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Los presuntos ex dirigentes etarras Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', y Mercedes Chivite reivindicaron hoy su pertenencia a la organización terrorista ante el Tribunal de lo Criminal de París que los juzga por una serie de cargos, algunos de ellos penados con 30 años de cárcel.

"Queremos reivindicar nuestra pertenencia (...) a ETA", subrayó López de Lacalle Gauna al comienzo del proceso, antes de reiterar que tanto él como su mujer -se ha casado con Chivite Berango en prisión- están "muy orgullosos" de pertenecer a la banda armada.

Los dos etarras, acusados en particular de haber sido los responsables de las compras internacionales para la banda hasta su arresto el 2 de abril de 2004 en una casa rural cerca de Angulema, negaron legitimidad al tribunal francés que los va a juzgar esta semana, compuesto por siete magistradas profesionales -en este caso todas son mujeres-.

La presidenta, Nadia Ajjan, les informó de que la inculpación de usar para las compras que realizaban -básicamente armas- fondos de ETA a sabiendas de que procedían de la extorsión de empresarios vascos y navarros (el llamado "impuesto revolucionario") puede ser castigado con hasta 30 años de prisión.

Mercedes Chivite Berango. | CNP
Al ser detenidos, ambos tenían en su poder 4.195 euros y 15.000 francos suizos, pero diversos elementos de prueba incluidos en el acta de acusación certifican que previamente habían dispuesto al menos de 41.583 euros, 10.000 libras esterlinas, 58.500 dólares y 6.490 francos suizos.

'Nueva fase de lucha'
Ajjan también añadió que la imputación de pertenencia a una organización terrorista está penado igualmente con hasta 30 años en caso de reincidencia, una circunstancia que se da en el caso de 'Mobutu' (49 años), que ya fue condenado en Francia por eso a siete años de cárcel, condena que cumplió entre 1994 y 2000.

Chivite (50 años) también ha sido sentenciada en Francia en 1998 a cinco años de prisión, pero en rebeldía antes de la captura en abril de 2004 de esta pareja que, de acuerdo con los investigadores, tenían "una posición elevada en la jerarquía de la organización", a caballo de los aparatos logístico, internacional y político, y formaban parte del máximo órgano de decisión de ETA.

López de Lacalle dijo hoy que el colectivo de los presos etarras del que forma parte había iniciado el pasado día 4 "una nueva fase de lucha" para lograr sus reivindicaciones, entre "la amnistía", el "derecho a la autodeterminación" del País Vasco, el fin de la dispersión y su traslado a centros penitenciarios del País Vasco o aclaraciones sobre dónde está el etarra Jon Anza.

A este último respecto, Chivite hizo suya la versión de ETA sobre la desaparición de Anza el pasado 18 de abril en el suroeste de Francia, cuando iba de Bayona a Toulouse a una cita de la banda, y aseguró que fue "asesinado" y que eso es "responsabilidad exclusiva de los aparatos de seguridad de los Estados francés y español".

Más allá de este proceso en París, en el que se debería conocer la sentencia el jueves o viernes próximo, la pareja de etarras tiene cuentas pendientes con la justicia española, que les había abierto varias causas en particular por una serie de atentados mortales en los que presuntamente participaron cuando uno y otra formaron parte de comandos de la organización terrorista.

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La Audiencia Nacional ha rehecho la sentencia sobre el etarra que gritó "Gora ETA" a la salida del funeral por su padre, que fue anulada por el Tribunal Supremo por contener contradicciones, y le ha vuelto a absolver porque no tiene la convicción de que fuera oído por las personas allí presentes.

Así, en la nueva sentencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional absuelve a Jon Urretavizcaya de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En mayo de 2009, la Audiencia había absuelto de estos hechos a Urretavizcaya -encarcelado actualmente por colaboración con banda armada- al considerar que cuando gritó dicha frase no lo hizo en el marco de un acto organizado previamente con esa intención.

La Fiscalía recurrió y el pasado 4 de enero el Supremo, en una sentencia hecha pública el pasado jueves, estimó el recurso, anuló la resolución de la Audiencia y ordenó que los mismos magistrados dictaran otra resolución con una nueva redacción de los hechos probados, incorporando "todos los elementos de naturaleza histórica que resulten de la valoración probatoria".

Funeral en Elorrio
Los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2007, cuando Urretavizcaya fue conducido desde la prisión de Nanclares de Oca (Álava) para asistir al funeral por su padre, que se celebró en una iglesia de Elorrio (Vizcaya).

Durante el oficio religioso, según la sentencia, el acusado estuvo custodiado en la sacristía, acompañado de familiares cercanos, y a la salida del acto fue trasladado al vehículo policial, trayecto durante el cual recibió "efusiones de paisanos", a lo que respondió "alzando los brazos al grito de 'Gora ETA'", que repitió tres veces.

El Alto Tribunal concluyó que la sentencia de la Audiencia decía por una parte que el acusado repitió "Gora ETA" tres veces, para añadir luego que "las condiciones de difusión eran escasas" y, por otro lado, que "cuando pronunció (el acusado) las palabras, la gente se abalanzó y los antidisturbios tuvieron que repeler para poder introducir a Jon en el coche".

Según el Supremo, no se explicaba "si el grito tuvo mucha, poca, escasa o nula difusión", lo que ahora ha especificado la Audiencia Nacional en su sentencia, en la que señala que cuando el acusado gritó los agentes antidisturbios le introdujeron en el coche, por lo que sus voces "por las circunstancias de tumulto del público apenas fueron audibles".

"En el supuesto a examen, no alcanzamos la convicción sobre si las palabras pronunciadas redundaron en el necesario conocimiento público, y nos conduce a un pronunciamiento favorable", concluye la sentencia.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado por un delito de integración en organización terrorista a Oihana Aguirre como consecuencia de la labor que ha desarrollado al menos desde el año 2006 en Askatasuna, a la que atribuye la dirección del denominado Movimiento Pro Amnistía "por delegación de ETA".
Garzón, que ha adoptado esta decisión en un auto dictado hoy, sostiene que Aguirre "se halla integrada en la estructura de Askatasuna como una de las dirigentes en dicha organización y en particular era la representante de la misma en Guipúzcoa hasta el momento de su detención", que se produjo el 2 de octubre de 2007.
La procesada, que prestará declaración indagatoria ante Garzón el próximo 15 de febrero, formaba parte del grupo Bizkar Hezurra (BH), al que el juez considera "columna vertebral del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), es decir, del conjunto de militantes de EKIN que actúan desdoblados para transmitir las directrices de ETA al conjunto, además de tratar cuestiones referidas a la activación de unas u otras formas de lucha, incluida la lucha armada".
«Desarrollar las directivas de ETA»
Según el auto, como parte de la BH, Askatasuna tiene la "obligación" de asumir y desarrollar "las directivas de ETA"
tanto en la consecución del denominado 'marco y condiciones democráticas' defendidos por la banda (que comprenden la amnistía y el retorno de los militantes en clandestinidad, así como salida de Euskal Herria de los integrantes de la Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas) como en "la suspensión de las resoluciones judiciales que restringen la actividad del MLNV".
Para llegar a esta conclusión el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 valora la documentación intervenida a la procesada, el análisis de sus contenidos y la actuación pública que ha desarrollado en los últimos años, en los que ha comunicado a la Consejería de Interior del Gobierno vasco la convocatoria de al menos cinco manifestaciones de Askatasuna y ha leído un comunicado en apoyo del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos.
Garzón envió a prisión a Oihana Aguirre el pasado 5 de octubre de 2007 al considerar que estaba integrada en la estructura de Askatasuna, donde desempeñó labores como dirigente y en particular como representante del colectivo de defensa de los presos en Guipúzcoa.

El Tribunal Supremo (TS) ha reconocido a dos acusados de diversas acciones de violencia callejera en Navarra el atenuante de dilaciones indebidas por el retraso de 18 meses en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal confirma también la pena a un año de prisión impuesta anteriormente por ser la condena mínima.
Los dos acusados, Luis Goñi y Mikel Jiménez, fueron condenados como autores de un delito de daños dolosos y otro contra la seguridad del tráfico por cruzar en enero de 2007 dos contendedores de basura en la Avenid aCentral de la localidad navarra de Barañain. Su acción obligó al conductor de un vehículo a dar un frenazo brusco. Cuando se dirigió a denunciar los hechos a la Policía Local los acusados lanzaron piedras contra el vehículo.


Indemnización para el conductor perjudicado
La Audiencia Nacional condenó a los dos acusados a un año de prisión y a dos multas de 10 euros diarios durante un año cada una. Asimismo, el tribunal les obligaba a indemnizar al conductor con cerca de 810 euros.
Los sentenciados recurrieron la sentencia alegando que los hechos se habían basado en el testimonio de la víctima y que se había producido un retraso de 18 meses al dictar sentencia. Sin embargo, en el auto, al que ha tenido acceso ABC.es, el Tribunal Supremo ha desestimado el primer punto al considerar que «se dispuso de prueba de cargo, válida y lícita». Estima parcialmente la segunda razón recurrida puesto que desde que finalizó la vista el 12 de diciembre de 2007 no se dictó sentencia hasta el 4 de junio de 2009.

Esta dilación «sin causa justificativa» -añade el fallo- representa un evidente retraso valorable como indebida dilación de efecto atenuatorio. Por todo ello, el Supremo confirma en ambos delitos la atenuante analógica de dilaciones indebidas, si bien deja claro que mantiene las penas impuestas por haber sido las mínimas legales posibles.
La sentencia del Supremo cuenta con el voto particular del magistrado Manuel Marchena, que no comparte las razones que avalen una atenuación: «Una atenuante cuyo sustento fáctico no se ha incorporado a las conclusio es definitivas, sino que surge de forma sobrevenida cuand ya el objeto del proceso ha sido formalizado, representa una quiebra de los principios elementales que definen nues ro ámbito cognitivo».

El titular del Juzgado Central número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, ha dictado auto de procesamiento para los presuntos miembros de la organización terrorista ETA Jurden Martitegi, Aitor Artetxe y Arkaitz Goikoetxea por el atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil situada en la calle Montorreta de Durango (Vizcaya) el 24 de agosto de 2007.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha hecho público el auto en el que ratifica la prisión provisional incondicional de Goikoetxea y emite una euroorden para Martitegi y Artetxe, detenidos en Francia. Asimismo ha fijado la cantidad de un millón y medio de euros como pago de las responsabilidades civiles. El juez también ha citado a Goikoetxea el próximo 8 de febrero de 2010 a las 10 de la mañana para tomarle declaración.
A los tres procesados se les acusa de seguir las órdenes de ETA, posiblemente -recoge el ato- de Garikoitz Aspiazu «Txeroki», como miembros del «comando Vizcaya» y de haber participado en el robo de una furgoneta y del atentado contra la casa cuartel de la Benemérita a las 3.30 horas de la madrugada del día siguiente. La banda terrorista asumió el atentado en un comunicado publicado en el periódico «Gara» el 10 de septiembre de 2007.
Según la acusación, los tres etarras sustrajeron una Citroen C- 15 en un aparcamiento de la localidad vizcaína de Mungia ese 23 de agosto y se desplazaron hasta las inmediaciones del acuartelamiento de la Benemérita. A la hora citada, situaron el vehículo bomba, cargado con cloratita, junto a la fachada principal de la casa cuartel «orientado hacia la puerta de acceso de los garajes con el fin de causar los mayores daños posibles y conseguir el efecto de explosión dirigida», cita Garzón.
Posteriormente huyeron en n turismo Seat Ibiza alquilado en mayo de 2007 por Goikoetxea y Martitegi en Lisboa (Portugal), lugar al que «se habían desplazado con intención de establecer una base logística permanente de ETA cumpliendo las instrucciones de Garikoitz Aspiazu», señala el auto.
Los miembros de ETA dejaron el vehículo abandonado en un parking de Amorebieta con un artefacto explosivo adosado a un bidón con líquido inflamable. Minutos después de las 3.30 horas la furgoneta estalló y provocó heridas a dos agentes del Cuerpo que estaban de servicio. La deflagración provocó abundantes daños materiales en el cuartel, los edificios de alrededor y los vehículos aparcados en la zona que ascendieron a más de 1,5 millones de euros.

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El Ministerio Público francés ha recurrido la sentencia contra el histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', en busca y captura, por considerar que los cinco años a que fue condenado en enero es una pena muy leve teniendo en cuenta su nivel jerárquico en la banda. Fuentes de la Fiscalía han explicado hoy que el recurso -la primera audiencia, para la fijación del nuevo juicio, se celebrará el próximo 31 de marzo- se justifica porque los cinco años de cárcel que se dictaron contra Urrutikoetxea Bengoetxea son insuficientes teniendo en cuenta los cargos que pesaban contra él.
Durante el juicio en rebeldía contra 'Josu Ternera' y contra su hijo, Egoitz Urrutikoetxea, celebrado el pasado 7 de enero en el Tribunal Correccional de París, el fiscal había solicitado siete años de prisión para el primero y cuatro para el segundo, para quien los jueces dictaron una pena de cuatro años. La argumentación para reclamar un nuevo juicio contra Urrutikoetxea padre son sus antecedentes, con un largo historial como miembro de ETA y "su posición conocida en la jerarquía" de la organización terrorista.
A ese respecto, la fiscalía recuerda que "es uno de los dirigentes históricos de la organización terrorista", que en Francia ya fue condenado en 1990, que está en busca y captura en España desde 2002, y que se le considera "el dirigente político" de ETA desde la captura en octubre de 2004 del que ocupaba ese puesto, Mikel Albisu. En el proceso ante el Tribunal Correccional de París, los principales elementos inculpatorios eran los contactos que "Josu Ternera" había mantenido entre 2002 y 2005 con los principales dirigentes de la banda.
Se encontraron sus huellas en varios pisos francos ocupados por esos dirigentes, y evidencias de que residió en una vivienda de la localidad de Villeneuve sur Lot, al sur de Francia, en cuyo garaje había diferente documentación relativa a las negociaciones entre ETA y el Gobierno español. Este histórico terrorista nacido en diciembre de 1950 en la localidad vizcaína de Miraballes, se encuentra en paradero desconocido desde noviembre de 2002, cuando debía comparecer ante el Tribunal Supremo en Madrid y no acudió a esa cita, a la que había sido convocado para oficializarle su imputación por un atentado cometido en 1987. Ingresó en la organización terrorista con 20 años en 1970 y en la década siguiente accedió a la dirección.
Condenado en Francia a diez años de cárcel en 1990, fue entregado a España en 1996 y permaneció en prisión preventiva hasta el año 2000 cuando salió en libertad sin cargos. Al año siguiente, la Audiencia Nacional lo inculpó como responsable de la asociación Ekin y en 2002 -cuando se dio a la fuga- como presunto inductor del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas.
Su hijo Egoitz, nacido en junio de 1974 en la ciudad vascofrancesa de Bayona, se encuentra huido de la justicia desde el otoño de 2003 y en julio de 2007 ya había sido condenado una primera vez en rebeldía a cuatro años de prisión por su pertenencia a ETA. A esa siguieron otra en diciembre del pasado año a dos años de cárcel, y la de enero a cuatro años de prisión.

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El fiscal pide un año y 4 meses de prisión para Manuel Losada López, acusado de verter en foros de internet y páginas web comentarios elogiosos a las acciones terroristas de ETA y despreciar a sus víctimas, hechos por los que será juzgado mañana en la Audiencia Nacional.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera a Losada autor de un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo y de humillación o menosprecio a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.
Según el representante del Ministerio Público, el acusado, al menos desde el 3 de julio de 2007 y hasta el momento de su detención, el 27 de mayo de 2008, difundió a través de foros y páginas web diversos comentarios en los que realizaba una defensa "a ultranza" de las acciones terroristas de ETA.
Además de ensalzar a los terroristas, realizaba numerosos comentarios en detrimento, desprecio y humillación de las víctimas del terrorismo, asegura el fiscal.
Así, en un foro público, Losada escribió comentarios como "no sé si reírme o cagarme en las víctimas", "lo que da gustirrinín es dejar sin piernas a un español", entre otros.
En otro foro decía: "soy parte del aparato más vil de ETA. Recojo por internet datos de simpatizantes de la Constitución y luego les envío a casa unos cuantos de esos por los que me hago pasar" o "Me gusta veros reventados entre un amasijo de hierros, me gusta ver a las víctimas llorando, me gusta".
En una página web, Losada se encontraba registrado con el sobrenombre de "Txomin" y en la misma había varias fotos de terroristas de ETA y anagramas de la banda, explica el escrito del fiscal.

Registros e inestabilidad emocional
En el registro efectuado en los domicilios del acusado en la ciudad de Sevilla y en Bormujos (Sevilla) se ocuparon, entre otros efectos, manuales de adoctrinamiento ideológico de ETA y de fabricación casera de explosivos, un arma simulada y dos cargadores con cartuchos reales.
Según un informe médico forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, Losada presenta un trastorno de inestabilidad emocional y trastorno mixto de la personalidad, aunque suficientes recursos psicológicos para comprender la ilicitud de los hechos que se le imputan y su repercusión.
El escrito del fiscal indica además que, en la declaración prestada ante el juez, el acusado se mostró arrepentido de sus actos y reconoció ser consciente de que los foros en los que había vertido sus comentarios eran de acceso libre y público.
Además de la pena de prisión y de 9 años de inhabilitación, el fiscal pide que el acusado se someta a tratamiento ambulatorio de sus padecimientos mentales durante dos años.

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La defensa del joven sevillano que hoy ha sido juzgado en la Audiencia Nacional por apología de ETA desde un cibercafé ha alegado nulidad de actuaciones porque la Guardia Civil realizó el rastreo en internet sin orden judicial que lo autorizase. El abogado del joven, José Manuel Rosendo, ha explicado que su cliente se ha acogido a su derecho a no declarar, en un juicio en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de un año y cuatro meses de cárcel.
El letrado ha argumentado que la Guardia Civil entró en internet y realizó un rastreo sin orden judicial, por lo que a su juicio las pruebas obtenidas son ilegales.
De forma subsidiaria a la nulidad, ha pedido la absolución de su cliente por el trastorno paranoide que sufre, circunstancia que solo es observada como atenuante por el fiscal, que por ello añade a su petición dos años de sometimiento obligatorio a tratamiento psiquiátrico.
El procesado M.L.G. está acusado de hacer apología del terrorismo e injuriar a las víctimas de ETA mediante su participación en foros de internet desde un cibercafé de Sevilla donde fue detenido.
El joven fue detenido el 28 de mayo de 2008 en un local de la calle Ramón y Cajal de Sevilla por agentes de la Guardia Civil que más tarde acompañaron al detenido a su domicilio, en la localidad sevillana de Bormujos, para efectuar un registro.
Mantienen la petición de un año y cuatro meses de cárcel
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió juicio contra el procesado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas.
A través de su participación en foros de internet, M.L.G. hizo presuntamente apología de las acciones terroristas llevadas a cabo por la banda terrorista ETA, ensalzando a sus autores y con comentarios de desprecio hacia las víctimas, según la acusación.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido, en el juicio celebrado hoy, la petición de un año y 4 meses para Manuel Losada, un sevillano acusado de verter comentarios despreciativos contra las víctimas de ETA en internet.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado hoy a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz -que están en libertad bajo fianza de 20.000 euros- por un delito de colaboración con ETA al haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda terrorista.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que también ha procesado a Luis Amenabar Alday por colaborar con ETA en relación con el aparato de extorsión de la banda y ha retirado la imputación por estos hechos a otras catorce personas, entre ellos, al ex presidente de Sidenor y antiguo viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco Sabino Arrieta.

Según relata Garzón, de la documentación intervenida a raíz del del arresto el 20 de mayo de 2008, en Burdeos (Francia), del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, "Thierry", Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola, se hallaron en la vivienda que ocupaban varias cartas de ETA dirigidas a empresarios en las que solicitaba aportaciones económicas.

Entre ellas, detalla el auto, consta una misiva de agradecimiento de la banda terrorista remitida a las empresarias por efectuar "sin coacción ni amenaza acreditada de por medio" un pago de 6.000 euros, realizado en una fecha entre julio 2003 y 2008.

ETA les agradece en esa carta la aportación realizada "por la libertad de Euskal Herria" y les anima, apelando a su "patriotismo", a que "en el futuro sigan realizando aportaciones económicas al proceso de liberación, con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la organización".

Entre las catorce personas a las que Garzón retira la imputación figuran también el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, que fue secuestrado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y que quedó en libertad 17 días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.

El juez ha retirado la imputación de estas personas al estimar que los hechos han prescrito, pues las fechas probables de recepción de las cartas de extorsión de ETA son desde 1993 hasta 2004.

Además, destaca que no se han concretado los indicios de la comisión del delito de colaboración con banda armada "por cuanto los pagos, en los casos en los que se hicieron, no fueron voluntarios, ni guiados por una finalidad de contribución a los fines de la organización".

Las hermanas Bruño Azpiroz, que ante Garzón admitieron haber recibido en 2003 y 2005 dos cartas de extorsión de ETA, aunque aseguraron que no habían pagado lo que se les pedía, son socias y tienen cargos ejecutivos en la empresa familiar Andrés Bruño e Hijos S.L., dedicada a la comercialización de angulas y marisco.

Blanca Rosa, gerente de la compañía, fue firmante de la plataforma electoral Aukera Guztiak, declarada ilegal el 29 de marzo de 2005.

Por su parte, María Isabel, consejera de la citada empresa, formó parte de las listas de Euskal Herritarrok en las elecciones a las Juntas Generales por Orio en 1999 y firmó la constitución de la agrupación electoral Aukera Guztiak.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó este martes archivar el procedimiento que se seguía contra 14 empresarios que fueron imputados por ceder a la extorsión de la organización terrorista, al considerar que no colaboraron con ETA y que el delito de omisión de la denuncia que se les podría atribuir ha prescrito.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también acuerda el procesamiento de Luis Amenabar Alday, cuyo caso no habría prescrito al haberse efectuado los pagos en julio de 2007, y las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, las cuales habrían contribuido al denominado 'impuesto revolucionario' "voluntariamente" y "sin coacción" de la banda.

El magistrado justifica su decisión de alzar la imputación que pesaba contra los 14 empresarios investigados argumentando que "no se han concretado los indicios de la comisión de un delito de colaboración con organización terrorista", como defendió la Fiscalía, porque sus pagos "no fueron voluntarios ni guiados por una finalidad de contribución a los fines de la organización".

Además, argumenta que en todos los casos la omisión de los deberes

de impedir delitos o de promover su persecución, contemplada en el artículo 450 del Código Penal y penada con entre seis meses y dos años de cárcel, habría prescrito, ya que el delito expira a los tres años y los pagos se habrían producido entre 1993 y 2004. El único caso no prescrito es el de Amenabar Alday, que habría efectuado un pago en julio de 2007.

En concreto, los empresarios que fueron investigados por ceder a la extorsión etarra son Alejandro Sáenz González, Mikel Alberdi Mondragón, Koldo y Peru Almandoz de la Cruz, Estrella de la Cruz Echevarría, Luis Ángel Uriona Merino, José Luis Orbegozo Balzoa, Mikel y Josefa Orbegozo Laborde, José María Baztarrica Garito, José Manuel Otaño Uburrechena, José Antonio Aguinaga Gómez, Sabino Arrieta Heras y Jesús Guibert Azcue. En contra del criterio de la Fiscalía, Garzón rechazó remitir el caso a los juzgados territoriales al entender que se trata de delitos de terrorismo que deben ser investigados por la Audiencia Nacional.

El Tribunal Correccional de París ha condenado hoy a diez años de cárcel a Harriet Aguirre, considerado 'número dos' del aparato militar de ETA en 2005, mientras que Idoia Mendizabal y Alberto Garmendia, arrestados junto a él en octubre de ese año, recibieron ocho y seis años de prisión respectivamente.
La presidenta del tribunal Nathalie Dutartre ha señalado durante la lectura de la sentencia que una vez que cumplan esas penas, se decretará la expulsión definitiva de Francia para los tres.
Las condenas fueron las mismas que había pedido en el juicio, celebrado el pasado 19 de enero, la representante de la fiscalía, Fanny Bussac, quien entonces dijo que los tres formaron parte del aparato militar de la organización terrorista y se ocuparon también de labores de formación de activistas de la banda en clandestinidad.
Bussac había insistido en la proximidad en ese tiempo entre Aguirre y el entonces jefe militar de la organización terrorista, Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', cuyas huellas se hallaron en algunos documentos incautados en la casa de la localidad de Arpajon-sur-Cere, cerca de la ciudad de Aurillac (centro de Francia), donde fueron capturados los tres ahora sentenciados.
En esa vivienda, las fuerzas del orden también se aprehendieron de un pequeño arsenal, material informático, documentación falsa, útiles para robar vehículos, publicaciones internas de ETA, manuales sobre el uso de armas y explosivos, material para la formación de activistas y ficheros con mapas en los que se indicaban los lugares de los atentados o intentos de atentados cometidos en 2004 y 2005.
Asimismo, en un garaje aledaño al piso en el que se les arrestó se localizó un coche que había sido robado en Francia, al que se le habían incorporado placas de matrículas falsas.
Esos elementos, entre otras pruebas, sirvieron de base para la condena por todos los cargos por los que estaban imputados, entre los que destacan, además de la pertenencia a una organización terrorista, el de tenencia de armas y explosivos en banda organizada, uso de documentos falsos o receptación de un vehículo robado con matrículas falsas.
Historial de los condenados
Aguirre, nacido en 1979 en San Sebastián, según su hoja de antecedentes en España participó en actos de kale borroka desde muy joven y se le atribuye su participación en 2001 en el asesinato del teniente de alcalde de la localidad guipuzcoana de Lasarte, el socialista Froilán Elespe.
A Idoia Mendizábal Múgica, nacida en 1977 y también miembro del aparato militar de ETA, se la considera la presunta autora material del atentado con bomba-lapa en 2002 contra el entonces dirigente de las Juventudes Socialistas, Eduardo Madina, que le costó la amputación de una pierna.
Se le relaciona, además, con el envío de tres paquetes-bomba a otros tantos profesionales de la prensa del País Vasco en 2002, y con la colocación ese mismo año de una bomba en un carrito de la compra que explotó al paso de la teniente de alcalde de Portugalete, la socialista Esther Cabezudo, que resultó herida.
Alberto Garmendia Lazunza, nacido en 1979 y natural de Pamplona, entró en clandestinidad en 2003 y se le ha vinculado con distintos atentados cometidos por la organización terrorista en 2004.
Durante el juicio en París, la fiscal había señalado que aunque el historial criminal del que disponían las fuerzas del orden sobre este último era el menor de los tres, sus huellas habían aparecido en documentos sobre la fabricación de explosivos incautados en otra operación contra ETA.

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CRISY escribió:Jagger, gracias por traernos cada dia estas noticias.