FORO POLICIA

CRISY escribió:6 años????? que barato sale pegar a un agente de la autoridad....

Halaaaaa, al hotel un ratito, por listo!

DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

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El Tribunal de Pau (suroeste de Francia) ha rechazado la petición de España de extraditar, mediante una euroorden, a la ciudadana francesa Aurore Martin por su presunta vinculación con la organización terrorista ETA a través de Batasuna.

La Justicia francesa consideró que la orden internacional "no estaba suficientemente motivada", era "imprecisa" y carecía de datos sobre los hechos que se le atribuyen y las fechas en las que se produjeron.

Batasuna, ilegalizado en España por sus vínculos con ETA, es legal en Francia. Martin, de nacionalidad francesa, había sido detenida y posteriormente puesta en libertad el pasado 19 de mayo. Su arresto se produjo para someterla a la prueba de ADN que había rechazado hacerse en 2007 durante una investigación abierta por participar en la realización de pintadas en la calle.

Antes de ser puesta en libertad el mismo día de su detención, los investigadores supieron de la existencia de la euroorden emitida por el juez Baltasar Garzón por su "participación en organización terrorista" y así se lo comunicaron a Martin. Sin embargo, el Tribunal de Pau rechazó aplicar la euroorden dado que en la solicitud de extradición no había quedado claro "su grado de participación".

El colectivo de defensa de los presos vascos Askatasuna había llevado a cabo una campaña de firmas en favor de Aurore Martin a la que se habían uncido los europarlamentarios José Bové y Catherine Greze así como por el diputado francés Jean Lasssalle.

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materialpolicial.com

El Tribunal Correccional de París condenó hoy a penas de siete años de cárcel a Leire Etxeberria Simarro y Gotzon Alcalde Etxeandia.

PARÍS. La presidenta del Tribunal, Nathalie Dutartre, dictó también la llamada "confusión de penas" con condenas precedentes contra ambos de junio de 2007, a seis años de prisión para cada uno, lo que implica que habrán de pasar en la cárcel en total siete años.

En el juicio, el pasado día 9, la fiscal había reclamado siete años de cárcel para Exteberria (32 años) y Alcalde (36) pero que, con la "confusión de penas", se les obligara a pasar un mínimo de ocho años detenidos.

Los jueces los consideraron culpables de todos los cargos por los que estaban acusados y en particular por "haber creado una estructura" para falsificar documentos utilizados por otros miembros de ETA, según explicó la representante del Ministerio público en el proceso.

"Sin este tipo de falsificadores, no hay organización terrorista", subrayó la fiscal Vanessa Perrée.

Los hechos por los que han sido condenados se refieren a su implicación en ETA durante tres años, hasta su captura.

Su pertenencia a ETA en un periodo anterior fue objeto de la primera condena a seis años dictada el 8 de junio de 2007, en la que se consideró demostrado que habían formado parte de "una célula altamente profesional" de falsificación.

Etxeberria y Alcalde fueron detenidos el 13 de febrero de 2006 en una vivienda Montluçon (centro de Francia), que había sido vigilada por las fuerzas antiterroristas durante cinco meses.

Allí se encontró abundante material informático que, según la acusación, servía para sus labores de falsificación, así como documentos que probaban sus contactos con la dirección de ETA y con muchos de sus miembros, además de recibir dinero.

El Tribunal desestimó la demanda de la propietaria de una furgoneta utilizada por la pareja que se había constituido en acusación particular y que les reclamaba solidariamente algo más de 11.500 euros en concepto de indemnización.

Etxeberria y Alcalde tienen cuentas pendientes con la justicia española, que ha solicitado su extradición.

intervencionpolicial.com

La Fiscalía se ha querellado contra tres responsables de una «herriko taberna» de Santurce (Vizcaya) por enaltecimiento del terrorismo y ha pedido a la Audiencia Nacional que los cite como imputados y que cierre el establecimiento como medida cautelar. La iniciativa del Ministerio Público se produce después de que agentes de la Ertzaintza hayan retirado las imágenes tres veces en poco más de mes y medio, una reiteración delictiva en la que el fiscal Carlos Bautista sustenta su petición de clausura del local. En el escrito remitido ayer al Decanato para su reparto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, recuerda que el pasado 12 de marzo agentes de la Policía autonómica se personaron en la «herriko taberna» situada en el número 23 de la calle Jenaro Oraa de la localidad vizcaína y, tras identificar a sus dos responsables, Mikel Roque Egusquiza y Juan Carlos Burgos, retiraron varios símbolos proetarras. Se trataba de una «ikurriña» con un crespón negro y la foto del etarra Jon Anza –ex preso de la banda desaparecido desde abril de 2009 y cuyo cadáver fue encontrado en marzo pasado en una morgue de Toulousse, donde llevaba casi un año– y un cartel con la imagen de Igor Angulo en la que se leía en euskera: «Adiós y honor. Soldado Vasco. Salud, libertad y, sobre todo, amor». Angulo se suicidó en la cárcel de Cuenca el 27 de febrero de 2006. Según el fiscal, «ambos carteles tenían como finalidad ensalzar públicamente a los mentados por su condición de pertenecer a organizaciones terroristas». Pero al día siguiente la «ikurriña» con la foto de Anza volvía a adornar la cristalera de la «herriko» y la Ertzaintza volvió a retirarla, identificando en este caso a Arkaitz López Sánchez como responsable del establecimiento. Un mes y medio después, en la fachada del local había de nuevo carteles proetarras y en el interior se exhibían 14 carteles con imágenes de reclusos, entre ellas la de Txema

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El histórico dirigente de HB Tasio Erkizia puede volver a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El pasado 16 de marzo, Erkizia compareció ante Baltasar Garzón en relación al homenaje al etarra fallecido José Miguel Beñarán «Argala», celebrado en Arrigorriaga (Vizcaya) en diciembre de 2008. Ahora, la misma asociación que le llevó ante el juez en esa ocasión, Dignidad y Justicia (DyJ), ha denunciado al veterano dirigente abertzale por una charla organizada el pasado martes en Baracaldo en la que afirmó que «hay más razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas que nunca». Para la agrupación que dirige Daniel Portero, Erkizia cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo, por lo que ha pedido al juez de guardia de la Audiencia Nacional que le cite a declarar como imputado.

DyJ recuerda que en el caso del etarra Iñaki de Juana Chaos una carta leída en su nombre en un acto de bienvenida –celebrado tras su excarcelación en agosto de 2008– «en la que incitaba también a la lucha armada de ETA» fue suficiente para imputarle por exaltar a ETA. En este supuesto, subraya la asociación en su escrito de denuncia, «fuera de cualquier interpretación», Erkizia expresó la «clara necesidad de que ETA siguiera con su actividad criminal y sus frases no se pueden entender más que en un contexto de la defensa de la acción terrorista». Algo que, añade, «ya demostró en el acto de enaltecimiento» a «Argala».

Erkizia aseguró además en esa charla, según DyJ, que «la lucha armada no tiene futuro si no es capaz de poner patas arriba al Estado». Para la asociación denunciante, esas afirmaciones son «muy graves» y «más que humillantes» para las víctimas del terrorismo y merecen una «reprobación».

Agentes de la Policía Nacional han trasladado hoy desde Francia a los miembros de ETA Arnaltz Guisasola Olaeta y Oier Goitia Abadía. Ambos están reclamados por la Audiencia Nacional, Guisasola para el cumplimiento de cinco años de prisión por delito de terrorismo y Goitia por delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas y terrorismo.
Según ha informado Interior en un comunicado, Arnaltz Guisasola Olaeta, de 33 años y natural de Gernika, fue detenido el 28 de diciembre de 2005 en la localidad francesa de Tournon-Saint-Pierre, en el departamento de Indre. Viajaba en una furgoneta que había sido sustraída unas horas antes en el departamento de Vienne y portaba documentación falsa. Concretamente, Guisasola fue detenido junto a Mikel Larrañaga Altuna. El arresto se produjo después de que los dos activistas, que viajaban en una furgoneta Citroen Berlingo, se saltaran un control rutinario de carreteras. Fue entonces cuando se inició una persecución a lo largo de unos diez kilómetros.
Por su parte, Oier Goitia Abadía, de 35 años y nacido en Bilbao, estuvo integrado en el comando 'Buru-Hauste', que actuó en Madrid durante los años 2000 y 2001. Fue detenido el 23 de mayo de 2005, gracias a la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Judicial francesa, en el interior de una vivienda de la localidad gala de Romans-sur-Isère.
La juez antiterrorista de París Marie-Antoinette Houyvet decretó contra Goitia prisión por asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia ilegal de un arma y municiones y de sustancias utilizables para fabricar explosivos, por receptación de robos en banda organizada, tenencia de documentos privados y administrativos falsificados, y falsas matrículas.
Se encargaba del aprovisionamiento y adquisición de material electrónico, armas y documentaciones falsas, siendo de gran utilidad en las relaciones internacionales de ETA. También estaban encargados de crear una infraestructura en Francia mediante el alquiler de pisos o locales, necesaria para el ocultamiento de sus militantes.

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

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El Tribunal Correccional de París condenó hoy a siete años de cárcel a los etarras Íñigo Ripoll Estarta y Urtzi Gaínza Salinas, y a cinco años a Alaitz Areitio, juzgados por formar parte del aparato militar de la organización terrorista. El tribunal, en su sentencia, leída por el presidente, Marc Bourragué, considera a los tres culpables de todos los cargos por los que estaban acusados, y dictó también la expulsión definitiva de Francia cuando terminen de cumplir su sentencia.

Para Ripoll, junto a la sanción penal, se le impuso una multa de 100 euros por una infracción de tráfico el día en que fue arrestado junto a Gaínza en enero de 2006 en medio de un temporal de nieve al sur de Francia. Bourragué señaló que durante el proceso, celebrado el pasado 12 de mayo, los tres habían "reconocido y reivindicado" su pertenencia a ETA que "está claramente identificada como una organización terrorista", y también insistió en que había quedado demostrado que pertenecían al aparato militar.

Las condenas son algo inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, de ocho años para Ripoll y Gaínza y seis para Areitio. La representante del ministerio público, Fanny Bussac, había subrayado en el juicio que los tres se habían ocupado de "formar asesinos" dentro del aparato militar de ETA.

Entre los cargos que pesaban contra ellos figuraban los de asociación de malhechores con fines terroristas, detención de armas y explosivos, posesión de documentación falsa o robo y receptación de vehículos. Ripoll y Gaínza también habían sido procesados por secuestrar momentáneamente a un hombre al que, el día en que ambos fueron arrestados, le robaron el vehículo después de haber causado un accidente.

Areitio, que por su parte fue detenida en junio de 2007, ya había sido condenada en Francia en dos ocasiones, una a 17 años de cárcel por disparar a una pareja de gendarmes y la segunda a 4 por sus labores de reclutamiento en el seno de la banda.

Entre los elementos de la acusación contra los tres están los hallazgos de explosivos, material para confeccionar artefactos artesanales, munición, documentos sobre formación militar, consignas de seguridad para los activistas en varias viviendas utilizadas por ETA en el sur de Francia, en particular en Muret y en Castres.

El ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, alias "Txapote", volverá hoy a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para ser juzgado por la incautación de dos furgonetas con más de 1.700 kilos de explosivo en Calatayud (en la provincia de Zaragoza) en diciembre de 1999, por la que podría ser condenado a nueve años de cárcel.
POOL
«Txapote», de nuevo en el banquillo de la Audiencia
El fiscal Daniel Campos ha solicitado que se le imponga esta pena por un delito de tenencia de explosivos cometido por persona perteneciente a grupo terrorista. El juicio se celebrará ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La última causa que llevó a "Txapote" a este tribunal fue el intento de asesinato de dos guardias civiles en Bilbao en el año 2000. Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el 4 de febrero y se encuentra en espera de sentencia, el Ministerio Público solicitó una pena de 43 años de cárcel para el etarra por planear y proporcionar el material necesario al "comando Vizcaya" para ejecutar el atentado, que finalmente se vio frustrado.
La última condena en la Audiencia Nacional a "Txapote" es del pasado diciembre, cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le impuso una pena de 46 años de prisión al ex jefe de ETA y a su pareja, Irantzu Gallastegi Sudupe, "Amaia", por el asesinato el 9 de enero de 1998 del concejal del PP en Zarautz (Guipúzcoa) José Ignacio Iruretagoyena.
Explosivos con destino a Madrid
POOLEn este caso, los hechos se remontan a diciembre de 1999, cuando la banda terrorista decidió transportar desde Francia hasta Madrid una importante cantidad de explosivo "cuyo último destino y uso no ha llegado a determinarse", tarea que se le encargó al comando 'Basurde', integrado por Igor Martínez de Osaba Arregui, Alicia Sáez de la Cuesta y José María Novoa Arroniz, todos ya juzgados y condenados por estos hechos.
Para ello, el 19 de diciembre de ese año los miembros de este comando de ETA se desplazaron en un Renault Clio propiedad de Novoa hasta la localidad francesa de Dax, donde se reunieron con 'Txapote'.
Según el fiscal, el procesado llevó a los tres etarras hasta una casa, cuya ubicación se desconoce, donde, junto a otras dos personas "no suficientemente identificadas", se les dio instrucciones para el transporte y les hicieron entrega de 100. 000 (unos 600 euros).
Esa madrugada, "Txapote" trasladó nuevamente al comando hasta el lugar donde se encontraba el coche de Novoa, a bordo del cual los tres integrantes del comando viajaron hasta la localidad de Bagneres de Luchon, cercana a la frontera con España, y en la que se reunieron con una de las personas con las que estuvieron en la casa la noche anterior. En ese contacto, repasaron las instrucciones y se les proporcionaron dos furgonetas, una Citröen Jumper y una Peugeot boxer, con las que emprendieron viaje hacia Madrid. Novoa y Martínez de Osaba conducían cada uno una furgoneta y Sáenz de la Cuesta se hizo cargo del Renault Clio, haciendo funciones de lanzadera.
«Txapote les cobijó en su piso»
Sin embargo, sobre las 15.30 horas de ese día, cuando los tres vehículos circulaban por la Nacional II a la altura de Cetina (Zaragoza), agentes de la Guardia Civil de Tráfico dieron el alto a la furgoneta Citroen, conducida por Novoa, por una infracción reglamentaria. Los agentes descubrieron la carga y procedieron a la detención de su conductor.
Al darse cuenta de la situación, tanto Martínez Osaba como Sáenz de la Cuesta abandonaron sus vehículos en las localidades zaragozanas de Contamina y Calatayud y se dieron a la fuga. Los dos llegaron a Barcelona, donde estuvieron escondidos hasta que cruzaron nuevamente la frontera con Francia en marzo de 2000 y llegaron a la localidad de Tarbes.
En ese municipio galo fueron recogidos por "Txapote", que "les dio cobijo en un piso cuya concreta ubicación en territorio francés no ha podido establecerse", y en el que estuvieron seis meses, hasta que el ex responsable de ETA les dio nuevas instrucciones para que volvieran a España "para continuar con sus ilícitas actividades".
En la furgoneta Citroen, conducida por Novoa, se transportaban 950 kilos de cloratita, 50 kilos de dinamita goma y 300 gramos de amonita. Mientras tanto, en la Peugeot de Martínez Osaba se intervinieron 688, 5 kilos de cloratita, 50 kilos de dinamita goma y 300 gramos de amonita, con el sistema eléctrico de ignición. Ambas cargas llevaban listo el sistema de ignición, para cuya activación bastaba la conexión de los detonadores.

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El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso ha solicitado penas de ocho años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista para 18 acusados de formar parte de la asociación juvenil ilegalizada Segi, a las órdenes de ETA, que presuntamente cometieron acciones de violencia callejera en San Sebastián.
Los 18 jóvenes, la mayoría con edades comprendidas entre los 29 y los 22 años, serán juzgados a partir de mañana ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los procesados son Ekaitz de Ibero, Peio Maria Lamara, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Imanol Igal, Urko Labaca, Asier Mariezcurrena, Imanol Ander Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Breogan Fernández, Benat Apalategi, Igor Alvarez y Ekaiz Ezquerra. Todos fueron detenidos entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2007, en una operación que pretendía esclarecer los ataques de 'kale borroka' que se venían registrando en San Sebastián desde el año 2005.
Según el escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, los precesados eran "miembros activos de la organización Segi", declarada terrorista por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007. El informe del fiscal recuerda que esta organización juvenil fue "creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco" y "complementa la actividad de lucha armada de la banda ETA, mediante actos de kale borroka o lucha callejera, que incidiendo en la seguridad ciudadana persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho".
En concreto, Barroso acusa a los 18 jóvenes de integrar diversos grupos de taldes que participaban en las actividades de la denominada 'kale borroka' o lucha callejera y que desarrollaban su actividad principalmente en San Sebastián. Los hechos en los que habrían participado los procesados son objeto de causas independientes que serán juzgados de manera separada.
No obstante, el fiscal recuerda los hechos que se atribuyen a cada uno de los procesados, para fundamentar su acusación. Además, también enumera los efectos que se encontraron en los diferentes registros efectuados durante la operación que se saldó con los arrestos. Entre los actos de kale borroka que se les imputan se encuentran quemas de autobuses, cortes de tráfico, disturbios y enfrentamientos con la Ertzaintza y lanzamientos de cócteles molotov y botellas de pintura contra edificios públicos.
Palestinos y sorteo de viajes a Venezuela
Entre los objetos incautados a los detenidos que el fiscal destaca en su escrito hay efectos tales como varios pañuelos palestinos y "un talonario de boletos para un viaje a Venezuela para dos personas de Segi".
Además, los agentes también encontraron abundante documentación relativa a la organización juvenil ilegalizada en formato papel y digital, pistolas simuladas y plantillas para la confección de carteles de contenido amenazante "con fotografías de periodistas y de otras personas", firmados por Segi.

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado una orden internacional de búsqueda y captura contra Urko Labaca Larrea al no haberse presentado en un juicio contra él, procesado junto a otros 17 acusados por formar parte de la organización juvenil ilegalizada Segi, a las órdenes de ETA, que presuntamente cometieron acciones de 'kale borroka' en San Sebastián. Por ello, el fiscal de la Audiencia, Luis Barroso, solicita ocho años de prisión para cada uno.

Durante la primera sesión del juicio contra Ekaitz de Ibero, Peio Maria Lamara, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Imanol Igal, Asier Mariezcurrena, Imanol Ander Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Breogan Fernández, Benat Apalategi, Igor Alvarez y Ekaiz Ezquerra, la mayoría de los acusados se negaron a declarar alegando que no iban a formar parte "de un juicio político".

"Esto no es un juicio político, por mucho que ustedes lo consideren así, y es el tribunal el que tiene que decidir, así que no se lo voy a permitir", le respondió el magistrado Ángel Hurtado a una de las acusadas.

Únicamente tres de los acusados -Ekaitz De Ibero, Unai Pérez y Egoi Alberdi- respondieron a las preguntas de sus letrados para desdecirse de haber admitido en sede policial o judicial su implicación en actos de violencia callejera y aseguraron haber declarado por presiones de los agentes, apuntando De Ibero que a él pasaron de darle "collejas a collejazos". El resto se habían negado a declarar ante la Policía y lo hicieron únicamente al llegar a la Audiencia, remitiéndose entonces a esa declaración.

Todos los acusados acudieron vestidos con camisetas iguales, de color rojo y con la palabra "independentzia" escrita en la parte delantera. Por su parte, la defensa de Naikari Otaegui pidió que se la excuse de asistir al resto de sesiones por tener que cuidar a su hijo, algo que fue concedido por Hurtado.

Al terminar la sesión de hoy, los asistentes gritaron "Igor" a coro, en señal de apoyo a Igor Álvarez, el único de los acusados que se encuentra en prisión. El miércoles se reanudará el juicio, ya que se ha suspendido la sesión de mañana.

Los 18 jóvenes, la mayoría con edades comprendidas entre los 29 y los 22 años, fueron detenidos entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2007, en una operación que pretendía esclarecer los ataques de 'kale borroka' que se venían registrando en San Sebastián desde el año 2005.

Según el escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, los procesados eran "miembros activos de la organización Segi", declarada terrorista por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007.

Ataques en San Sebastián desde 2005
El informe del fiscal recuerda que esta organización juvenil fue "creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco" y "complementa la actividad de lucha armada de la banda ETA, mediante actos de 'kale borroka' o lucha callejera, que incidiendo en la seguridad ciudadana persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho".

En concreto, Barroso acusa a los 18 jóvenes de integrar diversos grupos de 'taldes' que desarrollaban su actividad principalmente en San Sebastián. Los hechos en los que habrían participado los procesados son objeto de causas independientes que serán juzgados de manera separada.

No obstante, el fiscal recuerda los hechos que se atribuyen a cada uno de los procesados, para fundamentar su acusación. Además, también enumera los efectos que se encontraron en los diferentes registros efectuados durante la operación que se saldó con los arrestos.

Entre los ataques que se les imputan se encuentran quemas de autobuses, cortes de tráfico, disturbios y enfrentamientos con la Ertzaintza y lanzamientos de cócteles molotov y botellas de pintura contra edificios públicos.

Entre los objetos incautados a los detenidos que el fiscal destaca en su escrito que hay efectos tales como "un talonario de boletos para un viaje a Venezuela para dos personas de Segi". Además, los agentes también encontraron abundante documentación relativa a la organización juvenil ilegalizada en formato papel y digital, pistolas simuladas y plantillas para la confección de carteles de contenido amenazante "con fotografías de periodistas y de otras personas", firmados por Segi.

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel que impuso el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional a un joven que golpeó con una 'ikurriña' a uno de los agentes de la Policía Local que custodiaban la bajada del Celedón durante las fiestas patronales de Vitoria de 2007.

Asimismo, el Supremo ha ratificado la sentencia de un año y seis meses de prisión a otro individuo que ese mismo día portaba una pancarta con el nombre, el anagrama y una frase de ETA, por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Por lo que se refiere al primero de los condenados, Aitor Inocencio Liguerzana Ajuriaguerra, al que se atribuyó un delito de lesiones en desorden público, el Supremo descarta, como solicitaba la defensa, que la agresión se pueda separar del móvil "contra el orden público", teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo.

En concreto, recuerda el relato de hechos probados por la Audiencia Nacional, que subrayaba que el inicio de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria "es aprovechado por personas afines a la banda terrorista ETA para promocionar su marca y hacer patente y pública la presencia de la banda en tal acto".

Según la sentencia de la Audiencia, el condenado actuó con la "finalidad de alterar la paz pública de forma grave". En su opinión, está "lejos de cualquier mínima duda" que en su comportamiento "no cabe hablar de empujones o zarandeos" en el marco de la fiesta popular, sino que fue una "agresión" a un policía, que le provocó lesiones por las que tuvo que recibir tratamiento médico 49 días.

El Supremo ratifica esta tesis, alegando que "no son entendibles las lesiones causadas al agente de policía municipal fuera o al margen del contexto o finalidad perseguida" por el condenado, que "no es otro que la grave alteración de la paz pública".

Por lo que se refiere al segundo condenado, Azaitz García Solozábal, también rechaza todas las alegaciones de su defensa, que cuestionó la legalidad de las grabaciones que permitieron su identificación.

Los magistrados Juan Saavedra, Perfecto Andrés, Francisco Monterde, Luciano Varela y Siro Francisco García defienden que en ellas "no se constata ninguna vulneración de los derechos fundamentales".

En concreto, defienden que "ni hay vulneración del derecho a la intimidad, ni a la propia imagen", ya que se las imágenes se captaron "en un espacio público en el transcurso de un acontecimiento de igual naturaleza en el que participan miles de personas" y la acción del acusado, al enarbolar la pancarta de ETA, tenía además por objeto "lejos de disimular la misma, alcanzar la máxima publicidad".

Durante el juicio, Azaitz García negó su participación e incluso su presencia en el lugar, mientras que Aitor Inocencio Liguerzana explicó que no quiso golpear al agente, sino que sólo trató de "sujetar la bandera" porque creyó que se la "iban a quitar".

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a una multa de 60 euros a Ainhoa Ortiz Torrea, camarera del bar 'Ezpala' de Iruñea que fue juzgada en junio pasado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por no querer retirar las fotografías de cuatro presos por actos de 'kale borroka' que estaban expuestas en el establecimiento.

El tribunal absuelve de este delito a la acusada, por el que el fiscal Miguel Angel Carballo pedía año y medio de cárcel, pero la condena por una falta contra el orden público de desobediencia leve a un agente de la autoridad. Considera probado que el 4 de agosto de 2009 se negó al requerimiento de la Policía Nacional de retirar las fotografías del local y quitar el salvapantallas de la caja registradora, en el que también aparecían sus efigies.

Oroz Torrea argumentó ante los agentes que no era la responsable del local y que cuando comenzó a trabajar el 3 de julio anterior, las fotografías ya estaban colgadas en el establecimiento. Cuando los hechos fueron puestos en conocimiento del socio del bar, las imágenes de los presos fueron retiradas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julio de Diego, justifica la absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo al entender que las fotografías estaban expuestas antes de que comenzara a trabajar y que ella no tenía "el dominio funcional" del local, que "implica tener las riendas" del mismo. Sin embargo, la condena por desobediencia a la autoridad al negarse al mandamiento de la Policía.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de junio, Oroz Torrea reconoció los hechos y que no había firmado el acta de los agentes, algo que a juicio del fiscal demostraba el delito de desobediencia. Según la acusación pública, el bar se utilizaba para la realización de actividades relacionadas con los presos de ETA "bajo la cobertura de supuestas actividades culturales", tales como concentraciones de recibimiento a presos.

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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', de ordenar al 'comando Vizcaya' un atentado frustrado contra dos guardias civiles que se produjo en enero de 2000 en Bilbao, aunque le condena a ocho años de cárcel por entregar a sus miembros los explosivos con los que intentaron perpetrar la acción.

La fiscal Blanca Rodríguez pedía 43 años de cárcel para 'Txapote' al considerar que encargó la comisión del atentado a los etarras Patxi Rementeria, Guillermo Merino, Javier Salvarrey y Jon Urretavizcaya, que robaron dos vehículos y colocaron en uno de ellos una olla con 24 kilos de explosivos con la intención de activarlo al paso del vehículo de la Guardia Civil.

El tribunal, integrado por los jueces Alfonso Guevara (presidente), Guillermo Ruiz Polanco (ponente) y Ángeles Barreiro, justifica la absolución de 'Txapote' de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de falsedad documental argumentando que se limitó a facilitar "objetivos genéricamente señalados" a los miembros del 'comando' aunque "ni siquiera por aproximación" dio órdenes "de algún modo concretas" sobre el atentado de Bilbao.

Tras valorar las declaraciones realizadas por Guillermo Merino, los magistrados llegan a la conclusión de que García Gaztelu instruyó a Guillermo Merino y Patxi Rementeria acerca de los "objetivos génericos" contra los que debían atentar, en referencia a "policías, jueces, abogados, empresarios y políticos".

En concreto, Merino declaró que, siguiendo las instrucciones de 'Txapote', tenían previsto atentar contra un militar residente en Santurtzi (Vizcaya), dos concejales del del Partido Popular (PP) de este municipio, un edil de esta formación en Amurrio (Álava), una vivienda situada en la Alameda de Urquijo de Bilbao "a la que acudían miembros de la judicatura", un consejero del grupo 'El Correo', un policía nacional de Bilbao y un juez de Gernika (Vizcaya).

ENTREGA DE EXPLOSIVOS

De igual modo, el tribunal considera que la falsificación de las placas de matrícula de uno de los vehículos que utilizó el 'comando' para intentar cometer el atentado fue "un acto de naturaleza accesoria" ejecutado por los miembros del grupo, de forma que no se ha podido acreditar la participación del entonces jefe militar de ETA en este hecho.

Sin embargo, entiende que el depósito de armas, municiones y explosivos --por el que la fiscal pedía diez años de prisión-- ha quedado acreditado porque Merino declaró que el 17 de noviembre de 2000 él y Rementeria acudieron a una zona boscosa de Arrankudiaga (Vizcaya), donde una persona que hacía de enlace con 'Txapote' les entregó el material que iban a utilizar en el atentado.

'Txapote', condenado a cientos de años de cárcel por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica, entre otros, fue juzgado por estos hechos el pasado 4 de febrero. Tras manifestar su intención de no "decir nada" ni "responder nada", tildó la vista oral de "teatro" y saludó de forma elocuente a Merino diciéndole: "Aupa la hostia, qué majo".