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Los hechos que han provocado esta medida cautelar ocurrieron el 6 de mayo en el módulo número 4 del centro penitenciario de Badajoz. Eran las 17.15 horas cuando un funcionario de los que organizan las comunicaciones entre los presos y sus familiares se desplazó a la celda de Francisco Silva Gago.
Fuentes penitenciarias han señalado que al interno se le había impedido comunicarse con su familia porque pretendían facilitarle un MP3 y unos auriculares, dos objetos que no pueden entrar en la prisión por esa vía para evitar que sean utilizados para esconder droga o información grabada previamente en los aparatos electrónicos.
El preso fue visitado en su celda cuando sus compañeros de módulo estaban en el patio, por lo que Francisco Silva estaba solo en su celda cuando recibió la visita del funcionario, que se habría desplazado hasta esa parte de la prisión con la intención de explicarle las razones del castigo, según apuntan esas mismas fuentes.
Lo que ocurrió entonces sólo lo saben el funcionario y el recluso, pero podría haber sucedido que el preso hubiese proferido unos insultos referidos a los familiares del trabajador y que éste hubiese reaccionado violentamente comenzando a golpearle con su defensa de goma.
Esos golpes habrían causado las lesiones que se recogen en el parte facultativo elaborado por el médico de la cárcel poco después de que se produjese la presunta agresión.
El director de la cárcel, Carmelo Charfolé, confirma que tuvo conocimiento del incidente esa misma tarde, por lo que se desplazó al módulo y a la enfermería para conocer lo sucedido.
En un primer momento le contaron que el funcionario de comunicaciones fue el primero en ir a la celda y que luego se acercó el jefe de servicio que tiene encargado el control del interior del toda la prisión. Ambos presentaban lesiones de carácter leve.
Pero esas explicaciones iniciales no le convencieron, por lo que ordenó el traslado a la enfermería del preso y mantuvo una primera conversación con los funcionarios implicados. Luego vio con sus propios ojos el alcance de las lesiones, habló de nuevo con el preso, y a la mañana siguiente informó de lo sucedido tanto al juzgado de guardia como a la Inspección General Penitenciaria.
El informe enviado al juzgado forma parte del protocolo, pero la comunicación a la Inspección General Penitenciaria se sale de lo normal, puesto que sólo se le suede dar cuenta cuando las lesiones requieren atención hospitalaria. Eso demostraría que sospechaba de alguna posible irregularidad.
Cinco días después de ser enviada esa información visitaron la prisión dos inspectores de Instituciones Penitenciarias. Se marcharon el viernes 13 y sólo tres días después la secretaria de Instituciones Penitenciarias suspendió provisionalmente de funciones al funcionario acusado por un período de seis meses.
Fuente: http://www.hoy.es/20100519/local/badajo ... 92036.html