FORO POLICIA

NI soy colaborador, ni soy necesario ni he montado ninguna empresa de ITV". De este modo ha rechazado Oriol Pujol, hijo de Jordi, el informe que le atribuye precisamente eso: haber sido colaborador necesario en una trama corrupta organizada por empresarios catalanes en connivencia con el poder político.

Pujol hijo es secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -el número dos de Artur Mas- y portavoz del nacionalismo gobernante en el Parlamento catalán. Naturalmente, se ha envuelto en la bandera patria y ha visto en las acusaciones que se le formulan una venganza del Gobierno ante el acuerdo sobre el pacto fiscal que busca una Hacienda propia y un sistema de financiación distinto al del resto de las comunidades.

No cuela. No digo que sea culpable, que eso ya se verá, pero hay un juzgado que investiga una red de corrupción organizada al amparo de la Generalitat y los indicios delictivos son bastante consistentes. Se basan en un informe minucioso de la Agencia Tributaria que maneja abundantes datos, correos, testimonios y conversaciones telefónicas. Los empresarios que están ya imputados, uno de los cuales es íntimo amigo de Oriol Pujol, se refieren a éste con el apelativo de Zumosol (el famoso primo cuyo poderío zanja el conflicto). Lo que tramaban era cambiar un concurso público sobre Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) para aprobar otro hecho a la medida de sus empresas y modificar la legislación autonómica para hacer obligatorias las inspecciones sobre ahorro energético en los hogares (uno de los implicados propone que el consumidor pague cincuenta horas por inspección).

Como se deduce, nada de esto es posible sin una decidida colaboración de la Generalitat. Ahí es donde entraría la actuación de Pujol. Ciertamente, el portavoz convergente no figura en la empresa que pretendía el fraude ni en las interpuestas, aunque sí su esposa, que emitió facturas sospechosas a la compañía, una de ellas por importe de 200.000 euros. Lo que sí le consta a la Agencia Tributaria es que hace un año su empresario amigo le remitió un correo ("Oriol, ya hemos firmado. Esto empieza. Será un buen proyecto") y que todos los implicados cenaron la misma noche del sms en la casa del remitente, que al día siguiente volvió a expresar su alegría a un responsable de la compañía de las ITV ("Oriol y yo muy ilusionados con el proyecto juntos"). El lenguaraz amigo resalta en las conversaciones que las empresas beneficiarias deben crearse "con la máxima opacidad".

Quedamos a la espera de las diligencias judiciales abiertas. Mientras tanto, recordemos que si algo anda como un pato, nada como pato y hace cuá, lo más probable es que sea un pato.

Guantes Anticorte Policiales

Nivel 5 - modelos desde 38?!

desenfunda.com

Un informe de la Agencia Tributaria sostiene que CDC habría utilizado "dinero negro" para financiar su campaña electoral. Así lo afirma la Agencia Tributaria en sus conclusiones de un informe sobre la investigación de la presunta trama que intentó obtener concesiones ilegales de ITV, la rama catalana del ‘caso Campeón’. Este caso ha salpicado durante los últimos días al secretario general de CDC, Oriol Pujol, que por su parte ha negado tener cualquier tipo de vinculación con el tráfico de influencias.

La investigación, llevada a cabo por Vigilancia Aduanera de la Brigada Móvil Terrestre de Galicia –donde comenzó a investigarse el 'caso Campeón'-, incluye varios informes de la Agencia Tributaria. En uno de ellos, en su apartado de conclusiones, sostiene que “se ha descubierto la presuntamente financiación ilegal del partido político Convergència, quien estaría utilizando dinero negro para abonar parte de su campaña electoral”.

La conclusión llega después de las escuchas telefónicas practicadas en junio de 2011 a Sergio Pastor, ex consejero delegado de Applus, presunto 'cerebro' e imputado en este caso. En ellas, la Agencia Tributaria resume que Pastor recibe la llamada de otra persona –no imputada ni relacionada con la investigación- quien le dice que “el que hace las impresiones para Convergència está diciendo por ahí que le piden la mitad de la factura en negro, indicándole que esto no sólo significa que Convergència hace factura en negro sino que también genera dinero en negro”, recoge la Agencia Tributaria.

Posteriormente, Pastor le cuenta por teléfono a otro de los imputados, Sergi Alsina, alto cargo de Alta Partners, que “le va a explicar un tema un poco delicado" y "le comenta que su hermano le ha dicho que hay un impresor que hace la propaganda electoral de Convergència que va explicando que Convergència le ha propuesto pagar el 50% en negro”.

Esta es la mención que se realiza sobre presunta financiación irregular de CDC en el caso de las ITV, que se suma a la ya conocida, por los mismos motivos –y negada reiteradamente por CDC- en el ‘caso Palau’.

El caso de las ITV saltó a la luz en marzo, cuando fueron detenidos el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, e Isidre Masalles, subdirector de Seguretat Industrial, junto a los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor y Ricard Puignou.

HECKLER & KOCH SFP9 - SK

Subcompact 9mm x 19

uspsuministros.com

Maite Molina.- Cada vez que se conocen nuevos datos sobre el caso de las ITV -la presunta trama de corrupción para anular los últimos concursos de las inspecciones técnicas de vehículos otorgados por el tripartito con el objetivo de reasignarlos a empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)-, hay menos dudas de la implicación del núcleo duro de la formación nacionalista y del Gobierno autonómico de Artur Mas en el proceso.
El escándalo saltó a los medios en marzo pasado, como una derivación del caso Campeón, y supuso la detención del ex director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad y responsable de la sectorial de Empresa, Industria e Innovación de CDC, Josep Tous. Junto a él también fueron detenidos Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalidad, y tres empresarios del sector, Sergi Alsina, Sergi Pastor y Ricard Puignou.
Oriol Pujol, “colaborador necesario” de la trama corrupta
A finales de julio pasado, se filtró un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, en el que se considera al secretario general de CDC, Oriol Pujol, “colaborador necesario” en el entramado de las adjudicaciones irregulares. Según la jueza, Pujol era ‘el hombre encargado de aportar la influencia política’ y de realizar “los movimientos oportunos” para “beneficiar” el proyecto de los empresarios involucrados. La trama también habría intentando conseguir cambios legislativos en el sector de la energía para beneficiarse económicamente.
En esas fechas se conoció que, según las conversaciones telefónicas intervenidas que están recogidas en los cientos de páginas del sumario judicial, Tous, considerado el cerebro de la trama, aseguraba tener “alineados” al presidente de la Generalidad, a la Consejería de Empresa y Empleo, y a la dirección de CDC para seguir adelante con el presunto fraude; y que el secretario del Gobierno autonómico, ex gerente de CDC y hombre de la máxima confianza de Artur Mas, Germà Gordó, estaba en contacto con Tous.
Gordó recibía informes por escrito de la trama
Este martes, El Confidencial ha revelado nuevos datos de la investigación judicial en los que se pone de manifiesto que Gordó recibía informes por escrito sobre la “hoja de ruta” que estaba diseñando Tous y daba su visto bueno a las operaciones.
Algunas de las llamadas intervenidas también confirman esas informaciones. El 26 de octubre de 2011, Tous señaló a Gordó: “[Josep] Canós [director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalidad] ya está convencido de que la mejor hoja de ruta es revisión de oficio del concurso que se hizo, hacer borrón y cuenta nueva y sacar el nuevo plan territorial, ¿vale?”. Y Gordó respondió: “Vale, perfecto”.
Masalles, el “obediente”
Anteriormente, en una de las conversaciones con el empresario Alsina, que había sido compañero de clase de Oriol Pujol, Tous le comenta que el elegido por el partido para ser nombrado nuevo subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalidad es Isidre Masalles, un puesto fundamental para ejecutar el plan previsto:
Alsina: ¿Y este Isidre Masalles, tú crees que es… cómo lo dices…?
Tous: Obediente.
Alsina: ¿Creerá, creerá?
Tous: Creerá. Creerá por una cosa: este chico había sido jefe de un gabinete. Este era de Convergència nuestra. Se cambió el Gobierno [autonómico] y se cambió de camiseta…
Alsina: Se fue a Esquerra, ¿no? ¿Dónde se fue éste?
Tous: Sí, se fue a Esquerra. Y ha sido director de servicios durante ocho años… durante estos siete años. Claro, ahora mandamos nosotros y ahora Oriol [Pujol] lo llamará y dirá, ‘hostia, Isidre, te damos una nueva oportunidad’, ¿me entiendes?
Alsina: Bien.
Tous: Y entonces, él creerá, él creerá. Isidre creerá. Además, yo estaba en el mismo departamento…
Alsina: ¿Tú lo conocías bien a éste?
Tous: Sí, nos conocemos bien, no un poco bien. Durante cuatro años, estuvimos en el mismo departamento. [...] Que él se haya cambiado la camiseta… esto es una debilidad humana, porque este hombre tiene que llevar la comida a casa, ¿no?. Es un tío… pero ahora que será el subdirector, como es virgen, como es totalmente nuevo, yo lo cogeré y… escucha… le explicaré bien, bien… y entonces, esto irá por este camino. Yo no quiero cambiar el plan estratégico, el plan territorial. No lo quiero porque ya lo tiene Germà Gordó y ya lo tiene [Enric] Colet [secretario general de Empresa y Empleo].
“Yo estoy tranquilo porque hablo con Germà [Gordó], hablo con Oriol [Pujol]“
En una llamada grabada el 27 de octubre de 2011, Tous reconoce a Masalles -que entonces ya era subdirector general de Seguridad Industrial- que enviaba informes por escrito a Gordó. Y al día siguiente insiste en que el secretario del Gobierno autonómico está al tanto de todo:
Masalles: Claro,claro. Ya se lo he ido diciendo eso, que la parte política no dependía de mí, que yo sólo haría la ejecución técnica, que la parte jerárquica será la que se diga y saben perfectamente que tú estás trabajando en el tema.
Tous: Cuando te empiecen a decir algo sobre el Plan Territorial, ¿eh?, tú dices… ‘De eso, el Josep Tous’…
Masalles: Sí, sí.
Tous: De eso, el Josep Tous. Y te quedas tan ancho, ya está, se acabó… todas las presiones que notes, me las pasas. A ver, yo estoy tranquilo porque hablo con Germà [Gordó], hablo con Oriol [Pujol], con [Enric] Colet… queremos ir por aquí…
Masalles: Ya… no… si todos están alineados, escucha…
Tous: En principio, todo el mundo va alineado y los lotes, de hecho, más o menos… Yo me tengo que cuidar de que todos estén alineados y ya está. No tiene… no tiene más secretos… Escucha, bien, entonces… continuamos y vemos cómo va evolucionando, ¿vale?
A pesar de los datos recogidos en el sumario, Gordó ha asegurado que su relación con Tous fue circunstancial y ha negado haber recibido informes de este sobre cómo se pretendía realizar la anulación del último concurso de ITV y la nueva convocatoria. El secretario del Gobierno autonómico ha señalado que la adjudicación anterior realizada por el tripartito causó “un inmenso lío” y hubo denuncias por un presunto trato de favor hacia alguna de las adjudicatarias.
El informe judicial concluye que tanto Tous como Masalles “estarían presuntamente realizando la manipulación de un futuro concurso público de autorizaciones de estaciones de ITV, evitando de esta manera un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad”.
Fuente: La Voz de Barcelona

Camiseta Geo

mas de 100 modelos

militariapiel.es

Las investigaciones del fraude de las ITV son mucho más amplias de lo que en un principio se había dejado entrever. En un informe de la Agencia Tributaria se apunta al matrimonio formado por María Jesús Muro y Pedro Navarrete (expresidente de Sony en España), que iban a ser socios en el negocio de dos de los empresarios detenidos; el propietario de Ficosa, Xavier Pujol (Ficosa fue la compañía que se quedó la factoría de Sony cuando esta multinacional decidió deslocalizar su producción); Josep Maria Canós, director general de Energía, y el secretario general de Convergència, Oriol Pujol, así como Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental y esposa del diputado de CiU Pere Macias.

En marzo pasado fueron detenidos los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou, así como el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles y Josep Tous, presidente de la sectorial de Industria de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el hombre destinado por el partido para anular el último concurso de adjudicación de estaciones de ITV y elaborar un nuevo mapa que beneficiase a sus amigos.

Pero el informe de la Agencia Tributaria señala a todos los nuevos nombres por estar “presuntamente intentando crear la estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de Escos (Energy Service Companys), inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito residencial (particular), aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos, en concreto Ficosa, y mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, con las que participar en el concurso que el nuevo Gobierno catalán sacará en los próximos meses de nuevas licencias para operar en el mercado del servicio de inspección técnica de vehículos, con la intención de romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV, en concreto dos lotes de tres ITVs cada uno”.

El informe de la Agencia detalla que Josep Tous, a quien define como el hombre de confianza de Oriol Pujol para elaborar el plan, “se confirma como el ’jefe’ de todo el proyecto, cuya función sería, de manera ‘no oficial’, intentar dar salida a la situación actual de las autorizaciones administrativas de estaciones de ITV adjudicadas en el anterior concurso, dialogando con el resto de operadores de ITV para conseguir la realización de un nuevo plan territorial y lograr la convocatoria de un nuevo concurso de autorizaciones administrativas de ITVs. Es decir, los investigados estarían llevando a cabo una serie de actuaciones tendentes a la manipulación del futuro concurso público, evitando un procedimiento de concurrencia pública al que pudieran acceder diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad, al estar pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones que salieran a concurso y obviando las necesidades del mercado”.

Legislar a medida

A lo largo del sumario hay continuas referencias al papel de Oriol Pujol en todo el proceso. El propio Tous le consultó la posibilidad de cambiar la Ley Ómnibus. “Oriol, ¿cómo te ves de fuerzas para poner en la ley ómnibus un límite de 40% de dominio en el mercado de las ITV?”, escribía en un SMS al dirigente de Convergència el 26 de octubre del 2011. Horas después, Oriol Pujol le contestaba: “Hombre... complicadillo. Recuerda que no hace falta una ley. Con el actual el límite del 50% es un máximo. Se puede hacer menos vía decreto. Oriol”.

Con este respaldo, el 28 de octubre, Tous daba instrucciones al subdirector de Seguridad Industrial. Le telefonea y le comenta que ya tiene casi hechos los lotes de estaciones y que le falta revisar el decreto. “He hablado con el Oriol y el Oriol me dijo... hombre, yo le he dicho que lo ponga en la Ley Ómnibus, pero me dice que es más propio del decreto, que no en la ley, una enmienda a la ley (...) entonces, el decreto creo que sigue poniendo hasta el 50% y nosotros hemos de poner hasta el 40%”.

¿Qué pretendían? Sacar a concurso más estaciones de ITV y variar el mapa de las mismas para favorecer a algunos intereses. La operadora mayoritaria en el sector, Applus, estaba destinada a ser la gran perjudicada. “Applus pagará porque si no paga nos quedaremos sus ITVs y las subastamos, ¿entiendes?”, explicaba Tous a Masalles.

La estrategia que se habían marcado era muy clara: para conseguir adjudicaciones de ITV, Sergi Pastor y Sergi Alsina tenían que crear una empresa solvente. En ella, querían introducir a Chus Muro y Pedro Navarrete. Así, nació Coriander Portfolio, inscrita personalmente por Pastor y a la que luego se tendrían que añadir los demás socios, aunque dudaban en si elevar sus participaciones a escritura pública o mantenerlo en secreto. Esta empresa, sería una de las fundadoras de Upprime Energy Services (UES), de la que tendría el 30% del negocio total, ya que el 70% restante estaría en manos de Ficosa y Xavier Pujol.

Las acciones fantasma de Oriol Pujol

Los investigadores sospechan que Oriol Pujol tenía intereses en todo el conglomerado, ya que interceptaron una conversación del empresario Sergi Pastor con Chus Muro en la que el primero le comunicó a su interlocutora que “Sergi [se refiere a Sergi Alsina] me transmite el apoyo total de Zumosol [apodo que daban a Oriol Pujol] en este sentido para hablar del decano para todo. Vale, perfecto... una cosa... segundo... pues ayer ya me pidió mi NIF, el NIF de Molkolan [empresa propiedad de Pastor, que es una de las accionistas de Coriander Portfolio], para solicitar el nombre para la empresa que tendremos conjuntamente con Zumosol (...) después me dijo que había enviado ya un mensaje recordándoles a Sureda [Josep Maria Sureda, director general de Industria] que le nombren consejero de Idiada [empresa pública de la que fue nombrado consejero el propio Pastor]”. Otro informe del fisco subraya que “destaca el interés de Pedro Navarrete en saber si ya se ha constituido la sociedad con el accionariado acordado y cómo en ese accionariado nombra a Zumosol”.

Unos días antes, el propio Pastor dice a la misma empresaria que Tous “está cobrando de Sergi [Alsina* (...) Sergi está tratando el tema del mapa y todo con Tous”. Y asegura que el negocio de las ITV “se tiene que repartir y tendrá otros compromisos y lo está haciendo él... tendrá otras cosas que pagar... otros favores que pagar (...) acabará controlándolo todo y acabará cobrando de todos (...) Applus... porque, te explica, el mapa, de hecho, lo hizo Applus, con lo cual las zonas fueron peores que si hubiera sido un reparto más lógico. ¿Qué harán ahora con el reparto de zonas? Pues el reparto va a hacer zonas más atractivas. Si son más atractivas para alguien, son menos atractivas para Applus. (...) Es que no hay más vuelta de hoja. Más atractivas para todos es imposible. Hay alguien que pringa... pringa Applus”.

La trama también crea una asociación de empresas de certificación energética, entidad que parece ser una cortina de humo para llenarse los bolsillos. Y tanto en el tema de la empresa de ITVs, como en el de la empresa que se encargará de hacer certificaciones industriales (y, con el tiempo, la revisión obligatoria en todas las casas catalanas para cobrar a 50 euros cada una), quien prepara toda la operativa es el abogado Modest Llopis, que según comentan en las conversaciones intervenidas, “es de la confianza de Oriol Pujol”. Un informe de Hacienda subraya que “con tal de que las OCS [empresas de certificación energética] no desaparezcan en la Ley Ómnibus, JosepTous propondría como abogado a Modest Llopis (abogado de la confianza de Oriol Pujol, como se ha podido constatar a lo largo de estos meses). Para ello, necesitarían, por tratarse de una cuestión política, tener el apoyo y la fuerza de Oriol Pujol”. Además, se conjuran para que no se sepa que Tous está detrás de toda esta maniobra política porque les restaría fuerza.

El negocio era redondo: los integrantes cobraban de todo, porque además de querer ingresar dinero por las certificaciones, pretendían cobrar de la asociación empresarial. En este sentido, Josep Tous envía un significativo mensaje a Oriol Pujol en octubre del año pasado: “Me he olvidado de decirte que hemos quedado con Modest que los tratos son un tercio para cada uno”. Y el político le responde poco después rechazando la mordida: ”Yo no tengo que hacer nada, de verdad. Vosotros dos. Gracias”. Y es que, como habían quedado, si la cosa salía bien, “nos lo vamos a cobrar todo”. Y, en última instancia, según las conversaciones grabadas, al menos el abogado podía cobrar sus honorarios. ¿Cuánto? Habían barajado diferentes porcentajes sobre el negocio de las operadoras, pero al final también pusieron sobre la mesa una cifra provisional: 2.500 euros cada mes. Una bagatela.