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-- En primer lugar, el Gobierno desaprovecha la oportunidad de abordar la reforma del modelo de policía pendiente desde que se iniciara en la VI legislatura (Subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial) y que a día de hoy cobra aún mayor vigencia cuando frente a los «pactos antiterroristas» que ponen el foco en el Código Penal y el recorte de derechos y libertades, lo que realmente demanda la situación es un profundo cambio que culmine en un modelo de seguridad del siglo XXI con la reestructuración del sistema policial español para su adaptación definitiva a un Estado democrático, moderno y europeo.
Pero si eso era necesario, se ha hecho ahora acuciante por la crisis económica que asola Europa, sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema actual español es uno de los más numerosos y caros de la Unión Europea aunque, paradójicamente, sus miembros perciben salarios muy bajos, y que por
tanto, está plagado de ineficiencias y desequilibrios estructurales en un momento en el que la característica de escasez de los recursos, y especialmente de los destinados a satisfacer las demandas públicas cobra toda su virtualidad.
La mayoría de los analistas coinciden en que nuestro modelo no reúne los mínimos exigibles a un sistema donde actúan diversos Cuerpos de Policía. En este sentido, no existe una lógica ni en la estructura ni en las competencias de los distintos Cuerpos de Seguridad que conforman el modelo español. La coordinación entre ellos tiene carencias de todo tipo, no existiendo, por ejemplo, unidad en las bases de datos fundamentales para la prevención de la criminalidad, factor imprescindible en cualquier Estado que pretenda ser eficaz en estas cuestiones.
Me sorprende ver que algunos políticos se dan cuenta de algunos detalles de nuestra profesión. Coincido en este análisis.