FORO POLICIA

Siete presos disidentes de la banda terrorista ETA que han condenado la violencia y que están recluidos en la prisión de Nanclares de Oca (Álava) han logrado la concesión, por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de permisos regulares que les permiten salir de prisión hasta un máximo de 36 días al año. La medida se ha adoptado con el visto bueno del fiscal y de la junta de tratamiento de la cárcel, que se encarga de clasificar a los internos en los distintos grados penitenciarios.

Los reclusos aspiran ahora a salir a diario para trabajar o estudiar
Una vez logrados estos permisos, los presos, clasificados en segundo grado, aspiran a que se les aplique una medida prevista en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que faculta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a conceder un régimen personalizado de cumplimiento. Pretenden acceder a la prisión atenuada para poder salir de la cárcel a diario (salvo el fin de semana) para trabajar o estudiar. Esta norma se ha aplicado ya a tres internos de la prisión de Nanclares de Oca (Álava). Dos de ellos son Andoni Muñoz de Vivar e Iñaki Rekarte. En estos casos, el buen comportamiento de los internos durante los permisos previos fue un elemento definitivo para la concesión de esta medida. Estos dos presos, junto a Jorge Uruñuela, fueron los primeros en conseguir los permisos las pasadas Navidades.

Las salidas de las que son ya beneficiarios los siete presos las concede el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, previa solicitud del preso y a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión de Nanclares. En todos los casos, el magistrado ha autorizado la medida con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Todos los internos tienen un pronóstico favorable de reinserción, han condenado la violencia y han empezado -o se han comprometido- a hacer frente a las indemnizaciones que tienen que pagar a las víctimas.

Los permisos regulares, que inicialmente eran muy cortos, han ido creciendo paulatinamente, siempre dentro de los límites que establece la ley. Los primeros en concederse tenían una duración de solo tres o cuatro días que los presos disfrutaban cada dos meses. Con el tiempo se han ido alargando hasta el momento actual, en el que los siete internos gozan de 36 días al año fuera de la cárcel. Pueden salir seis días seguidos en meses alternos con el único requisito de presentarse a diario en alguna dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los internos que han gozado de estas salidas se encuentran algunos históricos con amplio historial delictivo pero que han roto desde hace tiempo con la organización terrorista, como Kepa Pikabea, implicado en una decena de atentados y con varias condenas por asesinato. También está entre ellos José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el antiguo jefe político de ETA -el ideólogo de la organización- condenado, entre otros delitos, por la inducción del asesinato del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta en 1992 y por ordenar desde su puesto de dirigente de la organización el cobro del impuesto revolucionario. Txelis ha pedido ya la concesión de la medida del 100.2.

Tanto Txelis como Pikabea fueron expulsados del colectivo de presos de ETA en febrero de 2008 -el primero había sido expulsado de la banda 10 años antes- por no someterse a las directrices de esta asociación y reunirse con Txema Urkijo, asesor de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco.

El resto de presos con permisos son Andoni Alza Hernández, José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, Luis María Lizarralde, Fernando de Luis Astarloa y Jorge Uruñuela. Alza, Pikabea y Astarloa firmaron -junto a Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola y Rafael Caride- una carta el pasado mayo dirigida al colectivo de presos de ETA en la que se planteaba por primera vez el "reconocimiento" y la "reparación" de los daños causados por ETA a las víctimas y animaban a sus ex compañeros a romper con la disciplina del colectivo de presos y acogerse a beneficios penitenciarios "para participar en los debates a favor de un cambio de ciclo".

En enero, Fernando de Luis Astarloa, Luis María Lizarralde, Andoni Alza y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares -junto a José Antonio Hernández Velasco y Josu García Corporales- anunciaron a través de una carta su "desvinculación por voluntad propia" de la banda terrorista. Aseguraban que habían abandonado ETA y que en ningún caso habían sido expulsados.

Los beneficiarios de los permisos se encuentran en segundo grado -el régimen ordinario-. El Código Penal recoge unas condiciones muy estrictas para que se puedan conceder tanto el tercer grado como la libertad condicional a los presos por terrorismo. Instituciones Penitenciarias endureció además las condiciones en que este tipo de reclusos pueden redimir condena.

Para ambas medidas debe haber un pronóstico favorable de reinserción. El penado debe mostrar "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas"; tiene que haber colaborado con las autoridades "para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada", "atenuar los efectos de su delito" o ayudar, en los casos en los que sea posible, a "la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado".

Todo ello podrá acreditarse según el Código, "mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean".


PRESOS QUE ESTÁN DISFRUTANDO DE PERMISOS REGULARES. Desvinculados de ETA y a favor del resarcimiento a las víctimas
- Kepa Pikabea. Nació el 5 de agosto de 1955 en Navarra. Con 25 años se integró en el comando Adarra de ETA, donde comenzó su andadura con la banda terrorista. Formó parte de la cúpula directiva de la organización a principios de los noventa con el entonces máximo dirigente Francisco Múgica Garmendia, Pakito. Fue detenido en 1994 en Francia. Está implicado en una veintena de asesinatos. Fue expulsado del colectivo de presos de ETA en febrero de 2008 por "romper la disciplina", en una maniobra que la policía interpretó como un intento de evitar una sedición entre los internos. En mayo animó a sus ex compañeros a apostar por el reconocimiento de las víctimas y a participar en "un cambio de ciclo".

- José Luis Álvarez, 'Txelis'. Ex jefe del aparato político de ETA. Condenado por ordenar el asesinato del catedrático y ex senador Manuel Broseta en 1992 -año en el que fue detenido- y por su relación con el cobro del impuesto revolucionario. Redactó una carta el pasado octubre en la que reafirmaba su rechazo a la violencia y su ruptura con la banda, que lo expulsó en 1998 después de que firmara una carta rechazando el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. En febrero de 2008, fue formalmente excluido del colectivo de presos de ETA -al que, en realidad, él había renunciado meses antes-. Dirigió también una carta en 2003 al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional en la que insistía en su abjuración de la violencia.

- Jorge Uruñuela. En prisión desde 2006. Cumple condena de 16 años por actos de violencia callejera. Prendió fuego a un concesionario de coches y a una sucursal bancaria. El hecho de haber suscrito una declaración de condena del terrorismo, solicitar perdón a las víctimas y mantener un rechazo activo a la violencia frente a sus ex compañeros, le valió el acceso a los primeros permisos de tres días, concedidos por el juez las pasadas Navidades.

- José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. Detenido en mayo de 1992 por colaborar con el comando Vizcaya y condenado a 41 años de cárcel. Fue cómplice de un atentado contra un guardia civil al dar cobijo en su casa al asesino, Javier Martínez Izaguirre. Los agentes hallaron en su chalé de Barrika (Vizcaya) un zulo dispuesto para albergar

a un secuestrado. Se desvinculó de ETA "por voluntad propia" el pasado enero.

- Luis María Lizarralde. Detenido en Uruguay en mayo de 1992 y extraditado a España dos años después. Condenado a 74 años por varios asesinatos, entre ellos el de un guardia civil en julio de 1981 en Irún con el comando Donosti. En mayo firmó la carta enviada al colectivo de presos que rechazaba la violencia y proponía la reparación

de las víctimas.

- Andoni Alza. Detenido en San Sebastián en 1984 acusado de formar parte de un comando de información. Pasó tres años en la cárcel. En 1991 fue detenido de nuevo y condenado a 30 años por pertenencia a ETA y tenencia de armas y explosivos. Lleva 19 años en prisión. En mayo firmó la carta de reparación a las víctimas.

- Fernando de Luis Astarloa. Detenido en 1987 en Francia y condenado a 100 años por su participación en dos asesinatos y varios atentados con explosivos. Se desvinculó de ETA en enero de 2010 y firmó la carta que pedía resarcir a las víctimas.

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La Tigresa’ también ha abandonado ETA. La mujer más sanguinaria en la historia de la banda asesina ha dicho adiós a las armas. Al menos, de momento. Hace sólo ocho años, Idioa López Riaño gritó “¡Gora ETA askatuta!” cuando era juzgada en la Audiencia Nacional.
La sanguinaria terrorista ha firmado recientemente un documento en el que declara que se desvincula totalmente de ETA y rechaza la violencia, según confirman fuentes de la lucha antiterrorista a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital.

En ese texto, ‘La Tigresa’ también suscribe su arrepentimiento a las acciones terroristas que protagonizó y pide perdón a las víctimas. Además, desde hace tiempo, López Riaño se niega a recibir a los abogados que habitualmente asisten a los presos de ETA.

Según las informaciones de que dispone ECD, esas tres condiciones (rúbrica de un documento anti-ETA, rechazo de la violencia y negativa a recibir a los letrados de la banda) han llevado al ministerio del Interior a trasladar a ‘La Tigresa’ a la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava.

En este centro penitenciario cumplen también condena varios ex terroristas que han dado con anterioridad los mismos pasos que López Riaño. Son, entre otros, Joseba Arizmendi, condenado por un asesinato y el intento de otro; Andoni Muñoz de Vivar, que ya sale de prisión para ir a trabajar; Iñaki Rekarte, Aitor Bores, Rafael Caride, Koldo Carrasco y Joseba Arizmendi. Todos ellos han firmado el mismo documento pidiendo perdón y diciendo ‘no’ a la obediencia a ETA.

‘La tigresa’, la etarra más sanguinaria

Antes de llegar a Nanclares, Idoia López Riaño se encontraba interna en el centro penitenciario de Granada. Allí cumplía condena por un total de 23 asesinatos, que acumulan unos 2.000 años de cárcel.

‘La Tigresa’ participó en el segundo atentado con más víctimas mortales de la historia de ETA, el de la República Dominicana, en el que murieron doce guardias civiles. Ese mismo año, en el 86, mató a otros cinco guardias con un coche bomba.

Funcionarios de prisiones consultados por ECD y que han coincidido con ella en algún establecimiento penal la recuerdan como una persona muy fría. Destacan de ella sus ojos azules, sus 180 centímetros de estatura y su “mala leche”.

De hecho, en más de una ocasión protagonizó incidentes violentos, llegando a las manos, con funcionarias de algún centro penitenciario. En una época coincidió en la misma prisión, en Brieva, con Luis Roldán, aunque ocupaban módulos diferentes.

En el juicio por el brutal asesinato de la plaza República Dominicana, celebrado en 2002, ‘La Tigresa’ dijo ante el tribunal estas palabras: “Mientras ustedes se empecinen en que nos van a asimilar con este engendro de Estado, nosotros seguiremos enfrente hasta que dejéis Euskal Herria en paz”. Se marchó de la sala esposada gritando “Viva ETA”.

Varios de los miembros de aquel sanguinario ‘comando Madrid’ de los ochenta, en el que se encontraba López Riaño, ya han mostrado su disidencia a ETA. El caso más significativo es el de Santiago Arróspide, ‘Santi Potros’, actualmente en la prisión de Zuera.

Bajas que hacen mucho daño a ETA

Los presos de ETA disidentes van en aumento, mientras la banda se niega a reconocerlo. Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este confidencial explican que la marcha de ‘La Tigresa’ hará mucho daño a la banda terrorista, que tardará, si lo hacen, en admitirlo.

La dirección de ETA, explican, siempre se niega a reconocer que algunos presos hayan dicho ‘no’ a sus directrices. Recuerdan el caso de ‘Txelis’ y ‘Pikabea’: los dos terroristas decidieron desvincularse por su cuenta de la organización terrorista y, más tarde, la banda hizo público un comunicado asegurando que les expulsaba del ‘aparato de makos’ (prisiones). Ambos ex etarras tuvieron que escribir un texto confirmando que eran ellos quienes se marchaban y que nos les había echado.

Idoia López Riaño, 'La Tigresa', no ha sido la única conocida terrorista acercada por el Ministerio del Interior en las últimas semanas. Inés del Río Prada, condenada a 2.803 años de cárcel y compañera de 'La Tigresa' en el sangriento comando Madrid de la década de los ochenta, ha sido traslada de Murcia a Palencia, a pesar de que ella, a diferencia de López Riaño, no ha firmado la carta de arrepentimiento ni ha dicho que ha roto con la organización terrorista. A sus espaldas pesan 24 asesinatos, uno más que 'La Tigresa'. Del Río, en sus 23 años de cárcel, nunca había estado en una de las prisiones de la mitad norte peninsular.
Según han desvelado mandos de la lucha antiterrorista, Del Río, más conocida como 'Nieves' o 'Pequeña', fue llevada a mediados del pasado junio desde la cárcel de Murcia -a casi 700 kilómetros de su Tafalla natal- hasta el centro palentino de Dueñas, a poco más de 300 kilómetros de su casa. Nunca antes, desde que fuera detenida en julio de 1987 en Zaragoza, Del Río había estado tan cerca de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. En los últimos 23 años había sido mantenida especialmente alejada del norte de la península en centros de Córdoba, Puerto II (Cádiz), Algeciras (Málaga) o Albacete, ya que se le consideraba una irredenta de la organización. Desde agosto de 2007 estaba en Murcia.
Fiel al 'frente de makos'
Su actitud, explican responsables penitenciarios, no ha cambiado. 'Nieves', que tras la entrada en vigor de la 'doctrina Parot' no saldrá de la cárcel hasta junio de 2017, ha seguido fiel a las directivas del 'frente de makos' y «en ningún momento ha dado muestras de arrepentimiento ni de participar en la vida carcelaria».
Cinco son las condenas que pesan sobre esta activista, todas ellas como miembro del comando Madrid: 58 años por el asesinato del coronel Vicente Romero, su chófer y a un policía nacional; 2.232 años por el atentado de la Plaza República Dominica contra un convoy de la Guardia Civil en el que murieron 12 funcionarios y en el que también estuvo involucrada López Riaño; 87 años de cárcel por el atentado contra el comandante Sáenz de Ynestrillas y otros dos militares, en el que igualmente participó 'La Tigresa'; 378 años por el asesinato de cinco guardias civiles con un coche bomba en la calle Príncipe de Vergara en compañía de Idoia López; y 48 años más por el atentado que costó la vida contra el vicealmirante Escrigas.
«Prematuro»
El acercamiento a Nanclares de Oca de Idoia López Riaño, 'La Tigresa', la más sanguinaria terrorista de ETA, ha sido demasiado para el Partido Popular, que desde el principio de la actual legislatura ha apoyado sin fisuras la política antiterrorista del Gobierno, incluidos los acercamientos selectivos de activistas, muchos de ellos con delitos de sangre. La dirección nacional del PP, en privado, se quejó de que ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni nadie de su departamento les informó de que el Gobierno había aprobado este polémico traslado.
La dirección de la calle Génova no quiso hacer declaraciones sobre un acercamiento que reconocen es legal, pero que creen «prematuro» y cuyo secretismo podría debilitar el pacto antiterrorista. Sólo Soraya Sáenz de Santamaría pidió explicaciones. «Todavía estamos esperando a que el ministro dé explicaciones voluntariamente sobre esos movimientos y esas decisiones y que no tengamos que pedirlas en otras instancias», apuntó.
El peso de la ofensiva se dejó en manos del PP de Euskadi. Su presidente, Antonio Basagoiti, afirmó que «no me gusta un pelo y entiendo que las víctimas del terrorismo se sientan dolidas». Además, recordó que López Riaño tiene «muchos asesinatos encima», de víctimas a las que, según recalcó, «no se puede acercar a casa». Por eso el líder del PP vasco reclama que la política de traslados de presos tenga «garantías plenas» de que se «cumpla la ley».

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Los portavoces del «colectivo» están en cárceles de Andalucía, al igual que los reclusos del sector «más duro».

El Ministerio del Interior ha procedido, en lo que va de año, a trasladar a cárceles más lejanas del País Vasco a un total de 63 reclusos de ETA, dentro de la política penitenciaria que sigue este departamento y que también incluye algunos acercamientos, como el que se produjo hace tres semanas con la terrorista Idoia López Riaño, alias «Margarita».

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, los internos considerados como más peligrosos y que se mantienen dentro de la disciplina de la banda criminal, continúan, en su mayoría, en cárceles del sur de España.

Entre ellos se encuentran los portavoces del «colectivo», Juan Lasa Michelena, «Txikierdi», y Ana Belén Egües. También, José Antonio López, «Kubati», o Henri Parot, autor, entre otros crímenes, de la matanza de niños en el cuartel de la Benemérita de Zaragoza.

El Ministerio de Interior ha procedido a alejar a presos que, supuestamente, estaban dispuestos a mantener actitudes favorables al abandono de las prácticas terroristas y acercó a Zuera (Zaragoza) pero que, según se pudo comprobar después, seguían dentro de la ortodoxia etarra.

A Murcia y Algeciras
Es el caso de Jesús Amantes Arnaiz, «Txirlas», y Jon Koldo Aparicio Benito, «Aitor» (uno de los firmantes de un escrito en 2004, junto con Francisco Múgica, «Pakito», y otros pistoleros, en el que se cuestionaba la oportunidad de la «lucha armada»), que fueron trasladados, respectivamente, a Murcia y Algeciras.

Lo mismo ocurrió con Aitor Herrera Vieites, que fue acercado a la cárcel aragonesa junto con otros 11 reclusos, pero que, inmediatamente, anunció que iba a participar en las protestas convocadas por el «colectivo» y ordenadas por ETA. Fue trasladado a la prisión de Valencia.

Entre los 63 alejamientos se incluyen reclusos que pasaron por prisiones madrileñas, con el fin de acudir a la Audiencia Nacional para cumplimentar diligencias, y que, en vez de ser acercados a cárceles próximas al País Vasco, fueron llevados a centros distanciados de esta Comunidad.

Los dos abogados que estaban al mando del «Frente Jurídico» del entramado la banda, que fue desmantelado por la Guardia Civil, Jon Emparantza y Arancha Zulueta, se encuentran, respectivamente, en las cárceles de Albolote (Granada) y Cáceres.

El sanguinario pistolero Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», autor, entre otros crímenes, del secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, y del de Gregorio Ordóñez, está en la prisión de Almería después de haber pasado por la de Teixeiro (La Coruña).

Entre los internos que también han sido alejados figura Teresa Toda, subdirectora del diario «Egin», que fue trasladada desde la prisión de Topas, en Salamanca, a la de Córdoba.

José Domingo Sola Torres, que se mantiene dentro de la disciplina de ETA, estaba, hasta hace poco, en la cárcel de Logroño, una de las más cercanas al País Vasco. A raíz del traslado a este centro del que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha sido llevado a la de Dueñas, en Palencia. El también «batasuno» Asier Virumbrales, que cumplía condena en la cárcel de Burgos, fue trasladado a la de Castellón; Juan Urquizu, de la de Zuera, a la de Alcazar de San Juan (Ciudad Real); Sergio Polo («comando Donosti»), de la Teixeiro, a Valencia; y Alfonso Castro, del «comando Ipar Haizea», de Herrera de la Mancha al Puerto de Santa María.

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El ex jefe de ETA Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, duerme en la cárcel de Zuera (Zaragoza). Allí, espera el traslado a Nanclares de Oca (Álava) y aspira a los beneficios penitenciarios que concede el Ministerio del Interior a los presos de ETA y su entorno que se desmarcan de la banda y muestran su presunto arrepentimiento por los crímenes cometidos.


El ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha premiado a este etarra. Dentro de su política de premios y castigos, Instituciones Penitenciarias trasladó a Múgica Garmendia a la cárcel de Zuera, uno de los laboratorios (el otro es el penal de Villabona, en Asturias) donde el Ejecutivo ubica a los presos presuntamente críticos con la banda.

Pakito dirigió ETA durante los años de plomo, cuando la banda terrorista intentaba conseguir una negociación con el Estado a base de atentados impactantes que intentaban causar el mayor número posible de víctimas. Ahí se enmarca, por ejemplo, el atentado contra el supermercado Hipercor de Barcelona, en junio de 1987. Perdieron la vida 21 inocentes.

Lo más paradójico de este caso es que fue precisamente Pakito quien demolió el camino a la reinserción de los presos etarras a finales de los años ochenta. Y lo hizo ordenando el asesinato de María Dolores González Catarain, Yoyes.

La siniestra historia de ETA está marcada por el asesinato de Yoyes el 10 de septiembre de 1986. Esta mujer había sido la primera en ocupar puestos de dirección en la banda asesina, en los años 70. En el entorno de ETA era poco menos que una heroína. Tras su exilio a México y un paso por Francia, decidió volver a España beneficiándose de la Ley de Amnistía de 1977.

Los jefes de la banda terrorista vieron en el comportamiento de Yoyes la mecha que podría encender el camino del abandono de las armas y la posterior reinserción de otros etarras. Y decidieron cortarlo de raíz con una demostración de fuerza. Con su crueldad de serie y con un punto más, si cabe, de barbarie, ordenaron el asesinato de su antigua compañera.

El jefe de los pistoleros etarras era Pakito. También desempeñaba funciones importantes José Antonio Urruticoeche Bengoechea, Josu Ternera, hoy adalid del diálogo con el Gobierno.

Que Pakito ordenase matar a Yoyes es especialmente llamativo, porque ambos eran naturales de la misma localidad, Ordizia (Guipúzcoa). Según sentencia judicial, el autor material del asesinato fue José Antonio López Ruiz, alias Kubati. También asesino de al menos otras tres personas, Kubati nunca ha mostrado su arrepentimiento y está en la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz).
Pakito, responsable de decenas de asesinatos, fue detenido en 1992 en Bidart (Francia) junto a José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José María Arregui Erostarbe, Fiti. Los tres formaban el colectivo Artapalo que dirigió ETA durante años. Pakito pretende ahora seguir los pasos de Txelis, que ya está en Nanclares de Oca y que podría obtener beneficios penitenciarios para salir a la calle el próximo octubre, según El Mundo. El otro miembro del triunvirato no ha mostrado arrepentimiento alguno. Fiti vive recluido en la prisión de Jaén.

En 2003, Pakito fue extraditado a España. Un año después, él y otros cinco etarras hicieron pública una carta en la que pedían el final de la “lucha armada” por motivos estratégicos.

En 2005, se publicó que la banda terrorista había expulsado de sus filas a los firmantes de aquella misiva. Sin embargo, hoy Francisco Múgica Garmendia sigue en las listas de presos de ETA, con su nombre en el Colectivo de Presos Políticos (EPPK).

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El recluso de ETA Mikel Ibáñez ha reingresado esta mañana en la cárcel de Martutene, San Sebastián, tras permanecer dos en prisión atenuada en su domicilio por padecer cáncer. Ibáñez fue condenado en 2009 a 27 años de prisión por el asesinato del industrial Patxi Zabaleta en junio de 1988.

Según ha informado Askatasuna, la asociación de apoyo a los presos de la banda, Ibañez pidió hace poco poder salir unas horas al día de su domicilio por considerar que le convenía caminar, aspecto corroborado por el médico forense que ha analizado su estado de salud.

Como consecuencia de esto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el reingreso en prisión del reo, ya que allí tendría oportunidad de caminar. La petición ha sido finalmente aceptada por el juez, que ha decretado el traslado al penal de Martutene del preso.

Ibáñez fue detenido en París en enero 2007 procedente de Uruguay y un año después fue extraditado a España. Cuatro meses después, el 12 de junio de 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le concedió la prisión atenuada a causa del cáncer que padecía. Desde entonces, ha permanecido en su domicilio bajo custodia policial.

Además, la Audiencia Nacional desestimó ese mismo año la petición realizada por el Departamento de Interior del Gobierno vasco para que se colocara al preso una pulsera telemática para su localización, con el objetivo de evitar estancias prolongadas de agentes de la Ertzaintza en las inmediaciones de su domicilio y reducir, de esta forma, "el riesgo de un atentado". La Audiencia consideró que la pulsera podría causar "daños" a la salud del etarra, dada su dolencia.

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Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, es otro de los etarras que espera en la cárcel de Zuera (Zaragoza) los beneficios penitenciarios del Gobierno. El Ministerio del Interior ya le premió hace más de un año con su traslado a la citada prisión. Y ahora estudia la posibilidad de volver a premiarle, en este caso con su acercamiento al penal Nanclares de Oca (Álava), donde el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba reúne a los presos etarras más críticos con la banda asesina.

El caso de Arróspide Sarasola, miembro de la jefatura de ETA cuando fue detenido en 1987, es similar a otro denunciado ayer por LA GACETA: el de su compañero de fechorías Francisco Múgica Garmendia, Pakito, jefe del aparato militar de ETA entre 1986 y 1992. Estos dos individuos y José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, eran los líderes de la "rama militar" de la banda en su época más sanguinaria. Pakito era el número uno y los otros dos sujetos eran sus lugartenientes. Su crecimiento en la estructura de la organización terrorista era proporcional a sus ansias de cometer el mayor número posible de asesinatos para forzar al Estado a una negociación política.

Hoy, Pakito y Santi Potros son, según las fuentes consultadas por este diario, candidatos más que firmes a ser acercados a la prisión de Nanclares de Oca, pese a sus amplios historiales de muerte y destrucción.
A pesar de que Interior coloca a ambos la etiqueta de críticos (por eso están en Zuera desde hace más de un año) y a pesar de que se han manifestado contra la “lucha armada”, ambos líderes terroristas están aún dentro de ETA, puesto que aparecen en los listados oficiales del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Ese listado, a disposición de cualquiera en Internet, incluye un repaso de las cárceles por las que han pasado.
El currículum de Santi Potros dentro de ETA es un recorrido por la infamia. Este individuo está condenado por la Audiencia Nacional por haber ordenado el atentado de Hipercor en Barcelona, en el que murieron 21 personas, y el atentado en la madrileña plaza de la República Dominicana, en el que murieron 12 personas. Además, tomó parte en dos secuestros y en el intento de asesinato del ex presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil. Por sus crímenes, pesan sobre él 3.112 años de cárcel. Y si no recibe beneficios de ningún tipo, saldrá de prisión en 2030.

Tres fases
El recorrido habitual de los presos etarras críticos diseñado por el Ministerio del Interior se divide en tres fases. Primero, Instituciones Penitenciarias traslada a los terroristas desmarcados de la banda a cárceles colindantes con el País Vasco. Son prisiones conocidas como laboratorios: Villabona (Asturias), Zuera (Zaragoza) e incluso Logroño. La segunda fase, a la que de momento sólo ha accedido una veintena de etarras, es el acercamiento a cárceles dentro del País Vasco, como Nanclares de Oca (Álava). Y, además, la tercera fase es la de los beneficios penitenciarios propiamente dichos, que consisten, por ejemplo, en salir a la calle. Al menos nueve etarras gozan ya de ellos.
Tanto Santi Potros como Pakito, responsables de decenas de asesinatos, se encuentran ahora en la primera fase, pero con amplias posibilidades de pasar a la segunda. Todo depende de Interior.

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Fernando García Jodrá, conocido como Txomin, tiene a sus espaldas varios asesinatos, entre otros el del ex ministro Ernest Lluch, por el que cumple una condena de 70 años. Pues bien, el terrorista quiere ser ahora padre y ha exigido a Instituciones Penitenciarias que le trasladen a una cárcel junto a su novia, la también etarra Nerea Bengoa.

El terrorista se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad junto a su pareja en un hospital de Córdoba. Sin embargo, Txomin fue trasladado a la prisión de Huelva debido a su gran conflictividad y para ello ya ha presentado en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Huelva un escrito en el que exige el reagrupamiento.

En este sentido, el departamento que dirige Mercedes Gallizo se está planteando qué hacer con esta petición aunque Instituciones Penitenciarias es favorable a que se cumpla la exigencia del etarra. Lo que faltaría por decidir sería donde. Las posibilidades pasan por trasladar a la novia a Huelva o bien la vuelta de Txomin a Córdoba. La otra alternativa es buscar para los dos un tercer penal.

Pero precisamente fue Instituciones Penitenciarias el que trasladó al etarra a Huelva por su comportamiento y los problemas que causó en Córdoba. Es considerado conflictivo y un representante de la línea dura del colectivo de presos etarras.

Además, en los pocos meses que lleva en Huelva, Txomin ya se ha convertido en el cabecilla de los 16 presos etarras que cumplen condena allí siendo además interlocutor con la dirección de ETA.

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El fin es evitar falsos arrepentimientos de etarras que puedan aprovecharse del articulado actual para mejorar su situación en prisión. Según informaron a Europa Press fuentes del colectivo de víctimas, ésta será una de las primeras decisiones a adoptar por la Comisión de Seguimiento creada a iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con el fin de vigilar la política penitenciaria seguida por el Gobierno socialista. Este organismo se constituirá oficialmente el próximo miércoles día 8 con una primera reunión en la que aprobará su línea de actuación que tendrá un carácter técnico, aunque también contará con una "declaración de mínimos".

Uno de los primeros objetivos será concertar encuentros con el ministro del Interior y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a fin de exponerles los resultados de estas reuniones, precisaron las mismas fuentes. La Comisión estará integrada por cinco personas repartidas entre abogados, víctimas y técnicos, que abordarán la actual interpretación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por el cual al menos dos presos etarras se han acogido en las últimas semanas a beneficios penitenciarios.

Tras la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, el acceso al tercer grado --acudir a la prisión sólo para dormir-- tan sólo es posible para aquellos condenados por terrorismo que hayan cumplido al menos la mitad de su condena, que hayan acreditado su arrepentimiento y muestren su disposición a reparar económicamente a sus víctimas así como a colaborar con la Justicia. Sin embargo, el artículo 100.2 tiene una aplicación más flexible que contempla diversas posibilidades en función de otros requisitos.

Este es el caso de los internos en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, Fernando de Luis Astarloa y Andoni Muñoz, quienes, en virtud de ese artículo, tienen permiso para abandonar la prisión a diario para participar durante unas horas en talleres para su reinserción, una medida a la que podrían acogerse más etarras en el futuro. No obstante, este mismo artículo ha servido en otras ocasiones para otorgar permisos de hasta 6 días a otros internos o incluso la posibilidad de terminar de cumplir condena en su casa "por razones humanitarias" como fue el caso del terrorista José Ignacio de Juana Chaos.

100.2, interpretación demasiado flexible
Las víctimas entienden que el artículo deja abierta la puerta a una interpretación demasiado flexible que ahora quieren delimitar al menos para los casos de terrorismo. La aplicación del 100.2 se concede en virtud de informes elaborados por los técnicos de Instituciones Penitenciarias y con la posterior aprobación de la Fiscalía y en última instancia del juez de Vigilancia Penitenciaria. Para beneficiarse de esta medida es preciso haber cumplido una parte considerable de la condena y el preso debe haber mostrado "factores positivos" en su comportamiento en prisión. Se trata de un paso intermedio entre el segundo grado --en el que se encuentra la mayoría de presos-- y el tercero, que permite asistir a la cárcel tan sólo para dormir, un beneficio del que tan sólo disfruta uno de los presos condenados por terrorismo en el penal de Nanclares de Oca, según explicaron fuentes penitenciarias.

En este sentido, la primera reunión de la Comisión de Seguimiento también aprobará trasladar a Rubalcaba y a Gallizo una "declaración de mínimos" que constará de varios puntos en los que fijarán su posición sobre estos asuntos. El objetivo es mostrar su rechazo a que la política de división del colectivo de presos de la banda seguido por Ejecutivo derive en un exceso de privilegios para los terroristas sin la garantía previa de su arrepentimiento y los requisitos que marca la Ley.

En el mes de julio, el principal colectivo de víctimas ya anunció que no descarta movilizar a la ciudadanía para manifestarse en contra de la política penitenciaria del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que a su juicio aplicar "beneficios" a presos de ETA es una actuación "inmoral, injusta e inadmisible".

"Consideramos un insulto y una burla a las víctimas que desde el Ministerio del Interior se justifiquen los beneficios a terroristas de ETA argumentando que ya no son miembros de esta banda terroristas y alegando que han pedido perdón a las víctimas", argumentó la AVT.

Los tres miembros de Segi, organización terrorista supeditada a ETA, detenidos en junio en Roma fueron juzgados este miércoles y serán extraditados a España, según dictaminó el magistrado.

Los tres detenidos serán entregados a la Audiencia Nacional española, que tiene una causa abierta en la que se les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, informaron fuentes judiciales españolas

El pasado 10 de junio los tres miembros de Segi, huidos desde noviembre de 2009 y sobre los que pesaba una orden de detención europea, fueron arrestados en Roma cuando iban a protestar al paso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encontraba de visita oficial en la capital de Italia.

Se trata de Fermín Martínez Lakuntza (Pamplona, 1981), Artzai Santesteban Arizkuren (Pamplona, 1984), recluidos en la prisión de Regina Coeli, y de Zuriñe Gogenola Goitia (Lekeitio, Vizcaya, 1983), presa en la cárcel de mujeres romana de Rebibbia.

"A partir de ahora -dijeron las fuentes judiciales- se comunicará a las autoridades españolas que se ha concedido la extradición y entonces Interpol, España e Italia tienen que ponerse de acuerdo, ya que existe un plazo de diez días para entregarlos".

En este plazo, la policía española tendrá que viajar a Italia a recoger a los detenidos y llevarlos a la Audiencia Nacional. "Ha costado, pero han tenido la sensibilidad necesaria para conceder la extradición, ya que existe un poco de desconocimiento de lo que es nuestro entorno, y ETA", agregaron las fuentes.

El juez italiano pidió a España hasta tres ampliaciones de información sobre Segi y de sus tres miembros detenidos. En los informes enviados al magistrado, el último de los cuales consta de más de 40 folios, se explicaba que Segi "es una organización terrorista que está supeditada a ETA, según sentencia del Tribunal Supremo de 2007". Esta sentencia tuvo que ser traducida al italiano y entregada al juez.

También se pormenorizó la autoría intelectual de estos tres responsables de los aparatos de comunicación de Segi, de su actividad en la dinamización de la 'kale borroka' y de su jefatura en sus círculos geográficos correspondientes. Los tres miembros de Segi fueron defendidos por abogados italianos contratados por la organización, añadieron.

En libertad bajo fianza otra miembro de Segi
La presunta miembro de Segi Maialen Eldua Azkarate será puesta en libertad entre este miércoles y jueves después de depositar una fianza de 18.000 euros, según ha informado el grupo de apoyo a los presos Askatasuna.

La donostiarra fue detenida en noviembre del año pasado en el marco de una operación contra la cúpula de Segi, que se saldó con 34 arrestados en el País Vasco y Navarra.

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materialpolicial.com

trueno2 escribió:Y yo me pregunto porque diablos no los habrán dejado allí y tirarlos al Vesuvio o al Etna.

un saludo

intervencionpolicial.com

jagger30 escribió:

trueno2 escribió:Y yo me pregunto porque diablos no los habrán dejado allí y tirarlos al Vesuvio o al Etna.

un saludo

Coñe Trueno al tirar tanta al agua así terminas con la hidroesfera del planeta y sí lo tiras al Etna cuando entre en erupción empezara a llover

Saludos.