FORO POLICIA

por **EL LOBO** » Mar Abr 09, 2013 5:36 am

Las víctimas temen que el Gobierno facilite la vuelta de la ETA de los 80

El rearme moral de ETA recuerda a las víctimas a los “años del plomo” cuando tenían que enterrar a sus muertos a escondidas.

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, lo dejó muy claro el pasado martes cuando solicitó la ilegalización inmediata de Sortu y Bildu ante sus manifestaciones tras el fallecimiento la semana pasada en París, del sanguinario terrorista Xabier López Peña Thierry. Según las víctimas, la condescendencia con los asesinos les llevan a aumentar sus demandas, a costa del conjunto de los ciudadanos, se sienten más fuertes. No pudo resumirlo mejor Pedraza: “Van tan de sobrados, por desgracia, que creen que pueden hacer lo que quieran y no es así. Creo que hay que pedir su ilegalización ya. No podemos seguir así”.

La situación tardó años en darse la vuelta y, si a finales de los noventa las víctimas alcanzaron la consideración social que se merecían, hoy ven con asombro como la banda terrorista es recibida por los representantes políticos mientras a ellos se les pide que se olviden de sus muertos y sean generosos con quienes, como Bolinaga, obtienen beneficio tras beneficio.

La AVT ya ha avisado varias veces que la situación lleva camino de convertirse en la que vivieron durante los años ochenta, cuando tenían que enterrar a sus familiares a escondidas.

LA GACETA recoge la documentación que demuestra el drama que vivían las víctimas durante los años ochenta, cuando el Gobierno socialista de Felipe González ocultaba los asesinatos de la banda. Fue el caso del abogado Juan Caballero Porral asesinado por la banda terrorista de ultraizquierda ETA el 1 de junio de 1986, pero no reconocido como víctima hasta 1999, con el cambio legal que realizó el Ejecutivo presidido por José María Aznar.

Sus hijos tuvieron que esperar 13 años hasta que se les reconoció la condición de víctimas. Ahora uno de ellos, Francisco Javier Caballero Porres, ha presentado una denuncia para evitar que continúe esa impunidad de actuación. El escrito, remitido al Fiscal General del Estado, pide que se abra una investigación sobre las circunstancias que han permitido a tres destacados dirigentes de ETA, con órdenes de busca y captura internacional, residir en Noruega sin ser detenidos. Una detención que no se ha producido ni tras la extinción de sus visados a principios del pasado mes de marzo.

Los tres terroristas a los que se refiere el texto del abogado son: José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera, Irache Sorzábal Espela y David Pla Minzo. El primero de ellos era el número dos de la banda terrorista cuando se produjo el asesinato del padre del denunciante. Acabaría siendo el cabecilla de los terroristas tras la muerte de Txomin Iturbe Abasolo, un año después.

El crimen cometido contra Caballero cuando tenía 84 años se enmarca dentro de la época conocida como los años de plomo. Eran las fechas centrales de los ochenta y los terroristas mantenían un costoso pulso con el Estado usando como moneda de cambio la sangre de sus víctimas. Entonces, de 1984 a 1986, con una media de 38 asesinatos al año, ETA estuvo a punto de someter al Gobierno socialista y le obligó a negociar en Argel en 1989.

Encadenado

A la una y media del mediodía del 1 de junio de 1986 era encontrado el cadáver de Juan Caballero en su casa en San Sebastián. Su muerte fue en situaciones extrañas como muestra el estado en el que se encontraba el cuerpo. Según el informe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián: “vestido con pijama, pudiéndose apreciar que tenía ambas manos, y en concreto a la altura de las muñecas atadas con una cadena cerrada con un candado, en el que se encontraba introducida una llave”.

El mismo informe, fechado solamente cinco días después de los hechos, ya apuntaba a que la autoría más probable de la muerte del abogado era la de la banda terrorista “toda vez que ciertas circunstancias que rodean los hechos permiten suponer y por ello no descartar, la participación de la Organización Revolucionaria Socialista Vasca de Revolución Nacional E.T.A., rama militar en el hecho, habida cuenta de que debido a la personalidad del finado, su profesión y sus inclinaciones políticas, así como sus medios económicos permiten presupuestar que la víctima podía haber sido objeto de un intento de secuestro”.

Una hipótesis que el mismo informe reforzaba al señalar que uno de los hijos del asesinado, Javier Caballero Dotres, también abogado y que compartía despacho con su padre, había recibido “una carta en la que solicitaba el pago del impuesto revolucionario”. En esa carta remitida por ETA, a la que ha tenido acceso LA GACETA, se le exigía la “entrega de 10 millones de pesetas en billetes usados de numeración discontinua o en su defecto en moneda extranjera”.

Un importe que jamás se satisfizo. Lo que siempre llevó a la familia a deducir que el objetivo de los terroristas no era el padre, sino el hijo, y que al encontrarse ausente del domicilio por estar de viaje, se ensañaron con el anciano de 84 años.

La amenaza de la carta en la que se extorsionaba a la familia era clara: “Si no hace la entrega en el plazo fijado, le buscaremos hasta ejecutarle. Si avisa a la policía, o en la entrega sucede cualquier contratiempo del tipo que fuere, será igualmente ejecutado hallá (sic) donde se encuentre aunque salga de Europa”.

La misiva amenazadora, enviada en defensa de la “lucha del Pueblo Travajador (sic) Vasco”, hacía una justificación de la demanda de dinero exponiéndola en el concepto de la lucha de clases del marxismo más clásico: “Vd. y la clase a que pertenece, es directamente responsable de esta situación ya que está contribuyendo ideológica y económicamente a través del pago de los impuestos al sostenimiento del Estado policial que oprime y explota a los trabajadores vascos”.

Duro reconocimiento

Tras archivarse las investigaciones del asesinato de Juan Caballero Porral, sus hijos recibieron un escrito de la 513 comandancia de la Guardia Civil en el que se informaba de que “no se han descubierto, hasta el momento, los autores del delito, si bien se sospecha que, teniendo en cuenta extremos como la metodología de entrada, la ausencia de otras lesiones secundarias en el cadáver, así como la no falta de ningún objeto de valor (...) haya sido cometido por individuos pertenecientes a la banda armada y terrorista E.T.A. (m)”.

Con estas letras despachaban el anhelo de dos hijos por hacer justicia. Ambos, ante las continuas presiones del entorno terrorista, tuvieron que cerrar un despacho en el que se daba empleo a docena y media de personas y trasladarse a otros municipios de España. Así se lo informaban al Ilustre Colegio de Abogados de San Sebastián en una comunicación con fecha de 12 de mayo de 1987.

Pero el calvario al que esos años se sometía a las víctimas no terminaba en el exilio. El 20 de noviembre de 1987, el ministerio del Interior desestimaba la solicitud de indemnización que solicitaron los dos hermanos, alegando que eran mayores de edad. Pero reconocía el asesinato de su padre como un “atentado terrorista cometido en San Sebastián”. Esta injusticia era subsanada gracias a la entrada en vigor del Real Decreto 1912/1999 de 17 de diciembre, por el que se concedía una indemnización de 23 millones a repartir entre los hijos de las víctimas mortales, independientemente de su edad.

Ahora, 13 años después, estas víctimas vuelven a ser ultrajadas por un Gobierno que no ha puesto los medios a su alcance para que el dirigente de la banda terrorista Josu Ternera, número dos de ETA cuando asesinaron a su padre, se pasee tranquilamente por Europa.

http://www.intereconomia.com/noticias-g ... 0-20130407

por **LARRO** » Mar Abr 09, 2013 11:11 am

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recuerdo el miedo.....no quiero volver a pasar por eso

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