En el dia de hoy no murio ningun compañero a manos de la banda terrorista E.T.A
Gc Edicion 175 Aniversario |
 |
gafaspolicia.com |
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) para adaptarlo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y que la Policía se limite a desarrollar labores de seguridad.
El reglamento incorporará nuevas "fórmulas de gestión", de modo que el resto de las tareas en los CIES estará a cargo de "personal especializado", ha señalado Fernández Díaz en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso.
"Es una obviedad que los inmigrantes no son delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de los mismos derechos y de la misma dignidad", ha señalado el titular de Interior, que han insistido en que el infringir normas de carácter administrativo -entrando o residiendo de forma irregular en España- "no les convierte en delincuentes".
El ministro ha citado centros como los de Málaga o Algeciras (Cádiz) que requieren "cambios de calado" y ha informado de que los 12 CIES que hay en España -seis de ellos en las islas Canarias- están a dos tercios de su capacidad, que es de 4.116 plazas.
La estancia media en los centros es de 18 días, cuando la ley permite un máximo de 60 días, ha añadido Fernández Díaz, que ha subrayado que eso supone estar "muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea".
Sobre las expulsiones de inmigrantes, el ministro ha dicho que las "cualificadas" -es decir, las de quienes han cometido delitos- fueron un 80% el año pasado frente al 57% que supusieron en 2009, mientras que las no cualificadas han disminuido.
En materia de inmigración, Fernández Díaz ha anunciado el fortalecimiento de la colaboración internacional y, especialmente, con la Unión Europea para "recibir fondos adicionales para la lucha contra la inmigración irregular" y ha asegurado que se firmarán nuevos acuerdos de readmisión con países de origen y tránsito de los inmigrantes.
No parece una mala medida, habrá que ver como se gestiona y que no quede todo en propaganda barata. Al menos ya no seremos los malos de la pelicula, las ONG´s y demás asociaciones pro-DDHH cargarán contra el político de turno encargado de la gestión de los centros y no contra la Policía, esperemos que sea así...
