FORO POLICIA

DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, aseguró ayer que, por lo menos, un empresario había recibido recientemente una carta de ETA exigiéndole el pago de una cantidad determinada, a pesar del comunicado de la banda terrorista que anunciaba el cese de "acciones armadas ofensivas" el pasado septiembre.

En declaraciones a los medios, después de participar en un acto en el Palacio de Navarra, Sarría destacó que "el tema de la extorsión no ha cesado". Según ha explicado, la situación en la Comunidad "es más o menos igual que en Euskadi", y ha insistido en que "sigue habiendo un goteo" de misivas a los empresarios. En concreto, en junio tuvo constancia del envío de, por lo menos, tres cartas de extorsión en las que se exigían cantidades entre 250.000 y 300.000 euros al empresario.

Gama De Productos Anticorte

La proteccion ideal

materialpolicial.com

En el marco de la vigente suspensión de los atentados, ETA mantiene operativo el brazo armado de la extorsión económica, que sigue activa como han denunciado la patronal y autoridades vascas. 'Gesa', ejecutor violento de un chantaje que nunca está en tregua, fue creado en abril de 2004 cuando el potencial atemorizador de la amenaza terrorista quedó mermado por el parón técnico improvisado a raíz de la ofensiva islamista del 11-M.
Unidad mixta de los aparatos militar y financiero, se trata de la estructura encargada de ejercer sobre el terreno las medidas de amedrentamiento y represalia decididas contra los empresarios recalcitrantes al pago del denominado 'impuesto revolucionario'. Estas actuaciones intimidatorias, que incluyen métodos expeditivos como el 'secuestro exprés', no entran dentro del cese de las acciones armadas ofensivas, pues forman parte de las habituales tareas de abastecimiento, en este caso económico.
Gracias a la incautación de contabilidad e informes internos, los servicios antiterroristas franceses tienen documentado el nacimiento de 'Gesa' en una época de alto el fuego no negociado similar a la actual. Entonces, en la primavera de 2004, el comité ejecutivo, 'Zuzendaritza Batzordea' o 'Zuba', ordenó a los comandos armados un parón temporal en su actividad, con repliegue de las células de liberados a Francia como medida de seguridad, en reacción a la conmoción provocada en la opinión pública por los atentados terroristas del 11-M. El primer fruto estratégico de este movimiento táctico fue la creación en el seno del aparato militar de una unidad nueva exclusivamente dedicada a la ejecución del chantaje económico.
'Gesa', su nombre, es el resultado de la contracción entre 'Esa' (nombre del aparato militar, abreviatura de 'Ekintza Saila', departamento de acción) y 'Gezi' (extorsión, siglas de 'Gora Euskal Zerga Iraultzaila', que significa 'Viva el impuesto revolucionario vasco'). Según los analistas franceses, la nueva estructura comenzó a funcionar en abril de 2004 a las órdenes de Peio Eskisabel Urtuzaga 'Xerpa', que acababa de asumir la co-jefatura del aparato militar, y tuvo un rápido desarrollo: de 14 personas en su creación pasó a contar con 35 en agosto del mismo año.
La reestructuración motivó un reparto de papeles en el entramado recaudatorio. 'Gezi', que sigue dentro del aparato político, se encarga de fijar los objetivos del chantaje económico, de enviar las cartas de extorsión, de recuperar las sumas exigidas y del seguimiento de los pagos.
Fichero de morosos
'Gesa', emanación del aparato militar, se ocupa de la fase coercitiva mediante la movilización de los comandos armados contra los contribuyentes recalcitrantes, que son encasillados en tres ficheros.
El denominado 'Exprés' agrupa a los empresarios seleccionados para ser retenidos durante unas horas en un lugar apartado y obligados a pagar o a firmar un pagaré bajo amenazas. 'Egurra' reúne a los extorsionados que han pasado a ser objetivo militar por morosidad o impago. 'Salataria' designa a los merecedores de represalias prioritarias por haber informado a la policía.
El estreno de 'Gesa' fue providencial para restablecer con prontitud el equilibrio finaciero de ETA, que arrastraba un persistente déficit a pesar del esfuerzo por controlar el gasto de los diferentes aparatos. Un informe de la tesorería o 'Diba' (por 'Diruzaintza Batzordea'), elevado a la reunión celebrada por 'Zuba' en julio de 2004, subrayaba que las arcas se vaciaban debido a la tendencia a la baja de los ingresos y la confiscación de unos 100.000 euros desde comienzos de aquel año en operaciones policiales.
En la siguiente reunión del comité ejecutivo, fechada en setiembre de 2004, el mismo redactor se felicitaba por la regularidad y la importancia de los ingresos procedentes del 'impuesto revolucionario' recaudados por 'Gesa'. En agosto se había percibido una suma de 60.000 euros entregada por 'Ander', alias atribuido a Iñaki Arietaleaniz Telleria. Este ex preso se había reenganchado tras ser condenado en España a raíz de su arresto en 1993 por la Ertzaintza en una operación combinada con la policía francesa contra una red de extorsión dirigida por Carlos Almorza Arrieta 'Hilario'.
Un mes después la inyección fue de 172.200 euros gracias al cobro de tres impuestos distintos que provocaron que el balance mensual por fin fuese positivo frente a unos gastos de 94.400 euros. Es decir, en apenas ocho semanas, con solo cuatro 'zerga' (impuesto) ETA ingresó casi un cuarto de millón de euros.
Los expertos franceses atribuyen la autoría de estos informes contables a Soledad Iparragirre Genetxea 'Anboto', que bajo el alias de 'Baltza' había asumido a principios de los años 2000 la jefatura de 'Diba' y de 'Gezi'. En la casa rural que ocupaba en Salies de Béarn (Pirineos Atlánticos) con Mikel Albisu Iriarte 'Antza', jefe del aparato político, se intervino el mayor y más completo volumen documental sobre la finanzas de ETA descubierto hasta la fecha.
De su estudio, los analistas deducen que por lo menos el 85% del presupuesto total procede de la extorsión. Alrededor del 7% es resultado de la venta a simpatizantes de bonos y de artículos con el emblema de la serpiente enroscada en el hacha. El resto corresponde a aportaciones voluntarias.
En una nota interna, 'Baltza' explicaba a un comando de 'legales' (no fichados) los procedimientos que debían desarrollar en el seno de 'Gesa'. Les ordenaba realizar pintadas amenazantes en el domicilio del moroso, llamar a la puerta y disparar al aire, recurrir a 'arrestos' (secuestros exprés) y utilizar artefactos explosivos cerca del objetivo.
Pero puntualizaba que los miembros de la célula debían interiorizar que se trataba de acciones de advertencia que no tenían que causar víctimas, sólo daños materiales. Las bombas tenían que ser etiquetadas con las siglas de ETA y no estar escondidas para que el contenido del paquete resultara evidente.
Petición a un ex futbolista
En otro documento, la tesorera insistía a sus subordinados sobre la conveniencia de establecer pagos en plazos para disponer de 'cash flow' de cara a los ejercicios venideros. En una carta remitida a un ex futbolista internacional se le proponía una contribución anual de 6.000 euros a la lucha de liberación nacional mientras que a un holding empresarial vasco se le reclamó el pago escalonado de doce millones hasta 2014.
Un informe de 'Diba', aprobado por 'Zuba' en su reunión de julio de 2004, estipuló la atribución mensual a cada activista de una suma de 1.500 euros, revisable al alza en caso de necesidad. Esa asignación se descompone en 600 euros para cubrir las necesidades del mes en curso más otros 900 «de seguridad» para resistir mes y medio en caso de pérdida de contacto con la organización.
Otra nota de la tesorería dirigida a los jefes de aparato insitía sobre la necesidad de disimular las cantidades de dinero elevadas que recibían con caracter trimestral. En cumplimiento de ese imperativo de seguridad, 'Antza' y Anboto' habían puesto sus reservas económicas a buen recaudo en su guarida bearnesa.
En el depósito de un lavadero, al que se accedía por un camino de tierra trasero, se encontró al desplazar las dos losas que lo tapaban un bidón de plástico flotando en el agua. En su interior se hallaron dos embalajes termoselladados en los que se guardaban un total de 21.000 euros en billetes de 20 y 50. Era la economía sumergida de 'Gezi'.

intervencionpolicial.com

No sólo los 1.500 contribuyentes españoles investigados por Hacienda ocultaron su dinero en Suiza, también lo hizo ETA. Al menos entre los años 1999 y 2006, según una de las tres investigaciones abiertas por la Audiencia Nacional tras la desarticulación de la red de extorsión etarra dirigida desde el bar Faisán. Esa fundación tenía como socios fundadores a Joseba Imanol Elosúa Urbieta y a su esposa Avelina Llanos
Entre 1999 y 2006 ETA escondió en cuentas suizas de la filial del banco galo BNP Paribás 4,8 millones de francos suizos (3,5 millones de euros). El dinero llegaba a Suiza a través de la fundación Koipa, creada en Liechtenstein en marzo de 1999. Esa fundación (creada como benéfica, por lo que no pagaba impuestos) tenía como socios fundadores a Joseba Imanol Elosúa Urbieta y a su esposa Avelina Llanos.

Esta investigación, "muy complicada" y que sigue abierta "sin todos los resultados satisfactorios que esperamos", explican a 20 minutos fuentes del caso, ha permitido imputar a Elosúa, de 74 años, delitos de blanqueo de dinero y de evasión fiscal, a pesar de que él ha declarado que todo el dinero de esas cuentas son los beneficios de su bar, en la zona fronteriza de Irún, donde se vendían bocadillos y menús a camioneros y gente de paso. Hasta 11 personas ayudaban a Elosúa en el cobro de los pagos de los empresarios extorsionados
La investigación, no obstante, ha permitido conocer que 11 personas ayudaban a Elosúa en el cobro de los pagos de los empresarios extorsionados, que se movían por el País Vasco y Francia. No se ha podido saber, "es imposible", cuántos empresarios pagaron a ETA a través del Faisán de Elosúa.

Pero como ejemplos aparecen cuatro empresarios de una misma compañía que en 2001 abonaron 222.378 €; otros 54.000 € en abril de 2006 y otros 60.000 € el 4 de junio de 2006, 16 días antes de que Elosúa fuera detenido. Es decir, que la red de extorsión estuvo activa hasta el final. Una tarea nada fácil, "ya que el proceso de extorsión podría durar entre 24 y 30 meses, comprendidos desde que se envía la primera carta" hasta que pagan o se les comunican que son objetivos militares por su impago.

Comisiones

Los investigadores, no obstante, no creen que todo el dinero perteneciera a ETA, sino que Elosúa también cobraba una comisión por sus servicios recaudatorios. El bar Faisán no era la única red de extorsión de ETA. Tras su detención en junio de 2006, los servicios antiterroristas han contabilizado hasta la fecha unas 30 remesas distintas de cartas, por las que ETA ha podido llegar a recaudar 11,7 millones.

El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró ayer que tiene constancia de que ETA sigue enviando cartas de extorsión en el País Vasco. En un desayuno informativo organizado en Madrid por la agencia Europa Press, Urkullu afirmó que conoce el hecho de que en este momento, "hace escasos días", se han recibido este tipo de misivas "con la exigencia del pago a la causa". Según describió el presidente del EBB, se trata de cartas que pueden ir llegando en remesas de varias misivas, incluso hasta ocho para una misma persona. Es por ello que el jeltzale se mostró más que prudente ante los movimientos que se están dando en el seno del grupo armado. "Tenemos dudas. Lo reconocemos", afirmó. "No hay acciones ofensivas, pero siguen llegando cartas de extorsión amenazantes. Sigue el chantaje", añadió Urkullu, calificando este hecho de "inadmisible". "Ni nos fiamos ni nos vamos a fiar sin más", subrayó, apelando a pasadas experiencias "frustrantes". "Somos y vamos a ser extremadamente cautos con ETA", indicó.

DEIA puede dar constancia también de la existencia de estas misivas hoy día. Este periódico conoce concretamente una carta fechada el 27 de octubre que ha sido redactada en términos muy duros y ya informó de que empresarios vascos recibieron estos escritos de extorsión los meses de mayo y julio, a pesar de que ETA anunció en septiembre en su comunicado que había decidido hacía meses no llevar a cabo "acciones ofensivas". Eran cartas en las que, tal y como informaron fuentes de toda solvencia, se llegaron a pedir incluso hasta 400.000 euros.

Ante este panorama, Iñigo Urkullu apela a la prudencia. Y así, prudente, se mostró cuando ayer le preguntaron si creía que antes de Navidad habría un alto el fuego de ETA "permanente y verificable". "No tengo ningún dato. Lo ha dicho Jesús Eguiguren", contestó el jeltzale. Preguntado por si lo veía factible, Urkullu respondió que sí. "No lo descarto, no porque tenga ningún dato", aclaró, y no quiso ahondar en el tema, aunque destacó, eso sí, que "para el PNV la exigencia es un cese definitivo por parte de la organización terrorista".

Menos cauto fue ayer mismo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que se mostró convencido de que "estamos ante el fin" de ETA, aunque consideró que no será cosa de un día "y que la organización "dará disgustos" antes de concluir.

Pero Urkullu apeló de nuevo a ese "pacto de silencio" que ya ha solicitado en otras ocasiones. "El mundo de ETA es opaco y sinuoso, y nosotros defendemos que es mejor no dar alas a especulaciones y elucubraciones en torno a ese mundo, y menos si pueden ser utilizadas de manera perversa", afirmó. Así, subrayó que es la banda armada la que tiene que tomar una decisión. "No les demos el protagonismo que están buscando y que en ningún caso merecen", dijo.

Y precisamente refiriéndose a la cautela, Urkullu hizo referencia al abogado sudafricano Brian Currin, del que dijo que, al igual que los demás, es mejor que guarde silencio. "Malo es que un mediador hable en público. Cuando un mediador habla en público yo creo que pierde mucho del valor que pudiera tener la labor que está haciendo", afirmó. "Con sus propios pronunciamientos puede dar pábulo a una organización terrorista que puede sentirse protagonista", añadió.

"NOVEDADES" A pesar de las reticencias del líder jeltzale, éste quiso resaltar la "novedad" que supone que ETA, por decisión propia, y sin negociaciones o contrapartidas, haya decidido parar sus "acciones armadas ofensivas". Así, Urkullu afirmó que, al margen de las interpretaciones que puedan hacerse, también es nuevo que la izquierda abertzale ilegalizada avance hacia "las vías exclusivamente políticas y democráticas". "Lo hace con más determinación que nunca", subrayó.

Uno de los temas de los que ayer habló Urkullu, es del acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno español. Fue claro cuando resaltó que han rubricado ese pacto para dar respuesta a las necesidades del actual tiempo político. "Ahora se trata de invertir adecuadamente ese tiempo tanto para la estabilidad económica como para sentar las bases para la paz en Euskadi", explicó. Así resumía el jeltzale las "razones profundas" del acuerdo. "Tiempo para un nuevo tiempo", subrayó.

Preguntado por las palabras del ex presidente del Gobierno español, Felipe González en las que afirmaba que tuvo ocasión de "volar" la cúpula de ETA y que dudaba sobre si obró bien al no hacerlo, Urkullu fue tajante. "Me repugnan este tipo de expresiones", afirmó, y advirtió de que en ese planteamiento hay un "grave déficit al respeto de los derechos humanos y al derecho fundamental a la vida". "Que un presidente español pueda plantear esa incógnita veinte años después me lleva a pensar con mucha tristeza en qué es lo que pudo decidir entonces, en las cosas que decidió, en base a esos principios éticos", concluyó.

Esta nueva remesa de cartas ha sido masiva, según las datos a los que ha tenido acceso Europa Press, con al menos 100 envíos a empresarios de Vizcaya durante los últimos días del mes de octubre. En algunos casos, se trataba de la octava carta que recibían algunos empresarios.

Este hecho se produce después del parón técnico anunciado por la banda terrorista ETA el pasado 5 de septiembre y viene a confirmar las sospechas de las Fuerzas de Seguridad, de que aunque la banda anunciaba el cese de acciones armadas iba a seguir proveyéndose de recursos para financiarse mediante la extorsión, como ha hecho en treguas anteriores, en las que, aunque cesaba los atentados, no hizo lo mismo con las cartas del mal llamado "impuesto revolucionario".

De hecho, así lo afirmaba recientemente el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, quien dejaba claro que para los empresarios navarros "no había cambiado nada" porque, a pesar del anuncio de ETA, en septiembre habían "recibido alguna carta nueva y alguna carta de repetición".

En esta ocasión, con la remesa de octubre, la banda da la impresión de querer incrementar la recaudación, porque en tan sólo unos días, han llegado aproximadamente un centenar de cartas a los empresarios vizcaínos y con unas exigencias aumentadas ya que hay misivas en las que se ha llegado a pedir hasta 800.000 euros (133 millones de las antiguas pesetas).

También hay otras cartas con peticiones por debajo de los 100.000 euros y algunas con la exigencia de 400.000 euros, aunque la banda ya había llegado a esta última cifra en remesas de extorsión enviadas en a lo largo de este año, en abril y mayo y agosto. Pero ahora hasta duplica sus peticiones.

Sin embargo, las fuentes consultadas explicaron que existe una desproporción entre las exigencias de los terroristas con la capacidad económica de las empresas, como si no tuvieran datos reales o fiables de las sociedades o los empresarios a los que pretenden extorsionar. Así, elevan sus demandas a empresas más pequeñas y a otras que tienen mayor capacidad les hacen peticiones menores.

En cualquier caso, estas misivas, enviadas desde la provincia de Alava, y con un lenguaje muy duro para intimidar a los que las reciben y lograr así que para que paguen, demuestran que la intención de ETA no es la de parar por completo, sino la de seguir proveyéndose de recursos económicos.

Algo que se une, según los expertos de la lucha antiterrorista, a la actividad de robo de vehículos que siguen manteniendo en Francia y que no ha cesado desde el anuncio del parón en septiembre.

La banda ha enviado varias remesas de cartas de extorsión a lo largo de este año. En enero reactivaron la petición de fondos a los empresarios, después de llevar casi seis meses inactivos en este asunto --ya que la anterior remesa de cartas se había producido entre mayo y junio de 2009--. Tras esta primera remesa de 2010, llegó otra un mes y medio después. En mayo volvían al ataque pidiendo entre 80.000 y 400.000 euros, en agosto lo volvieron a intentar, en septiembre hubo empresarios navarros que recibieron alguna carta y la última remesa de octubre ha sido masiva.

HECKLER & KOCH SFP9 - SK

Subcompact 9mm x 19

uspsuministros.com

La etarra María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', era responsable financiera de la organización terrorista y "se encargaba de la extorsión de fondos" a empresarios vascos para cobrar el llamado "impuesto revolucionario", explicó hoy el capitán de la policía antiterrorista francesa Stéphane Durey.

'Anboto' tras su detención en 2004
Iparraguirre "dirigía los comandos de extorsión de fondos", indicó Durey al Tribunal de lo Criminal de París que la juzga junto a otros nueve presuntos etarras, incluido su compañero 'Mikel Antza', considerado el 'jefe político' de la banda cuando ambos fueron detenidos en una casa de Salies de Béarn (suroeste de Francia) el 3 de octubre de 2004.

En el juicio, se han conocido varios datos de interés sobre las cuentas de ETA. La fiscalía mostró un texto de julio de 2004 en el que se establecía que cada etarra debía disponer a comienzos de cada mes de 1.500 euros, de ellos 600 para los gastos del mes en curso, otros tantos para el siguiente y 300 para hacer frente a eventuales problemas de seguridad, como quedar aislado de su grupo. En unas notas se recogían diversas directrices que les enviaba a éstos para racionalizar los gastos y facilitar su supervisión.

En la vivienda francesa de Salies de Béarn se encontró una enorme cantidad de elementos contables y Durey detalló algunas tablas sobre los ingresos por el "impuesto revolucionario": 1,4 millones de euros en el año 2002, "un poco más de un millón" en 2003 y 626.900 euros entre enero y comienzos de septiembre de 2004. En total, durante estos casi tres años, ETA ingresó más de 3 millones de euros, de los cuales, en torno al 80% fue por la extorsión a los empresarios vascos y navarros, lo que supone cerca de 2,5 millones.

Más ingresos por matar al líder patronal de Guipúzcoa
En otro documento citado por el oficial de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), Iparraguirre constataba el "efecto" beneficioso para los ingresos de ETA que había tenido el asesinato en 2000 del presidente de la patronal guipuzcoana José María Korta porque había provocado miedo a otros empresarios amenazados para que pagaran.

El capitán de la policía antiterrorista francesa aludió a un texto que se incautó en la casa que ambos ocupaban y en el que daba "consignas precisas" para la puesta en marcha de un comando 'legal' (de activistas no fichados) que debía llevar a cabo una campaña de extorsiones de cuatro meses.

En una nota preparatoria de la reunión mensual de julio de 2004 del comité ejecutivo (máximo órgano de decisión de la banda), según contó el oficial, la tesorería de ETA "se inquietaba mucho de la falta de ingresos desde comienzos de año" y también por el hecho de que la policía hubiera conseguido aprehenderles cerca de 100.000 euros con diversos arrestos de activistas.

Dos meses más tarde, en otro escrito preparatorio del comité ejecutivo de septiembre, la misma tesorería "se felicita de ingresos" encajados por el cobro de cuatro extorsiones a empresarios: una primera en agosto de 60.000 euros y tres en septiembre de 150.000, 13.200 y 9.000 euros.

Otro documento incautado en la casa de Iparraguirre y Albisu trataba del pago por un empresario que el 10 de enero de 2003 realizó un segundo abono a la banda de 72.000 euros (había hecho otro anteriormente de la misma cantidad) y que poco después los tres etarras que habían recibido el dinero fueron arrestados por la policía francesa en el suroeste del país.

foropolicia.es

POLÍTICA
Una militante de Segi huida cobró las ayudas a las víctimas del terrorismo
Irati Tobar recibió 2.452 euros por los daños sufridos en su casa en el atentado contra Esther Cabezudo
21.03.11 - 02:42 - ENRIQUE PALACIO | MADRID.
ImprimirEnviarRectificar1 voto2 votos

La militante de Segi Irati Tobar, que se encuentra huida en Francia y que anunció recientemente una huelga de hambre para evitar su arresto y entrega a España, cobró 2.452,37 euros de las ayudas a las víctimas del terrorismo por el atentado en el que un comando de ETA intentó matar a la edil socialista de Portugalete Esther Cabezudo en el año 2002.

Tobar concendió recientemente una entrevista, que apareció en Internet, en la que mostraba su temor al Gobierno español «porque su herramienta es la tortura». El vídeo se convirtió en uno de los más vistos en el entorno de la izquierda radical. Tobar, de 24 años, fue en su día miembro de la candidatura de ANV en Portugalete y está acusada de pertenecer a la ilegalizada Segi.

El vídeo apareció casi al mismo tiempo en el que eran juzgados en Madrid los etarras que intentaron asesinar a Esther Cabezudo. La banda quiso matar a la política socialista con una bomba escondida en un carrito de la compra y colocada en una calle de Portugalete. La explosión hirió a la concejal, a su escolta y a otras 18 personas. También causó daños valorados en un millón de euros en varias viviendas cercanas, entre ellas, la de Irati Tobar y sus progenitores. Los peritos estimaron la reparación en 2.452,37 euros, que la familia aceptó de manos del Ministerio del Interior.

Cartera Porta Placa Ertzaintza

Fabricado en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

la tregua de 2006
ETA ingresó 54.000 euros a través de la trama del Faisán después del 'chivatazo'
La Justicia francesa exhibe en audiencia pública el recibo expedido el mes siguiente a favor de dos constructores navarros
30.03.11 - 02:52 - FERNANDO ITURRIBARRÍA CORRESPONSAL | PARÍS.

El importe del recibo coincide con el que Elosua debía entregar a Cau el día que tuvo lugar el soplo.

ETA ingresó 54.000 euros a través de la trama recaudatoria montada en torno al bar Faisán de Irún después del presunto 'chivatazo' policial que avisó al dueño del establecimiento de que la red estaba sometida a vigilancia. La Justicia francesa ha exhibido esta semana en audiencia pública el recibo expedido por la tesorería etarra a favor de dos constructores navarros, que lleva fecha de junio de 2006, el mes siguiente del supuesto soplo y cuarto de la tregua entonces vigente.

El juez Philippe Vandingenen, presidente del Tribunal Especial de lo Criminal de París, leyó a última hora del lunes un informe sumarial sobre el 'impuesto revolucionario' en el juicio al presunto exdirigente de ETA Peio Eskisabel Urtuzaga, 'Xerpa'. El escrito concluía con la evocación, entre los casos autentificados de extorsión, de la entrega de 54.000 euros por dos empresarios navarros a Julen Madariaga, cofundador de ETA, para hacérselos llegar a Joseba Elosua, propietario del Faisán.

A petición del fiscal, Olivier Bray, el tribunal proyectó en las dos pantallas de la sala de vistas el recibo acreditativo del pago. El documento da fe de que ETA ha «recibido en su integridad» los 54.000 euros que había reclamado en noviembre de 2001 a José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero, socios de la constructora Azysa SL. Lleva en filigrana el emblema del hacha y la serpiente, tiene en el ángulo superior izquierdo el anagrama de 'Bietan Jarrai' y está fechado en junio de 2006, cuarto mes de la tregua entonces declarada por ETA.

El justificante fue encontrado por la Policía el día 20 de aquel mes en el domicilio en Bayona de José Antonio Cau Aldalur, 'Burutxuri', presunto recaudador de ETA en el País Vasco francés. Su arresto se produjo en el marco de la operación conjunta dirigida a ambos lados de la frontera por los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, que había tenido que ser suspendida mes y medio antes a causa del supuesto 'chivatazo' recibido por Elosua el 4 de mayo.

Con cargos
Seis días más tarde, el 26 de junio, Grande-Marlaska dejó en libertad con cargos a Azpiroz y Saralegi tras tomarles declaración, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no pidió ninguna medida cautelar. Pero les inculpó por colaboración con organización terrorista pues «se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado proyecto de paz», escribía el magistrado en un auto emitido en aquella fecha.

La imputación fue confirmada por el juez Baltasar Garzón, de regreso a su juzgado tras una excedencia, mediante un auto de procesamiento dictado el 24 de octubre de 2008. En él el magistrado afirmaba que los dos constructores navarros hicieron llegar la suma de 54.000 euros a Madariaga «el 29 de abril de 2006 a través de un abogado de su elección» y con la intervención de Elosua y de Ramón Sagarzazu, otro presunto responsable de la red extorsionadora.

La resolución precisaba que el recibo original intervenido a Cau y fechado en junio, «según la operativa de la organización terrorista, debía ir a parar a las manos de los imputados». Además, añadía que ETA no patrocinaba un proyecto de paz ni había abandonado la violencia en el momento del pago.

Garzón procesó en el mismo auto a otras 22 personas como epílogo a ocho años de investigaciones sobre el aparato de extorsión de ETA, denominado 'Gezi' en clave interna. Entre ellas figuran Soledad Iparragirre, 'Anboto', tesorera de ETA hasta su arresto en octubre de 2004, Elosua, Sagarzazu y Peio Eskisabel, el preso de ETA juzgado estos días en París.

El importe del recibo exhibido en su juicio -54.000 euros- coincide al cambio con los nueve millones de pesetas -«nueve botellas de vino», según el código de la trama- que Elosua debía entregar a Cau el día del supuesto 'chivatazo'. Estaba previsto que el presunto recaudador etarra fuera detenido por la Policía española en la frontera de regreso a Bayona en posesión del dinero recién recibido de manos del dueño del Faisán.

Desde la cabina
Pero alguien avisó, aparentemente un mando policial, a Elosua de lo que se tramaba y fue él quien alertó desde una cabina a Cau y cruzó la frontera para reunirse en territorio francés. Del dinero nada se supo aquel 4 de mayo.

La operación hispano-francesa contra 'Gezi' se ejecutó finalmente el 20 de junio. Los detenidos, sorprendentemente, no habían aprovechado el mes y medio dentro de la tregua para deshacerse de todas las evidencias. Entre las pruebas que se les confiscaron estaba el recibo acreditativo de que ETA ingresó en junio, en pleno alto el fuego y después del 'chivatazo', 54.000 euros o «nueve botellas de vino» en la jerga de los efímeros impunes.