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24/09/2012
El Mundo
Interior renuncia ya a la promoción de la Ertzaintza y a las ‘minicomisarías’
Regulará a última hora la segunda actividad, como pactó con los sindicatos en 2011
El Departamento de Interior, ahora incluido en la estructura de Justicia y Administración Pública tras la dimisión de Rodolfo Ares, apura ya las últimas semanas de legislatura consciente de que tendrá imposible sacar adelante algunos de sus principales compromisos, que el adelanto electoral ha obligado a meter en un cajón. Interior ha renunciado ya a convocar una nueva promoción de agentes de la Ertzaintza y también a abrir nuevas minicomisarías u oficinas de atención ciudadana, uno de los puntales del plan de modernización y reorganización de la Policía vasca. Sí que ultima un reglamento de la segunda actividad de los ertzainas, el régimen aplicable a los funcionarios que no pueden desarrollar una actividad policial ordinaria. Será promulgado antes de los comicios del 21-O, como quedó comprometido en 2011 con los sindicatos Erne, Esan y Euspel, lo cual le garantiza cierta paz social hasta entonces.
Ares accedió en mayo de 2009 a Interior con dos grandes objetivos en cartera. El primero, contribuir al final del terrorismo y, en particular, «segar la cantera de ETA». El segundo era lavar la cara a la Ertzaintza, lo que quedó plasmado en un ambicioso plan de modernización y reorganización presentado en 2010. El balance que esgrime Interior en el primer capítulo, reconocido también por la mayoría sindical en el cuerpo, es altamente positivo, con más de 10.000 carteles y pintadas que hacían apología del terrorismo retirados y la identificación del asesino de Joseba Pagazaurtundúa por los restos de ADN aparecidos en una taza de café como logros más palpables.
En el segundo caso, los compromisos del plan han quedado a medias. La Ertzaintza –casi toda– luce ya nuevo uniforme, pero en el calendario de distribución del nuevo vestuario se han sucedido los retrasos. Hay muchos coches nuevos, pero los agentes se siguen quejando de la flota. Y, sí, se ha conseguido por fin que la plantilla de la Policía vasca sume los 8.000 efectivos pactados con el Ministerio del Interior en 2004 a costa de convocar promociones, pero el ritmo de incorporación de agentes se ha visto truncado en la recta final de la legislatura. En 2012 ya no habrá nueva convocatoria en Arkaute, como se prometió, al no haber prosperado en el Parlamento la nueva Ley de Policía, uno de los grandes debes de Interior.
Ares y su equipo quisieron esperar a que la nueva norma diese cobertura a la denominada discriminación positiva hacia las mujeres para lograr una presencia femenina del 30% en uno de los cuerpos policiales más masculinizados del entorno, con casi un 90% de varones. La Justicia había declarado «inconstitucional» varias veces la reserva de plazas e Interior no ha querido arriesgarse a un nuevo revés en los tribunales si mantenía las bases como hasta ahora. La consecuencia, sin embargo, es que el adelanto electoral y la disolución precipitada del Parlamento han tumbado la Ley de Policía y, por consiguiente, también la nueva promoción de la Ertzaintza, que sería la vigésima cuarta.
«No habrá problema para mantener la estructura de la Ertzaintza aunque se posponga unos meses la convocatoria», matizan desde Interior. Pero la Policía autonómica, cumplidos los 30 años, encara una etapa crucial en su historia. La plantilla envejece y el ritmo de jubilaciones se va a multiplicar, más si cabe cuando se ha adelantado hasta los 60 años la posibilidad del retiro. De aproximadamente 100 bajas anuales en 2012, se pasará a 200 en 2016 y a 500 en 2020. Ello exigirá un ritmo continuo de OPE policiales y de búsqueda de vocaciones que, de momento, ha quedado en stand by.
El plan de modernización también marcaba como prioridad el acercar la Policía al ciudadano. El final de ETA ha contribuido a ello. La supresión de gran parte de las medidas de autoprotección, agrupadas en la denominada Instrucción 53, permite algo tan usual en otros lares como que los ertzainas patrullen a pie por el centro de una ciudad. La reducción drástica del absentismo –del 10,56% en 2010 ha bajado al 5,97%– también ha permitido mantener más agentes en calle –llegaron a faltar 630 de las comisarías, ahora son 200–, aún a costa de que se consiguiera después de una dura comparecencia de Ares en la que denunció las actitudes «insolidarias» y «fraudulentas » de algunos bajistas.
Sin embargo, una mezcla de motivos económicos –el grifo del gasto se ha reducido de forma evidente como en otras áreas– y de decisiones políticas ha paralizado otros proyectos encaminados en esta dirección y que Ares anunció a bombo y platillo cuando presentó el plan de modernización en el Parlamento. Se pretendía abrir nuevas minicomisarías u oficinas de atención ciudadana similares a la del aeropuerto de Loiu en centros comerciales, nodos de transporte y otros lugares concurridos, así como crear la figura de la oficina móvil para tener presencia en playas y grandes eventos. La experiencia piloto, probada en verano de 2011 en La Concha y otras playas, resultó «satisfactoria», según Interior, pero al cierre de la legislatura ni las minicomisarías ni las oficinas móviles serán una realidad.
Tampoco habrá un cambio en las demarcaciones policiales, con el que se pretendía mancomunar comisarías –y reducir mandos para ganar efectivos en la calle– y unificar los centros de detención. El proyecto del Ministerio de Justicia de modificar los partidos judiciales ha condicionado esta iniciativa, aunque nunca pasó de ser una pretensión.
«Donde sí ha habido inversiones muy importantes es en la renovación del sistema de información policial», explican desde Interior. También se ha trabajado en la mejora de la colaboración con las Policías Locales, que suman 3.000 agentes, y está pendiente un gran acuerdo con el Ministerio del Interior para hacer lo propio con las Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que se pretende resolver este mismo mes.
En el plano laboral, «conflictivo» es el adjetivo que mejor define el mandato. Hubo movilizaciones casi continuas hasta el verano de 2011 y las ha habido después. Sólo hubo una pequeña tregua para firmar con Erne, Esan y Euspel un convenio que, a pesar del contexto de crisis, avanzaba notablemente en los derechos económicos de los policías vascos al instaurar la carrera profesional horizontal o la segunda actividad. La nueva Ley de Policía también habría facilitado el desarrollo de aquel acuerdo regulador, pero Interior se ha comprometido a buscar una «fórmula» para poner en marcha al menos la segunda actividad antes del final de la legislatura, como comunicó el viernes a los sindicatos. La aplicación de la carrera profesional horizontal –que se traduce en complementos económicos por formación, experiencia y hoja de servicios– sólo será posible con una mejor situación económica y cuando esté superada la Ley de Policía de 1992.
https://www.erne.es/Modulos/Medio/Medio ... dMedio=258
