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La Ertzaintza ha retirado carteles por su presunto contenido injurioso de las calles de la localidad guipuzcoana de Getaria y del interior de una sede social de la izquierda abertzale de esta localidad guipuzcoana, ha informado hoy el departamento vasco de Interior.

Agentes de la Policía vasca quitaron, a primera hora de la tarde de ayer, carteles con "contenido injurioso" que aludían al lehendakari, Patxi López, al PSOE y a la Guardia Civil y que estaban pegados en las fachadas de varias calles de Getaria.

Asímismo, los ertzainas acudieron al bar Harralde, la 'herriko taberna' de Getaria, de donde también retiraron carteles por los mismos motivos, según ha precisado Interior y el Movimiento Pro Amnistía.

Los agentes identificaron a las personas que regentan el local y abrieron un atestado por los presuntos delitos de injurias y de enaltecimiento del terrorismo.

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El juez alega que el mantenimiento del nombre de esa calle vulnera la “dignidad y el honor” de las víctimas del terrorismo, dando así la razón a la Abogacía del Estado que había presentado recurso contra la citada denominación. En la sentencia, el magistrado explica que es “público y notorio” que Juan Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegi eran miembros de ETA como se puede constatar en internet en páginas como Wikipedia, Auñamendi Eusko Entziklopedia o Indymedia Euskal Herria.

La Delegación del Gobierno del País Vasco requirió el 17 de julio de 2008 al ayuntamiento de Amorebieta, gobernado por el PNV, para que anulase el acuerdo del Consistorio adoptado en septiembre de 1979 por el que se dedicó una calle con el nombre Txiki-Otaegi y que se retiraran las placas o símbolos complementarios de la misma. Sin embargo y ante la negativa del consistorio, la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso administrativo el 9 de octubre de 2008.

En el citado escrito el Abogado del Estado afirmaba que Txiki y Otaegi eran dos personas “cuya pertenencia a ETA es de público reconocimiento” por lo que dar el nombre de ambos a una calle suponía una vulneración de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo ya que “supone un menoscabo al honor y a la dignidad de las víctimas” conforme reitera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El ayuntamiento demandado se opuso a la pretensión de quitar el nombre a la calle y alegó que las personas a las que estaba dedicada “fueron condenados a muerte y ejecutados el 27 de septiembre de 1975 por el régimen franquista”, habiendo fallecido “sin haber sido declarada judicialmente su pertenencia a organización terrorista alguna”. Además, el consistorio apelaba a la Ley de Amnistía de 1977 para argumentar que las acciones que hubieran cometido habían quedado “amnistiadas” y argumentaba que Txiki y Otaegi se habían convertido en “símbolos de la libertad y de la justicia” por el modo en que fueron juzgados y ajusticiados.

Sin embargo, la magistrada que ha resuelto el recurso da la razón a lo alegado por la Abogacía del Estado y estima que Txiki y Otaegi sí eran miembros de ETA. Así, afirma que “es un hecho público y notorio que Juan Paredes Manot (Txiki) y Angel Otaegi pertenecían y eran miembros de ETA”. “A estos efectos -añade- es suficiente efectuar una consulta en Internet para constatar que todas las diferentes publicaciones y páginas (Wikipedia, Auñamendi Eusko Entziklopeida, Indymedia Euskal Herria,…) comienzan su referencia a Juan Paredes Manto y a Angel Otaegi reseñando su pertencian y militancia en ETA”.

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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao obliga al Ayuntamiento de Durango, gobernado ahora por la alcaldesa del PNV, Aitziber Irigoras, a que proceda a la «inmediata retirada» de la placa en homenaje a los etarras «Txiki y Otaegi», que da nombre a la plaza principal del municipio, y de otra, ubicada en la plaza Santa Ana, que recuerda a los pistoleros de la banda.
El tribunal reprocha la «inactividad» que el ayuntamiento ha mantenido en los últimos años ante «las reiteradas solicitudes» de la Asociación Dignidad y Justicia para que pusiera fin a semejante ofensa. La resolución constituye un paso importante hacia la erradicación del callejero de ETA, denunciado por ABC en 2007. Aunque aún quedan municipios vascos y navarros, demasiados, que enaltecen a algunos de los más claros exponentes del genocidio etarra.
La sentencia estima el recurso presentado por la asociación de Daniel Portero, que consideraba un «menoscabo al honor y a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares» que, por ejemplo, la plaza en la que se ubica el consistorio llevara el nombre de Juan Paredes Manot, «Txiki», y Ángel Otaegi —condenados a muerte y ejecutados en septiembre de 1975—. En su opinión, este homenaje diario a los pistoleros es «contrario» a la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.
El Ayuntamiento de Durango se ha escudado en que nunca hubo un acuerdo municipal y, por tanto, «tampoco existe placa, monolito o recordatorio institucional a la memoria de miembros de organizaciones terroristas». Y, tras aportarse las correspondientes pruebas fotográficas, contestó que «habían sido colocados por personas físicas o jurídicas desconocidas por la Administración». Los jueces recuerdan al consistorio que aun así es competente para retirar cualquier simbología del terror.