FORO POLICIA

La Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves al etarra Ismael Berasategui Escudero por preparar y colocar un coche-bomba en el aeropuerto de Málaga el 26 de julio de 2001, que finalmente no explotó al ser desactivado. El fiscal pedirá para él 14 años de cárcel.

Según el escrito de conclusiones del fiscal, el acusado y los etarras Javier Zabalo Beitia y Ainhoa Barbarín Yurrebaso -condenados por estos hechos- integraban el comando legal itinerante 'Behorburu' de ETA dedicado a la preparación de vehículos que habían sido previamente robados (por ellos mismos u otros etarras) para su preparación y posterior utilización como coches bomba.

Para ello, Berasategui y Zabalo constituyeron una empresa denominada 'Zipistrin' en la localidad de Villarreal de Urrechúa, en Guipúzcoa, donde bajo apariencia de normalidad se dedicaban al lavado y limpieza de vehículos facilitando la cobertura necesaria para ocultar los coches robados y proceder a su preparación.

Así, sustituían las placas de matrícula de los coches y los cargaban con explosivos. Barabarín y Berasategui se dedicaban a realizar el traslado de los vehículos ya preparados con su mortal carga a la localidad previamente indicada por ETA para cometer el atentado, señala el fiscal.

De esta forma, y tras sustraer un turismo, sustituyeron su matrícula por una falsa y colocaron en su interior un artefacto explosivo consistente en un contenedor de plástico, dos detonadores, dos temporizadores y 53 kilos de tytadine.

Con la carga colocada, situaron el coche en el aeropuerto de Málaga dispuesto para su explosión a las 08.00 horas del 26 de julio de 2001, y a las 07.17 horas de ese día, un comunicante anónimo advirtió de la colocación del vehículo, cuya carga explosiva que pudo ser desactivada por los Tedax.

En el domicilio de Berasategui fueron intervenidas las placas de matrícula originales correspondientes al coche bomba utilizado y en el registro realizado en la empresa se encontró la documentación del coche.

Para el fiscal Jesús Alonso, los hechos son constitutivos de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa, otro de sustracción de vehículos a motor y otro de falsedad documental con finalidad terrorista.

Por otra parte, la Audiencia Nacional también juzgará el próximo jueves a Sabin Mendizábal, acusado de colocar un artefacto explosivo casero, que no causó víctimas, en la sede del Partido Popular de la localidad vizcaína de Ermua el 21 de mayo de 2003, hechos por los que el fiscal pedirá para él ocho años de cárcel.

Conviértete En Ertzaina

Todo online

nola2hurtu.eus

La Audiencia Nacional juzga el martes a ocho jóvenes acusados de pertenecer a la organización ilegal SEGI y de integrar un grupo de terrorismo callejero que ejecutaba en la comarca de Lea-Artibai (Vizcaya), hechos por los que el fiscal pedirá para ellos 8 años de cárcel.

Carteras Portaplaca Desde 9?

Alta calidad, fabricada en piel

desenfunda.com

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial Internacional, han trasladado desde Francia al miembro de ETA Manex Zubiaga Bravo, integrante de los comandos 'Buruhauste' y 'Madrid' para cumplir en España la condena de diez años de prisión impuesta por las autoridades francesas.

Zubiaga fue detenido el 2 de mayo de 2002 en la localidad francesa de Niort, junto a los también miembros de ETA, Javier Abaunza Martínez, Lexuri Gallastegui Martínez, Anartz Oyarzabal Ubierna y Ángel María López Anta.

Nacido en Getxo (Vizcaya) el 14 de agosto de 1979, Zubiaga se desplazó a Madrid en septiembre de 2001 para integrarse en el 'comando Buruhauste' de ETA. En el seno de ese grupo realizó diversos controles y vigilancias a diferentes personalidades y mantuvo la infraestructura del comando en la ciudad de Salamanca.

Además, participó, junto a Ana Belén Egues Gurruchaga, en la colocación de un coche bomba frente a un edificio de Telefónica situado en la calle Alcántara de Madrid. En noviembre de ese mismo año el comando colocó un coche bomba en la calle Silicio de la capital que explosionó al paso del vehículo oficial del director general de Política Científica, Juan Junquera González, causando heridas al comisario y a otro centenar de personas.

Momento después del atentado, agentes de la Policía Nacional consiguieron detener a Ana Belén Egues y Aitor García, autores materiales del hecho, aunque el resto del comando, entre los que se encontraba Zubiaga, logró huir, aunque fue detenido al año siguiente en Francia.

El 12 de septiembre de 2007, fue entregado temporalmente por las autoridades francesas junto a Javier Abaunza y Juan Carasatorre, reclamado por Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, estragos y pertenencia a banda armada.

En septiembre del año pasado, Zubiaga fue condenado por la Audiencia Nacional a más de 1.500 años de prisión por el atentado con coche bomba perpetrado contra el director general de la Policía Científica en 2001.

HECKLER & KOCH SFP9 - SK

Subcompact 9mm x 19

uspsuministros.com

La Audiencia Nacional ha condenado a la etarra Ainhoa Múgica Goñi, 'Olatz', a 18 años de prisión por un delito de estragos terroristas por haber ordenado a los miembros del 'comando Xoxua' de ETA perpetrar el atentado contra la Torre de Logroño cometido el 10 de junio de 2001. El acto terrorista no provocó víctimas, pero sí importantes daños materiales valorados en 1,9 millones de euros.

La sentencia considera probado que 'Olatz' -detenida en Francia el 16 de septiembre de 2002- ejercía entonces "funciones propias de dirección y responsabilidad respecto de diversos comandos de la organización terrorista ETA, siendo la responsable militar directa del llamado 'comando Xoxua'".

Tras obtener información sobre diversos objetivos en la capital riojana, la etarra decidió "el ataque contra los edificios del Banco de España, de Telefónica y del denominado 'Torre de Logroño' de dicha capital".

Para ello, el 9 de junio de 2001 se entrevistó en el sur de Francia con dos miembros del comando, a los que dio las instrucciones necesarias para cometer el atentado y entregó un Fiat Tempra cargado de explosivos.

Los dos terroristas, "cumpliendo con las instrucciones impartidas por la procesada", cruzaron la frontera y se dirigieron a Logroño, donde, a última hora de la tarde de ese mismo día, colocaron el coche-bomba frente a la "Torre de Logroño" y activaron el mecanismo de iniciación del explosivo para que estallara a las 6 horas y 30 minutos del día siguiente.

A las 5.45 horas, los terroristas avisaron telefónicamente de la colocación del coche-bomba a SOS-Rioja, a la Ertzaintza y a la asociación DYA, llamadas en las que los miembros del comando informaron erróneamente de dónde se encontraba el coche, que aun así -y "tras una desesperada búsqueda"- fue localizado por la Policía a unos 300 metros del lugar indicado.

La localización se produjo cuando sólo quedaban 20 minutos para la explosión, por lo que la Policía decidió no evacuar la zona, "adoptando las medidas de seguridad que estaban a su alcance, tendentes a salvaguardar la integridad física y la vida de las personas, con excelentes resultados, pues no se registraron daños personales".

La explosión, no obstante, causó en la calzada un cráter de 50 centímetros de profundidad por dos metros y medio de diámetro y la Torre de Logroño quedó profundamente dañada, así como los edificios contiguos a la misma y los vehículos aparcados en sus inmediaciones, alcanzando la onda expansiva un radio de unos 300 metros.

Absolución del Supremo
La Audiencia Nacional condenó en 2005 a 15 años y seis meses de prisión a los presuntos autores materiales del atentado, Premín Sampedro Larrañaga y Jesús María Goikoetxea Garralda, pero al año siguiente el Tribunal Supremo les absolvió al considerar que no había quedado suficientemente probado que fueran ellos quienes colocaron el coche-bomba.

En la sentencia, la sala se refiere a esta circunstancia diciendo que entonces "se contaba con un material probatorio mucho menor" que ahora.

Así, y además de las declaraciones policiales en las que los dos etarras inculparon a 'Olatz', el tribunal ha tenido en cuenta el "documento de autocrítica" escrito de puño y letra por Sampedro y remitido a la dirección de la banda -que fue intervenido con posterioridad a su juicio- en el que se hace alusión a la cita mantenida con la acusada el 9 de junio de 2001.

Ainhoa Múgica ha sido condenada ya por la Audiencia Nacional en otros sumarios a penas que suman 1.340 años de cárcel por diversos atentados terroristas que incluyen siete asesinatos.

militariapiel.es

El Tribunal Supremo (TS) ha mantenido las penas de entre 8 y 10 años de cárcel que impuso la Audiencia Nacional a veinte dirigentes de Gestoras Pro Amnistía y ha absuelto a uno de ellos, Aitor Ángel Jugo.
La sentencia del Supremo, notificada hoy, se produce tras la vista celebrada el pasado 23 de septiembre en el alto tribunal sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que decretó la ilicitud y disolución de Gestoras Pro Amnistía y de su sucesora, Askatasuna.
En la vista, la Fiscalía pidió que se confirmara la ilicitud y disolución de la organización, así como la condena de sus dirigentes, al estimar que no era desproporcionada la sentencia de la Audiencia, que determinó que Gestoras era "una organización terrorista" que establece objetivos para ETA.

¿Quieres ser Policía Nacional?

Prepárate con los mejores

joyfepolferes.es

La Audiencia Nacional ha condenado a 14 años de prisión al etarra Ismael Berasategui Escudero por preparar y colocar en el aeropuerto de Málaga el 26 de julio de 2001 un coche-bomba, que finalmente no explotó al ser desactivado.

El tribunal ha considerado que Berasategui, que durante el juicio se negó a declarar, es culpable de los delitos de estragos terroristas en grado de tentativa, sustracción de vehículos a motor y falsedad documental con finalidad terrorista.

Contra él se sigue además otro procedimiento diferente en otro juzgado de la Audiencia Nacional por el delito de pertenencia a organización terrorista.

La sentencia considera probado que Berasategui organizó junto con los ya condenados Javier Zabalo Beitia y Ainhoa Barbarín Yurrebaso la colocación de un coche-bomba en el aeropuerto de Málaga, siguiendo el procedimiento habitual del 'comando Behorburu' de ETA, que los tres integraban y que se dedicaba a atentar con vehículos previamente robados y acondicionados por ellos.

Así, tras sustraer un turismo, sustituyeron su matrícula por una falsa y colocaron en su interior un artefacto explosivo consistente en un contenedor de plástico, dos detonadores, dos temporizadores y 53 kilos de tytadine, para situarlo en el aeropuerto de Málaga dispuesto para su explosión a las 08:00 horas del 26 de julio de 2001.

Después, siempre según el relato de hechos recogido en la sentencia, los terroristas advirtieron, mediante una llamada a la Ertzaintza, de la colocación del vehículo, cuya carga explosiva pudo ser desactivada por los Tedax.

'Gran capacidad destructiva'
El tribunal señala que el coche-bomba dispuesto por Berasategui tenía "gran capacidad destructiva", ya que, además de contener una carga elevada de explosivo, "estaba dirigido hacia la zona de llegada de los viajeros, en la planta baja del aparcamiento del aeropuerto, que soporta la carretera de salida".

Berasategui es condenado en calidad de coautor por todos estos hechos, como lo fueron en 2007 Zabalo y Barabarin, ya que, según expone la sentencia, para la coautoría no es necesario "que cada uno de los autores deba realizar todos y cada uno de los actos", sino que "su papel puede alcanzar distinta entidad o grado de ejecución, siendo así atribuible la totalidad de la acción a cada uno".

Una huida sonada
Berasategui, que fue entregado por las autoridades francesas en febrero de este año, es natural de la localidad guipuzcoana de Eibar. Su detención se produjo el 14 de mayo de 2002 en la localidad gala de Annonay, donde se disponía a robar un coche armado con una pistola. El 17 de agosto de ese mismo año protagonizó una fuga de la prisión de La Santé donde se encontraba encarcelado. Ismael se cambió con un hermano que había ido a visitarle y mientras éste se quedaba dentro de la cárcel, el primero salió a la calle y se reincorporó a las actividades de ETA. El 22 de enero de 2003 fue vuelto a detener en la localidad francesa de Estialecq, en el Bearn.

CNP Modelo Squad

gafaspolicia.com

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel a ocho miembros de la organización ilegal Segi por un delito de pertenencia a organización terrorista al considerar que formaban parte de un 'talde Y' de ETA que ejecutaba acciones de violencia callejera en la comarca vizcaína de Lea-Artibai.

La sentencia señala que los acusados -Estebe Gandiaga, Urko Pagoaga, Ainhoa Pagoaga, Iban Etxebarria, Borja Oregui, Zaloa Zenarrutzabeita, Eneko Etxaburu y Eneko Ostolaza- integraban un "grupo violento" que operaba en Markina-Xemein (Vizcaya) y cuyas actividades se prolongaron durante dos años desde 2006, de lo que concluye que todos ellos forman un 'talde' de la organización terrorista Segi.

Los ocho jóvenes, que durante su interrogatorio policial admitieron que eran parte de un grupo que apoyaba la acción de la banda terrorista a través de la organización de actos de violencia callejera, se negaron a declarar en el juicio y alegaron que esas manifestaciones las realizaron bajo torturas y amenazas.

No obstante, la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resalta que "hay razones que avalan" que lo que dijeron los ocho acusados en sede policial cuando fueron detenidos el 23 de enero de 2008 "es más fiel a la realidad".

Igualmente, indica que las declaraciones policiales se realizaron con asistencia letrada sin que constara ninguna queja o protesta del letrado sobre cualquier irregularidad o malos tratos, lo que después avalaron los informes médicos.

La resolución judicial no entra a valorar cada uno de los actos de violencia callejera en los que supuestamente participaron los acusados, ya que considera que el hecho de que Segi sea una organización declarada terrorista a la que pertenecen los procesados, como han reconocido todos ellos, es suficiente para condenarles por un delito de integración en organización terrorista.

Además, considera como una muestra externa de esa integración el que todos los procesados, "unas veces unos y otras veces otros, pero siempre coordinados entre sí", participaron en diferentes actuaciones propias de la violencia callejera.

foropolicia.es

El Tribunal Correccional de París condenó hoy a dos años de prisión, uno de ellos exento de cumplimiento, al miembro de ETA Claude Recart por el delito de asociación de malhechores, entre otros.

La sentencia emitida hoy recoge la pena que había pedido la fiscalía y todos los cargos que había presentado contra este etarra acusado, en este caso, de haber alquilado en el año 2002 dos pisos francos para el aparato militar de ETA.

La juez que leyó el fallo, sin que el acusado estuviera presente, precisó que Recart ha sido condenado por "asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos de terrorismo", "complicidad de terrorismo", alteración de la verdad en un escrito o tenencia de documentos administrativos falsos.

La sentencia, que prevé un año de prisión exento de cumplimiento, se ajusta también a la petición de la fiscalía que, al presentar sus conclusiones, solicitó que la pena de dos años pudiera ser objeto de una rebaja en su cumplimiento.

Justificó esa petición por la reinserción del ahora condenado, quien había anunciado a la dirección de la banda que quería irse poco antes de ser arrestado en julio de 2003.

El miembro de ETA, natural de Baiona, dijo entonces durante el interrogatorio de la presidenta del tribunal que "había pedido dejar la organización" en una carta que escribió a finales de junio de 2003 y a la que no tuvo respuesta hasta su arresto el 30 de julio de ese año en Cahors, junto a otros dos miembros del aparato logístico, Juan Miguel Illarramendi Zabaleta y José Cándido Sagarzazu Gómez.

Por su pertenencia a esa célula, conocida como "los Dalton", Recart fue condenado en diciembre pasado, junto a otros diez miembros de la estructura logística, a tres años de cárcel que ya había cumplido en prisión preventiva.

Los hechos por los que se le ha condenado hoy se refieren al alquiler con documentación falsa de dos pisos, el primero el 20 de octubre de 2002 en Bagnères de Bigorre, en la parte central de los Pirineos franceses, y el segundo en Burdeos (suroeste) el 6 de noviembre.

Recart fue muy parco a la hora de dar cuenta a la juez de su recorrido en la banda terrorista pero sí reconoció que se encargó de alquilar pisos para ETA con papeles falsos.

Su abogada durante el juicio, Yolanda Molina, puso el acento en que su defendido fue "sincero" al hablar de los alquileres que hizo, informando incluso de algunos de los que la policía no tenía noticia, y también en que no estaba al corriente de lo que se hacía en su interior.

Cartera Guardia Civil

Fabricada en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

La Fiscalía pedirá 19 años de prisión para el presunto etarra Anartz Oyarzábal, que en 2001 huyó de Torrevieja (Alicante) tras la explosión que mató a su compañera de comando Olaia Castresana cuando manipulaba una bomba, en el juicio que se celebrará los próximos martes y miércoles en la Audiencia Nacional.
El fiscal acusa a Oyarzábal de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas y explosivos.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, el 24 de julio de 2001 se produjo una explosión en un edificio de la pedanía de La Mata en Torrevieja, en la que murió una mujer que manipulaba un artefacto procedente de un robo cometido por ETA en Grenoble (Francia).
Ambos llevaron a cabo atentados en la costa de Levante
La fallecida fue identificada como Olaia Castresana, que compartía vivienda con Oyarzábal, ambos vinculados a ETA para llevar a cabo atentados en la costa de Levante.
Tras la explosión, el procesado huyó de Torrevieja en un coche de su propiedad que luego fue localizado en Aoiz (Navarra), mientras que en el registro efectuado en su domicilio familiar se intervinieron 14 kilos de explosivo titadyn, 5 metros de cordón detonante y 16 detonadores eléctricos y 2 pistolas, entre otros efectos.
Oyarzábal fue detenido en Niort (Francia) en mayo de 2002 y desde entonces ha permanecido en prisión en ese país hasta que fue entregado a las autoridades españolas.
Además de las penas de prisión, el fiscal pide que Oyarzábal pague al Estado las indemnizaciones que éste ha entregado a las personas que resultaron heridas en la explosión de Torrevieja, así como a los propietarios de las viviendas que sufrieron daños.

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a seis años de prisión a cinco dirigentes de la organización juvenil ilegalizada Jarrai-Haika-Segi por un delito de asociación ilícita, constitutiva de organización terrorista.

Los condenados son Araitz Zubimendi, Eneko Aizpuru, Garikoitz Múgica, Asier Tapia y Zigor Ruiz Jaso, quienes según la sentencia asumieron las tareas de dirección de la citada organización tras la desarticulación en marzo de 2001 de la cúpula de Jarrai-Haika y continuaron con sus actividades bajo la denominación de Segi.
Los cuatro primeros debían haber sido juzgados en 2005 junto a otros miembros de esa organización, 23 de los cuales fueron condenados en febrero de 2007 por el Tribunal Supremo, que consideró que Jarrai-Haika-Segi es una organización terrorista "que complementa la actividad de lucha armada de ETA".

Tapia, cuya huida fue detectada al no comparecer al juicio que comenzó en febrero de 2005 en la Audiencia Nacional, fue detenido en octubre de 2007 en Francia, mientras que Ruiz Jaso, que al huir pasó supuestamente a integrar un comando etarra, fue arrestado en abril de 2008 en Sheffield (Inglaterra) juntos a otros dos presuntos miembros de ETA.
La sentencia notificada hoy señala que la actividad de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi es "con los medios que les proporciona el propio sistema democrático ir contra el mismo, perturbando y alterando no sólo la tranquilidad social, sino exacerbando los ánimos en busca de cualquier apoyo para su causa".
El tribunal añade que su objetivo es "atacar no solamente los pivotes del sistema político y social democrático vigente, sino suprimirlo violentamente bajo el sofisma de ser ellos, los acusados, los defensores a ultranza de los derechos de la juventud y de las clases trabajadoras vascas y ser el Estado el enemigo acérrimo que se opone e impide la defensa de esos derechos".
Reconocieron sus vínculos con Haika y Segi
La resolución recuerda que Tapia reconoció públicamente el 6 de marzo de 2001 ser militante de Haika y que tras la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender las actividades de la organización dio una rueda de prensa "en la que no sólo defendió las actividades desplegadas desde aquella, sino que expresó su ferviente propósito de continuar en la misma línea".
También Múgica y Zubimendi han declarado a la prensa su pertenencia a Jarrai-Haika-Segi, circunstancia que según el tribunal se ha acreditado además "a través de datos tales como sus propias comparecencias, ruedas de prensa, manifestaciones, convocatorias y artículos aparecidos en medios de comunicación".
Tras la suspensión de actividades ordenada el 4 de abril de 2001, estos dos acusados, junto a otros juzgados en 2005, "manifiestan su intención de continuar con la gestión llevada a cabo por Jarrai y así se lo hacen saber al diario Euskaldunon Egunkaria", dice la sentencia.
Sobre Ruiz Jaso, la sala recuerda que presentó públicamente en San Sebastián a la organización Segi bajo el lema "Jaia, Borroka ta Segi Aurrera" ( Fiesta, Lucha y Seguir adelante), en un acto en el que "definen como directrices o principios esenciales de Segi los mismos que ya enarbolaron Jarrai y Haika".
La sala admite que los datos que relacionan al también procesado Eneko Aizpuru con Segi "son más reducidos", ya que estuvo huido de la Justicia varios años, pero estima probado que era un activo "miembro integrante" de la organización "no por ser uno de los convocantes de los actos públicos organizados por Segi, como sucede con los anteriores, sino por ser uno de los más asiduos asistentes".

brudus escribió:Estos comeran el turron entre rejas, gran noticia.

Espero y deseo que cumplan las penas integras, aunque me da la impresión que en cuatro dias estaran en la calle otra vez.

DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

El pasado 3 de octubre, la localidad navarra de Villava vio cómo un concejal de la ilegalizada ANV daba inicio a sus fiestas patronales, lanzando el tradicional cohete desde el balcón del Ayuntamiento. Ahora, el alcalde deberá pagar por su decisión.

Y es que, la Audiencia Nacional ha abierto un proceso contra Pello Gurbindo, primer edil de Villava y miembro de la coalición Nafarroa Bai, por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo al haber cedido el lanzamiento del chupinazo a un concejal no adscrito del Ayuntamiento, perteneciente a un partido ilegalizado por su implicación en la banda terrorista ETA.

Gurbindo deberá prestar declaración hoy martes, en calidad de imputado, ya que suya fue la potestad de designar a David Bizkai (ANV) como lanzador del cohete.

Sólo el alcalde nacionalista conocía su intención, ya que Gurbindo se negó en redondo a responder a las preguntas del resto de grupos municipales sobre la identidad de la persona que abriría oficialmente las fiestas.

Ante la posibilidad de que se repitiera en Villava lo vivido el pasado verano en el Ayuntamiento de Berriozar, los ediles de PP y UPN dejaron claro a Gurbindo que si era ANV la encargada de prender la mecha, ellos se ausentarían del Ayuntamiento. También el PSN mostró su malestar ante esa posibilidad.

Y llegó el día. Y los temores se cumplieron. ANV, igual que en Berriozar, protagonizó el chupinazo. Y populares y regionalistas tuvieron que ausentarse de uno de los actos más importantes de las fiestas patronales de su municipio.

La imputación de Gurbindo por parte de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, ha sido tomada por su formación, NaBai, como "una persecución política". En un comunicado, la coalición nacionalista ha lamentado la decisión y la ha calificado como "un ataque a los derechos democráticos y a la libertad de las opciones políticas, así como una vulneración de los derechos de representación y de las competencias que tiene Gurbindo como alcalde".

Según el portavoz de Administración Local de NaBai, Txentxo Jiménez, "la acción puesta en marcha por el fiscal general de la Audiencia Nacional, dependiente directamente del Gobierno del PSOE, Ministerio de Justicia y señor Rubalcaba, es una acción de persecución política hacia Nafarroa Bai".

El portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Villava, José Luis Úriz, también quiso mostrar el lunes su oposición a la decisión judicial, si bien aclaró que sus palabras eran "a título personal".

"Pello Gurbindo, al decidir que el lanzamiento del cohete lo hiciera un concejal de la ilegalizada ANV, cometió un gravísimo error político, que supongo deberá tener sus consecuencias cuando los votantes decidan no votarle por ello, pero llevar este tema al terreno judicial puede suponer igualmente un error", sentenció el socialista.

Chaleco Balistico Sioen Sk1-6

790?

materialpolicial.com

Así lo ha acordado la sala de lo penal del TS en una sentencia, en la que estima parcialmente los recursos interpuestos por la Fiscalía y por la acusación particular en representación de Otaola contra la dictada por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero.

Olano fue número dos de la lista de Lizartzako Abertzale Sozialistak en Lizartza anulada por el Tribunal Supremo antes de las elecciones municipales de 2007 por estimar que era sucesora de los partidos políticos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El TS confirma la condena de 2 años de cárcel para el acusado por amenazas, pero también le impone la referida inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional "debió imponer".

El fiscal Fernando Sequeros y el abogado de Otaola también pidieron al Alto Tribunal que Olano fuera condenado por un delito de atentado contra la autoridad -cuya pena máxima es la de seis años de cárcel- al estimar que la alcaldesa fue atemorizada e intimidada por el acusado.

Sin embargo, el TS no accede a tal petición, ya que, entre otras cuestiones, explica que son reo de atentado los que acometen a la autoridad, a sus agentes o funciones públicos o emplean fuerza contra ellos y "las conductas de acometimiento, empleo de fuerza o resistencia activa no puede afirmarse que estén presentes en los hechos enjuiciados".

Además, explica que el acusado no se atrevió a repetir la amenaza cuando para ello fue conminado por la alcaldesa. Los hechos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2007 cuando desde primera hora un grupo de unas treinta personas se concentró frente al Ayuntamiento.

"Otaola, vas a morir"

En el momento en el que Otaola se disponía a izar en el balcón la bandera española junto a la ikurriña, le profirieron gritos de protesta tales como Otaola Kanpora (Otaola fuera). Olano señaló entonces a la alcaldesa con el dedo cuando izaba las banderas y le gritó: "Otaola, vas a morir".

Para el Tribunal, Olano buscaba amedrentar a la alcaldesa por ser miembro del Partido Popular y haber conseguido la alcaldía tras la anulación de otras candidaturas por su relación con los partidos políticos ilegalizados por su vinculación con ETA.

Al oirle, añade la resolución, Otaola le pidió que repitiera lo que había dicho y éste no contestó, tras lo que abandonó la concentración sin conseguir que la alcaldesa alterase el programa del acto.

El abogado de Otaola también reclamó que se impidiera a Olano acudir a Lizartza, lo que tampoco acepta el TS. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, concluye que ha existido prueba de cargo que sustenta los hechos que se declaran probados, de los que se infiere "el designio perseguido por el acusado al proferir tal frase y en el contexto en la que se produjo".

Además, el Supremo ve adecuado que Otaola sea indemnizada con 12.000 euros como estableció la Audiencia Nacional por la "pérdida de tranquilidad sufrida", ya que tal amenaza "necesariamente debe producir preocupación, intranquilidad y desasosiego en la víctima" y "merece una compensación económica

intervencionpolicial.com

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión, en relación a la causa de la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, quien ya se encuentra preso desde octubre por intentar reconstruir la dirección de la formación ilegalizada.
Así lo ha acordado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal a instancias de la Fiscalía, que el pasado 27 de octubre solicitó esta medida cautelar para Otegi por el sumario de Batasuna (el 35/02), por el que se encuentra pendiente de ser juzgado y por el que está en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con la obligación de comparecer quincenalmente y la prohibición de abandonar el país.
Esta solicitud del fiscal se produjo después de conocer el auto del juez Baltasar Garzón en el que, el pasado 16 de octubre, enviaba a la cárcel a Otegi y a otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la dirección de Batasuna, mediante un nuevo referente político denominado "Bateragune".
Según describía el juez, Otegi se habría desplazado a Francia "al menos en dos ocasiones" para mantener contactos con miembros de ETA, por lo que habría vulnerado la prohibición para salir de España.
Otegi viajó «siguiendo extremas medidas de seguridad»
En este sentido, el fiscal ha aportado un oficio policial en el que se detalla que los pasados 30 de abril y 21 de julio, Otegi viajó hasta Ezpelette (Francia), "siguiendo extremas medidas de seguridad", y añade que en el primer viaje se reunió con el ex dirigente de ETA Jokin Etxebarria, mientras que en el otro se le vio acompañado de otros dos de los que luego detuvieron junto a él.
Para el tribunal, compuesto por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, concurre un "elevado" riesgo de fuga "habida cuenta la concurrencia de varios quebrantamientos de las medidas acordadas", además de considerar el "objetivo riesgo de reiteración delictiva", ya que los hechos por los que ha sido detenido recientemente son "similares" a los imputados en el 35/02.
Estos son -subraya el auto- que el entorno de Batasuna y sus sucesoras sigan estando presentes en la sociedad española, "sirviendo de instrumento privilegiado a ETA para el mantenimiento de su actividad delictiva". La sala destaca, no obstante, que Otegi ha comparecido "hasta ahora" siempre que ha sido llamado por la Justicia, si bien entiende que en estos momentos "la solución a los hechos imputados, sólo pasa por su enjuiciamiento al margen del resultado que depare el juicio oral".
"Esto puede tener incidencia en el ánimo del procesado, el cual, ante la fuerte penalidad que se puede exigir, hace presumir a la sala un notable aumento del riesgo de fuga", concluye.
Garzón, que abrió este procedimiento en 2002 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA y que derivó en la ilegalización de la formación, lo concluyó el 1 de abril de 2008 y en él están procesadas 41 personas, a la espera de la celebración del juicio, en el que los acusados se enfrentarán a penas que pueden oscilar entre diez y catorce años de cárcel por integración en ETA.