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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de 83 años de prisión para el ex jefe militar de ETA Gorka Palacios por el atentado cometido en julio de 2001 en Madrid y en el que murió un policía nacional, durante el primer juicio celebrado tras el anuncio, el pasado domingo, del alto el fuego.

En la vista, el acusado, extraditado temporalmente desde Francia el pasado mes de marzo, se ha negado a contestar "absolutamente a nada" de lo preguntado por su defensa y por el fiscal Juan Moral, que le acusa de los delitos de asesinato terrorista por la muerte del agente Luis Ortiz de la Rosa, estragos y lesiones, así como de 16 faltas de lesiones por las que le reclama una multa de 21.600 euros.

Según ha expuesto el fiscal en su informe de conclusiones finales, Palacios, aunque no participó directamente en la colocación del coche bomba en la calle Ocaña, frente a la Delegación del Ministerio de Justicia, sí tuvo una "conducta típica de co-autoría", ya que confeccionó junto a sus compañeros del 'comando Madrid' el artefacto explosivo tras haber recabado "toda la información" sobre el lugar y fue quien posteriormente reivindicó el atentado.

Potencial destructivo de la bomba
Moral ha subrayado que la muerte del policía no se puede achacar a una mala actuación de las Fuerzas de Seguridad ni a una "negligencia ciudadana" a la hora de desalojar la zona dado el poco tiempo -entre 15 y 20 minutos- con el que se avisó telefónicamente de la colocación del coche-bomba, y a que no se especificó el lugar concreto.

Por ello, ha proseguido el fiscal, los terroristas, conscientes del "potencial destructivo" de dicho artefacto, perseguían causar la muerte y lesión al mayor número posible de personas.

Sus conclusiones sobre la participación de Palacios en este atentado, ocurrido el 10 de julio de 2001 y en el que también resultaron heridas 20 personas, se basan en las declaraciones inculpatorias que realizaron en sede policial los etarras ya condenados Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga, que ofrecieron un relato "minucioso y escrupuloso" de los hechos.

No obstante, ambos terroristas han asegurado durante el juicio que dichas declaraciones se les entregaron escritas para firmarlas bajo coacciones y torturas, por lo que no han ratificado su contenido.

'Muy buenos amigos'
García, que ha saludado sonriendo al acusado, ha dicho que sólo le conocía por haberle visto en televisión, mientras que su compañera ha reconocido a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que eran "muy buenos amigos", tras lo cual ha insistido en no recordar nada de los hechos.

Por su parte, el abogado del acusado, Haritz Escudero, ha pedido su libre absolución por considerar que no hay pruebas de cargo que demuestren que su defendido participó o colaboró en el atentado de la calle Ocaña ni que, incluso, formara parte del 'comando Madrid'.

Según el letrado, ni en las cinco viviendas ni en los 20 coches robados utilizados por este comando la Policía ha hallado, entre las más de 300 huellas dactilares registradas, la del ex dirigente etarra.

Escudero ha señalado que en ninguna de las investigaciones relacionadas con dicho comando se ha encontrado un "solo indicio" que lo vinculen a Palacios y ha criticado que los argumentos del representante del Ministerio Público se basen sólo en las declaraciones que Egües y García realizaron bajo torturas.

Condenado a 18 años en Francia
Gorka Palacios fue detenido en 2003 en Francia cuando era considerado jefe militar de la banda armada, por lo que fue juzgado junto al ex dirigente Juan Ibon Fernández Iradi 'Súsper' y condenado el pasado mes de noviembre a 18 años de prisión por el Tribunal de lo Criminal de París.

El fiscal también ha pedido que indemnice conjunta y solidariamente con los otros dos condenados con 300.506 euros a los familiares de Luis Ortiz de la Rosa y con 180.304 euros a un ciudadano que quedó incapacitado para el trabajo tras la explosión.

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El Tribunal de Apelación de Gante ha confirmado la extradición a España del presunto miembro de ETA, Luis María Zengotitabengoa, detenido el pasado 21 de agosto en Ostende (noroeste de Bélgica), según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía belga.

"El juez ha rechazado el recurso presentado por la defensa y confirmado la decisión del Tribunal de Brujas (tribunal de primera instancia)", precisaron las mismas fuentes, quienes aclararon que eso significa que se da "luz verde" a la extradición.

Sin embargo, advirtieron de que la defensa tiene derecho a recurrir este fallo ante el Tribunal de Casación de Bruselas (equivalente al Tribunal Supremo), en las próximas 24 horas. La defensa de Zengotitabengoa había anunciado con anterioridad su intención de recurrir en Casación si el fallo no les era favorable.

Los militantes de ETA no han cambiado su habitual actitud de boicot y falta de colaboración con los tribunales franceses desde el anuncio de la suspensión de los atentados terroristas. Miren Itxaso Zaldua 'Sahatsa', Joseba Segurola 'Aparra' y Oihan Barandalla guardaron ayer silencio sin contestar a los interrogatorios del Tribunal Especial de lo Criminal de París en la jornada inaugural del proceso en que son juzgados por integrar la logística del aparato militar en 2005.
Sólo la mujer, presunta responsable de esa estructura, se avino a responder a algunas preguntas de tipo personal. Zaldua (San Sebastián, 1972) confirmó que se había casado el 8 de noviembre de 2007 en la cárcel de Fresnes con el también preso de ETA Patxi Abad, que habían disfrutado de encuentros íntimos y que se encontraba embarazada de tres meses y medio.
Giros de 200 euros
Los dos hombres, portavoces del colectivo de presos etarras en sus respectivas cárceles, sólo rompieron el mutismo para aclarar que no eran españoles ni habían nacido en España. «El problema es ése, que no se puede ser vasco y español», dijo Segurola (Azpeitia, 1975).
«¿Se puede ser francés y alemán al mismo tiempo?», le preguntó Barandalla (Pamplona, 1976) al juez Luc-Michel Nivôse, presidente del tribunal. «Alemania y Francia es diferente. Pero también hay catalanes en Francia y en España, exactamente como los vascos», replicó el magistrado en cierre al diálogo de sordos.
Por su parte, el fiscal, Olivier Bray constató que los tres acusado recibían mensualmente en prisión giros por importe de 200 euros cada uno. «¿Ese dinero procede de ETA?», interrogó. Fue una de las numerosas preguntas que quedaron sin respuesta.

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El fiscal de Roma, Otello Luppachini, ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo italiano la sentencia que ordenaba la extradición a España de los tres miembros de Segi detenidos y juzgados en Roma.

Fermín Martínez Lakuntza (Pamplona, 1981), Artzai Santesteban Arizkuren (Pamplona, 1984), recluidos en la prisión de Regina Coeli, y de Zuriñe Gogenola Goitia (Lekeitio, Vizcaya, 1983), fueron arrestados en la capital italiana el pasado 10 de junio cuando iban a protestar al paso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que se encontraba de visita oficial en la capital de Italia.

La Audiencia Nacional, que tiene una causa abierta en la que se les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, solicitó entonces que fueran entregados a la Justicia española. El 8 de septiembre el Tribunal Supremo de Italia, accedió a la petición y, tras procesarles, ordenó su traslado a España.

Pero ahora, según fuentes judiciales españolas, la Fiscalía alega "motivos técnicos, formales y de deficiente motivación de la sentencia", para solicitar que se deniegue la extradición. Algo que para las mismas fuentes "es totalmente incierto".

Aseguran que, para tomar la decisión de extraditar a los detenidos, el tribunal que lleva el caso pidió a España hasta tres ampliaciones de información sobre Segi y de sus tres miembros detenidos.

En los informes enviados por España, el último de los cuales consta de más de 40 folios, se explicaba que Segi "es una organización terrorista que está supeditada a ETA, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2007".

También se pormenorizó la autoría intelectual de estos tres responsables de los aparatos de comunicación de Segi, de su actividad en la dinamización de la 'kale borroka' y de su jefatura en sus círculos geográficos correspondientes.

Por eso tienen confianza en que el Supremo italiano decida no estimar el recurso, para cuya decisión cuenta con un plazo de 15 días, dado que el Tribunal "es más sensible a temas de cooperación".

La Audiencia Nacional decretó ayer libertad bajo fianza de 18.000 euros para el presunto miembro de Segi Aitor Ligüerzana al estimar que, pese a la «gravedad» del delito que se le imputa, pertenencia a banda terrorista, su situación personal disminuye el riesgo de fuga al tener un «demostrado proyecto laboral». Ligüerzana fue detenido junto a otras 34 personas el pasado mes de noviembre en una operación contra la cúpula de Segi. EFE

http://www.diariovasco.com/v/20100918/p ... 00918.html

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado prisión incondicional para los nueve dirigentes de EKIN detenidos el martes, al considerar que el entramado político de ETA está "dinamizando y controlando las distintas asociaciones ilegales de la izquierda abertzale".
Grande-Marlaska ha adoptado esta decisión en un auto dictado hoy a instancias del fiscal Pedro Rubira después de interrogar desde pasadas las 12:00 horas a Erika Bilbao Barcena, Egoitz Garmendia Vera y Aniaiz Ariznavarreta Ibarlucea, tres de los nueve arrestados en la operación desarrollada por la Guardia Civil en el País Vasco, Navarra, Cantabria y Zaragoza.
Ayer ordenó prisión incondicional para Rosa Iriarte Laset, Urko Asier Ayerbe Sarasola, Ugaitz Elizaran Aguilar, José Aldasoro Jáuregui, Sandra Barrenetxea Díez y Eneko Compains Silva, que como los anteriores integran presuntamente la dirección de Ekin, el entramado político de ETA al que se atribuye un papel de "comisario", que reparte y hace cumplir las directrices de la banda.

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La condena de Segurola (34 años de edad) es más dura que los 15 años solicitados por la Fiscalía, y se atiene tanto en el caso de Zaldúa (38 años y embarazada) como en el de Barandalla (34) a los requerimientos del Ministerio Público. No obstante, los jueces no quisieron establecer un periodo mínimo de cumplimiento efectivo de las penas entre rejas, como había pedido el fiscal Olivier Bray, ni tampoco dictaron la orden de expulsión definitiva de Francia.

Bray, al reclamar la culpabilidad de los tres –ahora confirmada por el tribunal para la inmensa mayoría de los cargos–, había considerado que Zaldúa, al ser arrestada el 23 de marzo de 2005 junto a Segurola en Lannemezan (sur de Francia), era «la que dirigía la logística» militar de la organización terrorista, «el último eslabón» antes de los «comandos» que cometen los atentados. En concreto, al frente de esa estructura, denominada «Ataka», y desde un piso franco que ambos ocupaban en la vecina localidad de Saint Gaudens, se encargaban de dotar de vehículos, artefactos explosivos y armas a los etarras que cruzaban a España para perpetrar acciones terroristas, según la acusación.

En la vivienda de Saint Gaudens –que como un garaje que utilizaban en Lannemezan también había sido alquilado por Barandalla en 2004– se encontró un arsenal con varios cientos de kilos de materiales explosivos, detonadores, temporizadores, armas y abundante documentación de «Ataka».

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El miembro del 'comando Argala' de ETA Andoni Otegi ha pedido al tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional que "ponga facilidades" para terminar con el "conflicto" en el País Vasco. Se trata de la primera referencia, aunque sea de forma implícita, que se escucha en un juicio al anuncio de ETA sobre el cese de sus acciones armadas.

Tras negarse a contestar a las preguntas de la acusación, el etarra ha pronunciado unas palabras que han sido traducidas por la intérprete de la sala: "Sólo quiere decirle al juez que en el proceso para superar este conflicto político ponga facilidades y termine con la negación del sufrimiento de todos estos años".

Así lo ha expresado Otegi en la vista celebrada dos semanas después de que la banda terrorista anunciara el cese de sus "acciones armadas ofensivas", aviso al que siguió un nuevo comunicado el pasado domingo en el que advertía de su disposición a reunirse con los mediadores internacionales firmantes de la llamada Declaración de Bruselas en la que se pedía a ETA un alto el fuego permanente y completamente verificable.

El presidente de la sala segunda de lo penal de este tribunal, Fernando García Nicolás, le ha replicado al acusado que "en un proceso judicial" como éste las "manifestaciones parapolíticas no tienen cabida" y le ha instado a limitarse a contestar a las preguntas, a lo que se ha negado el acusado.

Andoni Otegi está siendo juzgado junto a Óscar Zelarain por su participación en el atentado con coche-bomba que tuvo lugar en Marbella (Málaga) el 21 de junio de 2002, hechos por los que la Fiscalía pide para ellos 20 años de prisión.

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El alcalde del municipio alavés de Aramaio, Asier Agirre, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el juzgado número 2 de Vitoria por un delito de prevaricación al celebrar un referéndum sobre el tren de alta velocidad que fue suspendida por un juzgado de Vitoria y que finalmente se llevó a cabo. El primer edil, sin embargo, ha sido absuelto de la acusación de desobediencia hecha por la Fiscalía.

La consulta se celebró los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007 coincidiendo con la elección de los alcaldes pedáneos de la localidad y, según la Fiscalía, se emplearon para ello medios materiales -urnas- y personales del Ayuntamiento.

La convocatoria del referéndum fue recurrida por el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, por no contar con las autorizaciones requeridas por la Ley de Bases de Régimen Local, y suspendida por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Vitoria el 28 de septiembre, aunque finalmente se llevó a cabo.

Asier Agirre ha negado reiteradamente que lo que se celebró fuera una consulta y ha matizado que fue una "encuesta" y ha insistido en que él se enteró de las fechas cuando recibió una carta y vio carteles en la calle.

La resolución del juzgado número 2 de Vitoria no es firme, por lo que puede ser recurrida.

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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a dos acusados de atacar con un cóctel molotov en 2006 la sede del Juzgado de Paz de la localidad vizcaína de Markina-Mexein por no exitir pruebas que acrediten su participación en los hechos.
El fiscal Daniel Campos solicitaba que se impusiera a los dos jóvenes, Eneko Ostolaza y Borja Oregi, una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de estragos terroristas. Además, también pedía que se les obligara a pagar una multa de 6.000 euros y una indemnización de 6.380 euros al Ayuntamiento de Markina, por los daños materiales provocados por el ataque.
Sin embargo, la Sala entiende que no ha quedado acreditado que Ostolaza y Oregui "fuesen quienes lanzaron los cócteles molotov que causaron tales daños ni que participasen en su lanzamiento".
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Clara Bayarri, recuerda que, tras el ataque, se abrieron diligencias, que fueron archivadas porque "ninguna evidencia física se obtuvo del análisis" de los restos encontrados en el lugar del ataque.
La investigación se reabrió después de que Ostolaza y Oregi fueran detenidos en enero de 2008, por su integración en grupos violentos afines a la banda terrorista ETA, e interrogados acerca de su participación en los diversos atentados contra bienes de la localidad de Markina.
Según recoge la sentencia, tras ser detenido, Ostolaza no mencionó durante sus declaraciones en sede policial ni judicial ningún ataque al Juzgado de Markina y cuando fue preguntado expresamente por estos hechos en 2009 lo negó.
Participación en "hechos violentos"
Mientras tanto, Oregi reconoció ante la Policía haber participado en "algunos hechos violentos", en algunas ocasiones junto a Ostolaza, y admitió en concreto haber atacado la sede del Juzgado de Paz de Markina en 2007. Además, admitió que "anteriormente", su compañero y él atacaron estos juzgados con una garrafa de gasolina y un artefacto incendiario.
Por lo tanto, la Sala considera que ninguno de estos dos ataques se corresponden al que se enjuicia en este procedimiento, ya que, según recoge el relato de hechos probados, en el ataque del 23 de septiembre de 2006 hubo tres cócteles molotov.
A juicio de los magistrados, los hechos reconocidos por Oregi en su declaración policial no parecen "circunscribirse" al ataque de 2006, sino que "pudiera referirse" a otro sufrido por los Juzgados en marzo de 2006, hechos que "no son objeto de este procedimiento". Según un informe de inteligencia policial, antes de noviembre de 2007 hubo "hasta cuatro ataques" contra los Juzgados de Paz de Markina.
"Ante la duda de cuál de los hechos fueron los perpetrados por los acusados, ante la constatación de la existencia de varios atentados contra el mismo objetivo, y tratándose este procedimiento en exclusiva del ataque efectuado el 23 de septiembre del 2006, y no otro, procede la libre absolución de ambos acusados", argumenta la Sala.
Durante el juicio, celebrado el pasado día 16, Oregi negó su participación en los hechos y explicó que esa noche se encontraba en Madrid cuidando una tía enferma. Por su parte, Ostolaza relató que esa noche estaba en Arrasate-Mondragón, donde trabajaba.
Oregi también fue absuelto de integración en SEGI
Ostalaza y Oregi fueron procesados junto a otros seis jóvenes por un delito de integración en organización terrorista, relativa a su pertenencia a la asociación juvenil ilegalizada SEGI. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los ocho a seis años de prisión, pero el Tribunal Supremo absolvió a Borja Oregi y otros tres jóvenes, confirmando la condena para el resto de acusados, entre los que está Eneko Ostalaza.
Según el alto tribunal, en el caso de Oregi, aunque él mismo reconoció formar parte de un 'talde' que ejecutaba acciones de 'kale borroka', no puede hablarse de integración en organización terrorista, porque "no todas las personas que ejecutan actos de violencia callejera" deben ser "por ello miembros de SEGI".

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trueno2 escribió:Amigo jagger tu como buen conocedor de músicas de todos los paises a ver si esto te recuerda

Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de emoción lalalalallalallalalallal.

un saludo

La encargada de un bar de San Sebastián que, saltándose las órdenes de la Ertzaintza, volvió a colgar fotos de miembros de ETA que ya habían sido retiradas tendrá que declarar en la Audiencia Nacional si prospera la denuncia presentada el pasado miércoles por la Fiscalía. En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal Pedro Martínez Torrijos recuerda que el pasado 15 de febrero los agentes se presentaron en el bar Herria –situado en el número 14 de la calle Juan de Bilbao de la capital donostiarra–, donde se exhibían fotografías de miembros de ETA. Tras identificar a la encargada del establecimiento, Elena Guinea, los ertzainas le obligaron a retirarlas. Dentro del local, la simbología proetarra incluía otro cartel con imágenes de terroristas de la banda ya fallecidos (como Antxon Tolosa, Luisma Zabaleta, Olaia Castresana y Oihane Errazkin), un mural con fotos de presos etarras y una pegatina con símbolos de la organización criminal. Todos fueron retirados al mismo tiempo que los agentes advertían a la mujer de «que podría incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo».
Posteriormente, según la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional –que dirige Javier Zaragoza– el pasado 23 de junio los agentes repitieron la visita, comprobando que la denunciada «había colocado de nuevo 15 fotografías de presos de la banda (Jon Koldo Aginalde, Miren Azkarate, Iurgi Mendinueta y Jon Markel Ormazabal, entre otros) acompañadas por carteles con la leyenda en euskera «fotos de presos prohibidas».
El fiscal pide al juez que por reparto asuma el caso que cite a declarar a Guinea y que pida un informe a la Ertzaintza sobre la pertenencia a ETA de las personas que figuran en las fotografías. En esta ocasión, sin embargo, no solicita la clausura cautelar del establecimiento como sucedió con dos bares de Pamplona.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a cinco presuntos etarras por intentar perpetrar una "matanza" en un repetidor de la localidad guipuzcoana de Hernani el 16 de enero de 2009, al hacer estallar un artefacto y colocar otras dos bombas trampa que no llegaron a explotar con las que pretendían atentar contra agentes de la Ertzaintza.

Los procesados son Beinat Aguinalde Ugartemendia, Ugaitz Errazkin Telleria y Manex Castro Zabaleta, miembros de un comando de 'legales' de ETA denominado 'Asti', así como Joanes Larretxea Mendiola y Iurgi Garitagoitia Salegui, integrantes de un grupo de 'liberados' de la banda llamado 'Ezuste'.

A los cinco, que también están procesados por el asesinato del empresario Ignacio Uria, perpetrado por ETA el 3 de diciembre de 2008 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, se les imputan en esta causa los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, pertenencia a banda armada, estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

El auto de procesamiento detalla que los cinco presuntos etarras prepararon el primer artefacto explosivo en la casa de la madre de Manex Castro y lo colocaron a la altura del repetidor de comunicaciones situado en el barrio de Santa Bárbara de Hernani. La bomba, que explotó a la una de la madrugada del citado día, causó daños valorados en más de 80.000 euros.

Según el juez, "aprovechando la hora nocturna que era y en la esperanza de que acudiera la Ertzaintza al lugar de los hechos", los procesados colocaron a escasos metros otras dos "bombas trampa" que estaban escondidas en mochilas y disimuladas entre la vegetación, conectadas entre sí mediante un sedal y una pinza de ropa y provistas de una gran cantidad de metralla.

Tras recibir el aviso de la explosión, acudieron al repetidor dos agentes de la Policía Local, 21 agentes de Seguridad Ciudadana e Investigación y 12 de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza, así como un técnico de Retevisión y un operario de mantenimiento. Todos ellos, según el juez, "tuvieron la prudencia y la suerte de no accionar las bombas".

En el camino de acceso al repetidor colocaron dos carteles pegados con cinta aislante con la indiciación 'Kontuz Bomba ETA (Peligro bomba ETA)' y otro igual en el repetidor, al tiempo que realizaron una pintada con aerosol verde con idéntica inscripción. El hecho de que la advertancia estuviera en singular es interpretada por el juez Velasco en el sentido de que los etarras se referían únicamente al artefacto explosionado, por lo que buscaban "llamar la atención de la Ertzaintza para que se viera envuelta en la posterior activación de las otras dos bombas trampa ocasionando una matanza".

El atentado fue reinvindicado por ETA en un comunicado difundido por el diario 'Gara' el 15 de junio de 2009 en el que se señalaba la intención de "impactar a los artificieros de la policía autonómica de España". Además del comunicado, en la causa consta el hallazgo en un contenedor próximo a la casa de la madre de Manex Castro una bolsa en la que se encontraron "elementos propios de la confección de bombas", así como un vídeo en el que se observa a éste y Ugaitz Errazkin comprando las mochilas supuestamente utilizadas en el atentado en el Decathlon del polígono Belartza de San Sebastián.

Para Velasco, "el escaso tiempo empleados por los dos imputados en la compra de las mochilas (tres minutos desde que acceden, se dirigen al expositor y posteriormente a caja)" hace suponer "un desinterés" de los etarras "por las características del producto", ya que "el destino que se le iba a dar no era el habitual".

Castro se encuentra en la actualidad en la prisión de Picassent (Valencia), mientras que Aguinalde, Larretxea y Garitagoitia permanecen encarcelados en Francia, donde fueron detenidos entre febrero y octubre del pasado año. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el primero de ellos --detenido junto al ex número 1 de ETA Ibon Gogeaskoetxea-- también habría participado en la muerte del concejal socialista en Mondragón Isaías Carrasco.

El único huido en estos hechos es Ugaitz Errazkin, para quien el juez Velasco reitera la orden de búsqueda y captura europea e internacional que decretó en julio pasado.

Además del asesinato de Uria y el atentado contra el repetidor de Hernani, los cinco presuntos etarras están imputados por otras tres acciones terroristas cometidas contra el Juzgado de Tolosa (Guipúzcoa), el 4 de octubre de 2008; la Universidad de Navarra, el 30 de octubre de 2008; y la sede del PSE de Lazkao (Guipúzcoa), el 23 de febrero de 2009.