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FUERABORDA escribió:Repetido dentro de este hilo:

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Fue una decisión de la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, basada en razones operativas, y no un supuesto «chivatazo» policial, lo que aplazó, el 4 de mayo de 2006, la operación que se iba a realizar contra el «aparato económico» de ETA y, en concreto, contra la red de cobro del llamado «impuesto revolucionario. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la magistrada preguntó a los mandos policiales galos que se hallaban sobre el terreno si estaban completamente seguros de que las personas que estaban vigilando habían llevado dinero desde España para dárselo a miembros de ETA. Los agentes habían observado que se había producido la entrega de un periódico (en cuyo interior podría ir el dinero), que fue introducido en un maletero, pero no podían acreditar esa circunstancia. La juez, que no tenía ningún conocimiento de que se hubieran podido producir «chivatazos», decidió entonces abortar la operación que se realizó, con todo éxito, el 20 de junio. Todos los objetivos previstos fueron arrestados (la mayoría permanecen en prisión) y lo que sorprende es que, pese a las supuestas delaciones, ninguno se quitara de en medio y trata de huir. Si sabían que la Policía estaba detrás de ellos, ¿por qué no lo hicieron? Otro dato que subrayan las fuentes consultadas es el de que los informes que se han realizado, en algunos de los cuales se acusa a funcionarios policiales del «chivatazo», se hayan basado en las llamadas que estos agentes realizaron con sus teléfonos oficiales o los que pertenecían a sus brigadas y tenían adscritos. Es decir, que para cometer una traición y un delito de colaboración con banda armada utilizaban números telefónicos con los que serían identificados a la primera. El martes concluyó el plazo para que las partes personadas consultaran los 14 tomos de que constan las diligencias previas que la Audiencia Nacional abrió a raíz del supuesto «chivatazo». Y empezó a contar el periodo de cinco días hábiles, que finaliza el próximo martes, día 27, para que esas acusaciones, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, presenten sus alegaciones y digan si están de acuerdo o no con la petición del fiscal de archivar este asunto. Aunque el tema se está llevando con gran sigilo, dado que en dichas diligencias hay datos policiales operativos que no deben ser conocidos, todo parece indicar que ambas asociaciones se opondrán al archivo.

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Las partes personadas en las diligencias previas abiertas para investigar un supuesto «chivatazo» a un colaborador de ETA, han sido citadas el próximo lunes con el fin de visionar la filmación que las cámaras de la Policía realizaron del bar «Faisán» de Irún el día en que se produjeron los hechos. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, el juez de la Audiencia Nacional que tramita este asunto, Baltasar Garzón, ha citado a las dos asociaciones personadas, AVT y Dignidad y Justicia, para que puedan visionar el vídeo que las cámaras, colocadas en los alrededores del bar, grabaron el 4 de mayo de 2006, fecha en la que supuestamente una persona avisó al dueño del establecimiento de que era objeto de vigilancia policial.
Sobre la existencia o no de esta grabación, que ha constado en diligencias desde el primer momento, se produjo días pasados una controversia al afirmar un sindicato policial que las cámaras dejaron de funcionar ése día.
La citación se produce el lunes porque el martes finaliza el plazo para que las partes se pronuncien sobre el archivo de este asunto, como pide el fiscal, o soliciten nuevas diligencias de investigación. Sin esperar a que concluya el plazo y al visionado de las cintas, la AVT entregó ayer sus alegaciones. Tanto Dignidad y Justicia como la propia AVT ya se han pronunciado, a través de sus máximo representantes, Daniel Portero y Juan Antonio García Casquero, respectivamente, en el sentido de que se opondrán al archivo y pedirían que se investigue el asunto hasta los últimos extremos.
El supuesto «chivatazo» al presunto colaborador de la banda terrorista se descubrió gracias a los comentarios que este individuo hizo a una persona dentro de su automóvil, en el que estaban instalados unos dispositivos que grabaron la conversación. A partir de ahí, se inició una larga investigación para saber qué había ocurrido y quién o quienes eran los autores del supuesto «chivatazo».
Sin embargo, la presunta delación no provocó los efectos que debía perseguir al alertar a ETA de que la Policía investigaba el entramado de cobro del chantaje conocido como «impuesto revolucionario». Ninguno de los objetivos vigilados huyó y todos ellos fueron detenidos el 20 de junio, tanto en España como en Francia. Algunos permanecen en prisión.
Una advertencia de este tipo debería haber provocado la huida en desbandada de todos los implicados. Además, tal y como adelantó LA RAZÓN, la operación policial no se aplazó por el supuesto «chivatazo», sino por una decisión de la jueza francesa Laurence Le Vert.

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jagger30 escribió:

Fue una decisión de la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, basada en razones operativas, y no un supuesto «chivatazo» policial, lo que aplazó, el 4 de mayo de 2006, la operación que se iba a realizar contra el «aparato económico» de ETA y, en concreto, contra la red de cobro del llamado «impuesto revolucionario. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la magistrada preguntó a los mandos policiales galos que se hallaban sobre el terreno si estaban completamente seguros de que las personas que estaban vigilando habían llevado dinero desde España para dárselo a miembros de ETA. Los agentes habían observado que se había producido la entrega de un periódico (en cuyo interior podría ir el dinero), que fue introducido en un maletero, pero no podían acreditar esa circunstancia. La juez, que no tenía ningún conocimiento de que se hubieran podido producir «chivatazos», decidió entonces abortar la operación que se realizó, con todo éxito, el 20 de junio. Todos los objetivos previstos fueron arrestados (la mayoría permanecen en prisión) y lo que sorprende es que, pese a las supuestas delaciones, ninguno se quitara de en medio y trata de huir. Si sabían que la Policía estaba detrás de ellos, ¿por qué no lo hicieron? Otro dato que subrayan las fuentes consultadas es el de que los informes que se han realizado, en algunos de los cuales se acusa a funcionarios policiales del «chivatazo», se hayan basado en las llamadas que estos agentes realizaron con sus teléfonos oficiales o los que pertenecían a sus brigadas y tenían adscritos. Es decir, que para cometer una traición y un delito de colaboración con banda armada utilizaban números telefónicos con los que serían identificados a la primera. El martes concluyó el plazo para que las partes personadas consultaran los 14 tomos de que constan las diligencias previas que la Audiencia Nacional abrió a raíz del supuesto «chivatazo». Y empezó a contar el periodo de cinco días hábiles, que finaliza el próximo martes, día 27, para que esas acusaciones, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, presenten sus alegaciones y digan si están de acuerdo o no con la petición del fiscal de archivar este asunto. Aunque el tema se está llevando con gran sigilo, dado que en dichas diligencias hay datos policiales operativos que no deben ser conocidos, todo parece indicar que ambas asociaciones se opondrán al archivo.

http://www.larazon.es/noticia/la-jueza- ... contra-eta
Saludos.

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“Baltasar, si cierras el Faisán estarías prevaricando”. Es lo que le han venido a decir destacados jueces de la Audiencia Nacional a su ‘colega’ Baltasar Garzón. El magistrado encargado del soplo a Joseba Elosúa, presunto miembro de la trama de extorsión de ETA, tiene todavía serias duda sobre si cerrar o no la investigación, tal como ha planteado el fiscal.
Fuentes de la Audiencia Nacional a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital aseguran que varios magistrados se han dirigido personalmente a Garzón para advertirle de que, si cierra en falso el ‘caso Faisán’, estaría cometiendo un delito de prevaricación, es decir, clausurar la investigación de manera injusta a sabiendas.

Personas cercanas al titular del Juzgado de Instrucción número 5 aseguran que Garzón tiene “serias dudas” sobre esta investigación, relacionada con la trama financiera de ETA, pero también vinculada a los tiempos en que el Gobierno de Zapatero negociaba con la banda.

De hecho, el magistrado ya ha llamado tres veces a las partes para visionar el famoso vídeo, que se funde en negro en dos ocasiones. La última cita fue el pasado viernes. Esto indica, aseguran, que Garzón no lo tiene nada claro.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo mantiene abierto un sumario contra el juez Garzón por supuesta prevaricación, por su investigación sobre los crímenes cometidos por el franquismo.

La investigación del ‘caso Faisán’ fue iniciada por Fernando Grande-Marlaska mientras Garzón se encontraba en Nueva York de permiso, pero el magistrado adelantó su regresó de Estados Unidos y se cargo del sumario.