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El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quiere policías especializados en todo tipo de delincuencia económica. Así se desprende del borrador de real decreto de procesos selectivos que la Dirección General de la Policía pretende aprobar, que por el momento se ha encontrado con la oposición frontal de todos los sindicatos del cuerpo por diversos motivos y al que ha tenido acceso Seguridad y Tribunales.
El texto, entre otros asuntos, pretende que desde la categoría de inspector hasta la de comisario principal todos los funcionarios tengan formación universitaria, estudios que englobarían también materias relativas a las ciencias económicas, que incluso se destacan de forma explícita en la declaración de intenciones. Los policías, subraya el borrador, deben aglutinar “conocimientos técnico operativos”, con los que se supone que ya cuentan, “con saberes de la más diversa índole”, entre los que resalta las ciencias “jurídicas e incluso económicas”, con el fin de estar mejor preparados para hacer frente a las nuevas amenazas.
La medida podría ir en la misma línea de la petición realizada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, el pasado mes de septiembre durante la presentación de la memoria de la institución que dirige. Según dijo el máximo representante del Ministerio Público, es necesario que el Gobierno refuerce con policías especializados y más inspectores de Hacienda las unidades dedicadas a la lucha contra la corrupción.
En esa misma presentación, Torres Dulce informó de que la Fiscalía había observado un incremento del 17% en el número de causas abiertas por delitos relativos a este fenómeno: prevaricación, blanqueo de capitales, malversación o tráfico de influencias, entre otros. “Es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía, de acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas; y esta percepción también es compartida por la Fiscalía”, argumentó entonces Torres Dulce.
Sin embargo, la iniciativa de la Dirección General no especifica nada concreto sobre la aplicación de esos nuevos saberes que deben adquirir los policías. Por otro lado, tampoco casa con algunos movimientos que se han ido produciendo en la corporación en los últimos meses y que guardan relación con departamentos que luchan contra la corrupción. En concreto, con los tres cambios de comisario general que ha habido en Policía Judicial, cabeza de investigaciones como el caso Bárcenas o la trama Gürtel, vinculados directamente con el partido que sostiene el Gobierno; o con la llamativa destitución de uno de los investigadores del proceso del ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mantiene en Málaga.
Por su parte, el Plan Estratégico 2013-2016 de la Dirección General de la Policía centra la lucha contra la delincuencia económica en asuntos como el fraude a la Seguridad Social o el robo de dinero a través de tarjetas de crédito, entre otros, delitos más propios de bandas organizadas que de autoridades públicas, más dadas estas últimas a ilícitos penales que, aunque también tienen que ver con el dinero, encajan en las tipologías apuntadas por Torres Dulce.
La delincuencia económica es una de las 12 amenazas destacadas por la Estrategia de Seguridad Nacional presentada el pasado año por el Gobierno y que se denomina “inestabilidad económica y financiera”. Asimismo, también es una de las líneas de acción planteadas por Moncloa para los próximos años en términos de seguridad.