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La Policía Nacional ha detenido a alrededor de 600 personas por toda España en una operación desarrollada contra empresas ficticias, creadas únicamente con el fin de contratar a falsos trabajadores para que éstos pudieran estar dados de alta y cobrar luego distintas prestaciones, como el desempleo. Además de los arrestados, hay mil imputados más que no han podido ser localizados, ya que en muchos casos se trata de personas extranjeras que han regresado a su país de origen.
El fraude a la Seguridad Social estimado por los investigadores se sitúa en torno a los 8 millones de euros, lo que coloca a esta operación como la más importante en relación con este tipo de empresas ficticias de las realizadas por la Policía desde que el Gobierno se marcó esta lucha como una de sus prioridades.
La reciente operación fue desarrollada durante toda la pasada semana en nueve provincias españolas; en concreto, en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Alicante, Valladolid, Almería, Granada y Jaén. El grueso de la investigación está cerrado, aunque las fuentes policiales consultadas no descartan nuevas detenciones en los próximos días.
La actuación ha sido dirigida por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), incardinada en la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería.Los fraudes cometidos por los falsos empresarios y los trabajadores que éstos contrataban para no efectuar actividad alguna fueron cometidos entre 2012 y 2013. Además de los delitos contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, muchos de los detenidos son imputados por falsedad documental debido a que tenían el objetivo de regularizar fraudulentamente su situación en España a través de la vinculación con estas empresas ficticias.
Antes de esta macrooperación, la actuación más importante desarrollada por la Policía contra este tipo de delitos era la que se efectuó el pasado diciembre, cuando fueron detenidas 250 personas en toda la zona de Levante. Todas ellas, junto a los imputados no localizados por los agentes, pudieron haber defraudado nueve millones de euros.La lucha contra estos fraudes ha sido bandera del actual Gobierno. No en vano, el Ministerio del Interior y el de Trabajo firmaron en abril del año pasado un acuerdo de colaboración para potenciar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se concretaba en dar preferencia a estas investigaciones sobre otras.
Tanto el ministro Jorge Fernández Díaz como la ministra Fátima Báñez calificaron el convenio como de “muy necesario”.De hecho, entre las intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy está la de dotar de más medios humanos y materiales a la Sección de Investigación de la Seguridad Social, departamento dentro de la UCDEF que se encarga de todas las pesquisas desarrolladas en torno a las empresas ficticias y al fraude a las arcas públicas. El interés puesto por la Dirección General de la Policía en la persecución de este tipo de delitos ha provocado que los agentes multiplique nel número de operaciones y que dupliquen la cantidad de fraude descubierto en 2013 respecto al ejercicio anterior.
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