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pagano escribió:En el juicio que se lleva a cabo en Francia contra Antza y Anboto, la ***** ha hecho referencia (pidiendo un minuto de silencio) a una etarra muerta llamada Marta Alcalde. ¿Teneis alguna referencia de ella? (historial delictivo, foto, fecha de su muerte,...) ya que no encuentro ningún dato sobre ella.

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Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Comisaría General de Policía Judicial, han trasladado hoy desde Francia a los miembros de ETA Juan Ramón Carasatorre Aldaz y Patxi Abad Urkixo. Carasatorre está reclamado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por un delito de tentativa de asesinato terrorista, utilización ilegítima de vehículo y sustitución de placas de matrículas con fines terroristas. Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción número 4 reclama a Abad Urkixo por pertenencia a banda armada.
Juan Ramón Carasatorre Aldaz nació en San Sebastián (Guipúzcoa) el 1 de marzo de 1964. Carassatorre ingresó en 1994 en el «comando Donosti» y participó en numerosas acciones terroristas. En 1995 huyó a Francia donde impartió «cursillos» de armas y explosivos entre los años 1998 y 2001. En el mes de diciembre de 2001 fue detenido en la localidad francesa de Auch junto al también etarra José Ramón Lete Alberdi.
Patxi Abad Urkixo, alias «Ilitx», nació el 17 de octubre de 1974 en Baracaldo (Vizcaya). Abad Urkixo fue detenido en el año 2003 en Mont de Marsan, al suroeste de Francia, junto a Ibón Fernández de Iradi, alias «Súsper» y Garazi Aldana. Tras cumplir condena en el país vecino ha sido entregado a España.

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Los dos presuntos terroristas Xabier Rey y Aurken Sola han reconocido formar el comando de ETA "Hego Haizea" y haber recibido informaciones sobre concejales y escoltas en Navarra, aunque han asegurado que no les dieron órdenes para atentar contra ellos, sino que debían verificar si esos datos "estaban al día".

EFE
La Audiencia Nacional juzga a cuatro presuntos etarras, entre ellos Xabier Rey y Aurken Sola
Así lo han manifestado en el juicio que se sigue ante la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional donde están siendo juzgados junto a los supuestos colaboradores de la banda Sergio Boada y Araitz Amatria. El fiscal pide 39 años de cárcel para Rey y Sola y 8 años para los otros dos. "Soy militante de ETA. Formaba un comando con Aurken y nadie más. No teníamos colaboradores y nunca propusimos a nadie entrar en ETA", ha afirmado Rey, que ha señalado que tenían "notas de personas de Pamplona" que debían verificar, pero que no había "ninguna decisión para emprender acciones" contar ellos, ni órdenes para cometer atentados.
Según el fiscal Pedro Rubira, Rey y Sola, que fueron presuntamente captados por el ex jefe militar de ETA Garikoitz Azpiazu "Txeroki" y les facilitó una lista de objetivos, fueron arrestados en octubre de 2008 en una operación en la que se localizaron cien kilos de explosivo, armas y diversa documentación. Rey ha reconocido también que se trasladó a Francia en octubre de 2008 para visitar a un amigo preso en Burdeos por lo que hizo noche en Hendaya en un piso de la tías de Amatria, que era su novia, en el que también se reunió con miembros de ETA en aquellas fechas.
«No tenía capacidad para atentar»
Pese a su relación sentimental con la acusada, ha indicado Rey, "ella no sabía absolutamente nada" de su militancia en ETA y ha dicho que "la mentía para que no se enterase de los que estaba haciendo" y que tampoco conocía la existencia del zulo y del trastero que tenía alquilado en Pamplona donde se localizó material explosivo, armas y documentación. "Yo me encargaba de que no supiera nada porque somos clandestinos y no se tiene que enterar nadie de nuestra actividad", ha subrayado el acusado, que, no obstante, ha relatado que en varias ocasiones habló con ella de que "era partidario de la lucha armada porque es un problema de la tierra en la que vivimos".
En los mismos términos se ha manifestado Sola, que ha añadido que el comando "no tenía capacidad ni infraestructura" para atentar y que los datos sobre los concejales y escoltas debían verificarlos "para ver si estaban al día". Por su parte, Amatria, detenida el 28 de octubre de 2008 en Valencia, ha confirmado la versión ofrecida por su novio y ha recalcado que "no sabía que era miembro de ETA, aunque sí que era partidario de la lucha armada", y ha señalado que cuando le dejó las llaves del piso de Hendaya era porque iba a visitar a un amigo preso.
Tras negar haber colaborado con la banda, la acusada ha relatado que realizó notas sobre "horarios y controles de policías" para la ilegalizada Askatasuna, ya que a finales de año -ha dicho- elaboraban "un balance con estadísticas para denunciar la ocupación policial en Euskal Herria", aunque esos datos "no llegaron a ningún lado porque se quedaron en casa olvidados". En su declaración, Boada ha explicado que Rey le dio a finales de septiembre de 2008 material de Askatasuna sobre fichas de presos o denuncias de torturas para que guardase "lo que valiese" y lo que no "lo tirase".

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a Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de prisión por un delito intentado de incendio terrorista a Eneko Ostolaza y Borja Oregi, por asaltar un autobús de línea regular en la localidad vizcaína de Markina, al que rociaron con gasolina, el 5 de octubre de 2007.

La sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Penal también condena a Eneko Ostolaza Icaran, de 28 años, y a Borja Oregi Urrutia, de 25, a indemnizar solidariamente con cuatro mil euros al conductor del autobús por las lesiones psíquicas ocasionadas.

La Audiencia Nacional considera que los acusados y otros individuos encapuchados que asaltaron el autobús actuaron "coordinadamente" y formaban parte de un denominado grupo o 'talde Y' de violencia callejera.

Este grupo desplegaba sus acciones en la zona de Markina para "favorecer los fines de subversión constitucional, socavamiento de la paz pública y amedrentamiento social que persigue la organización terrorista ETA y sus entidades afines", añade.

El tribunal declara probado que los procesados, para quienes el fiscal pedía siete años de prisión, obligaron junto a otros encapuchados al conductor del autobús a detener el vehículo, colocando unos neumáticos ardiendo en la calzada.

El conductor del autobús, en el que iban cuatro pasajeros, no pudo esquivar el obstáculo y tuvo que parar, momento en que dos de los asaltantes golpearon con palos el parabrisas delantero para conseguir que abriera las puertas del vehículo.

Huida

Posteriormente, los encapuchados introdujeron tres garrafas de gasolina en el autobús, con la que rociaron el interior e impregnaron al conductor, mientras obligaban a los pasajeros a bajarse.

Acto seguido, lanzaron botellines inflamables contra el autobús pero no llegaron a quemarlo por apagarse la llama antes de impactar, y huyeron del lugar ante la presencia en la zona de un vehículo policial.

Además de otros jóvenes cuya identidad se desconoce o que se hallan en paradero desconocido, participaron en la acción descrita los dos acusados, uno de los cuales -Borja Oregi- obligó con palos al conductor a parar y a abrir las puertas del vehículo.

Durante el juicio, que se celebró el pasado día 8, los acusados negaron los hechos, y Ostolaza Ikaran aseguró que ese día acudió a un concierto de un grupo punk alemán en Amorebieta, mientras que Oregi Urrutia alegó que asistió a un partido de cesta-punta en el frontón de Markina.

Ambas coartadas, según la sentencia, son compatibles espacial y temporalmente con la participación en los hechos de los dos procesados

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El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha solicitado una pena de 20 años de cárcel para los etarras Asier Arzalluz, 'Sendoa', e Idoia Mendizabal, 'Ilardi', compañeros del ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki' en el 'comando K-Olaia', por enviar un paquete-bomba el 17 de enero de 2002 al director de Radio Nacional de España (RNE) en Bilbao, Santiago Silván.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los dos acusados han reconocido que son miembros de la organización terrorista y, tras negarse a declarar a las preguntas de las partes, han asegurado que la Audiencia Nacional no tiene "ninguna licitud" para juzgarles. "Si alguien tiene que juzgarme debe ser mi pueblo", ha dicho Mendizabal.
El fiscal, que acusa a los dos procesados de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, ha defendido que las pruebas evaluadas por el tribunal ponen de manifiesto que los dos acusados se alojaron en la casa que el también etarra Gorka Martínez Arkarazo tenía en Amorebieta, confeccionaron el paquete y lo enviaron a través de una empresa de mensajería al domicilio particular de Silván.
Así lo acreditaría una carta mecanografiada que fue intervenida al ex jefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi tras su detención en diciembre de 2002 y en la que los integrantes del 'comando' detallaban las acciones terroristas que habían realizado en Vizcaya, Navarra y Cantrabria entre octubre de 2001 y abril de 2002. Esa carta, según confirmaron los peritos durante el juicio, fue escrita con una máquina de escribir hallada en el domicilio de Martínez Arkarazo, aunque éste aseguró ante el tribunal no recordar que tenía una.
Alega que "mintió" tras su detención
La participación de los etarras en esta acción también quedaría demostrada, según ha señalado el fiscal, por la declaración que realizó este último terrorista tras su detención, cuando señaló que "hacía mucho" que la organización no utilizaba el envío de paquetes-bomba y "había que intentarlo". Martínez Arkarazo, que ha comparecido como testigo, se ha retractado de estas afirmaciones y ha dicho que se trataba de "mentiras que le obligaron a decir" los agentes que le custodiaban.
El paquete-bomba, que llevaba una pegatina de la patronal Confebask, contenía entre 210 y 230 gramos de dinamita Titadyn y habría podido causar "la muerte o lesiones muy graves como ceguera o graves amputaciones" a la persona que lo hubiera abierto. A pesar de que un hijo de Silván recogió el paquete, éste contactó con el supuesto destinatario para confirmar la autoría del envío y avisó a la Ertzaintza cuando se percató de que se trataba de una trampa.
El periodista dejó entonces el paquete en el exterior de la vivienda para que los agentes de la policía autónoma vasca procedieran a su explosión controlada. El atentado, que coincidió con el envío de otras dos bombas al vicepresidente del Grupo Correo, Enrique Ibarra, y a la periodista de Antena 3 Marisa Guerrero, fue reinvindicado por ETA en un comunicado fechado el 27 de marzo de 2002 en el diario 'Gara'.

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Arkaitz Goikoetxea y Aitor Cotano se enfrentan cada uno a una petición fiscal de 534 y seis meses de prisión por un delito de asesinato terrorista, 26 de asesinato en grado de tentativa (tantos como heridos se produjeron en el atentado de la casa cuartel de la localidad alavesa de Legutiano), dos delitos de estragos terroristas y otros dos de robo y hurto de vehículo. Para el tercer procesado, Iñigo Carrillo, el Ministerio Público pide 8 años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista. Además, que los tres supuestos etarras indemnicen con 500.000 euros a los familiares de Piñuel y con otros 3.183.212 euros a la Guardia Civil por los daños ocasionados en el edificio a consecuencia de la explosión.

La AUGC eleva su solicitud de condena para los tres acusados a 1.150 años de prisión. En un comunicado, la asociación de guardias civiles se congratula de que «por primera vez en la historia de la lucha judicial contra ETA los guardias civiles estarán presentes en la vista». De esta forma, añade, AUGC defenderá a los miles de guardias civiles que «han estado, están y estarán en primera línea» de la actividad antiterrorista.

Según la fiscal Blanca Rodríguez, los procesados atentaron contra la casa cuartel por orden del entonces jefe «militar» de ETA, Garikoitz Aspiazu «Txeroki», con el objetivo de «causar el mayor número de muertos».

Cartera Porta Placa Ertzaintza

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Las autoridades mexicana han entregado a España al presunto miembro de ETA Juan Carlos Recarte Gutiérrez, quien será puesto a disposición de la Audiencia Nacional, ya que en su contra existe una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por su relación con un asesinato cometido por la banda terrorista en 1987.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la presencia de Recarte Gutiérrez en México se detectó gracias a una denuncia anónima que alertó de la presencia irregular en el país de un ciudadano español y que, en el marco de la cooperación existente entre ambos países, fue puesta en conocimiento de las autoridades españolas.

El Gobierno de México, dada la situación migratoria irregular de Recarte Gutiérrez, procedió a su expulsión en el día de ayer con destino a Madrid, donde llegó a primera hora de esta mañana para ser puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los etarras Asier Arzalluz e Idoia Mendizabal por enviar al director de RNE en Bilbao, Santiago Silván, un paquete bomba que fue desactivado por la Ertzaintza el 17 de enero de 2002, hechos por los que la Fiscalía pedía 20 años de prisión.

La sentencia de la sección primera de la sala de lo penal señala que no se ha probado "más allá de toda duda" la participación de los dos acusados.

La sala, compuesta por el presidente Javier Gómez Bermúdez y los magistrados Teresa Palacios y Ramón Sáez Valcarcel, considera que miembros de la banda terrorista enviaron un paquete-bomba con 210 gramos de dinamita-goma al domicilio de Silván "con la intención de matar o causar graves lesiones a quien procediera a su apertura".

El paquete fue recibido la tarde del 17 de enero de 2002 por el hijo del director de RNE, "que alertó a su padre y éste a la Ertzaintza", que desactivó el artefacto, que contenía un explosivo industrial utilizado en la voladura de rocas compuesto por una mezcla de nitrato de amonio, nitroglicerina, tytadin y dinitrotolueno con un mecanismo que se activaba al abrir la caja.

La atribución del envío a ETA, prosiguen, se deduce de la aparición del anagrama de la banda en la cara interior de la caja, en el envío simultáneo de tres paquetes ese mismo día a otros dos periodistas y en la reivindicación del mismo en el diario 'Gara'.

Sin embargo, "no consta" que los acusados "hubieran decidido la acción, ni dado la orden de atentar contra el director del medio de comunicación o intervenido en la preparación y entrega del paquete bomba", según los magistrados.

Explican que "sólo testimonios de referencia" prestados por dos policías en la vista celebrada el pasado 19 de noviembre situaron la existencia de una máquina de escribir en un piso en Amorebieta que tenía alquilado el ex coordinador del 'comando Vizcaya' Gorka Martínez Arkarazo. Añaden que el terrorista, que tras su detención en septiembre de 2003 reveló los nombres de los componentes del 'K-Olaia', señaló que no recordaba poseerla.

Rechaza así el tribunal que el documento hallado en Tarbes (Francia) en el que se relataba la acción fuera escrito por Mendizabal desde esa máquina, tal y como sostenía el fiscal, y califica de "conjetura no confirmada" la declaración de dos peritos de inteligencia que situaron a los etarras en el citado comando.

Asimismo, consideran un "dato impreciso" que no puede ser utilizado "con provecho" el testimonio de un ertzaina que apuntó a "una mujer -de veintitantos años, con gorra y altura de entre 160 y 165 centímetros- fuera la persona que entregó en las oficinas del servicio de mensajería el paquete-bomba".

"Que los acusados hayan admitido su pertenencia a la organización terrorista ETA, hecho por el que han sido condenados en Francia, no es indicio de que intervinieran en la ejecución del atentado contra el periodista", concluye.

Arzalluz y Mendizabal fueron condenados recientemente por la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a 15 años de prisión por el envío de otro paquete bomba al presidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra, que tampoco llegó a explosionar.

En ese caso, la presidenta Teresa Palacios y los magistrados Carmen González y Juan Francisco Martel estimaron que las dos etiquetas en las que figuraba tanto el nombre de Ybarra como el remitente, Confesbank, fueron mecanografiadas desde la máquina de escribir hallada en un piso en Amorebieta.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres jóvenes cercanos a la organización Segi a penas de entre dos años y seis meses y cuatro años y seis meses de prisión por delitos de desórdenes públicos y daños terroristas. Participaron en una manifestación en Pamplona en septiembre de 2008. Los magistrados han absuelto a otras tres personas relacionadas en un principio con los disturbios.

Según indica el tribunal en una sentencia hecha pública este miércoles, los tres condenados (Diego Javier Octavio, Iker Araguas e Iñaki Marín) participaron en una marcha convocada para protestar por la detención de integrantes de la izquierda abertzale. Al final de la concentración cortaron la calle mediante contenedores a los que prendieron fuego y arrojaron cócteles molotov contra dos entidades bancarias, quemando sus cajeros.

El tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones inculpatorias de uno de los tres condenados, Octavio, que ratificó durante el testimonio prestado en el juicio oral. Reconocía su participación en los hechos y relacionaba con los disturbios a Araguas y Marín.

La Sala, compuesta por los jueces Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda, considera insuficiente el testimonio de este coimputado y, por ello, se apoya para dictar las condenas en la existencia de imágenes de vídeo que recogen "la actuación coordinada del grupo". Los jueces también se basan en el material incautado en los registros domiciliarios, que demuestran la relación de los jóvenes con la izquierda abertzale.

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El presunto miembro del 'comando Txirrita' de ETA, Balbino Saenz de Olarra, será juzgado el jueves en la Audiencia Nacional por un atentado en 2002 con coche-bomba contra un edificio de Repsol en Madrid . Se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel. Los otros dos integrantes del talde -Imanol Miner y Mikel San Argimiro- ya fueron condenados en 2006 a 20 años por esta acción, que se saldó con graves daños materiales. La Fiscalía acusa a Saenz de Olarra de un delito de estragos y de otro de robo (por el coche sustraído para el atentado). Además, le reclama una indemnización conjunta con los ya condenados de 669.000 euros con destino a la Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo y a pagar cerca de 59.500 euros a Repsol, además de indemnizaciones para medio centenar de vecinos afectados.

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El Ministerio Público ha solicitado reabrir la causa en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de este tribunal, cuyo titular, el magistrado Fernando Andreu, archivó la causa de forma provisional por falta de autor conocido, lo que fue confirmado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en 2006.

Sin embargo, sostiene el fiscal, tras la detención el pasado 29 de septiembre de los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance se han conocido nuevos datos por los que considera "procedente" reabrir la causa y dirigir el procesamiento contra este último, el ex jefe militar de ETA, Javier García Gaztelu, "Txapote", y los terroristas Andoni Otegi y Óscar Zelarain.

Así, detalla el escrito, tras su arresto, Besance declaró ante la Guardia Civil que él, junto a Otegi y Zelarain -con quienes formaba un talde de ETA- participaron en el intento de atentado de Recalde, para lo que "Txapote" les facilitó informaciones, así como datos sobre otros dos objetivos más.

Zelearain "se puso nervioso"
El atentado ocurrió sobre las 20:40 horas del 14 de septiembre de 2000 en San Sebastián y, según señala el fiscal que manifestó Besance, fue Zelarain "el que le pegó un solo tiro en la cara, sobreviviendo al atentado" y dijo que al ser su primer atentado "se puso nervioso y se fue corriendo sin rematarle".

Asimismo, indicó que su labor y la de Otegi fue la de "dar seguridad y facilitar la huida", mientras que en la segunda manifestación que hizo ante la Guardia Civil narró cómo trataron de localizar al objetivo según los datos facilitados por "Txapote", dónde lo encontraron y cómo huyeron tras los hechos. El revólver empleado en el atentado fue intervenido al etarra José Ignacio Guridi Lasa tras su detención en Ordizia en febrero de 2001.

La Fiscalía imputa un delito de terrorismo en relación con uno de asesinato en grado de tentativa a Besance, Zelarain, Otegi y "Txapote" y solicita al juez Andreu que les tome declaración en calidad de imputados, que una a la causa sus antecedentes penales y que también incorpore a las actuaciones el informe forense sobre el estado de salud de Recalde.

Una vez aportados estos "nuevos elementos de prueba", el fiscal quiere que el juez reclame al instituto armado una ampliación relativa al atentado contra el ex consejero de Justicia y Educación del Gobierno vasco.

Este testimonio de Besance ha sido remitido a la Fiscalía por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ante el que el supuesto terrorista prestó declaración tras ser detenido junto a Atristain, con el que formaba el "comando Imanol" de ETA, al que presuntamente entrenó en Venezuela el etarra Arturo Cubillas, según aseguraron ante la Guardia Civil.

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La Audiencia Nacional juzgará el próximo martes al presunto etarra Aitor Cotano Sinde, acusado de colocar el 24 de diciembre de 2007 un artefacto explosivo junto a la Casa del Pueblo -sede del PSE- de Balmaseda (Vizcaya), hechos por los que la Fiscalía pedirá para él 17 años de prisión.
En el juicio, que se celebrará ante la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, el fiscal Daniel Campos sostendrá que en 2007 el acusado integraba el "comando Hegoa" de ETA y realizaba funciones de enlace entre la dirección de la banda terrorista y miembros liberados, además de transportar material explosivo y recopilar información para cometer atentados.
"En el curso de dicha actividad criminal", añade el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el 24 de diciembre de 2007, Cotano Sinde, junto a otro miembro del comando, colocó un artefacto explosivo en el almacén de la parte trasera del bar de la sede del PSE-EE situada en el número 20 de la calle Estación de Balmaseda.
Dicho artefacto consistía en una olla de acero inoxidable con unos 5 kilos de cloratita, detonadores eléctricos y un temp orizador, "todo ello disimulado en una bolsa de lona azul", detalla el fiscal.
A las 20:16 horas de ese día se recibió una llamada en el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco (SOS Deiak) en la que se alertaba de la colocación del explosivo, que estalló a las 21:08 horas.
Esa explosión produjo la "completa destrucción" del almacén ubicado en la parte trasera de la sede del PSE-EE y numerosos daños y desperfectos en el interior del local y en las viviendas adyacentes, "con evidente peligro para la vida de las personas" que pudieran estar dentro del bar o en las casas colindantes, las cuales tuvieron que ser desalojadas.
ETA asumió la autoría del atentado mediante un comunicado publicado en el diario Gara el 2 de enero de 2008 Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que Cotano indemnice en casi 386.000 euros a los afectados por los desperfectos que causó la explosión, así como al Consorcio de Compensación de Seguros y a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en las cantidades que hayan abonado a los perjudicados.

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La fiscalía francesa pidió 30 años de cárcel para Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', por considerarlos dirigentes etarras cuando fueron detenidos en 2004, el primero jefe del aparato político y la segunda del financiero.

El fiscal Jean-François Ricard también solicitó ante el Tribunal de lo Criminal de París que dos tercios de esa pena -la máxima posible por los delitos de los que están acusados- sean de cumplimiento efectivo, y que una vez que salgan de la cárcel sean expulsados de forma definitiva de Francia.

Ricard requirió 20 años de cárcel para otros de los encausados, Juan Cruz Maiza, en tanto que "corresponsable del aparato logístico" al menos en el periodo 2002-2004, durante el que estuvo a cargo de los escondites donde ETA tenía los arsenales de armas y explosivos en Francia.

Para los otros siete encausados en este proceso que comenzó el 15 de noviembre, todos ellos dueños de propiedades en las que la banda terrorista escondía algunos de sus arsenales, las condenas pedidas por la fiscalía fueron de cinco a 15 años de prisión.

En concreto, pidió 15 años de cárcel para Peio Alcantarilla Mozota, 12 para José Ramón Arano Urbiola, 12 para Miguel Ángel Negrete Ortega, 7 para Xavier Oxarango, otros tantos para Robert Arrambide, seis para Lourdes Urdampilleta y 5 -con una exención parcial de cumplimiento- para Myriam Inçaby.

Ricard también se pronunció a favor de la incautación definitiva de las tres casas en otras tantas localidades del País Vasco francés (Urrugne, Saint Pierre d'Irube y Briscous) en las que se localizaron subterráneos construidos para esconder arsenales de ETA, puesto que sus propietarios recibieron por ello dinero de la organización terrorista.

'Mikel Antza' y 'Anboto' tenían un 'poder central' en ETA
El fiscal precisó datos sobre las responsabilidades de 'Mikel Antza' y 'Anboto', y así señaló que el primero no sólo participaba en el comité central -máximo órgano de ETA donde se toman las grandes decisiones de la banda, como la comisión de atentados-, sino que disponía de "un poder central" evidenciado en su "capacidad para modificar la estructura" de funcionamiento.

Añadió que el acusado no tenía un papel meramente político por estar al frente del aparato que lleva ese nombre, y para ilustrarlo aludió a los documentos aprehendidos en Salies de Béarn que mostraban la supervisión que ejercía mes tras mes y estructura por estructura de los efectivos de que disponía ETA.

En cuanto a Iparraguirre, considerada "jefa del aparato financiero", el fiscal afirmó que daba "instrucciones firmes a cada aparato" sobre la forma de realizar la contabilidad, de la que le tenían que rendir cuentas.

Pero además, estaba "directamente implicada" en las operaciones de extorsión de empresarios para el cobro del llamado "impuesto revolucionario", según el representante del ministerio público, que citó numerosos textos que ella redactó sobre esa cuestión. En la práctica, fijaba "directrices para aumentar los fondos" de la extorsión, establecía las cantidades que se iban a exigir, recibía el dinero y luego lo distribuía a los principales jefes de las diferentes estructuras de la organización.

La colaboración mutua entre los dos miembros de la pareja funcionaba en los dos sentidos, de acuerdo con Ricard, ya que "Albisu no era ajeno" al funcionamiento del aparato financiero, aseguró el fiscal.