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Justicia conocía desde hace dos años la falta de seguridad en la Audiencia de Zaragoza
ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA. La falta de seguridad en el edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y a la Audiencia Provincial de Zaragoza era conocida de antiguo. Los magistrados y el personal llevaban tiempo advirtiendo de la precariedad que se daba especialmente por las noches en unas instalaciones que carecen de los más elementales dispositivos, como alarma o cámaras de seguridad. La situación era conocida por el personal que trabaja en el edificio y le fue expuesta al Ministerio de Justicia a lo largo de los años, según han confirmado fuentes del TSJA. La última vez que se le notificó fue hace tres años, con un informe promovido por el presidente del Tribunal aragonés, Fernando Zubiri.
Pero el propio Ministerio de Justicia conocía de primera mano la situación, porque hace un par de años realizó una auditoría sobre seguridad que evidenció las notorias carencias de esta sede judicial zaragozana. Sin embargo, no fue hasta ayer, después de haber registrado el edificio dos robos en menos de tres días, cuando el Ministerio adoptó las primeras medidas para paliar esa situación. En estos robos se sustrajeron equipos informáticos, no sumarios o documentos.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a ABC que la auditoría se realizó hace dos años, en el marco de un plan general para revisar la seguridad de las sedes judiciales españolas. Afirmaron que, a raíz del informe relativo al TSJA, se determinó que debía instalarse vigilancia pasiva, es decir, cámaras de seguridad y, previsiblemente, alarma.
Seguridad privada
Fuentes del TSJA, sin embargo, se preguntaron ayer por qué hasta ahora no se había procedido a instalar esos dispositivos y se ha tenido que esperar a que se produjeran dos robos consecutivos -uno el fin de semana y otro en la noche del lunes al martes- para que se hayan adoptado las primeras medidas. Éstas han consistido en la contratación de una empresa privada de seguridad, que permite que, por las noches, ya haya vigilancia en el interior del edificio. Según el Ministerio, es una medida provisional ante los robos ocurridos. No es, por tanto, la solución definitiva, que aún está por llegar y que, en cumplimiento de lo que indicaba la auditoría de hace dos años, pasa por colocar cámaras de vigilancia permanente en este inmueble y, previsiblemente, sistema de alarma.
Las cámaras, sin fecha
No se indicó cuándo está prevista la instalación de estos sistemas. Y hay que tener en cuenta que el Gobierno aragonés y el central han negociado durante los últimos años la transferencia de las competencias de Justicia. Se tiene previsto que el acuerdo de estas transferencias se firme el próximo mes de enero. Cuando ese documento esté rubricado, las instalaciones, su mantenimiento y sus equipamientos pasarán a ser competencia de la Comunidad autónoma. Dicho de otra forma, que si esos dispositivos de seguridad pasiva no los coloca el Ministerio de Justicia antes de enero, pasará a tenerlos que afrontar el Gobierno aragonés.
Desde el Ministerio se trataba de justificar ayer la situación que arrastra la más alta sede judicial aragonesa. Afirmaron que estaba previsto subsanar las carencias y que, por eso, se procedió a realizar la auditoría en materia de seguridad, como en el resto de sedes judiciales españolas. Y afirmaron que si hasta ahora no había vigilancia por las noches era porque no se entendía necesaria, por no ser un edificio en el que se realicen guardias. Las mismas fuentes insistieron en que «se va a instalar seguridad pasiva en las instalaciones y, entre tanto, habrá seguridad privada por las noches».
Reforzada la vigilancia exterior
La polémica surgida tras los dos robos consecutivos de los últimos días ha hecho que las distintas instancias oficiales implicadas, directa o indirectamente, hayan lanzado explicaciones. El Ministerio considera que la solución estaba prevista, aunque no hubiera llegado todavía. La Delegación del Gobierno, por su parte, a la que fuentes del TSJA indicaron que les hicieron saber en varias ocasiones la situación -la última hace tres años-, indicó ayer que esta era una cuestión que afectaba exclusivamente al Ministerio en sus relaciones con el Poder Judicial. Aun con todo, afirmaron que a raíz de los robos, se ha reforzado la vigilancia en los alrededores del edificio por parte de los coches patrullas que se encargan de la seguridad ordinaria en ese sector de la capital aragonesa.
Entre tanto, desde el Gobierno aragonés, que ya cuenta con un departamento de Justicia para preparar la llegada de estas competencias y para gestionarlas posteriormente, explicaron que las carencias de seguridad en esta sede judicial es algo en lo que no pueden actuar todavía, porque la Administración regional aún no tiene esas competencias. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que la seguridad de las instalaciones es uno de los asuntos que se está analizando en los trabajos preparatorios para recibir las competencias.