FORO POLICIA

la tregua de 2006
El juez confirma que el Gobierno justificó ante la banda las detenciones

30.03.11 - 02:48 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.
El juez del 'chivatazo' a ETA, Pablo Ruz, confirmó que el Gobierno se reunió con ETA dos días después de las detenciones del aparato de extorsión de la banda del bar Faisán y que en esa reunión los representantes del Ejecutivo se defendieron ante las «recriminaciones» de los terroristas por los arrestos en plena tregua. Esas detenciones se habían frustrado un mes antes por el famoso soplo policial.

El contenido de ese encuentro, que tuvo lugar el 22 de junio de 2006, es el eje principal de la famosa comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista Laurence Le Vert el pasado diciembre y que Ruz había mantenido en el más estricto de los secretos hasta ayer. El magistrado decidió levantar la reserva sobre los seis folios enviados por la juez gala tras la filtración de las actas de ETA sobre los encuentros durante la pasada tregua. En su auto desvela que durante los últimos cuatro meses ha estado volcado en cuerpo y alma a tratar de conocer de qué hablaron exactamente los terroristas y cuatro representantes del Gobierno.

Según el juez, que se basa en la información de Le Vert y en las actas incautadas al jefe de ETA Francisco Javier López Peña, en aquella reunión, que fue a petición de ETA, «los supuestos representantes del Gobierno habrían vertido determinadas manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista relativas a la práctica de detenciones por los responsables policiales y determinados aspectos de la investigación judicial» sobre el 'caso Faisán'.

Ruz, explicaron fuentes judiciales, se refiere así a la reunión en la que, dando credibilidad a las actas de ETA, los enviados del Ejecutivo calificaron de «accidente grave» los arrestos del cabecilla del aparato de extorsión, Joseba Elosúa, y otras 11 personas el 20 de junio de 2006, detenciones que se habían frustrado un mes y medio antes a cuenta del 'chivatazo' policial del 4 de mayo. En ese encuentro, los representantes del Gobierno se excusaron ante los terroristas diciendo que «no habían podido parar» la redada ordenada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska porque «una carta (de extorsión) le llegó al juez» y se desencadenó la operación.

El magistrado desvela en su auto hecho público ayer que, desde que supiera por boca de Le Vert de esa reunión, ha reclamado en diferentes ocasiones a partir de enero al Gobierno todo tipo de información sobre ese encuentro. Desde las actas, si las hubiera, a la identidad de las personas que hablaron en nombre del Ejecutivo.

El escrito de Ruz admite que finalmente el Gobierno identificó a cuatro de los 'negociadores' y que al menos tres de ellos declararon en secreto y como testigos protegidos en la Audiencia Nacional los pasados meses de enero y febrero.

Supuestamente serían el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, el exministro socialista Javier Moscoso y el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.

No fue esa la única reunión en la que, a la vista de la información 'desclasificada' por Ruz, el Gobierno dio explicaciones a ETA por los arrestos del aparato de extorsión y el 'chivatazo'. El pasado 14 de marzo, revela el auto, Francia envió otro documento informático incautado a 'Thierry' denominado «operación Marlaska», que tuvo lugar en septiembre de 2006 y en el que participó un «grupo de negociadores». Según fuentes del caso, en ese texto se habla de nuevo de la imposibilidad por parte del Gobierno de frenar la redada.

El auto también confirma que el juez ha interrogado en las últimas semanas a la cúpula de la Policía, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza. Todos negaron haber recibido órdenes del Gobierno para no arrestar a terroristas durante la tregua, como aseguran las actas de ETA entregadas por Francia.

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la tregua de 2006
Eguiguren: «Se trataba de engañar a ETA, de mentir de forma descarada»
El líder del PSE dice al juez que las promesas de no arrestar terroristas durante la tregua eran «invenciones» que se hacían en la negociación
31.03.11 - 02:47 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.

El 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero, en un despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional, los tres mediadores del Gobierno en las negociaciones con ETA en 2006 aseguraron al juez Pablo Ruz que su objetivo primordial era «engañar a ETA» y que aquellos encuentros estaban marcados por los «reproches e insultos». El exfiscal general del Estado y exministro Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, aseguraron ante el instructor que las garantías a los terroristas de que las fuerzas de seguridad iban a bajar el pistón y que el Gobierno prometiera que frenaría operaciones con la connivencia de la Fiscalía eran simples tretas para ganar tiempo, según consta en las declaraciones judiciales a las que ha tenido acceso este periódico.

Eguiguren, durante su declaración, muestra «sus prevenciones en cuanto a hacer públicas mis manifestaciones» porque, dice, «supondrían mi sentencia de muerte» por «violar los principios básicos de una negociación». Aun así, reconoce que en los encuentros tanto unos como otros «mentíamos de forma descarada» en un ambiente de crispación con «insultos y reproches».

Acto seguido detalla a Ruz que las reuniones a las que él asistió tuvieron lugar en Ginebra y Zurich y que en algunas «no siempre había representantes del Gobierno». A veces solo del PSOE. Cuando el magistrado le pregunta directamente por los compromisos de los que habla ETA en sus actas en el sentido de que el Gobierno «no tenia voluntad de detener», el jefe de los socialistas vascos se muestra tajante: «Eso eran invenciones que se hacían en el marco de la negociación».

La declaración de Moscoso ante el instructor de la Audiencia Nacional fue más corta. Reconoció que estuvo presente en el encuentro del 22 de junio de 2006 en el que ETA reprochó al Gobierno las detenciones de la 'operación Faisán'. Al otro lado de la mesa se sentaba José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', aunque se hacía llamar 'George'. Moscoso asegura que en las reuniones solo había «notas» y no se «levantaban actas formales». Y quien llevaba la voz cantante era 'Josu Ternera'.

Habitualmente «se iba tratando lo que iba saliendo», aunque 'George' «llevaba un índice al inicio de la reunión».

Gómez Benítez, por su parte, centra su declaración judicial en las exigencias de los terroristas. Asegura que los etarras les presionaron poco antes del atentado de la T-4 con un listado con «nombres y apellidos» de 58 activistas que habían sido detenidos entre marzo y septiembre de 2006. Según su versión, su mensaje a los terroristas siempre fue que «el proceso debía seguir, aunque siguieran las detenciones».

Como Eguiguren, el vocal del Poder Judicial asegura al juez que los encuentros con los terroristas eran una «juego de apariencias y mentiras». Gómez, a pesar de la insistencia del juez, se niega a dar los nombres de los etarras que se sentaron a la mesa. «No quiero identificar a nadie porque no creo que aporten nada a la causa». Sólo «aumentaría el riesgo de muerte», se justifica.

La segunda reunión por la que los tres mediadores fueron interrogados se produjo poco después de que el juez Baltasar Garzón judicializara la investigación por el 'chivatazo' policial a ETA. Según las actas, uno de ellos, supuestamente Gómez Benítez, afirmó: «En relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que os manifestamos en septiembre, os diré que por el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE». Los enviados no confirmaron ante Ruz esas palabras y aseguraron que jamás alegaron que el soplo fue un gesto de buena voluntad hacia ETA.

Por otro lado, Eguiguren introdujo ayer un nuevo matiz sobre el aplazamiento de la operación del Faisán. En una entrevista en la Ser, insinuó que la redada no se pospuso por el soplo sino porque entre el grupo de extorsionadores había un infiltrado policial. «La Policía detiene cuando le conviene detener y no cuando localiza a los terroristas. Todos sabemos, parece ser, que ahí había gente infiltrada», explicó, antes de sostener que los propios terroristas creían que tenían un confidente en sus filas y que a ETA «le hubiera gustado que los hubieran detenido inmediatamente para saber quién era».

No se negoció tras la T-4
El dirigente socialista afirmó que las actas de la banda están «revisadas», «preparadas para convencer a su gente». También negó que hubiera negociaciones con ETA tras el atentado de la T-4 en diciembre de 2006. «Se les comunicó que acababa la historia, aunque todavía ni se había comenzado a negociar», recordó antes de aclarar que acudieron a un encuentro posterior al ataque -que mató a dos personas- a petición de determinados presidentes europeos y del líder irlandés Gerry Adams, que «transmitieron que ETA tenía algo muy importante que decir», aunque luego no «hubo nada especial. Fuimos a escuchar y nos fuimos. Después de la T-4, aseguro que no se negoció».

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TRIBUNALES | Chivatazo a ETA

La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados de 'Faisán'
La Fiscalía propuso cambiar la imputación a revelación de secreto
Europa Press | Madrid

La Audiencia Nacional ha acordado rechazar la petición de la Fiscalía de retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados por el chivatazo policial a ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), lo que permitirá que la causa continúe investigándose en este tribunal. La Fiscalía propuso en su día cambiar el delito de colaboración con banda armada por el de revelación de secreto.

En un auto dictado este martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal confirma, con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que la decisión de Ruz de imputar un delito de colaboración con organización terrorista al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y los otros dos imputados "no fue arbitraria ni irrazonable", ya que esta calificación "en absoluto parece descartada" de forma "provisoria e indiciaria".

Los magistrados de la mayoría, Fernando García Nicolás y Julio de Diego, sostienen, en contra del criterio del fiscal Carlos Bautista, que, según la jurisprudencia del Supremo, "no es necesario comulgar con las finalidades de la organización" para sostener la existencia de este tipo delictivo, ni excluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de su comisión por "su perfil profesional".

Bautista solicitó la retirada del delito de colaboración con organización terrorista en una vista celebrada el pasado 24 de marzo en la que se analizó el recurso de apelación que la defensa del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, interpuso contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordaba reactivar la investigación y transformar las diligencias previas que se abrieron en 2006 en sumario.

El representante del Ministerio Público realizó esta petición argumentando que no se puede demostrar que los acusados "compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista", según informaron fuentes jurídicas.

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Faisán. Los peritos certifican como auténticas las imágenes que muestran a un policía en el bar “Faisán”
MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Los peritos de la Guardia Civil aseguraron este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que las imágenes de video que muestran al inspector de la Policía Nacional José María Ballesteros en las inmediaciones del bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa) minutos antes de que se produjera el chivatazo a ETA son auténticas y no han sido manipuladas.

Los dos expertos de la Benemérita que comparecieron ante el magistrado certificaron así la fiabilidad de las imágenes grabadas en el exterior del “Faisán” entre las 11.08 y las 11.31 horas del 4 de mayo de 2006, en las que aparece Ballesteros, imputado en la causa por ser presuntamente la persona que le entregó al dueño del establecimiento, Joseba Elosua, supuesto enlace del aparato de extorsión de ETA, un teléfono móvil con el que se le alertó de la operación antiterrorista que iba a llevarse a cabo.

La declaración, que duró cerca de una hora, sirvió también para que los peritos reiteraran que, a su entender, los cortes que presenta el video del exterior del bar “Faisán” grabado por la Policía Nacional el día del chivatazo “no son accidentales, sino intencionados”, según explicaron fuentes jurídicas.

Los guardias civiles señalaron que, a diferencia de los cortes de las cintas grabadas el día de la delación a ETA, las interrupciones que presentan las imágenes captadas en los días anteriores y posteriores al chivatazo sí son accidentales, debido a procesos como el regrabado o el rebobinado.

El juez Ruz volvió a tomar declaración a los peritos para despejar las dudas en torno a por qué la cinta en la que se grabó el exterior del bar “Faisán” el 4 de mayo de 2006 le fue entregada con cortes.

En la causa, además del inspector Ballesteros, se encuentran imputados por delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.

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AUDIENCIA | Su segunda comparecencia como testigo

El juez pregunta al dueño del Faisán si el inspector Ballesteros le dio el chivatazo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga hoy al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, para preguntarle si reconoce al inspector José María Ballesteros como la persona que le alertó el 4 de mayo de 2006 sobre la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, según informan fuentes jurídicas.

Elosúa, que declarará por segunda vez en calidad de testigo, será preguntado por la identidad de la persona que le dio el chivatazo después de que Ballesteros, imputado en la causa, reconociera el pasado 10 de marzo en sede judicial que aparecía en tres momentos distintos en la grabación que el equipo investigador realizó frente al establecimiento.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha citado a declarar este martes al hijo del dueño del 'Faisán', José Ignacio Elosúa, que se encontraba en el local cuando se produjo la delación y supuestamente presenció los hechos.

De igual modo, ha convocado para el próximo jueves al jefe del equipo de investigación, Carlos G., y a los otros cuatro miembros de su equipo para que ratifiquen su Informe Definitivo de Conclusiones, en el que aseguran que el chivatazo tuvo "un móvil político" y que se produjo "en el marco del proceso de negociación" con ETA.

No reconoció a Ballesteros

Joseba Elosúa fue procesado en octubre de 2008, junto a otras 23 personas, por el juez Baltasar Garzón por un delito de colaboración con organización terrorista en el marco de la causa en la que se investiga el cobro del denominado 'impuesto revolucionario', que se realizaba en el 'Faisán'. El juez, sin embargo, retiró la imputación a su hijo, sobre el que hasta ese momento también había recaído la acción penal.

Tras su primera declaración judicial, que se produjo en junio de 2006, el dueño del 'Faisán' fue sometido a una rueda de reconocimiento en la que fue incluido Ballesteros para que pudiera identificarlo, aunque el resultado de esta diligencia fue negativo.

Elosúa aseguró ante la Policía que el individuo que le facilitó el teléfono móvil con el que se produjo el chivatazo "salió por la puerta trasera del bar situada frente al edificio de la aduana y de las cabinas de teléfono, y que le vio cruzar la carretera en dirección a la gasolinera". Según su versión, después "entró por la puerta ubicada frente al edificio de la aduana" aunque no estaba "seguro del todo" y con total certeza "salió por esa puerta".

Colaboraba con los miembros de ETA

Según el auto de procesamiento de Garzón, el dueño del 'Faisán' colaboraba con miembros de ETA en el desarrollo de medidas que garantizaran la seguridad de las reuniones que se celebraban en su bar. Además, el juez considera acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la banda para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios.

El hostelero también se dedicaba, según el juez, a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas, según consta en el auto, que añade que mantenía operaciones financieras con personas vinculadas a ETA.

En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con un máximo de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco; y el inspector José María Ballesteros.

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AUDIENCIA | 'Caso Faisán'

Los tres imputados del chivatazo, procesados por colaboración con ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado auto de procesamiento contra los tres imputados en la causa del chivatazo a ETA en el bar Faisán: el ex director general de la Policía y la Guardia Civil Víctor García Hidalgo, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

Ruz les procesa por colaboración con organización terrorista, además de por un delito de revelación de secretos.

noticias

'Caso Faisán'

El fiscal pide no juzgar a los policías del 'Faisán' por colaboración

Redacción - 22/07/2011 |

Solicita, no obstante, que se mantenga el procesamiento por un delito de encubrimiento y revelación de secretos, lo que supondría la derivación de la causa "a un juzgado común de Irún.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz la retirada del delito de colaboración con organización terrorista impuesto a los tres policías procesados en el caso Faisán, causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA.

Según explica en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 por el fiscal Carlos Bautista, el ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros no mantienen "afinidad ideológica" con los objetivos de ETA lo que, en aplicación de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y Constitucional, invalidaría el delito de colaboración.

El Ministerio Público solicita, no obstante, que se mantenga el procesamiento por un delito de encubrimiento y revelación de secretos lo que supondría la derivación de la causa "a la legislación penal común" de modo que recaería en un juzgado de Irún.

El juez Ruz procesó el pasado 13 de julio a los tres por la comisión de delitos de colaboración con ETA o encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

Especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.

Bautista defiende en su escrito que la comisión de "hechos delictivos" sin que en ellos concurra "la intención de coadyugar, favorecer o facilitar las actividades o finalidades terroristas" merece sin duda sanción pero "no podrá utilizarse una legislación especial" para ello.

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Ruz mantiene el delito de colaboración para los tres mandos policiales

EFE

El juez Pablo Ruz ha mantenido hoy que los tres mandos policiales a los que se atribuye el "chivatazo" a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en 2006 pudieron incurrir en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".

Para el juez, en "la acción aquí analizada" (el "chivatazo" a ETA) existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos", y permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".

"Los indicios acumulados en la instrucción", añade Ruz, llevan a presumir que esa cantidad de dinero fue "puesta a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes, para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".

El juez hace estas precisiones al desestimar los recursos contra el auto de procesamiento interpuesto por los tres mandos policiales -el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros-.

En esta misma resolución, Ruz pide a la Fiscalía que promueva formalmente su inhibición de este caso a favor de los juzgados de Irún, ya que al informar sobre estos recursos, el fiscal Carlos Bautista manifestó su discrepancia con el procesamiento por colaboración con ETA al entender que para que este delito exista debe haber afinidad con los objetivos de la banda.

Al rechazar los recursos, Ruz se reafirma también en que "carece de sustento" la hipótesis expuesta por alguno de los procesados referente a que el jefe del equipo investigador del "chivatazo", Carlos Germán, pudo ser uno los policías que alertó a ETA del chivatazo y que por tanto existía una "contaminación intrínseca del equipo investigador"

Los procesados podrán ahora recurrir en apelación la decisión del juez ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

En el auto de procesamiento, dictado el pasado 13 de julio, Ruz planteó las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclinó más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada, castigado hasta con diez años de cárcel, mientras que el de revelación está penado hasta con tres años de prisión.

Según consta en el auto, el móvil del soplo que alertó a ETA de la operación policial en pleno proceso de negociación con la banda no ha podido acreditarse, si bien el magistrado descarta que la intención directa de los procesados fuera colaborar con los etarras.

Ruz entiende que, con independencia del ánimo o el móvil que guiara el "chivatazo", el autor de las "revelaciones" debe tener necesariamente conciencia de estar llevando a cabo una acción que supone "una colaboración idónea y potencial" con las actividades de ETA, unos objetivos que "no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados" en atención a los cargos que ostentaban.

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España

Maniobra en la Audiencia para llevar el «caso Faisán» a Irún

El presidente de la Sala Penal arrebata la causa y lleva la colaboración con ETA al Pleno

N. VILLANUEVA / MADRID

Día 27/07/2011

«Absolutamente es una maniobra política». Así se interpretaba ayer en la Audiencia Nacional la decisión del presidente de la Sala Penal, Javier Gómez Bermúdez, de avocar al Pleno la decisión de si los tres mandos policiales procesados en el «caso Faisán» pudieron cometer un delito de colaboración con ETA, además del de revelación de secretos, como considera el juez instructor Pablo Ruz.

Ahora no serán los tres magistrados de la Sección Segunda, sino el Pleno el que tenga que resolver sobre esta espinosa cuestión, que más allá de la «importancia jurídica» en la que se ha escudado Gómez Bermúdez para «arrebatar» el caso a la Sección Segunda, tiene una trascendencia política enorme. Si no se aprecia el delito de colaboración con organización terrorista, el caso saldría de la Audiencia Nacional y pasaría a los juzgados de Irún, el lugar en el que se produjo el «chivatazo» que obligó a posponer la detención de la red de extorsión de ETA que operaba en torno al bar «Faisán». Los tiempos en la justicia son lentos y el «Faisán» en el norte facilitaría bastante la campaña electoral a Alfredo Pérez Rubalcaba, bajo cuya gestión en Interior se produjo el soplo. «Se trata de dilatar la causa, dejarla en la nebulosa, hasta que pasen las elecciones», aseguran fuentes jurídicas.

La decisión de Gómez Bermúdez de avocar a Pleno el recurso contra el procesamiento de los tres mandos se anunciaba a última hora de la mañana de ayer, después de conocer que el juez Ruz ratificaba su decisión de procesar al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de la Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector de Vitoria José María Ballesteros por revelación de secretos y colaboración con organización terrorista.

En teoría la resolución del recurso de apelación contra este último auto de Ruz, le correspondería, como los demás, a la Sección Segunda, formada por Fernando García Nicolás (presidente), Julio de Diego, José Ricardo de Prada y Enrique López, aunque siempre son tres los que deciden. La posición de esta Sala es conocida. En abril ya dejaron claro que «no es necesario comulgar con los fines de ETA» para que exista el delito de colaboración con la banda. Esa decisión contó con el voto particular de José Ricardo de Prada, para quien el juez Ruz debió haber tenido en cuenta que el «chivatazo» se produjo en un contexto de negociaciones con la banda terrorista ETA. El propio José Ricardo de Prada reconocía que se trataba de un «asunto fuertemente politizado».

Ahora, con la decisión de Gómez Bermúdez serán catorce magistrados los que decidan (todavía no hay fecha) si en el «chivatazo» hubo o no colaboración con ETA. El Pleno lo componen dieciocho magistrados, pero según ha podido saber ABC, los cuatro que componen la Sección Tercera (y que tendrán que juzgar el caso si finalmente se queda en la Audiencia Nacional) no participarán en él para evitar «contaminarse» con la decisión que se tome. Se trata de Alfonso Guevara (presidente), Clara Bayarri, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro. Todo apunta a que en este Pleno las fuerzas estarían «muy equilibradas».

intervencionpolicial.com

CASO FAISÁN | Chivatazo a ETA

La Audiencia consensúa un fallo tras tantear que la votación era muy ajustada

Efe | Madrid

Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han tratado de buscar un fallo de consenso sobre el chivatazo a ETA que contentara a todas las partes tras tantear que la votación sobre la posibilidad de enviar la causa a un juzgado de Irún (Guipúzcoa) iba a resultar muy ajustada, según informaron fuentes jurídicas.

Las citadas fuentes indicaron que el sector que abogaba por retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres procesados, encabezado por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, y el ponente José Ricardo de Prada, contaba con un máximo de ocho apoyos, por lo que una votación en este sentido habría provocado una imagen de máxima división en el tribunal.

En todo caso, el revocamiento del auto de procesamiento es interpretado como un varapalo al juez Pablo Ruz, que centró su instrucción en la labor que desarrolló el comisario Carlos Germán, jefe del equipo que investigó el aparato de extorsión de ETA y el posterior chivatazo.

En este sentido, durante el Pleno varios magistrados han criticado que el soplo, que se produjo el 4 de mayo de 2006, fuera investigado por el mismo equipo que dirigió la operación policial contra el aparato de extorsión, al considerar que podría haber actuado sin la suficiente objetividad.

Nueva investigación o archivo

La decisión del tribunal, que estima la existencia de "indicios suficientes que revisten los caracteres de delito", obliga al juez Ruz a realizar nuevas diligencias de investigación para mantener el caso o bien archivar la causa por falta de autor conocido, como pidió la Fiscalía en octubre de 2009.

Entre las posibilidades que tiene ahora Ruz se encuentran las de aceptar las diligencias de investigación solicitadas por las defensas de los tres procesados, el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros.

La defensa de Pamiés, por ejemplo, solicita que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, se analice una nueva franja de llamadas entre los subordinados de Germán, se investiguen los encuentros que el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, tuvo antes del soplo y se anule la conversación en la que aseguraba que su comunicante le dio el chivatazo para "no fastidiar el proceso".

A este respecto, la defensa de Ballesteros presentó al juez una teoría alternativa del chivatazo que apuntaba a que fue realizado por el equipo de investigación dirigido por Germán y que éste se llevó a cabo desde el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska.

AHORA LE TOCA DECIDIR AL JUEZ RUZ

El fiscal exime al exdirector de la Policía del chivatazo a ETA por falta de pruebas

No ve indicios para acusar a García Hidalgo pero sí a Ballesteros y Pamiés, aunque no precisa por qué delitos

10.10.12 - 02:19 -
MELCHOR SÁIZ-PARDO | | MADRID

La Fiscalía quiere dejar fuera del chivatazo a ETA al entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, porque cree que las últimas investigaciones no han aportado pruebas nuevas para sostener su imputación. El fiscal Carlos Bautista sí aprecia indicios suficientes para sentar en el banquillo a los otros dos imputados en el 'soplo' al aparato de extorsión de la banda, el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, exjefe de la Brigada de Información de Álava.

El informe previo al cierre de la instrucción, remitido ayer al juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, insiste en que «las diligencias practicadas» después de que la Sala de lo Penal revocara en septiembre de 2011 el procesamiento de los tres acusados porque los indicios contra ellos no eran suficientemente firmes, han «corroborado la verosimilitud de la imputación» de Pamiés y Ballesteros, «así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos».

Bautista considera que la reciente investigación de la Guardia Civil, que confirmó las conclusiones originarias de la Policía y descartó la tesis de la defensa de que la delación pudo ser obra del propio equipo investigador, afianza las acusaciones contra el ex jefe superior y su subordinado, pero no contra el exdirector. «En relación a Víctor García Hidalgo -señala el Ministerio Público- no puede llegarse a la misma conclusión, al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna concreta y específica que vaya más allá de aquellas cuya suficiencia fue rechazada por la Sala».

Sin órdenes de Interior

El fiscal, a la vista de su último escrito y de las nuevas pesquisas ordenadas por Ruz tras el varapalo que le dieron sus superiores, sí cree ahora la versión del equipo investigador; es decir, que el 4 de mayo de 2006 Ballesteros viajó a Irún por orden de Pamiés para pasar un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, supuesto recaudador del aparato de extorsión de ETA. Desde ese aparato, el jefe superior de Euskadi le avisó de la inminencia de la operación policial. Sin embargo, no considera probado que Pamiés diera el soplo por orden de García Hidalgo.

La Fiscalía se limita exclusivamente en este escrito a valorar la suficiencia de los indicios para procesar o no a los imputados, pero no entra en el otro asunto clave de este sumario, la calificación jurídica de los hechos. O lo que es lo mismo: si la delación fue un delito de colaboración con organización terrorista o una simple revelación de secretos, castigado con una pena mucho menor. De admitirse la segunda calificación, el sumario debería enviarse al juzgado de Irún.

Con el informe del Ministerio Público, Ruz deberá decidir ahora si procesa de nuevo a todos o algunos de los imputados. Si lo hace, las defensas recurrirán de nuevo y el asunto volverá a la Sala. La misma que en septiembre pasado le ordenó que siguiera investigando y le afeó que intentara procesar a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros sin tener indicios «suficientemente firmes» contra ellos y a pesar de las «inconsistencias relevantes» que presentaba su investigación.