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El director general de la Policía, el jefe superior del Cuerpo en el País Vasco, un comisario, una inspectora jefa de San Sebastián y un inspector de Vitoria. Estos cinco mandos policiales fueron los responsables directos del chivatazo a ETA el 4 de mayo de 2006, según la extensa investigación policial sobre el 'caso Faisán'.

En un completo informe que ha sido remitido al juez instructor Baltasar Garzón, los agentes que han realizado la investigación, dirigidos por el inspector jefe Carlos G., sitúan a estas cinco personas, todas con altas responsabilidades en la lucha contra el terrorismo, en la línea jerárquica de la Policía a través de la que se alertó a la banda de que su trama de extorsión estaba siendo investigada y de que se iba a desarrollar una operación.

En el informe se incluye incluso un organigrama en el que se detalla quién contactó con quién, en una sucesión de llamadas telefónicas que culminaron con el aviso a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y miembro del aparato de extorsión de ETA.

La participación de los cinco responsables policiales se resume en dos folios del informe, que tiene casi 70 páginas y en el que se detalla el seguimiento telefónico de todos los implicados durante el 3 y el 4 de mayo, es decir, la víspera y el mismo día del chivatazo.

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El atestado policial clave sobre el 'chivatazo' a ETA empieza a ver la luz. El documento, todavía secreto por orden de Baltasar Garzón, sólo contempla una hipótesis: el soplo que avisó a la banda de la redada contra su aparato de recaudación el 4 mayo de 2006 fue obra de la cúpula de la Policía Nacional. Los cinco investigadores dirigidos por el inspector jefe Carlos G., en un informe de 70 páginas y preñado de datos, incluyen los nombres de los tres mandos del Cuerpo -entre ellos el del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo- y de los dos funcionarios que supuestamente intervinieron en la delación, por orden de sus superiores.
Según revela el atestado 376/07 en poder de la Audiencia Nacional, los investigadores avalan sus conclusiones en el análisis pormenorizado de cerca de 2.000 llamadas en la zona del bar Faisán de Irún -la presunta sede del aparato de recaudación- el día de la delación. Se trata de un trabajo ingente hasta reducir las comunicaciones sospechosas a sólo 70 y que, en contra de lo que sostiene la Fiscalía, sí que sirvió para individualizar la llamada del 'chivatazo': fue a las 11.23 horas del 4 de mayo y se la realizó un inspector de Vitoria al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés.
El inspector, dedicado a la lucha contra el terrorismo de Al-Qaida, en ese momento se encontraba acompañado de Joseba Elosúa (el supuesto jefe del aparato de recaudación de ETA), al que había encontrado en su bar de Irún, tras intentar sin éxito localizarle poco antes en su casa. El policía le habría pasado su propio teléfono a Elosúa para que Pamiés le contara la inminente operación antiterrorista, según apunta el atestado policial. La llamada duró exactamente 491 segundos.
Orden política
Los investigadores infieren que Víctor García Hidalgo es quien da la orden política del 'chivatazo' porque, segundos después de que Pamiés termine la supuesta llamada a Elosúa, el jefe superior llama en dos ocasiones al director general de la Policía, a quien no logra localizar. García Hidalgo está en ese preciso instante en una toma de posesión en Madrid y no es el momento para hablar de una situación tan delicada. El informe no hace una sola mención a si el director recibe llamadas o instrucciones de instancias superiores.
El atestado apunta a que el 'chivatazo' comenzó a gestarse el 3 de mayo por la noche en una conversación telefónica entre el director y Pamiés. El grupo dedicado a la investigación señala sin ambages en sus informes que el objetivo era evitar la detención en ese operativo del ex dirigente del PNV (ya fallecido) Gorka Aguirre, tal y como posteriores 'pinchazos' -estos sí desvelando el contenido de las conversaciones- apuntan. La intervención más esclarecedora es aquella en la que Pamiés confiesa, en agosto de 2006, a un veterano periodista de la lucha antiterrorista de Madrid que el objetivo del 'chivatazo' era salvar a Aguirre. El nombre de este político, de hecho, aparece en la relación de más de una docena de personas que debían de ser detenidas en la 'operación Urogallo' contra el impuesto revolucionario de ETA.
El fiscal del caso, Carlos Miguel Bautista, que ha reclamado a Garzón que dé carpetazo al 'chivatazo' por falta de autor conocido del delito de colaboración con banda armada, sostiene sin embargo que este informe es sólo una «hipótesis policial» y que las «imputaciones» que hace «se apoyan de forma exclusiva en la concatenación de llamadas» entre los policías y el político bajo sospecha.
Nerviosismo
La Fiscalía, a la vista de los atestados remitidos a la Audiencia Nacional, no es la única que duda del trabajo de los cinco policías a los que se ordenó investigar la delación. Los documentos revelan el nerviosismo en el Cuerpo a cuenta de este demoledor informe 367/07, hasta el punto de que hay otro contra-informe elaborado 'ex profeso' por los servicios de Información intentado desacreditar las conclusiones del equipo de Carlos G., sin aportar ninguna prueba.
Ese contra-informe fue mandado hacer por los mandos policiales a los que el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Garzón durante su estancia en Estados Unidos, apartó del caso por su falta de colaboración. Se da la circunstancia de que esos papeles también revelan que Carlos G. y sus cuatro funcionarios llegaron a chequear las llamadas de dos de los más altos cargos de la Comisaría General de Información -los marginados por Grande-Marlaska- para ver si estaban relacionados con el soplo. Hipótesis que los agentes descartaron, ya que ambos jefes carecían en ese momento de la información operativa, pues sus enlaces con la 'operación Urogallo' se encontraban en ese momento fuera de España.
Los documentos policiales en poder de la Audiencia Nacional también señalan los problemas que el soplo a ETA causó en la investigación paralela que se estaba realizando en Francia, hasta el punto de que los responsables policiales españoles al otro lado de la frontera habrían paralizado el operativo en marcha.

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Lo intentaron, pero sin demasiado éxito. Inicialmente, desde la Audiencia, cuando el caso estuvo en manos de Grande-Marlaska, se trató de impermeabilizar la investigación sobre el chivatazo policial a la organización terrorista ETA. Pero el tiempo provocó que algunos jugaran con ventaja. De hecho, el primer informe policial en el que ya se señalaba al que fue director general de la Policía, Víctor García Hidalgo como uno de los presuntos implicados fue conocido por el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, poco después de que llegara a la Audiencia. Ya entonces el caso estaba en manos de Garzón. Sólo en ese momento el ministro decidió prescindir de García Hidalgo.

Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, el 4 de septiembre tuvo entrada en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido ya por Baltasar Garzón, uno de los informes elaborados por el equipo policial dirigido por el inspector jefe Carlos G. En dicho escrito se apuntaba la posible responsabilidad en el 'caso Faisán' del director general, del jefe superior de Policía, del comisario de la brigada de Francia, de la inspectora jefa de San Sebastián y del inspector destinado entonces en Vitoria.

Las pesquisas estaban blindadas, pero el cierre no era hermético. De hecho, el titular de Interior tuvo conocimiento de que el nombre de su director de la Policía aparecía citado como sospechoso por sus propios subordinados. Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo cintura y apenas cuatro días después, el 8 de septiembre, relevó al frente de la Dirección General a Víctor García Hidalgo. Públicamente se vendió que era una salida pactada. Pero ese pacto era sólo de ida. El saliente no tenía muchas opciones una vez que su nombre ya estaba judicializado.

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El 4 de junio de 2006, un empresario pagó a la red de extorsión de ETA en concepto de 'chantaje revolucionario' un total de 64.000 euros. El pago se realizó justo un mes después de que dos policías se chivaran al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, supuesto intermediario de la banda, de una operación contra la red de extorsión etarra. Según ha confirmado Diariocrítico en al menos dos fuentes, el pago de este empresario figura entre los papeles incautados en diversas operaciones antiterroristas y deja en entredicho la versión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre que el 'chivatazo' policial no tuvo consecuencias de ningún tipo.

Un 'recibo' incautado en operaciones antiterroristas después de que finalizaran las negociaciones con la banda armada en mayo de 2007 demuestra que empresarios extorsionados por ETA se hubieran librado de pagar el 'impuesto (chantaje) revolucionario' si la policía hubiera llevado a cabo la operación contra la red de extorsión de ETA prevista para el 5 de mayo de 2006. En concreto, uno de los 'recibos' incautados señala que al menos un empresario pagó el 4 de junio de 2006, un mes después de frustrarse la operación, más de 60.000 euros en concepto de ese 'impuesto'. Si la red hubiera caído el 5 de mayo como estaba previsto, ese empresario, al menos, no hubiera tenido a quién pagar. Pero la caída de etarras se frustró por un 'chivatazo policial'.

El 'chivatazo' policial se produjo el 4 de mayo de 2006 -un mayo antes del referido pago-, cuando un policía -supuestamente el inspector José María B., según el informe policial de la investigación, elaborado por el inspector-jefe Carlos Germán - entregó un teléfono móvil a Joseba Elosua, propietario del bar Faisán y supuesto intermediario de la red de extorsión de ETA. En el otro lado de la línea se hallaba otro policía -según el mismo informe, se trataba supuestamente del Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés- que le avisaba para que no acudiera a un encuentro de la red porque estaba vigilado y había una operación en marcha para detenerlos a todos, incluyendo al peneuvista Gorka Agirre, actualmente fallecido.

Efectivamente, ese 'chivatazo' frustró una operación conjunta hispano-francesa puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y la juez francesa Laurence Le Vert para acabar con la red de extorsión de ETA que tenía su epicentro en el bar Faisán, en Irún, propiedad del mencionado Elosua. Grande-Marlaska tuvo conocimiento de ese 'chivatazo' por la transcripción de una cinta grabada, en la que Elosua informaba de tan sorprendente hecho a su cuñado, Carmelo Luquin. La conversación tuvo lugar en el coche del primero, que no sólo estaba 'balizado' -dispositivo para seguimientos-, sino al que le habían colocado una 'chicharra' -en argot policial- para grabar a distancia todo lo que en el vehículo se decía.

Cuando el juez recibió la transcripción de la cinta, remitida al juzgado por el comisario general de Información, Telesforo Rubio, se vio abocado a la paralización de la operación, pero abrió inmediatamente otra causa para averiguar quiénes fueron lo autores del 'chivatazo'.

El número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, podría verse también incluido en el chivatazo a la banda terrorista ETA para evitar la inminente detención de parte de su aparato de extorsión durante la última tregua.Así se infiere de la investigación policial y de la secuencia temporal de las llamadas realizadas por los principales implicados en el llamado caso Faisán el 4 de mayo de 2006.

Como ha podido saber EL MUNDO, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, llamó dos veces al móvil que utilizaba Camacho inmediatamente después de la conversación en la que se supone planificó el soplo a la banda terrorista con el jefe superior de Policía del País Vasco.

Hasta ahora, la extensa investigación policial del chivatazo a ETA señalaba al director general de la Policía, al jefe superior del Cuerpo en el País Vasco, a un comisario, a una inspectora jefe de San Sebastián y a un inspector de Vitoria como principales responsables directos el soplo.

Sin embargo, la relación de llamadas entre algunos de ellos en los momentos previos al chivatazo introducen a una nueva persona en la relación de interlocutores, el secretario de Estado de Seguridad y hombre fuerte de Rubalcaba.

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Un alto cargo de los socialistas vascos es el principal sospechoso de estar tras uno de los teléfonos de seguridad utilizados por altos cargos del Ministerio del Interior imputados en el caso del ‘chivatazo’ para comunicarse entre ellos. Como ya ha informado este diario, una filtración policial frustró en mayo de 2006 una operación contra la red de extorsión de ETA que tenía su sede en el bar El Faisán de Irún. El Confidencial se reserva la identidad del citado político al no haberse podido confirmar plenamente su implicación en los hechos.

La relación del citado dirigente socialista con el caso, relevante para demostrar el móvil político del ‘chivatazo’, se obtuvo de la exhaustiva investigación de los teléfonos utilizados por los principales imputados en la causa, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. Ambos activaron el 5 de septiembre de 2006, cuatro meses después de la filtración a ETA y en plena investigación de la misma, sendas tarjetas prepago de Movistar que utilizaron como líneas de seguridad para comunicarse entre ellos, pese a disponer de otros teléfonos oficiales. Se trata de los números 638XXX497, utilizada por el director general de la Policía, y el 638XXX529, usada por el jefe superior de Policía del País Vasco.

El interlocutor anónimo

El mismo día fue activada una tercera tarjeta, número 638XXX836, que la Policía sospecha fue la utilizada por un alto cargo de los socialistas vascos. La investigación en torno a este teléfono durante los días 5,8 y 14 de septiembre de 2006 permitió descubrir que su portador trabaja en San Sebastián y reside en una zona de influencia comprendida por las localidades de Intxaurrondo, Pasajes y Rentería. Éste teléfono se comunicó exclusivamente con los teléfonos de seguridad de García Hidalgo y de Pamies, lo que ha dificultado su identificación plena al no haber cruzado llamadas con ningún número personal o profesional.

Nuestro interlocutor anónimo mantuvo un intensísimo tráfico de llamadas con el jefe de Policía, concretamente 58, con una duración aproximada de 6 horas. Con el director de la Policía tan sólo intercambio dos, y no con su número de seguridad antes citado, sino con el 648XXX190, el polémico número que uno de los interlocutores del Gobierno con ETA durante el frustrado proceso de paz facilitó al etarra Ion Iurrebaso como ‘salvoconducto’ por si tenía algún problema en Francia.

Los dos altos cargos de Interior hablaron a su vez en 13 ocasiones a través de los teléfonos de seguridad, por espacio de treinta minutos, y en otras 13 Pamies comunicó con su superior también a través del número terminado en 190 que vincula el ‘chivatazo’ con la negociación con ETA, en este caso durante una hora. El jefe de Policía realizó también con su teléfono de seguridad 5 llamadas a un móvil cuyo titular es la empresa Instituto Costa del Sol S.L., dedicada a la construcción y explotación de residencias médico-quirúrgicas, que tiene su sede en la urbanización Golf Río Real de Marbella (Marbella), sin aparente vinculación con los hechos investigados.

Una intensa relación profesional

La relación entre García Hidalgo y Pamies se inicia formalmente con el nombramiento del primero como máximo responsable policial, en abril de 2004. Pamies, que ese mismo año ascendió a comisario, fue nombrado en julio jefe de la Comisaría Provincial de Vitoria, y un año más tarde jefe Superior de Policía del País Vasco por García Hidalgo pese a la opinión en contra de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía.

Víctor García Hidalgo es el actual secretario de Organización de los socialistas alaveses y ha forjado su carrera política íntegramente en el País Vasco, excepción hecha de los dos años y medio que permaneció en Interior. En 1983 fue miembro de las Juntas Generales de Álava; entre 1990 y 1994 director de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno vasco, y entre 1994 y 1996 gobernador civil de Álava. Éste mismo año ocupó el cargo de delegado del Gobierno en funciones en el País Vasco, y entre 1998 y abril de 2004 fue diputado por Álava. Algo similar ocurre con Enrique Pamies, que desde su ingreso en la Policía en 1982 ha desarrollado toda su carrera profesional en el País Vasco, salvo dos cortas permanencias en Madrid y Lérida.

El intento de apartar a Grande-Marlaska de las investigaciones sobre el chivatazo tendrá que pasar el filtro judicial. La titular del juzgado 43 de Madrid, María del Coro Cillán, ha abierto diligencias previas para investigar si las ofertas de trabajo para promocionar que recibió este juez pueden constituir un delito.

De forma colateral pero lo cierto es que el caso del chivatazo policial a la organización terrorista ETA llegará también a otras salas judiciales ajenas a la Audiencia Nacional. Los juzgados ordinarios de Madrid han decidido abrir procedimientos para esclarecer posibles conductas irregulares o, incluso, ilegales, en las actuaciones del procedimiento judicial.

Así, la titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán ha admitido a trámite una denuncia en los juzgados para que se esclarezca si el juez que estuvo inicialmente instruyendo el 'caso Faisán', Fernando Grande-Marlaska, tuvo una oferta de mejora laboral si paralizaba sus investigaciones. En la denuncia se habla de intento de compra del magistrado, lo que conlleva delitos contra la Administración de Justicia y cohecho. Este periódico, en su edición del 5 de enero, desveló que a Grande-Marlaska le habían ofrecido ocupar el puesto de magistrado de enlace en Londres, una de las colocaciones más ambicionadas en el mundo judicial. A cambio debía paralizar o, al menos, ralentizar, las pesquisas encaminadas a resolver el 'sudoku' del chivatazo policial a Joseba Elosua, uno de los presuntos responsables de la trama de extorsión de ETA.

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La Sala solicita que Garzón practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisan de Irún, Joseba Elosúa.

El auto estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, por lo que "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España". En este sentido, el tribunal apuesta por "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.

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MIGMOM escribió:No sé hasta dónde puede llegar todo este asunto, ya que desde mi punto de vista hay partes contaminadas , el Juez Garzón y parte de la fiscalía entre ellas. No estarán por la labor de rascar en el asunto.

En el momento que el Garzón se hizo cargo de este tema empezaron los problemas, con la colaboración de la fiscalía que solicitó el archivo del caso, porque decían que no había autor.

Y cuando las acusaciones populares solicitaron nuevas diligencias, Garzón se negó a investigar más.

Ya me indignó en su día el mal llamado proceso de paz que hizo este gobierno, pero aún más me indignó saber que desde alguna parte del Ministerio del interior y más concretamente del CNP hubiera un chivato que ayudara a los terroristas.

Poder Ejecutivo, poder judical, fisclaía, policía, involucrados en una vergüenza de asunto.

Como dijo en una ocasión Garzón al entonces ministro Juan Alberto Belloch
cuando el caso GAL, que caiga quién caiga. (después fue apartado de la vida política).

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macalpe escribió:

MIGMOM escribió:No sé hasta dónde puede llegar todo este asunto, ya que desde mi punto de vista hay partes contaminadas , el Juez Garzón y parte de la fiscalía entre ellas. No estarán por la labor de rascar en el asunto.

En el momento que el Garzón se hizo cargo de este tema empezaron los problemas, con la colaboración de la fiscalía que solicitó el archivo del caso, porque decían que no había autor.

Y cuando las acusaciones populares solicitaron nuevas diligencias, Garzón se negó a investigar más.

Ya me indignó en su día el mal llamado proceso de paz que hizo este gobierno, pero aún más me indignó saber que desde alguna parte del Ministerio del interior y más concretamente del CNP hubiera un chivato que ayudara a los terroristas.

Poder Ejecutivo, poder judical, fisclaía, policía, involucrados en una vergüenza de asunto.

Como dijo en una ocasión Garzón al entonces ministro Juan Alberto Belloch
cuando el caso GAL, que caiga quién caiga. (después fue apartado de la vida política).

Absolutamente de acuerdo en todo tu comentario EXCEPTO en la frase final cuando dices : " fué apartado de la política (Garzón)"..eso no fué exactamente así, me explico, a Garzón lo nombró el Gobierno de F. González Alto Comisionado Para la Droga...y a Garzón le pareció poco y se volvió a la Judicatura....y después abrió el caso GAL...estos son los hechos...

Que sigue oliendo muy mal...

foropolicia.es

¿El perseguido llamando a su perseguidor? ¿El denunciado llamando al denunciante? Al caso del chivatazo pocas escenas cinematográficas le faltaban, más bien ninguna. Y una de las últimas que aparece figura en el informe marco remitido por el equipo investigador al juez Garzón en septiembre de 2006.

En él se recoge una llamada cuando menos peculiar y que los investigadores consideran clave. En un extremo de la línea telefónica, el investigado, el jefe superior de Policía del País Vasco. Los informes aportados a la causa le señalan como el mando que dio el chivatazo a Joseba Elosua.

Al otro lado de la línea, el investigador, el inspector jefe Carlos G., al que el juez Grande-Marlaska puso al frente de las pesquisas cuando conoció que se había producido un chivatazo desde las filas policiales a la organización terrorista ETA.

Concretamente el 19 de julio de 2006, a las 13.36 horas, el jefe superior de Policía del País Vasco llamó directamente al inspector jefe responsable de la investigación. La llamada tenía una finalidad muy clara: saber si el dueño del bar Faisán había reconocido al agente que le advirtió de que estaba siendo vigilado.

Cartera Mossos D`esquadra

Realizada en piel

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Horas después de que se produjera el «chivatazo» policial y ante la negativa de Francia de proceder a las detenciones, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, primer instructor del «caso Faisán», irrumpió en una conversación telefónica para pedir a la Policía gala que pusiera en marcha la «operación Urogallo» contra la red de extorsión etarra que desde España controlaba Joseba Elosúa y desde el país vecino José Antonio Cau Aldanur.
La intervención directa del magistrado español sobre la Policía francesa se produjo a primera hora de la tarde del 4 de mayo de 2006. Está recogida en un informe al que tenido acceso ABC, en el que también se detallan los preparativos de la operación, así como los contactos que los días 3,4,5 y posteriores mantuvieron los responsables del Equipo Conjunto de Investigación -españoles y franceses-, encargados de liquidar esa red de financiación de ETA. En aquellas fechas se cumplía poco más de un mes de la declaración de tregua que dio paso a la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA.
Encontronazos
El mencionado informe recoge los fuertes y permanentes encontronazos que tuvo el inspector jefe Carlos G. -responsable, por parte española, del operativo y más tarde investigador del «chivatazo»- con los mandos policiales franceses por su insistencia para que se produjeran en ese momento las detenciones (ya había ocurrido el soplo policial) y la negativa de aquéllos a llevarlas a cabo. Los investigadores galos alegaron hasta cuatro veces que «no tenían la correspondiente autorización de la juez Le Vert».
El momento más tenso entre los dos equipos de investigación se produjo por teléfono. Fue a primera hora del 4 de mayo de 2006. El informe al que ha tenido acceso ABC recoge ese episodio en el que el inspector jefe Carlos G., ante las reticencias de Francia, llegó a amenazar a su interlocutor galo -un comisario- con romper el Equipo Conjunto de Investigación, creado cinco meses antes a iniciativa, por parte española, del entonces ministro del Interior José Antonio Alonso.
La intervención del juez
La conversación telefónica del inspector jefe y el comisario francés -intervino como traductor un enlace policial-creció en tensión conforme pasaban los segundos. Después de que el mando galo le recordara a Carlos G. que la decisión de romper el Equipo Conjunto «en ningún caso le correspondía», al tratarse de una competencia de la «autoridad judicial», tomó el teléfono el magistrado de la Audiencia Nacional. El informe precisa que «en ese momento y sin previo aviso se puso al teléfono el magistrado Fernando Grande-Marlaska», de lo que se desprende que junto al magistrado se encontraba el inspector jefe Carlos G.
El juez español ordenó al comisario francés que «convenciera» a su jefe, el máximo responsable de la División Nacional Antiterrorista (DNAT), de que se efectuasen las detenciones de Elosúa y su yerno, ya que «las investigaciones judiciales son serias y había fundamentos suficientes para realizar la detención de los objetivos». Sin embargo, trasladada la petición del magistrado español, el mando de la DNAT reiteró que la juez Le Vert «no ve claro lo de las detenciones y que ellos se atienen a las instrucciones de la magistrada» francesa.
Cuando se produjo ese contacto telefónico habían pasado pocas horas desde el «chivatazo» en el bar Faisán. Y también de la interceptación de la conversación -gracias a un radiotransmisor instalado en el coche del recaudador de ETA- que tuvo Elosúa con su yerno Carmelo Luquín. En ella le comentó que un «madero» le había advertido de que iba a ser detenido. Ese soplo se produjo, según el informe elaborado por Carlos G., entre las 11.10 y las 11.40 horas del 4 de mayo.
Poco después Elosúa y Luquín lograron cruzar la frontera, lo que motivó una nueva protesta del inspector jefe. Al no actuar la Policía francesa, Carlos G. llamó a París para decir que los «objetivos españoles» -así se recoge en el informe al que ha tenido acceso ABC- «se habían desplazado hasta Bayona», «habían entregado a Cau varios periódicos entre los cuales se encuentra el dinero» procedente del pago de un empresario y que los «servicios franceses no habían procedido a la detención en el momento de la entrega, tal y como se había solicitado». Según el informe, los agentes galos no actuaron porque «no tenían instrucciones de París».
Los seguimientos a los que fueron sometidos estos «objetivos» permitieron saber que los periódicos los guardó el etarra Cau en el maletero de su coche, que estacionó en un aparcamiento. Después, los responsables de la red de extorsión se fueron a comer a un restaurante y a las cuatro y media de la tarde del 4 de mayo Elosúa y su yerno regresaron a Irún.
El inspector jefe volvió a manifestar su «disgusto con la colaboración francesa porque se había producido una entrega de dinero, un delito flagrante». Siguiendo órdenes de Le Vert, la Policía gala se negó a registrar el coche.