FORO POLICIA

on sus protectores, sus defensores, su última opción antes de pasarse décadas en la sombra. El equipo jurídico que defiende a la banda terrorista ETA hace una labor esencial en todo el entramado etarra. Parte de esta treintena de letrados son conocidos por su gran formación jurídica, principalmente en el área penal; defienden lo indefendible y, en ocasiones, utilizando los escollos que deja la ley, consiguen que sus clientes salgan airosos.
Se trata de un núcleo duro, compacto y organizado. Fuentes jurídicas explican que los letrados van en bloque, siempre son los mismos. Vienen de diferentes despachos repartidos por el País Vasco pero con un enlace común: todos y cada uno de ellos utilizan en sus causas al mismo procurador, Javier Cuevas Rivas, con despacho en Madrid. Es su punto de unión y todos los papeles de las causas etarras pasan por sus manos.
El pasado mes de abril este grupo quedó gravemente dañado tras una operación policial dirigida por Fernando Grande-Marlaska que se llevó por delante a cuatro de sus referentes, entre ellos Arantxa Zulueta. Siete meses después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de dejar en libertad bajo fianza de 60.000 a Zulueta y otros dos colegas al entender que se ha disminuido el riego de fuga.
El cerebro del frente jurídico
Este golpe no ha sido definitivo ya que el frente jurídico sigue manteniendo a su cerebro, Íñigo Iruin. Un hombre que sabe escurrirse como una lagartija de todos los problemas; se antepone a ellos y ha sabido desmarcarse de la línea dura de la banda cuando el peligro acechaba. Este abogado no ha manchado su expediente defendiendo a los pistoleros. Sólo actúa cuando hay alguna posibilidad de solución. Principalmente, se ha encargado de la defensa del aparato político.
Iruin, con casi 30 años de ejercicio, consiguió el amparo del Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que condenó a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997, logró que el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo ingresara en prisión por el caso Lasa y Zabala y consiguió la desclasificación de los papeles del Cesid sobre los GAL. También ha estado presente en los últimos grandes macroprocesos, como el 18/98 o el del Gestoras Pro Amnistía.
Este letrado, natural de San Sebastián, siempre ha estado en una línea peligrosa. Fue senador de HB por Guipúzcoa y ejerció de parlamentario vasco entre 1984 y 2001. Asimismo, ha sido asesor de la dirección etarra y ha participado en varias conversaciones con el Gobierno de turno. Es cierto que se le conoce por defender el fin de la violencia, aunque él mismo estuvo acusado de actuar como mediador de ETA en el cobro del impuesto revolucionario en 1992, quedando finalmente absuelto.
La defensa de ETA en la Audiencia
Su compañera de batallas, Jone Goirizelaia, también ha sabido ver el peligro. En octubre del pasado año, la ex dirigente de la Mesa Nacional de Batasuna decidió salirse del proyecto político de la izquierda abertzale. Justo a tiempo. A las pocas semanas de conocer su renuncia, el juez Baltasar Garzón ordenó una operación para detener a la cúpula del nuevo proyecto, Bateragune, que iba a sustituir a Batasuna. La policía detuvo, entre otros, al ex portavoz de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, al ex secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, o al batasuno Rufino Etxeberría.
Goirizelaia es, junto a Iruin, una de las caras más conocidas en la defensa de ETA en la Audiencia Nacional. Ha acompañado a Otegi en todas sus apariciones en el órgano judicial y se ha significado más que su compañero defendiendo al sanguinario José Ignacio de Juana Chaos en su último juicio, tras su puesta en libertad definitiva. Otro de sus colegas, Kepa Landa, ha sabido actuar con más inteligencia desvinculándose siempre de la rama militar de ETA.
Iruin, Goirizelaia, Landa o incluso la ahora imputada por pertenencia en organización terrorista Arantza Zulueta, son la parte más intelectual y preparada del frente jurídico. Ellos defienden los casos en los que no está todo perdido. Y para las causas en las que la condena es segura, como en la mayoría de los asuntos de sangre -es decir, para defender a Javier García Gaztelu, 'Txapote', Iñaki Bilbao o Juan Antonio Olarra Guridi-, se reservan los letrados menos preparados como Iker Sarriegi -detenido en la última operación y ahora puesto en libertad- o Ainhoa Baglieto. Únicamente hacen acto presencial en los juicios; no interrogan ni a su cliente, ni a testigos o peritos y ni siquiera hacen el informe definitivo. La explicación que ofrecen al tribunal siempre es la misma: su cliente no quiere participar en este circo porque la Audiencia Nacional no es competente ni está legitimada para enjuiciarles.