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Trágico mayo barcelonés

Ante el ambiente que se registraba en la Ciudad Condal, el Gobierno prohibió la celebración del 1º de Mayo, que tradicionalmente era una jornada de fiesta. La fecha transcurrió en silencio, pues la UGT y la CNT acordaron suspender los desfiles, que inevitablemente habrían ocasionado tumultos. El 2 de mayo, Prieto telefoneó a la Generalitat desde Valencia. El telefonista, que era anarquista, replicó que en Barcelona no había gobierno sino sólo un “comité de defensa”. El gobierno y los comunistas estaban convencidos desde hacía tiempo que la CNT registraba sus llamadas, pues estaba en condiciones de hacerlo

En las primeras horas de la tarde del 3 de mayo, el comisario general de Orden Público, Eusebio Rodríguez Salas, miembro del PSUC, con tres camiones de guardias de Asalto y por orden del consejero de Seguridad Interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Artemi Aiguadé i Miró, fueron llevados ante la Telefónica, edificio situado en la Plaza de Cataluña, para tratar de ocuparlo. De conformidad con el decreto de colectivización y control por los trabajadores dictado por el gobierno catalán el 24 de octubre de 1936, que legalizaba la incautación o el control de las grandes empresas comerciales e industriales de que se habían apoderado los sindicatos durante los primeros días del conflicto, la oficina central de teléfonos, propiedad de la Compañía Telefónica Nacional de España, filial de la “International Telephone and Telegraph Corporation”, estaba controlada por un comité de la CNT y la UGT, repartida por pisos entre los dos sindicatos, si bien los auténticos dueños eran los anarcosindicalistas, y su bandera roja y negra, que había ondeado en lo alto de la torre del edificio desde el mes de julio, daba testimonio de su supremacía. Desde aquí se controlaba incluso las comunicaciones de la Generalitat y las del presidente de la República, Manuel Azaña, que estaba residiendo en el Palacio del Parlamento en el Parque de la Ciudadela de la Ciudad Condal. Tanto era el control que se establecía desde la Telefónica, que se contaba la anécdota, aunque de veracidad no muy segura, que un telefonista cortó una conversación de Manuel Azaña de la siguiente forma: “No puede usted continuar hablando de esas cosas. Está prohibido”. “¿Por quién?”. “Por mí”. “¿Cómo no voy a hablar si soy el Presidente de la República?”. “Razón de más. Sus deberes son mayores”.

Se adueñaron de la planta baja, pero desde el segundo piso abrieron fuego otros confederados, creyendo que el edificio estaba en poder de la Generalitat. La CNT exigió la destitución inmediata de Rodríguez Salas y de Aiguadé, a lo que se negaron los de la Generalitat. El tiroteo originado en la Plaza de Cataluña, se extendió rápidamente desde Gracia a las Ramblas. Todas las organizaciones políticas habían sacado las armas que tenían ocultas y empezaron a levantar barricadas, se dieron las alarmas en las fábricas y se cerraron las puertas y los escaparates de los comercios. A las ocho de la tarde, el presidente Azaña, visiblemente angustiado, se quedó aislado en su palacio, llamando a Companys, que acababa de regresar de Benicarló donde había mantenido una reunión con Largo Caballero. Con voz trémula, Azaña manifestó a Companys que “sin duda hay anarquistas alrededor de los jardines”, a lo que el presidente de la Generalitat, contestó: “No le harán ningún daño. Se lo prometo. Está usted protegido por las autoridades catalanas y, por tanto, no corre ningún peligro”. Dominado por el pánico, Azaña enfurecido le respondió: “Es más fácil decirlo que probarlo. Mi situación es intolerable. El presidente de la República no debiera pasar por estos trances”. Más tarde, Companys envió a los consellers Josep Tarradellas y Antonio María Sbert, con la intención de tranquilizar a Manuel Azaña.

La ciudad quedó dividida en sectores. De un lado se encontraban las juventudes libertarias y trotskistas, y de otra parte figuraban la Generalitat, los guardias de Asalto y los más exaltados del Partido Socialista Unificado, del Estat Català y de la Esquerra.

El 4 de mayo, Aiguadé reiteró su petición de refuerzos a Valencia, pero Largo Caballero y el ministro de Gobernación, Ángel Galarza se resistieron a intervenir. Se luchó en Sans, San Andrés, Pueblo Nuevo, Gracia, Vía Layetana, Plaza Palacio y Plaza Urquinaona. A las cinco de la tarde llegaron a la Generalitat los ministros cenetistas del Gobierno central, Federica Montseny y Juan García Oliver, con Abad de Santillán, Alfredo Martínez y Mariano R. Vázquez, todos ellos de la CNT-FAI, junto con Pascual Tomás y Hernández Zancajo de la UGT. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, mandó un angustioso mensaje a Largo Caballero, que decía así: “Me esforzaré conciliación; pero paréceme CNT querrá condiciones que le permitan salir reforzada lucha. Usted conoce métodos y caracteres. Conviene tenerlo todo preparado”.

García Oliver propuso un “Consell” de urgencia, designado por los Comités Nacionales de la CNT y de la UGT, pero Companys y Tarradellas lo rechazaron.

El Ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, ordenó al jefe de la aviación, Hidalgo de Cisneros, que se presentase en Reus con destacamentos preparados para intervenir en Barcelona. Mientras tanto, Azaña reclamaba histéricamente por telégrafo que lo “rescatasen”, por lo que Prieto dispuso que fuesen a Barcelona los destructores “Lepanto” y “Sánchez Barcaíztegui”. Sobre estos hechos, el general Ramón Salas Larrázabal escribió: “Azaña aparece constantemente aterrorizado, víctima de unos acontecimientos que no controla ni intenta controlar, perdida la serenidad y el dominio de sí mismo, cobarde y suplicante, sin personalidad suficiente para tomar las decisiones, que según él se imponían en tan dramática situación”. (En la madrugada del viernes 7 de mayo, Azaña y su familia fueron trasladados al aeropuerto del Prat y desde allí volaron a Valencia. En el aeropuerto de Manises, aguardaban al presidente de la República el Consejo en pleno. Manuel Azaña dejó de ser un “prisionero de la revolución...”).

El 5 de mayo prosiguieron los combates callejeros. Los extremistas y los agentes provocadores siguieron azuzando a los luchadores. A media mañana se aplicó, por comunicación del Gobierno central, la incautación de servicios de Orden Público lo que supuso un gravísimo revés a la autonomía de la Generalitat. El jefe de la guardia nacional republicana, el coronel Escobar, recibió el nombramiento de delegado de Orden Público y el general Sebastián Pozas sustituyó al general Aranguren en la jefatura de la Cuarta División Orgánica, o sea que tomó el mando de las fuerzas de Cataluña y del frente de Aragón.

Companys nombró un Gobierno provisional con cuatro consejeros, y ni Tarradellas ni Aiguadé figuraron en él. Carles Martí Faced desempeñó la “Conselleria” de Finanzas y Cultura en nombre de la Esquerra. Antonio Sesé, de la UGT, reunió las carteras de Abastecimientos, Trabajo, Obras Públicas y Justicia. Valeri Más, de la CNT, fue el titular de Economía, Servicios, Asistencia y Sanidad. Joaquín Pou, de la “Unió de Rabassaires”, se hizo cargo del Departamento de Agricultura.

Cuando a la una de la tarde del miércoles 5 de mayo, Antonio Sesé se dirigía a la Generalitat en coche oficial para jurar su cargo, fue tiroteado y muerto en la calle Caspe, frente al Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT. Los anarquistas afirmaron que Sesé había sido víctima de un disparo procedente de las barricadas de la Esquerra, en el Paseo de Gracia. Una hora después, muy cerca de allí, en la calle Cortes, caía combatiendo Domingo Ascaso Budría, de la CNT. Era hermano de Francisco, máximo líder, junto con Buenaventura Durruti y García Oliver, del anarcosindicalismo español. Rafael Vidiella, de la UGT y del PSUC, sustituyó a Sesé en el Gobierno de la Generalitat.

Al atardecer del día 5, la insurrección anarquista había fracasado. De ello se dieron cuenta los jefes de la CNT, y fue en la noche del 5 al 6 cuando dieron a sus militantes la orden de retirada de las barricadas. Gran parte de los obreros se rindieron, pero los elementos más avanzados, reunidos en la agrupación “Amigos de Durruti”, se negaron a aceptar la rendición y decidieron proseguir la lucha. Un gran número de los militantes del POUM se unieron a ellos, pero era materialmente imposible restablecer esta situación tan comprometida. En las horas nocturnas tuvieron lugar algunas “discretas” desapariciones, como las de los anarquistas italianos Camillo Berneri y Francesco Barbieri, así como la de doce miembros de las Juventudes Libertarias, cuyos cuerpos mutilados y casi inidentificables fueron hallados en el edificio de “La Pedrera”, en el Paseo de Gracia, ocupado por los comunistas.

El jueves 6 de mayo, la rebelión pudo considerarse vencida, pero aún hubo 42 muertos. En el día anterior se habían registrado 55 víctimas. El alcalde accidental de Barcelona, Hilario Salvador, concedió una rueda de Prensa en el Ayuntamiento, y haciendo uso de un gran sarcasmo manifestó que no hablaría de los “disturbios”, si bien quería recordar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios en la recogida de heridos y cadáveres. En la UGT se eligió el sucesor de Sesé, siendo designado José del Barrio. Cursaron una noticia, mediante la que expulsaban del sindicato a todos los miembros del POUM por ser ésta “la organización impulsora del movimiento contrarrevolucionario de éstos días”, comenzando de esta forma una persecución contra aquel partido, marxista y antiestalinista, cuyas consecuencias serían gravísimas para la Generalitat y para la República.

En la tarde del 6, llegaron ochenta camiones desde Valencia con 5.000 guardias de Asalto, desfilando por la ciudad al grito de UHP (¡Unios, hermanos proletarios!) que la Revolución de Asturias propagó tres años antes por la cuenca minera. También llegaron a la Ciudad Condal los carabineros del doctor Juan Negrín, con lo que se reunieron más de 12.000 hombres de las fuerzas del Orden Público en Barcelona. También desde la capital del Turia llegó el recién nombrado jefe superior de Policía de Barcelona, por el Gobierno central, Emilio Torres. Cataluña empezó a cobrar el aire de una tierra militarmente ocupada, mientras el 8 de mayo de 1937, la población se lanzó a la calle, hambrienta de sol y de libertad...

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Víctimas de la revolución

Según Federica Montseny, el número de muertos registrados por los sucesos de Barcelona fueron de 400 y unos 1.000 heridos. Pero a los que sucumbieron combatiendo en las calles, hay que añadir otra lista de muertos, y son los asesinados al amparo de aquella batalla campal. En Ripollet (Barcelona) aparecieron 14 cadáveres de cenetistas, arrojados a un terraplén. En el Prat de Llobregat descubrieron el cuerpo de Alfredo Martínez, secretario general de las Juventudes Libertarias de Cataluña. Otros sucumbieron en las checas de la policía paralela comunista, controlada ahora por la NKVD. Este fue el destino de Kurt Landau, antiguo trotskista y fundador del Partido Comunista austríaco de Erwin Wolf, secretario del propio Trotski en el exilio y de Hans Freund, trotskista convencido. De modo análogo desaparecerá Andrés Nin. El balance total de las víctimas no será nunca sabido. El corresponsal británico del “The New Statesman and the Nation”, H.L. Brailsford, lo eleva a 900, y Lawrence Fernsworth cree fue de 500 muertos.

La represión

La triste refriega, implantó la caza del hombre. Los anarquistas salieron mejor librados, pero al POUM lo exterminaron literalmente. Otra víctima de estos sucesos de mayo de 1937 fue Largo Caballero, zancadilleado fácilmente por los comunistas e incluso por bastantes socialistas, y reemplazado por el doctor Juan Negrín, el “candidato” favorito de Stalin.

George Orwell, en su libro “Homenaje a Cataluña”, escribió:

“Con la caída de Largo Caballero los comunistas se habían instalado definitivamente en el poder, el mantenimiento del orden interno había sido confiado a ministros comunistas y nadie dudaba de que iban a aplastar a sus rivales políticos tan pronto como se presentara la primera oportunidad”.

Discurso de Dolores Ibárruri "La Pasionaria"

El 18 de junio de 1937, secretamente detenidos dos días antes los dirigentes del POUM, Andrés Nin, Julián Gómez “Gorkin”, Arquer, Andrade y Gironella entre otros cuarenta, “La Pasionaria” pronunció este discurso:

“Estos malditos enemigos del proletariado y de la revolución se han vendido en cuerpo y alma al fascismo y a los enemigos del proletariado. Siembran el desconcierto en las filas de los obreros, quienes, faltos de clara conciencia de clase y de formación política, se dejan influir por la palabrería «ultra revolucionaria» vacía y demagógica, sin advertir el camino contrarrevolucionario abierto entre ellos”.

Un mes antes, el 11 de mayo, haciéndose eco de las manifestaciones de José Díaz ante el Comité Central del Partido Comunista, del cual es secretario, -“El POUM debe ser eliminado de la vida política del país”-, el PSUC reitera la ofensiva estalinista. En el periódico “UHP” de Lérida, el dirigente del “Partit Socialista Unificat de Catalunya” (PSUC), Miguel Valdés, escribe tajante: “Hay que exterminar a Andrés Nin y a su grupito de amigos”. Y así ocurrió... Nin fue misteriosamente asesinado en las inmediaciones de Madrid, adonde se le llevó desde Valencia. El estalinismo, servido por el comunismo español, había triunfado.

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Campaña del Cantábrico de 1936

La Campaña del Cantábrico de 1936 es el relato de las operaciones navales que tuvieron lugar en el mar Cantábrico desde el inicio de la Guerra Civil Española hasta el final de 1936 y cuyo hito fundamental fue el apoyo de la Armada del bando sublevado al avance de las tropas "nacionales" del general Mola en la Campaña de Guipúzcoa que obligó al grueso de la Armada republicana a abandonar la zona del Estrecho, lo que permitió a los "nacionales" romper el bloqueo del Estrecho que impedía el paso a la península de material bélico y del Ejército de África, aunque parte de él ya había sido trasladado mediante un puente aéreo. Otra de las misiones de la Armada del bando sublevado fue bloquear el tráfico marítimo comercial que se dirigía a los puertos del Cantábrico, para lo que contó con el apoyo de la Marina de guerra de la Alemania nazi. Para hacer frente al bloqueo el nuevo gobierno vasco creó la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi que tuvo una destacada actuación a pesar de los medios limitados con que contaba.

El dominio inicial del mar Cantábrico correspondió a la pequeña flota del bando sublevado (el crucero Almirante Cervera, el acorazado España y el destructor Velasco, a los que se sumaron bous artillados que en el otoño ya formaban una flotilla integrada por 19 unidades, todas ellas al mando de oficiales del Cuerpo General de la Armada) cuyas primeras misiones fueron bombardear la costa para apoyar a las fuerzas rebeldes en tierra, sobre todo a las que estaban cercadas en el cuartel de Loyola en San Sebastián y en el cuartel de Simancas en Gijón, y cuando cayeron éstos en poder de las fuerzas leales, bombardearon objetivos estratégicos (como los depósitos de petróleo de Santurce incendiados por el Velasco), y apoyaron la campaña de Guipúzcoa dirigida por el general Mola que en la primera quincena de septiembre consiguió tomar Irún y San Sebastián, cortando así la comunicación de la zona norte republicana con Francia.

Otra de las misiones de la flota sublevada era bloquear el tráfico marítimo que se dirigiera a los puertos republicanos, aunque como en esa área la mayoría de los barcos eran de bandera británica, que contaban con la protección de la Royal Navy y además los sublevados temían las serias consecuencias diplomáticas que podía tener el abordarlos, el bloqueo no fue muy efectivo pues se limitó a los buques de otras nacionalidades. Sólo en una ocasión, entre el 16 y el 17 de septiembre, un bou sublevado intentó detener un mercante británico pero este fue escoltado por un destructor inglés hasta el límite de la aguas jurisdicciones españolas y de allí a Santander por un submarino republicano.

El gobierno de la República envió entre agosto y septiembre de 1936 cuatro submarinos de la Clase C (C-3, C-4, C-5 y C-6) y uno de la Clase B (el B-6) para que protegieran el tráfico mercante y atacaran a la flota "nacional", pero la mayoría de los sus comandantes, de dudosa lealtad a la República, actuaron de forma negligente y no cumplieron con la misión que se les había encomendado (el comandante del C-6, el capitán de corbeta Mariano Carnero Romero se negó a disparar contra el Almirante Cervera y contra el España a la altura de San Sebastián, por lo que la tripulación le obligó a volver a la base naval de Cartagena, pero allí no fue acusado de traición y pasó a desempeñar un puesto burocrático en Madrid; el comandante del B-6, el alférez de navío Oscar Scharhausen, después de que su submarino fuera hundido por el el destructor Velasco se pasó a los "nacionales"). También parece que fueron saboteados los torpedos pues cuando el submarino C-5 al mando del capitán de corbeta Remigio Verdía, el único comandante de los submarinos totalmente leal al gobierno, tuvo a tiro al acorazado España el torpedo que le lanzó no explotó.

La ineficacia de la flotilla de submarinos decidió al gobierno a enviar el 21 de septiembre al Cantábrico al grueso de la flota republicana de superficie (el acorazado Jaime I, los cruceros Miguel de Cervantes y Libertad y seis destructores) con el objetivo primordial de detener el avance de las tropas "nacionales" por la costa tras la toma de Irún y de San Sebastián. En la decisión, la "peor de toda la guerra civil" según Michael Alpert, influyó la creencia de que el crucero Canarias tardaría en acabarse en el astillero de El Ferrol a causa de los supuestos destrozos causados por un bomba lanzada el 22 de agosto (el mando republicano ignoraba que en realidad la bomba había caído al agua). También hubo un motivo político: respaldar la autoridad del Gobierno de la República en el País Vasco, donde estaba a punto de formarse un gobierno autónomo en cuanto se aprobara el Estatuto de Autonomía (lo que se produjo el 1 de octubre). Asimismo contó un exceso de confianza de que con los cinco destructores que se dejaban en la zona del estrecho de Gibraltar sería suficiente para mantener el bloqueo del Estrecho. Por último en la decisión de enviar la flota republicana al norte también influyó la negativa de Gran Bretaña, que contaba con la flota naval de guerra más importante del Mediterráneo, a que el gobierno republicano detuviera el tráfico neutral dirigido al territorio enemigo, por lo que los buques de guerra republicanos no podrían impedir que los barcos mercantes alemanes e italianos desembarcaran material de guerra en los puertos de Ceuta, Melilla, Cádiz, Algeciras o Sevilla, controlados por los sublevados.

El 23 de septiembre la escuadra llegaba a Gijón, continuando tres destructores a Santander. El objetivo de paralizar o retrasar las operaciones en tierra de los sublevados se consiguió. Así el general Mola se vio obligado a suspender el ataque a Vizcaya y Bilbao y se retrasó el avance de las columnas gallegas hacia Oviedo, que tienen que ir por el interior. Su superioridad es absoluta y durante la estancia de la flota republicana en el Cantábrico, no hay actividad en el mismo de la marina rebelde, refugiada en la base naval de El Ferrol. "Pero los gubernamentales, aunque liberaron su propio comercio, no hicieron nada para conseguir el dominio de las comunicaciones enemigas, porque no se interrumpió la llegada constante de material desde Alemania que ahora tenía la ruta a Sevilla más o menos libre. Tampoco se aprovechó el dominio temporal de la zona para desembarcar tropas en diferentes sectores de la costa Norte. Sin embargo, la mayor consecuencia de la carencia claras decisiones fue la incursión en el Estrecho de Gibraltar del Canarias y del Almirante Cervera".

El 13 de octubre de 1936 el grueso de la escuadra republicana vuelve al Mediterráneo y en el Cantábrico sólo quedó el destructor José Luis Díez junto con dos submarinos (el C-2 y el C-5) y el torpedero T-3. Pero esta pequeña escuadra pronto dio muestras de ineficacia e inactividad (el José Luis Díez será conocido en Bilbao por «Pepe el del puerto» por lo poco que salía a navegar), lo que tenía que ver con el poco grado de confianza que ofrecían sus mandos. Los comandantes del José Luis Díez y del submarino C-5 eran adictos a la "causa nacional" y el del torpedero T-3 no era un mando profesional. Por su parte el comandante del submarino C-2, que era el único fiel a la República, tenía muchos problemas con las reparaciones de la nave a causa de la morosidad de los técnicos (las baterías del C-2 estaban en tal mal estado que no podía permanecer en inmersión más de dos horas). También eran de dudosa lealtad a la República o claramente desafectos la mayoría de los miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Navales del Cantábrico, excepto su jefe Valentín Fuentes. Mientras tanto los barcos del bando sublevado (el acorazado España, el destructor Velasco, tres mercantes artillados y las flotillas de bous armados con base en puertos gallegos y en Pasajes) eran dueños del Cantábrico y controlaban los accesos a los puertos republicanos de la franja norte apresando a voluntad los barcos mercantes que se dirigían a ellos.

Las fuerzas navales de la Armada republicana en el Cantábrico sufrieron un duro golpe cuando el submarino C-5 desapareció el 30 de diciembre mientras realizaba una misión a la altura de Bilbao. Seguramente la desaparición fue provocada por su comandante, el capitán de corbeta José Lara Dorda, adicto a la "causa nacional".[8] Se reclamó al gobierno de Valencia, que era entonces la capital de la República, que enviara más unidades al Cantábrico pero el jefe del recién creado Estado Mayor Central de la Armada, el capitán de corbeta Luis González de Ubieta, contestó que no era partidario de dividir las fuerzas navales republicanas y tampoco hizo nada para remediar la inactividad del destructor José Luis Díez y del submarino C-2.

Edición 175 Aniversario Gc

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Batalla de Guadarrama

Se conoce con el nombre de batalla de Guadarrama a la primera campaña militar de la Guerra Civil Española que tuvo lugar en la última semana de julio y principios de agosto de 1936 y en la que se enfrentaron las columnas del bando sublevado enviadas por el general Mola desde Castilla y León y desde Navarra para atravesar los puertos de montaña de la Sierra de Guadarrama y llegar desde el norte a Madrid y las columnas del bando republicano que había salido de la capital para intentar impedirlo y que estaban compuestas por milicianos y por tropas de las unidades militares que habían sido disueltas por orden del gobierno para evitar que se pudieran sumar a la sublevación. Los gubernamentales tuvieron éxito y las tropas rebeldes no consiguieron atravesar los puertos de montaña por lo que el frente norte de Madrid quedó así estabilizado hasta el final de la guerra.

El plan del general Emilio Mola, "el Director" del golpe de Estado militar que pretendía acabar con el gobierno del Frente Popular, era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África. Como Mola preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco, después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzara sobre Madrid, desde el sur y desde el oeste.

El mismo domingo 19 de julio en que el general Emilio Mola se hizo con el control de Navarra tras proclamar el estado de guerra, envió hacia el sur al coronel García Escámez al frente de una columna compuesta por tropas y por dos compañías de requetés y una de falangistas para que apoyaran el golpe en Guadalajara. Pero la columna de Escámez se entretuvo en Logroño asegurando el triunfo de la rebelión en esa ciudad y cuando estaba a unos 30 kilómetros de su objetivo (a la altura de Sigüenza) se enteró de que en Guadalajara el golpe ya había fracasado y que estaba en manos de las fuerzas gubernamentales que habían acudido desde Madrid. Entonces el coronel García Escámez decidió dirigirse al puerto de Somosierra, que constituye el paso más oriental desde la Meseta Norte hacia Madrid que atraviesa la Sierra de Guadarrama. Allí se encontró con un grupo de monárquicos de Madrid (entre ellos los jóvenes Joaquín Satrústegui y Carlos Miralles) que estaban defendiendo el túnel del ferrocarril frente a las fuerzas gubernamentales que habían tomado Guadalajara. El miércoles 22 de julio la columna de Escámez consiguió asegurarse el dominio del puerto, vital para el avance hacia Madrid.

A medianoche del martes 21 de julio, salió de Valladolid, "en medio de escenas de indescriptible entusiamo", otra columna rebelde compuesta por dos o tres centenares de hombres mandada por el coronel Serrador, un militar que había participado en el fracasado golpe de estado de 1932 del general Sanjurjo, con la misión de ocupar el otro puerto importante de la sierra de Madrid, el Alto del León, situado al oeste del de Somosierra. En la columna del coronel Serrador participaban falangistas entre los que destacaba Onésimo Redondo, fundador de las JONS (el grupo fascista que se unió a la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera en 1934), liberado recientemente de la cárcel de Ávila (otro miembro de la columna era el joven dirigente falangista de Valladolid José Antonio Girón). Cuando llegaron al puerto se encontraron con que ya había sido ocupado por un grupo de milicianos procedentes de Madrid, pero consiguieron desalojarlos de allí y el día 25 de julio ya estaba en su poder.

Pero las columnas de Escámez y de Serrador no avanzaron hacia Madrid por falta de municiones y se parapetaron en los puertos preparándose para resistir el ataque de las fuerzas republicanas, con lo que su situación se hizo desesperada en los días siguientes, hasta que por fin llegaron las municiones que había enviado el general Franco desde Andalucía al general Mola.

Una columna gubernamental al mando del coronel Mangada salió de Madrid en dirección a Ávila para intentar aislar por la retaguardia a las fuerzas rebeldes que ocupaban el Alto del León. En su avance Mangada conquistó varios pueblos en los que la guardia civil se había sumado al golpe pero no pasó de Navalperal de Pinares a 20 kilómetros de su objetivo, temeroso de perder la comunicación con Madrid y quedar aislado (la propaganda de los sublevados atribuyó esa decisión a la "intervención" de la Santa Teresa de Ávila que había engañado a Mangada diciéndole que Ávila estaba "llena de hombres armados"). Su avance había intentado ser detenido por una columna al mando del comandante de la guardia civil Lisardo Doval, muy conocido por haber dirigido la brutal represión que siguió a la derrota de la Revolución de Asturias. El fracaso de Doval le dio a Mangada una gran reputación que le proporcionó el ascenso a general y que sus hombres lo llevaran en paseo triunfal por Madrid. Todo ello a pesar de que no había cumplido su misión de tomar Ávila.

Las columnas de milicianos y de soldados voluntarios que intentaron desalojar a las tropas rebeldes del puerto de Somosierra estaban al mando de los hermanos del "héroe de Jaca" Francisco Galán, teniente de la guardia civil, y José María Galán, teniente de carabineros, junto con destacados dirigentes de la CNT de Madrid, como Cipriano Mera o Teodoro Mora. La idea de poner al mando de las columnas de milicianos a oficiales profesionales leales, o que al menos asesoraran a sus jefes, fue del general José Riquelme, que tenía el mando de las tropas de Madrid.

La más famosa de las unidades de milicias que combatieron en la Sierra de Guadarrama fue el Quinto Regimiento, organizado por el Partido Comunista de España. Su punto de partida había sido la milicia comunista (MAOC) y el batallón "La Pasionaria" formado en los primeros días del golpe en Madrid. Esta unidad se organizó siguiendo el modelo del Ejército Rojo y contaba con comisarios políticos que debían explicar a los soldados las razones de la lucha y al menos en teoría debían ratificar las órdenes de los jefes militares para que éstas fueran cumplidas. El inspirador de la unidad fue el comunista italiano y agente del Komintern Vittorio Vidali ("Carlos Contreras") y su primer jefe fue el joven comunista Enrique Castro Delgado, aunque pronto destacaron como jefes militares los también comunistas Enrique Líster, un antiguo picapedrero que había vivido tres años en Moscú, y Juan Modesto, un ex leñador que había sido uno de los organizadores de la milicia comunista MAOC en 1933. Otro comunista que también destacó en los combates en la sierra, aunque al margen del Quinto Regimiento, fue Valentín González "El Campesino".

La República jugó con la ventaja en la batalla de Guadarrama de la superioridad artillera y aérea, además de la logística que le proporcionaba su proximidad a Madrid, donde en agosto ya había unos 40.000 milicianos encuadrados en columnas de unos 300 hombres cada una, que adoptaron nombres distintivos de tipo revolucionario como "Comuna de París" o "Primero de Octubre" (las unidades más escogidas solían llevar el nombre de "Batallón de Acero"). Sin embargo, la República no pudo contar con unidades militares regulares con sus mandos y sus dotaciones porque el gobierno republicano de José Giral había decretado la disolución de dichas unidades para atajar la sublevación y dejar a los posibles oficiales rebeldes sin tropa. Además los conflictos entre los jefes milicianos y los militares profesionales fueron constantes, especialmente con las milicias confederales anarquistas.

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Batalla del ''José Luis Díez''

La batalla del "José Luis Díez" fue una batalla naval que tuvo lugar durante el tercer año de la Guerra Civil Española y que se desarrolló en dos momentos diferentes. El primero fue en agosto de 1938 cuando el destructor de la Armada republicana José Luis Díez intentó cruzar el Estrecho de Gibraltar para reintegrase a la base naval de Cartagena después de haber sido reparado en el puerto francés de Le Havre y fue seriamente dañado por la Armada franquista que le estaba esperando, teniendo que refugiarse en la colonia británica de Gibraltar. El segundo momento se produjo a finales de diciembre cuando el José Luis Díez, una vez reparado, intentó abandonar Gibraltar siendo atacado de nuevo por los buques "nacionales" cuando aún se encontraba en las aguas jurisdiccionales gibraltareñas. El destructor quedó varado en la Playa de los Catalanes y la dotación del barco fue llevada por destructores británicos a Gibraltar, para reintegrase más tarde a la España republicana.

En octubre de 1936 el grueso de la Armada republicana volvió al Mediterráneo y en el mar Cantábrico sólo quedó el destructor José Luis Díez junto con dos submarinos (el C-2 y el C-5) y el torpedero T-3. Pero esta pequeña escuadra pronto dio muestras de ineficacia e inactividad (el José Luis Díez sería conocido en Bilbao por «Pepe el del puerto» por lo poco que salía a navegar), lo que tenía que ver con el poco grado de confianza que ofrecían sus mandos. Los comandantes del José Luis Díez y del submarino C-5 eran adictos a la "causa nacional" y el del torpedero T-3 no era un mando profesional. Mientras tanto los barcos de la Armada del bando sublevado controlaban los accesos a los puertos republicanos de la franja norte apresando a voluntad los barcos mercantes que se dirigían a ellos. Se reclamó al gobierno de Valencia, que era entonces la capital de la República, que enviara más unidades al Cantábrico pero el jefe del recién creado Estado Mayor Central de la Armada, el capitán de corbeta Luis González de Ubieta, contestó que no era partidario de dividir las fuerzas navales republicanas y tampoco hizo nada para remediar la inactividad del destructor José Luis Díez y del submarino C-2.

En cuanto se inició la ofensiva de Vizcaya el 31 de marzo de 1937 el lehendakari Aguirre reiteró al gobierno de Valencia la petición de los cuatro destructores y de los tres submarinos (y sobre todo de aviación) pero sólo fueron enviados al Cantábrico dos submarinos (el submarino C-4 y el submarino C-6) y un destructor, el Císcar recién entregado. El comandante de este último, el alférez de navío José García Presno, pronto dio pruebas de su negligencia y dudosa lealtad a la República, lo que fue denunciado por Aguirre al ministro de Defensa Indalecio Prieto. En un telegrama del 10 de mayo le comunicó que era muy probable que sus oficiales y clases fueran "fácilmente sobornables por facciosos, repitiendo la conducta del José Luis Díez", y además le reiteró la inactividad del submarino C-2 (que por fin se hizo a la mar el 31 de mayo, pero que el 16 de junio alegó una avería y se refugió en Castro Urdiales), del torpedero T-3 y, de nuevo, del destructor José Luis Díez, cuyo comandante, el teniente de navío Evaristo López, era desleal y ya había saboteado los esfuerzos gubernamentales desde su puesto anterior en el Estado Mayor de las Fuerzas Navales del Cantábrico.

Conforme las fuerzas de Mola estrechaban el cerco sobre Bilbao, que caería el 19 de junio, se hizo más evidente la indisciplina de las dotaciones de los dos destructores republicanos, el Císcar y el José Luis Díez, por lo que por una orden del 2 de junio del presidente Aguirre sus miembros fueron detenidos y llevados al cuartel para ser empleados en trabajos de fortificación o para cubrir bajas. Fueron sustituidos por miembros de los Voluntarios del Mar, el cuerpo creado por el gobierno vasco para dotar de tripulaciones a los bous y otros barcos de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi. Se nombró como "delegados políticos" de los buques a los dos capitanes de los bous Gipuzcoa y Bizkaia, que habían alcanzado un gran prestigio desde su actuación en la batalla del cabo Machichaco y que gozaban por ello de la confianza de la marinería vasca que iba a sustituir a las indisciplinadas dotaciones. El comandante del Císcar fue destituido y su cargo lo ocupó el guardiamarina de segunda habilitado como alférez de navío, José Antonio Castro Eizaguirre, pero no así el del José Luis Díez, que continuó al frente del mismo. La orden del gobierno vasco no fue muy bien acogida por el gobierno de Valencia (un asesor soviético llegó a hablar de golpe de estado vasco) pero al final el criterio del ministro de Defensa Indalecio Prieto se impuso y las decisiones de Aguirre fueron ratificadas.

Sin embargo, los comportamientos del José Luis Díez y del Císcar no mejoraron demasiado con el cambio, lo que parece dar la razón a los que sugirieron que tal vez la sustitución de las dotaciones fuera un plan de los mandos, encabezados por el jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico, el capitán de fragata Enrique Navarro Margati de dudosa lealtad a la República, que engañaban a los vascos para hacer aún más ineficaces a los dos destructores. Así momentos antes de la caída de Bilbao, el 15 de junio, el José Luis Díez huyó a un puerto francés y lo mismo hizo el Císcar, a bordo del cual iban el jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico, el capitán de fragata Navarro, y el jefe de Estado Mayor, Vicente Agulló, que en cuanto llegaron a puerto escaparon en un bote salvavidas. Lo mismo hicieron el comandante del José Luis Díez, Evaristo López, y tres oficiales más.

Reintegrado a Santander allí volvió a hacerse patente su ineficacia, al igual que la del destructor Císcar, para proteger a los barcos que seguían esforzándose en burlar el bloqueo "nacional". Así el 22 de agosto de 1937 la flota republicana del Cantábrico zarpó de Santander en dirección al puerto de Gijón ante la inminente llegada de los "nacionales".

Para defender Asturias del bloqueo "nacional" además de los destructores Císcar y José Luis Díez los republicanos contaban con tres submarinos, pero dos ellos pronto desertaron pretextando que debían dirigirse a un puerto francés para ser reparados. El submarino C-4 entró en el puerto de Le Verdon el 29 de agosto y el C-2 en el de Brest el 1 de septiembre. Por esas mismas fechas el José Luis Díez recibió el impacto de tres bombas y su capitán decidió llevarlo al puerto inglés de Falmouth a donde llegó el 31 de agosto. "La brújula no funcionaba y la dotación, inmensamente cansada, sufría hasta hambre", señala Michael Alpert.

Tras la caída de Asturias, la República recuperó los submarinos que estaban siendo reparados en el extranjero donde habían desertado sus comandantes (el C-2 en Saint Nazaire y el C-4 en Burdeos) y pasaron a estar mandados por oficiales soviéticos por carecer de oficiales leales con experiencia en ese arma. En cuanto al destructor José Luis Díez fue reparado en Falmouth pero cuando recibió la orden de volver a España sus oficiales desertaron y el 15 de septiembre 68 miembros de la dotación abandonaron el buque siendo detenidos y alojados en la cárcel de Exeter, capital del condado. Finalmente el destructor zarpó el 25 de septiembre de 1937 dirigiéndose a Le Havre donde fondeó con averías dos días después.

El destructor José Luis Díez fue reparado en Le Havre, donde su comandante, el exguardiamarina Juan Antonio Castro, rechazó el soborno de los "nacionales" para que llevara el barco a un puerto de la zona sublevada fingiendo una avería o que lo hundiese. En la noche del 26 al 27 de agosto de 1938 cuando intentó cruzar el estrecho de Gibraltar a toda velocidad aparentando ser el destructor británico Grenville -llevaba su número de identificación D19 y la bandera británica en la torre de proa; además las chimeneas habían sido pintadas con dos franjas negras que correspondían a una flotilla británica y se camufló el cañón de 76,2 mm para que pareciera de 101 mm - fue atacado por la flota sublevada que lo estaba esperando y con graves averías se refugió en Gibraltar. En el ataque murieron veinticuatro pescadores que habían sido hechos prisioneros por el José Luis Díez en alta mar cuando efectuaban labores de reconocimiento para los sublevados y cinco marineros, además de otros cinco que resultaron heridos. La flotilla de siete destructores republicanos que se encontraba al otro lado del Estrecho para escoltarlo hasta Cartagena no intervino por temor a perder algunos de sus barcos ante la superior potencia de fuego de los dos cruceros sublevados, sobre todo del Canarias que era el que había tocado al José Luis Díez. A pesar de las protestas del gobierno de Burgos, fue reparado en la colonia británica de Gibraltar aunque por ingenieros de la Armada republicana y con obreros cualificados y material españoles llegados desde Cartagena debido a que la única empresa gibraltareña de construcción naval se negó a hacerlo porque trabajaba para los "nacionales".

En la madrugada del 30 de diciembre abandonó el puerto de Gibraltar pero fue atacado de nuevo cuando aún se encontraba dentro de las aguas jurisdiccionales gibraltareñas por los dragaminas Júpiter y Vulcano y el recién entregado Marte que lo estaban esperando ya que habían sido avisados con bengalas por agentes nacionales que se encontraban en Gibraltar. El destructor fue alcanzado y embarrancó en la Playa de los Catalanes. Acudió en su ayuda el destructor británico Vanoc que obligó a alejarse a los minadores franquistas, arrió la bandera española del buque y desembarcó a la tripulación. El destructor fue remolcado hasta el puerto de Gibraltar, donde permanecería hasta abril de 1939.