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La cúpula judicial vasca quiere que se revisen los protocolos de seguridad de todo el colectivo. El nuevo presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, reconoció ayer, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación después de tomar posesión del cargo el pasado día 10, haber mantenido ya un encuentro con responsables del Departamento de Interior con el fin de analizar la situación.
La petición de mayores recursos para proteger a los más de 200 jueces y magistrados no es nueva. La vienen realizando los componentes de la Sala de Gobierno del TSJPV desde hace años, casi desde el mismo momento en que comenzó a ponerse escolta a quienes dictan sectencias en Euskadi a raíz del asesinato en 2001 de José María Lidón, jurista adscrito a la Audiencia de Vizcaya.
Los anteriores ejecutivos autónomos, y sobre todo en la última legislatura, apenas introdujeron cambios respecto a los primeros dispositivos previstos, a pesar de que la amenaza de ETA ha ido creciendo con el paso de los años. Ibarra cree que ahora «las circunstancias son favorables» y que las demandas pueden ser atendidas. La reclamación afecta tanto a los magistrados como a los palacios de Justicia. Sin querer entrar en detalles concretos de cómo es la protección que se ofrece a los jueces, el nuevo presidente del Superior exigió a los responsables del Departamento de Interior que exista una «proporcionalidad entre los riesgos y las medidas de seguridad» y que se activen los protocolos necesarios para paliar el «estrés» que provoca llevar escolta. Así se lo explicó el propio Ibarra al viceconsejero de Seguridad, Rafael Iturriaga, y a altos mandos de la Ertzaintza en un reciente encuentro.
El máximo responsable de la cúpula judicial en Euskadi aseguró ayer, a preguntas de los periodistas, que es necesario revisar los protocolos de protección porque, cuando se pusieron en marcha, hace casi nueve años, la valoración del riesgo se hizo «de forma general» y se limitaba a colocar escolta a los amenazados. Ahora, dijo, los planes pueden estar «individualizados» y contar con «medios más complejos», sin que se limite a «servicios de escolta».
La Sala de Gobierno es consciente, no obstante, de que la situación económica impide un mayor gasto en esta materia, aunque sí cree posible que se modifiquen los mecanismos de seguridad actuales con el fin de adaptarlos a la actual coyuntura. Siempre sin reducir la seguridad de los miembros de la carrera,
Ibarra recordó, en este sentido, que el colectivo judicial se mantiene como uno de los principales objetivos de ETA, que «considera a los jueces y magistrados como enemigos existenciales» que deben «desaparecer». «Este es el umbral de riesgo y, por lo tanto, es también el que determina el umbral de protección», advirtió.