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La delegada del Gobierno pide que se denuncien los símbolos etarras


Elma Saiz dice que la orden de la Fiscalía para retirar elementos terroristas refuerza el trabajo de las FCSE
"Se trata de no dejar atisbo alguno de impunidad a la banda terrorista", explicó Saiz



La delegada del Gobierno en Navarra, Elma Saiz, hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos navarros a denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la Policía Foral e incluso ante las distintas policías locales, la existencia de cualquier símbolo o elemento que pueda suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo y menoscabo hacia la dignidad y memoria de las víctimas.

Preguntada sobre la ejecución en Navarra de la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para la retirada de carteles, pancartas y pintadas con símbolos y lemas de apoyo a ETA, la delegada del Gobierno aseguró ayer que dicha orden de la Fiscalía "viene a intensificar un trabajo que ya se estaba realizando en Navarra". De hecho, explicó, la semana pasada se eliminó en Alsasua una pintada en la que aparecía el anagrama de ETA. "Se trata de no dejar atisbo alguno de impunidad a la banda terrorista", explicó Saiz antes de hacer un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren con este trabajo.

Para analizar la orden de la Fiscalía, hoy se celebrará en la Delegación del Gobierno una reunión de coordinación con representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral. Al encuentro asistirá, además de la delegada, el consejero de Interior, Javier Caballero, con el objetivo de consensuar un calendario conjunto de actuaciones entre los diferentes cuerpos policiales que operan en Navarra.

No es que con la orden de la Fiscalía "vaya a comenzar una nueva etapa de trabajo que no existía", aclaró la delegada, "sino que se va a intensificar un trabajo que ya se estaba llevando a cabo". Insistió en que a la delegación del Gobierno "llegan todos los días informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad elementos que pueden suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo".

Una grandísima noticia, sin duda alguna.

Cada día me gusta más la manera de hacer las cosas de la Sra. Saiz.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ha planteado por primera vez el cierre de dos bares y el encausamiento de sus respectivos encargados que se negaron a retirar las fotografías de etarras que se exhibían en los establecimientos pese al requerimiento que les hicieron agentes de la Guardia Civil.

En los últimos meses, la Fiscalía de la Audiencia ha incoado alrededor de 200 diligencias en el País Vasco y una veintena en Navarra sobre retirada de fotografías, pancartas y carteles alusivos al enaltecimiento de miembros de la banda terrorista, pero en la primera ocasión en que dos encargados se han negado, la fiscalía los ha denunciado reclamando que "se proceda con carácter inmediato, de manera cautelar".

Desde el pasado mes de marzo, Zaragoza, el fiscal jefe la Audiencia, dio órdenes para que se retirasen "directamente" las pancartas, lemas y fotos que apareciesen en calles, vallas o ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Dado que los fiscales pueden ordenar directamente la retirada de ese material, hasta ahora la Ertzaintza en el País Vasco y la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Foral habían venido cumpliendo las instrucciones sin encontrar resistencia.

La iniciativa de la retirada de cartelería de etarras se debe a la Fiscalía de la Audiencia. Las primeras intervenciones se remontan a tiempos del PNV, aunque según las fuentes consultadas, desde que se comenzó a gobernar el actual ejecutivo vasco presidido por Patxi López la Fiscalía ha apreciado "mayor sensibilidad" hacia las diligencias de investigación del fiscal.

Los días 3 y 4 de agosto, agentes de la Guardia Civil se personaron en los bares Zurgai y Ezpala, de Pamplona requiriendo a las que se identificaron como encargadas la retirada de las fotos de etarras. Pese a las advertencias de los agentes de que la exhibición podía constituir delito de enaltecimiento del terrorismo y la negativa a la retirada un delito de desobediencia grave, las encargadas del Zurgai, Izaskun Goñi Juárez, y del Ezpala, Ainhoa Oroz Torrea, se negaron a ello.

Según la Fiscalía, la exhibición de imágenes de terroristas comporta "justificar el crimen terrorista y enaltecer a los autores, sin que puedan parecer como acciones lícitas y legítimas aquéllas que solo constituyen la expresión de un comportamiento criminal" como es legitimar y justificar las conductas realizadas por terroristas.

Además, la negativa a acatar la orden de retirada de dichas fotografías constituye un delito de desobediencia grave y "supone la persistencia en la ofensa y humillación de las víctimas del terrorismo y el mantenimiento de un refuerzo a la actuación del terrorista como un mensaje de claro apoyo y justificación que no es aceptable consentir".

Por ello, el fiscal ha denunciado a los encargados de los bares por delitos de enaltecimiento del terrorismo, menosprecio a las víctimas y desobediencia grave, y solicita las medias necesarias para impedir que se continúen cometiendo dichos delitos, entre ellas, la inmediata clausura temporal, de manera cautelar, de ambos locales.

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha desestimado la petición del fiscal de cerrar temporalmente los dos bares de Pamplona en los que sus encargadas y dueños se negaron a retirar las fotos de miembros de ETA que se exhibían en los locales, porque fueron retiradas días después.


No obstante, el juez mantiene la imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo para la camarera y el propietario del bar Zurgai, Izaskun Goñi Juárez y Daniel Burgos Monreal, y para la encargada del bar Ezpala, Ainoa Oroz Torrea, y su dueño.

Velasco ha adoptado esta decisión después de que el fiscal, Miguel Ángel Carballo, retirara la petición del cierre temporal del bar Ezpala como medida cautelar, pero no la de cerrar el Zurgai.

El magistrado entiende que, aunque la exhibición de esa fotos constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el caso del bar Zurgai "se desprende que los implicados han retirado voluntaria y conscientemente la referidas fotografías" por lo que considera que ya no cabe adoptar la medida de clausura solicitada por el ministerio público.

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados para el próximo 16 a dos responsables del bar Marruma de San Sebastián, que se han negado a retirar las fotos de presos de ETA que exhiben en el local. El magistrado ha tomado la decisión de citar a Miren Idoia Ibero y a Aritz Hill Ubillos después de que la Fiscalía presentara una querella contra este establecimiento y dos denuncias contra otros dos bares situados en las localidades navarras de Tafalla y Etxarri-Aranatz.
Además de un delito de enaltecimiento del terrorismo, la Fiscalía imputa a los responsables de los tres bares otro de desobediencia grave, ya que se negaron a retirar los carteles pese a los requerimientos realizados por la Ertzaintza y de la Policía Foral.
Por ello, el Ministerio Público solicita tanto a Moreno, que investiga el caso de San Sebastián, como al juez Andreu, que instruye los otros dos casos, que tras tomar declaración a los imputados acuerden «con carácter inmediato» la clausura temporal de los locales.
En los establecimientos de Navarra, la Fiscalía pide que sean citados Miguel Aldasaro, trabajador de la Derry Taberna de Etxarri-Aranatz; y Uxue Roncal Oscoz, camarera del bar Azoka de Tafalla.
Persiste la calumnia
Los escritos, presentados por los fiscales Dolores Delgado y Vicente González Mota, advierten de que la negativa de los responsables de los tres establecimientos a retirar las fotografías supone «la persistencia en la calumnia y humillación de las víctimas del terrorismo y el mantenimiento de un refuerzo a la actuación del terrorista como un mensaje de claro apoyo y justificación que no es aceptable consentir, con independencia penales finales de tal conducta».
El pasado 18 de agosto comparecieron ante el juez Eloy Velasco cuatro trabajadores de dos locales de Pamplona, aunque éste desestimó el cierre porque el primero retiró las fotos y el segundo las sustituyó por siluetas.

La sociedad donostiarra Marruma, próxima a la izquierda abertzale, ha retirado las fotografías de reclusos de ETA que exhibía en su interior, como le había solicitado el departamento vasco de Interior, según han dado a conocer dos miembros de la asociación de familiares de presos, Etxerat.

Fuentes de Marruma han recordado que el pasado mes de julio una dotación de la Ertzaintza acudió al establecimiento, situado en el barrio de Gros, y solicitó al camarero del bar que retirara las fotografías, a lo que el empleado se negó.

Por este motivo, el trabajador de Marruma y la administradora de la sociedad han sido citados a declarar el miércoles ante la Audiencia Nacional, bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo.

Con motivo de esta comparecencia judicial, los portavoces de Exerat de Gros Periko Estonba y Maite Ormazabal han leído un comunicado ante el local de Marruma, acompañados por una veintena de personas que portaban ikurriñas y banderas en favor del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y Navarra.

En su comparecencia, ambos portavoces han explicado que las fotos de los presos "ya no se encuentran colgadas en la pared", aunque han advertido de que "aquellas personas que pretendan entender esto como una derrota están muy equivocadas".

Han afirmado que "la eliminación de unas fotos no hará cambiar la realidad", porque "el conflicto seguirá vigente" y los familiares y amigos de los reclusos continuarán "trabajando por los derechos" de los presos "sea como sea".

Han asegurado asimismo que las fotos de estos internos representan el "fracaso" que supone "afrontar el conflicto de una manera policial" y han convocado una encartelada para el próximo 7 de octubre a las 19:30 horas en la Plaza Pinares.

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Entre las decenas de fotografías de presos etarras, Daniel Portero reconoció las de los terroristas que asesinaron en octubre de 2000 a su padre, el entonces fiscal jefe de Andalucía Luis Portero. Eran las fiestas de Bilbao del pasado año y el presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), que había reclamado sin éxito a la Audiencia Nacional que impidiera un acto de homenaje a los miembros de la banda criminal en la «txozna» (caseta de fiestas) Kaskagorri, quiso comprobar in situ si los carteles proetarras seguían exhibiéndose. Allí seguían los rostros de Harriet Iragi e Igor Solana, condenados como autores materiales del asesinato, que también colgaban de la «txozna» de Txori Barrote Kultur Elkartea. Más de un año después, el responsable de esta última, Alex Zuluaga, imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, se negó a declarar ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la querella interpuesta en su día por estos hechos por Dignidad y Justicia. El magistrado, que no adoptó medida cautelar alguna contra él, mantiene la imputación por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Hoy le tocará el turno al propio Daniel Portero, que ratificará ante el juez que en la «txozna» Txori Barrote, durante las fiestas de 2008, colgaban «de forma ostensible fotos de presos terroristas». Tal y como aseguró en su denuncia, Portero está seguro de que se celebraron homenajes a terroristas de la banda, entre los que se encontraban Iragi y Solana, de los que «conocía perfectamente sus rostros al ser ambos los autores materiales del asesinato de su padre», a los que vio de cerca cuando fueron juzgados en la Audiencia Nacional en septiembre de 2002.

Informes policiales
Junto a su hermana Rosario y a un amigo (que también declararán ante el magistrado), Portero fotografió los polémicos carteles el día grande de las fiestas bilbaínas (Aste Nagusia). Sorprendido por varios radicales, tuvo que poner pies en polvorosa.
Dignidad y Justicia denuncia la celebración de «continuos homenajes a presos de ETA» organizados durante la Semana Grande de 2008 por la comparsa Txori Barrote, a quien relaciona con la ilegalizada Askatasuna. Grande-Marlaska pidió la semana pasada a las Fuerzas de Seguridad del Estado informes sobre los homenajes que se hayan realizado en Bilbao a los asesinos de Luis Portero y los símbolos que figuraban en la cartelería.

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bilbao ha anulado la comisión de ayudas a presos de ETA que en su día creó el Ayuntamiento de Elorrio, gobernado por la ilegal ANV, al estimar el recurso interpuestos por la Abogacía del Estado en representación de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
El recurso fue interpuesto contra un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la localidad vizcaína el 27 de junio de 2007, 22 días después de que ETA anunciara la ruptura de la tregua, por el que se creaba una comisión de ayuda a familiares de presos de la banda terrorista. La sentencia, que declara la nulidad de pleno derecho de la citada resolución, subraya que el Presupuesto para 2007 de ese Consistorio «carece de previsión presupuestaria alguna» que ampare la puesta en marcha y el funcionamiento de esa comisión. Asimismo, indica que su denominación, «Comisión Informativa de Represaliados», apunta a que su finalidad, lejos de incluir al colectivo de personas presas que existen en el municipio, «no es otra que la de subvertir a las necesidades de los presos de la organización terrorista en todos sus aspectos».
La resolución asegura que lo que persigue el Ayuntamiento con el acuerdo recurrido es «única y exclusivamente la retribución intuitu personae (en la persona de los familiares de presos) de unas prácticas delictivas contrarias a la esencia misma del Estado de Derecho y que repulsan a la colectividad».
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, afirmó que ninguna administración, en este caso un ayuntamiento, puede «actuar al margen de sus competencias. Y, mucho menos, cuando, con sus decisiones, puede en última instancia llegar a servir de altavoz y apoyo nada más y nada menos que a terroristas detenidos, condenados y encarcelados por sus execrables actos».