas y no sirven para un país violento e inseguro como es España, donde se está
imponiendo el valor seguridad sobre el respeto a los derechos y libertades de los
ciudadanos, y en tercer lugar me referiré a la política sindical de la organización que
represento.
Modernización de las fuerzas de seguridad.
Antes de hablar de cambios en el modelo policial es conveniente plantearse algunas preguntas.
¿Podemos ser más eficaces? ¿Podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos?
¿Estamos suficientemente coordinados? Y como en el SUP pensamos que sí, que podemos
ser más eficaces; que sí, podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos, y no, no
estamos suficientemente coordinados, nos planteamos cómo mejorar la situación actual.
Y de esas preguntas y respuestas nacen nuestras propuestas, que afectan a las tres
administraciones públicas, estatal, autonómica y local, y a todas las policías de ellas
dependientes.
El vigente modelo policial, con sus repartos territoriales y competenciales no sirve. Es
desequilibrado, descoordinado, fomenta la competencia y no suma ni una mínima parte
del potencial de seguridad que se puede ofrecer con los miembros de las fuerzas de
seguridad existentes en España.
Hay que reformar el modelo y para ello planteamos como primera medida, la unificación de
los dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en un
único Cuerpo de seguridad estatal, por supuesto civil, que asuma todas las competencias
que ahora desarrollan por separado.
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Se pueden establecer distintos niveles de cambios, más o menos profundos, y nosotros
abogamos por el considerado más radical, revolucionario dicen algunos, que es lo que nos decían
muchos mandos militares en 1983 cuando defendíamos una policía civil y unificada con el
Cuerpo Superior, lo que paso tres años después con un resultado aceptable desde una valoración
de la eficacia conseguida entonces, que mejoró sustancialmente. Esta opción más radical es
unificar en un único cuerpo de Policía del Estado de carácter civil al Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil.
Esta unificación serviría como cimiento a una nueva arquitectura del modelo de seguridad
pública, eliminaría muchas de las insuficiencias que el actual diseño está poniendo en evidencia y
sería más acorde con las necesidades de seguridad que nuestra sociedad tiene planteadas.
La pretensión de este proceso sin duda complejo pero a nuestro entender necesario, es abarcar
todas las competencias en seguridad y protección de los derechos de la ciudadanía y conseguir
algo crucial e imprescindible, la actuación coordinada con el resto de policías que conforman
este puzle de la seguridad (autonómicas, adscritas y locales), con algunas de las cuales se
comparten y solapan competencias atribuidas a ambos cuerpos sobre el mismo territorio.
Al realizar ésta unificación hay que hablar del CNI y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Convendría que el Centro Nacional de Inteligencia pasara a depender de Presidencia o
Vicepresidencia del Gobierno, y no del ministerio de Defensa, y después, que se dedique a
funciones de Información sobre áreas que no estén “ocupadas” por los servicios de Información
de Policía y Guardia Civil, porque ahora trabaja en nuestro país con servicios antiterroristas,
grupos antisistema, o información de bandas organizadas…, duplicando tareas, y en el exterior
informa de las mismas materias que los Consejeros y Agregados de Interior. Y el SVA tiene las
mismas funciones que la Guardia Civil, y debe integrarse en el nuevo Cuerpo de Seguridad del
Estado como servicio de guardacostas y contra el contrabando, sumando sus medios personales
y materiales con la Guardia Civil del mar.
Tras este primer paso que pondría orden en las fuerzas de Seguridad del Estado viene una
segunda actuación que afecta a las comunidades autónomas, y que, de llevarse a cabo,
supondría conseguir un modelo equilibrado y acabar con las actuales tensiones políticas en
comunidades que pueden, y algunas quieren, como Andalucía y Canarias, entre otras, crear un
cuerpo de policía propio. Hoy tienen cuerpo de policía propio País Vasco, Cataluña y
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Navarra; tienen aprobada su creación Canarias y Andalucía, y pueden crearlos también
Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, las Baleares y Castilla y León.
Este segundo paso consistiría en dotar de Unidades Adscritas a todas las Comunidades
Autónomas que no dispongan de cuerpos de policía propios (Cataluña, País Vasco y Navarra)
además de ampliar las Unidades Adscritas ya existentes (Andalucía, Galicia, C. Valenciana,
Aragón, Asturias y pronto en Madrid), adecuando el número de efectivos en función de sus
competencias y necesidades concretas. Con ello se evitaría la proliferación de cuerpos de
policía propios en más comunidades autónomas, cuyo resultado en términos de seguridad
nos conduciría irremediablemente a una atomización del desempeño policial justo en
sentido contrario al que avanza la criminalidad, una de cuyas principales características
radica precisamente en su internacionalización.
Si aún no hemos sido capaces de arbitrar un mecanismo de coordinación suficientemente
ágil y eficaz ni entre policías de distintos países europeos, ni entre los cuerpos estatales, ni de
estos con las policías autonómicas, ni entre ambos con las policías locales, no podemos
permitir un panorama de fragmentación policial que en lugar de avanzar incremente las
dificultades de entendimiento entre cuerpos policiales dentro del Estado español. Ya hay
experiencias suficientemente elocuentes sobre la coordinación con la Ertzaintza y los Mossos
como para no seguir por ese camino.
Así pues, ya tenemos el segundo paso para hacer más eficaz el sistema público de seguridad, que
consistiría en ampliar las Unidades Adscritas ya existentes y crearlas en todas las
Comunidades Autónomas, lo que ya plantea un amplio y controvertido debate, pero creo
que hay que dar un paso más, y esta es mi opinión personal, no la de mi sindicato, y este
paso es aún más discutido y discutible: ceder la competencia de seguridad ciudadana, la
policía preventiva y asistencial, las patrullas uniformadas, a las Unidades Adscritas.
Estas Unidades tendrían dependencia orgánica del Ministerio del Interior y una
dependencia funcional mixta, del Delegado del Gobierno y del Consejero del ramo de la
CCAA, y en mi opinión es la única forma de implicar en la gestión de la seguridad pública a
las CCAA sin que opten, las que pueden más pronto y las que no más tarde, reformando
sus Estatutos, por crear cuerpos de policía propios.
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Y desde el punto de vista sindical, como esta reforma llevaría aparejada la asunción de las CCAA
de una parte del coste en gastos de personal y medios materiales de los policías sobre los que
ejerce una dirección funcional, esto supondría aligerar el peso del presupuesto y poder abordar
una justa equiparación salarial.
Creo que esta es la mejor forma en que las CCAA pueden implicarse y asumir
competencias en materia de seguridad pública, pues al mantenerse el servicio con
miembros de un mismo Cuerpo se consigue una coordinación muy sólida, y la
dependencia funcional compartida es en sí misma una forma de coordinación, siendo una
salida viable al reparto de competencias entre el Estado central y las CCAA en materia de
seguridad pública sin fraccionar el sistema, perder eficacia y convertir a España en un
paraíso de la criminalidad en Europa.
Y la tercera medida a tomar sería respecto de las policías locales, que deberían dirigir sus
tareas, además de a la protección de edificios y autoridades municipales y a la vigilancia sobre el
cumplimiento de las ordenanzas, se implicarían en el sistema público de seguridad asumiendo el
papel, muy importante, de policía de barrio.
Elemento esencial para coordinar mejor el sistema público de seguridad sería disponer
de herramientas tecnológicas que permitan un sistema informático unificado, donde
trabajen todas las policías locales, las unidades adscritas y las policías locales. Todas las
diligencias y datos revertirían al mismo sistema y todas, cada una para sus competencias
y en su ámbito tendría libre acceso al mismo.
En estos momentos en el sistema público de seguridad en España hay implicadas muchas
administraciones y muchos Cuerpos, muy mal coordinados, a veces incluso muy enfrentados, y la
eficacia es, como las fincas en Andalucía, manifiestamente mejorable.
Los actores implicados hoy en el sistema público de seguridad son el Gobierno, las 17
Comunidades Autónomas, y unos 2.000 ayuntamientos, de los 8.112 municipios, que disponen
de policía local, municipal o guardia urbana. De estas administraciones dependen el Cuerpo
Nacional de Policía, con 65.000 efectivos; la Guardia Civil, 82.000; La ertzaintza, 7.500; los
Mossos D`Escuadra, 15.300; la Policía Foral de Navarra, 1.000; 553 en la Unidad Adscrita a
Andalucía; 397 a Galicia; 388 a la C. Valenciana; 104 a Aragón, 71 a Asturias y pronto, 80 en
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Madrid. Los policías locales, municipales o guardias urbanas son aproximadamente 62.000, y
esto da una media de 4,90 policías por cada mil habitantes, (46 millones) la segunda más alta de
Europa tras Italia, y sin contar los más de 5.000 efectivos del CNI, ni el Servicio de Vigilancia
Aduanera, ni la Policía Portuaria, ni los Agentes de Movilidad, ni los 185.000 miembros de la
seguridad privada.
La ley orgánica 2/86 está superada por los acontecimientos y en materia de Coordinación nunca
ha llegado a aplicarse.
Si el Consejo de Política de Seguridad, presidido por el ministro del Interior con los consejeros
del ramo de las CCAA no se ha reunido nunca, y su función es la de coordinación de las políticas
de seguridad pública del Estado y las CCAA ¿Quién ha realizado esa función de coordinación?
Nadie, no hay coordinación. Tampoco se ha creado el Comité de expertos dependiente del
Consejo de Política de Seguridad.
En el escalón siguiente, las Juntas de Seguridad en las CCAA con cuerpos de Policía propio,
Cataluña y el País Vasco, el resultado no ha sido mejor. Ha habido más reuniones pero más que
para coordinar han servido para trasladar una permanente demanda de ampliación de
competencias, territorios, información, financiación y crecimiento de efectivos de las
policías autonómicas, demandas que nunca han ido acompañadas de una propuesta de
leal colaboración con las fuerzas de Seguridad del Estado, sino más bien de una
pretensión de suplantación y posterior expulsión del territorio alegando que sus
competencias ya están cubiertas por el cuerpo “propio”.
En cuanto a las Juntas Locales de Seguridad, sin un patrón que guie sus funciones han tenido un
funcionamiento irregular e irrelevante en la determinación de las políticas públicas de
seguridad.
Por ello el remate de este cambio del modelo policial tras la unificación de Policía y Guardia
Civil, la adscripción de Unidades a todas las CCAA para el ejercicio de las competencias propias
de cada Comunidad y la cesión de competencias en seguridad ciudadana, y la conversión de las
policías locales en policías de barrio, sería la aprobación de un Plan Estratégico que debería
contemplar, entre otros, los siguientes planes específicos:
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Plan de dotación de recursos humanos y medios materiales, que debe como
elementos principales:
1. Garantizar una dotación permanente de la Policía del Estado (Policía y Guardia Civil) de
150.000 efectivos.
2. Una inversión que contemple la equiparación salarial, la formación y especialización que
corresponde al cuerpo del Estado, la dotación de medios materiales y las mejoras
tecnológicas.
Plan de Cooperación política y profesional entre las diferentes policías del
Estado, que incluya
1. Utilizar los recursos de la ley orgánica 2/86 como el Consejo de Política de Seguridad, las
Juntas de Seguridad de CCAA y las Juntas Locales de seguridad, con directrices uniformes
y protocolos de cooperación.
2. Crear una red de infraestructuras tecnológicas que permita conectar a todas las policías,
(estatal, autonómicas y locales) a través del Sistema Estatal de Bases de datos Policiales,
con acceso por niveles en función de las competencias y el territorio.
3. Diseñar el Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica aplicado a la seguridad, en
colaboración con la universidad y sectores públicos y privados de I+D+i.
4. Implantar el Servicio Nacional de Policía Científica agrupando las tareas, funciones y
medios actuales de Policía y Guardia Civil.
Plan de reformas legislativas, focalizadas preferentemente en:
1. Reforma de la ley orgánica, fusionando los cuerpos estatales, fijando el territorio y el
ámbito de competencias de las policías autonómicas y de las Unidades Adscritas, y
ampliando el trabajo de policías locales a materias propias de seguridad ciudadana en
colaboración con las policías autonómicas y la estatal.
2. Establecimiento de un sistema informático operativo conjunto de las policías
autonómicas, adscritas y locales con la Policía del Estado, que garantice la gestión de toda
la información policial operativa. El sistema operativo de denuncias y diligencias será
centralizado.
Siendo consciente de que la unificación es muy difícil de digerir a corto plazo, al menos se
puede cambiar una orden ministerial y establecer la creación de las 17 comisarías locales del
CNP aprobadas en el Plan de expansión territorial del año 2004, ( en Madrid: Las Rozas,
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Majadahonda, Collado – Villalba, Arganda del Rey y Rivas vaciamadrid; en Sevilla, Utrera y
Los palacios – Villafranca; en Alicante, Torrevieja y San Vicente del Raspeig; en Málaga,
Mijas; en Almería, Roquetas; el Cádiz, Chiclana; en Valencia, Cullera; en Castellón, Vinaroz –
Benicarló; En Baleares, Calviá; En Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana y Arucas). También se
podría revisar el despliegue de la Guardia Civil en la zona rural, donde están creciendo
mucho los delitos porque nadie se encarga de prevenirlos, y también abordar una formación
policial básica unificada, para todas las policías (así pasa en Alemanía).
Resumo este primer punto de modernización de las Fuerzas de Seguridad del Estado:
1. Unificación de CNP y Guardia Civil en un único cuerpo civil.
2. Adscripción de Unidades Adscritas a todas las CCAA, cesión de competencias de
seguridad ciudadana a las mismas, y asunción por las CCAA de parte del coste del
servicio policial, en salarios y/o medios materiales.
3. Plan Estratégico de dotación de personal, medios materiales, de coordinación
política y profesional y de avances tecnológicos y científicos.
Policía del Estado: investigación, Coordinación, Policía Científica, Bases de datos,
Delincuencia organizada, terrorismo, corrupción, seguridad edificios y autoridades
estatales, competencia en todo el territorio del Estado.
Policías autonómicas adscritas: seguridad edificios y autoridades de su ámbito,
competencias de la comunidad y seguridad ciudadana (patrullas de uniforme como
policía asistencial y preventiva). Sistema operativo de trabajo informático enlazado
con red estatal.
Policías autonómicas propias: mantendrán sus competencias actuales sólo en el
territorio de su CCAA, y estarán obligadas legalmente a cooperar con el Estado
facilitando datos e información. Sistema operativo de trabajo informático enlazado
con la red estatal.
Policías locales: seguridad edificios y autoridades locales, ordenanzas municipales y
policía de barrio, con sistema operativo de trabajo informático enlazado con la red
estatal.
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Modernización de las políticas públicas de seguridad.
En este punto, como en el anteriormente expuesto, cabe hacerse algunas preguntas para saber si
procede abordar algún cambio o no en las políticas de seguridad públicas. ¿El nivel de
criminalidad en nuestro país se puede reducir? ¿Es alto o bajo en relación con otros países? ¿Las
políticas aplicadas son eficaces, consiguen reducir la criminalidad o el consumo de drogas? Las
respuestas del SUP son que el nivel de criminalidad se puede reducir; que es muy elevado, al
menos similar al de otros países y no mucho menor como se dice; y las políticas aplicadas no se
orientan a mejorar la seguridad o reducir el consumo de drogas sino a justificar estadísticamente
el trabajo policial, con independencia de su efecto sobre la ciudadanía.
Un cambio esencial para entender que son necesarias nuevas políticas de seguridad
pública es asumir el nivel de criminalidad de nuestro país, que según Interior es uno de
los más seguros de Europa, y según el SUP es uno de los más inseguros. Si se parte del
principio de que no hay un problema de seguridad pública nunca se abordarán las
medidas necesarias para resolverlo, sobre todo si es un problema que se puede
enmascarar, como ocurre con la criminalidad.
El barómetro Eurostat de la unión europea, que se utiliza como argumento para contrarrestar la
opinión del SUP se nutre de los datos que facilitan los países que forman parte del mismo, así que
de España figuran los datos que facilita España, que para nosotros no son fiables.
Mantenemos que España es un país inseguro y violento que necesita más eficacia, más
coordinación, y saber cuántos homicidios se producen en nuestro país, en el territorio del
conjunto del Estado, sin que nos falten los datos de una u otra CCAA, o sin que haya
diferencias de varios cientos de muertos entre los datos del Ministerio del Interior y la
Fiscalía General del Estado. Necesitamos más políticas inteligentes y no el uso abusivo de
la intervención policial a ciegas, en la calle, para justificar estadísticamente nuestro
trabajo. Necesitamos un organismo que nos diga que el año 2008 en España hubo 800 o 1.200
personas que fallecieron por homicidio o asesinato, con independencia de la calificación jurídica.
Personas que murieron por la acción de otra persona.
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Como discrepamos con Interior en este asunto (y en otros, pero hoy nos ocupa éste), siempre
intentamos buscar datos que no sean discutibles, que sean la consecuencia de un elevado nivel
de criminalidad, para lo que es necesario, además de conseguir los datos, cosa casi imposible en
este país, lo que también es un índice del nivel de calidad de nuestra democracia, comparar esos
datos con los de otros países.
Por ello, el Observatorio de la Seguridad Pública, boletín del Instituto de Estudios de
Seguridad y Policía del Sindicato está elaborando su número 19, del que he conocido ya
algunos datos sobre la población reclusa española y francesa, dato este que es indicativo del
nivel de criminalidad de un país, y que son muy significativos.
España tiene 46 millones de habitantes y Francia 64, 18 millones más. España recibe 58
millones de turistas y Francia 80, es decir, 22 millones más. En la vertiente penal, aunque
con distinta nomenclatura, se castigan prácticamente los mismos hechos y los requisitos de
ingreso en prisión también son similares, y las fuentes de datos de reclusos son las
Instituciones penitenciarias de España y Francia, y son dichas instituciones las que dicen
que a mediados de abril pasado, en los centros penitenciarios españoles había 75.459
internos, 58.128 condenados (77,03%) y 17.331 preventivos (el 22.97%), y en esas mismas
fechas la población reclusa en Francia era de 67.253 internos, con un 73,9 de personas
condenadas y un 26,1% en situación de prisión preventiva. En España había 8.206 presos más,
con 18 millones menos de habitantes y 22 millones menos de turistas. En los últimos 16
años la población reclusa en Francia ha aumentado en 33.873 personas y en España en
41.537. Y aunque no tengan relación directa con el asunto que nos ocupa, pero por dejar aquí el
dato, diré que en Francia el porcentaje de mujeres encarceladas es bastante menor que en
España, el 3,5% sobre el total (2.334) y en España es del 8,04% (6.066), y los extranjeros han
ido disminuyendo en las prisiones francesas y aumentando en las españolas. En Francia se
ha reducido en los últimos 15 años en 13 puntos porcentuales (del 31 al 18%) y en
España, en el mismo periodo, el porcentaje de extranjeros ha aumentado en 22 puntos
(del 13 al 35%). La procedencia de los extranjeros encarcelados se concentra en muy pocos
países, y mientras en Francia son de países del Magreb y Rumanía casi el 50% del total, en
España son ciudadanos de países del Magreb, Rumanía, Colombia y Ecuador más del 75%
de los encarcelados. El porcentaje de residentes extranjeros es similar, en torno al 12%, en
Francia y España.
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Esta población reclusa solo puede obedecer a un nivel elevado de criminalidad, porque la
otra razón que sería que la policía española es mucho más eficaz que la francesa, y eso no
podemos asegurarlo aunque estamos recogiendo datos para hacer las comparaciones
oportunas, y mientras tanto, conviene ver los datos que aportan dos organismos oficiales del
Estado español.
Datos año 2007
Ministerio del Interior - Fiscalía General del Estado
Infracciones penales Ministerio del Interior Fiscalía General del Estado
Delitos contra la vida,
integridad y libertad
101.437
968.897
Delitos contra el patrimonio
664.458
2.200.702
Faltas de lesiones y hurtos
652.208
780.052
Resto faltas y delitos 464.539 1.496.545
TOTAL 1.882.642 5.446.196
Sostenemos que España es un país violento en los datos de la FGE, según la cual en 2007
hubo 2.134 asesinatos, homicidios dolosos y homicidios negligentes (5,8 diarios), 907.220
delitos de lesiones y 250.000 faltas de lesiones.
La errónea percepción o el enmascaramiento de la realidad nos lleva a políticas de
seguridad que se basan en la justificación estadística, vulneran las libertades públicas y
los derechos de los ciudadanos, no son eficaces y ponen en riesgo la seguridad jurídica de
los policías.
La actuación de las fuerzas de Seguridad en el Estado español, de todas y cada una de ellas, tiene
su origen legal en la Constitución española, debiendo garantizar la seguridad de los ciudadanos
respetando sus derechos y libertades.
Es un lugar común en cualquier análisis o debate sobre seguridad pública y derechos ciudadanos
que la libertad y la seguridad son dos caras de la misma moneda, y que no es posible la una sin la
otra.
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Esta aseveración teórica está siendo destruida en la práctica de los últimos años, imponiéndose
el valor seguridad sobre el de la libertad, y no tanto porque sea imprescindible renunciar
a espacios de libertad para garantizar mayor seguridad sino por la práctica rutinaria de
actuaciones policiales, impulsadas por los responsables políticos y por algunos mandos,
que acaban siendo aceptadas por la ciudadanía pero que vulneran, a nuestro entender, los
derechos y libertades cívicas de la ciudadanía.
Es una política errónea utilizar como prueba de eficacia el dato estadístico de
identificados (más de 200.000), o el de actas de incautación de dogas. El primero es una
actuación justificativa sin resultado operativo alguno, y el segundo supone sacar un cubo
de agua del mar, y si se interviene a un toxicómano, obligarle a cometer un delito para
proveerse drogas, porque no va a dejar de consumirla. Y digno de estudio sería conocer el
número de detenciones de inmigrantes irregulares, cuántos quedan en libertad, cuantos ingresan
en un CIE y cuántos son expulsados, pues solo con este dato se comprende el derroche de trabajo
inútil y la inutilidad de las actuales políticas públicas de seguridad.- Se puede añadir, como un
dato más, cuánto tiempo dedicamos a acudir a falsas alarmas de la seguridad privada, a cuántas
miles de ellas acudimos auxiliando a una empresa privada, para entender que, identificando a
jóvenes, sudamericanos o negros, trasladando a inmigrantes a comisaría, incautando pequeñas
dosis de droga para consumo propio o acudiendo a falsas alarmas como si fuésemos ayudantes
de empresas de seguridad privada se consume una parte muy importante de la actividad policial
de seguridad ciudadana preventiva. Esto se plasma después en datos estadísticos justificativos
de nuestra actividad, pero no es un trabajo eficaz porque en nada mejoran la seguridad de los
ciudadanos.
Estas prácticas o procedimientos policiales, que se llevan a cabo por todos los cuerpos,
estatales, autonómicos y locales, son atentados al ejercicio de las libertades públicas
consagradas en la Constitución, lo que desde el punto de vista cívico supone una rebaja
considerable de la calidad de nuestro sistema democrático por vulnerar los derechos de
los ciudadanos, y desde un punto de vista policial además supone poner en riesgo la
protección jurídica de los policías ante actuaciones profesionales.
Por aquí debe empezar cualquier cambio en las políticas de seguridad pública: detener el
deterioro de los derechos civiles por la actuación policial y garantizar a los profesionales de la
seguridad pública unos procedimientos legales y protocolizados.
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En el año 1992, siendo ministro José Luís Corcuera, se aprobó la ley de protección de la
seguridad ciudadana, conocida como Ley Corcuera o Ley de “patada en la puerta”, que provocó
un intenso debate político y mediático. Dicho ley pretendía “legalizar” determinado tipo de
prácticas policiales que no tenían cobertura legal alguna, y entre ellas, la de la identificación en la
vía pública, pues el eufemismo con el que veníamos trabajando de la “retención”, que se
practicaba durante un tiempo indeterminado para identificar a alguien o realizar gestiones
policiales de esclarecimiento de algún hecho fue desmontada por la judicatura con aquella
famosa sentencia (al menos para los policías), que decía que no había espacio intermedio entre
la detención y la libertad, y que o se estaba detenido o se estaba en libertad, pero una figura
intermedia no era posible.
Sobre aquella ley hubo sesudos debates políticos intentando determinar cuándo se podía
identificar a un ciudadano en la vía pública, llegándose a la conclusión de que siempre que una
persona resultase sospechosa de un hecho delictivo o infracción, podría ser identificado
policialmente.
Así lo establecen distintas sentencias del TC y alguna del Tribunal Supremo, (Sentencia Sala
Segunda TS 879/1993, de 15 de abril, los policías pueden identificar y cachear cuando “existan
sospechas que no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias”.)
La falta de control político, la presión sobre los mandos policiales, y la incentivación de la
“política del palote”, de justificación estadística, ha derivado en rutina burocrática y hoy, en
nuestro país, hay cientos de miles identificaciones arbitrarias, sin ninguna razón policial objetiva
en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana o en aplicación de la ley de
extranjería, simplemente porque el aspecto externo del “candidato” a ser identificado reúne una
serie de características étnicas, de edad, actitud o indumentaria que se consideran indicios
suficientes para su identificación y cacheo, no fuera a suceder que se tratara de autores de una
“gravísima infracción” administrativa como es fumar tabaco mezclado con otra droga. Así, si hay
droga hay multa o sanción, y si no la hay no pasa nada; el ciudadano está obligado en este país
democrático, si es joven, negro o sudamericano, a dejarse identificar y cachear en la vía pública
sin ninguna razón justificativa para ello.
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Esta práctica habitual viene fomentada por una política falsa de seguridad basada en la
justificación estadística, a la que lo que menos importa es la eficacia del trabajo que se
realiza, sino el número de personas identificadas, cuántas de ellas tienen reclamaciones
judiciales y cuántas pueden ser detenidas en aplicación de la ley de extranjería. Una ley de
extranjería, por cierto, para la que debería revisarse la casuística de la detención policial y
buscar otros mecanismos más eficaces y menos arbitrarios, porque el espectáculo de hace tres
semanas en Tenerife con unos policías rodeando un comedor de Caritas para hacer 12 detenidos
entre personas que van allí porque no tienen que comer es de esos que nos producen
repugnancia a muchos ciudadanos incluidos quienes tenemos como profesión ser policías.
Por lo dicho hasta ahora, el primer cambio en las políticas públicas de seguridad debería
consistir en garantizar el equilibrio entre libertad y seguridad, fortaleciendo los mecanismos de
la libertad para que no sucumba a manos de su hermana gemela, la seguridad, que es una voraz
depredadora de los derechos por lo que es exigible una permanente alerta sobre sus
procedimientos.
Otra política que debería someterse a revisión de manera inmediata es la estrategia
represiva contra las drogas, para lo que basta con evaluar sus resultados, que han sido un
absoluto fracaso. El objetivo de las políticas contra las drogas era que hubiese menos
personas afectadas por ellas, no que creciera en cientos de toneladas las incautaciones
policiales. Si hay más incautación de droga y hay mayor consumo, algo se estará haciendo mal
pero no se puede mantener una misma estrategia contra las drogas durante 20 años con estos
resultados. El fracaso no es policial, es de la estrategia acordada hace 20 años por Estados
Unidos, España e Italia como punta de lanza de las políticas más duras. ¿Ha crecido más el
consumo de drogas en este tiempo en España, en Italia o en Holanda, que aplica una política
distinta?
No es casualidad que en fechas recientes la FAD (Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción), la institución más prestigiosa en España en esta materia, cuya presidencia
de honor ostenta la Reina Sofía, haya pedido reformular la estrategia contra las drogas
alegando que no se pueden aplicar fórmulas anticuadas para atajar problemas nuevos.
Según la FAD, en su informe “la visión de la FAD” del pasado mes de mayo las actuales políticas
de enfrentamiento ideadas en la década de los 80 y 90 no tienen validez hoy, y señala que es
necesario pensar en nuevas estrategias para nuevos problemas.
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No aboga la FAD por la legalización pero quiere reabrir este debate, dice que el Plan Nacional
sobre Drogas debe cambiarse y pone como ejemplo que, estando prohibida la venta y consumo
de alcohol por los jóvenes, el 84% alcanza la mayoría de edad habiendo consumido alcohol, y no
poco. La pretensión de consumo cero de drogas es una utopía y hay que revisar todos los
planteamientos.
Estas nuevas políticas de seguridad pública deben hacer compatible un mayor respeto a los
derechos de los ciudadanos, con una mayor eficacia policial tanto en delincuencia común como
en delitos más graves de terrorismo o delincuencia organizada.
Porque el reto de la policía española debe ser garantizar más seguridad pero no a
cualquier precio, sino respetando nuestra constitución, una de las más avanzadas del
mundo en reconocimiento de derechos y libertades individuales; esto es, obtener la
máxima eficacia contra los delincuentes con un escrupuloso respeto a los derechos y la
libertad de la ciudadanía. No vale eficacia a cualquier precio, y si eso se produce es única y
exclusivamente por responsabilidad política, y acabarán siendo más eficaces no los
mandos mejor preparados profesionalmente sino los menos respetuosos con los derechos
de los ciudadanos y las libertades públicas. ¿Está pasando eso ya en España?
Vale el mismo ejemplo para el servicio de seguridad durante las elecciones políticas. Se
estableció un dispositivo con la llegada de la democracia, razonable entonces pues era posible
que grupos ultras que se oponían intentaran boicotearlas incluso atacando los colegios
electorales, pero transcurridos más de 30 años no puede mantenerse el mismo dispositivo con
un policía en cada colegio. Es un dispositivo excesivo, con mucha policía y desigual retribución,
estando muy mal pagados los policías y guardias civiles en comparación con los policías locales,
que duplican o triplican el salario extra que perciben por ese servicio. La mitad de efectivos, el
doble de gratificación, más eficacia y menos coste para las arcas públicas.
Resumiendo este apartado, España precisa políticas de seguridad públicas coordinadas, que
consigan la mayor eficacia posible para rebajar los índices de criminalidad, con escrupuloso
respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, porque hoy las prácticas rutinarias y la
presión por la justificación estadística han producido una realidad virtual que en nada se
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corresponde con la verdad, que es que hay políticas poco respetuosas con los derechos y
libertades ciudadanas y poco eficaces en la lucha contra la delincuencia.
La política sindical.
La política sindical de esta organización se hace partiendo de premisas como:
1º. El SUP es un sindicato corporativo por imperativo legal. Exigimos plenos derechos
sindicales y entre ellos, que los policías puedan afiliarse a sindicatos de clase.
2º. La Policía y los policías no son el centro del Universo. Existe vida fuera del uniforme y
de nuestra profesión. Defendemos a la Policía como Institución siempre que se rija por
principios de respeto a los valores democráticos y de respeto a los Derechos Humanos
que consagra nuestra Constitución.
3º.- Lo mismo vale decir de los policías. En la Declaración de Principios de los Estatutos
del Sindicato y en el Código Ético de Conducta para sus responsables se manifiesta
nuestra solidaridad con los sindicatos de clase, se exige a los afiliados no respeto,
protección y defensa activa de los Derechos Humanos, así como oponerse a cualquier acto
de discriminación por motivos de raza, sexo religión, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social, así como a cualquier acto de corrupción o ilegalidad.
Desde esos principios intervenimos en la defensa de los derechos de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía y pedimos mejoras corporativas, pero hacemos otros planteamientos como
los antes citados de modificación del modelo policial o de cambio en las políticas de seguridad
públicas que mejoren la eficacia y calidad del servicio público esencial que prestamos a la
ciudadanía.
Este punto precisaría todo el tiempo consumido hasta ahora y bastante más para una mínima
exposición, así que telegráficamente diré que el próximo día 30, por fin, una inspectora o una
comisaria de Policía serán una inspectora y una comisaria y no un inspector y un comisario que
son mujeres, que es lo que son ahora. Se aprobará en el Consejo de Policía la norma que pasa a
denominarlas como son, mujeres con la categoría profesional que ostentan.
Este es el primer paso real para modificar algunos planteamientos inaceptables llevados a cabo
por algunos mandos, con el apoyo de la dirección general, contra los que estamos trabajando.
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Esperamos pro ejemplo que la próxima vez que una compañera separada y con tres hijos pida
una reducción de jornada con su correspondiente reducción económica, el jefe de turno no se
pase por el arco del triunfo la ley de igualdad y el Plan Concilia y decida que esta compañera haga
menos horas pero en el turno de noche. Ese jefe no ha sido sancionado, ni amonestado. En su
comisaría él es el Rey, Taifas, el señorito, manda sobre vida, hacienda derechos y leyes. Nadie le
dice nada porque no hay mecanismos para impedir o rectificar estas cosas.
Otro jefe de una comisaría más pequeña, haciendo una aplicación estricta del Plan Concilia
cambia de puesto de trabajo y horario 3 veces en seis meses, de un día para otro, a una
compañera con un hijo pequeño. Este jefe sigue creyendo que hizo bien porque nadie le ha dicho
lo contrario.
Está regulado para todos los funcionarios que si contraes matrimonio tienes derecho a 15 días
de licencia, y lo mismo es de aplicación si el vínculo familiar se establece al registrarse como
pareja de hecho…salvo en la Policía, donde si es matrimonio tienes el permiso y si te registras
como pareja en tu ayuntamiento, no. Y lo mismo cabe aplicar si la suegra de uno de los miembros
de la pareja de hecho es intervenida quirúrgicamente, en este caso no tiene permiso y si es por
matrimonio oficial, sí. Este jefe tampoco ha recibido ninguna aclaración a su libre interpretación
de la norma, y no sabemos, porque es muy reciente, pero el responsable de mandar a detener a
doce personas hambrientas en un comedor de Caritas en Tenerife tal vez todavía hoy crea que
hizo bien. Esto es lo insoportable, que el Gobierno diga lo que dice de la solidaridad, que envíe
cientos de millones de euros a países cuyos ciudadanos no suelen ver porque acaban en las
grandes fortunas de sus corruptos dirigentes, y aquí, la policía que manda ese mismo Gobierno
vaya a un comedor social a detener a personas que pasan hambre.
Sirvan estos ejemplos para señalar que aquí no se aplican ninguna de las resoluciones del MAP,
que el observatorio de la Mujer en la Policía y la Guardia Civil, las valoraciones de impacto de
género o la unidad de igualdad que según el organigrama existe en la División de Personal no son
más que un rótulo o un texto en un papel, pero que no hay ni una sola actuación por trasladar a
la Policía las políticas de igualdad y los derechos del Plan Concilia. Algunos mandos policiales,
con apoyo de los dirigentes políticos, han convertido a la Policía en el Cuerpo estatal más
inmovilista, muy por detrás del ejército y la Guardia Civil. Para desgracia de otros muchos
mandos que no piensan como estos.
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Otros asuntos que ocupan la política sindical versan sobre problemas más cotidianos, y entre
ellos se pueden citar:
- El agravio salarial con otras policías,
- La falta de garantías jurídicas por la reforma del Código Penal de 1995;
- Una jornada laboral sin regular, caprichosa e incompatible con las disposiciones del Plan
Concilia, la prevención de riesgos laborales o la OMS;
- La situación de segunda actividad sin destino, una prejubilación de castigo;
- El recorte de derechos sindicales; (no poder afiliarse a sindicatos de clase, no regulación
del conflicto colectivo, sistema electoral, reglamento del Consejo de Policía provisional
desde 1987……)
- El Catálogo de Puestos de Trabajo, (que el SUP no firmó, el único sindicato que no lo hizo),
que amplía hasta límites imposibles de comprender la libre designación, establece
agravios entre policías prestando el mismo servicio, divide en dos el colectivo por la
diferencia en el CES entre una y otra categoría…
- La actuación de los servicios médicos contra policías con lesiones en acto de servicio, (y lo
de “contra” no es un error);
- El régimen disciplinario, arbitrario e injusto en su texto y en su aplicación (hay policías
acusados de delitos leves que han estado hasta 3 años suspendidos y han sido absueltos
después, y mandos acusados de cinco delitos que siguen trabajando);
- La actuación de la unidad de Asuntos Internos que debía ser ejemplar y es un foco de
conflictos y despreciada por la mayoría del colectivo por su errónea dirección;
- La política de recompensas profesionales, cuyos porcentajes de medallas rojas a los
miembros de unas y otras escalas y categorías hace enrojecer a cualquiera;
- Las distintas formas de conseguir que un Puesto de Trabajo sea concedido a un amigo,
con nombramiento provisional previo;
- La ausencia de protocolos de actuación, (para detener, colocar los grilletes, disolver una
manifestación…), o para tantas actuaciones que sería necesario;
Y para concluir hay que decir que este Gobierno socialista, tan progresista en tantas cosas
(matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de dependencia, ley de plazos del aborto
o ley de violencia de género) es en la Policía el gobierno más inmovilista conocido desde
la llegada de la democracia, mucho más que Jaime Mayor Oreja. Ni ha mejorado la
seguridad pública, ni la calidad del servicio que prestamos, ni las condiciones de trabajo
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de los policías. Un suspenso rotundo, y además ha habido retrocesos en materia de
derechos sindicales, con suspensión de actos sindicales y expedientes disciplinarios, y los
pocos avances han sido impulsados más por los sindicatos que por la Administración.
La unidad de acción sindical se muestra como el principal instrumento para conseguir que la
Policía española pase del siglo XX en que se encuentra al siglo 21, del que ya vamos a llevar
cumplida una década.

Academia Acceso Cnp

sector115.es

Lezo escribió:Gracias compañero por compartirla. Es bastante interesante
Un saludo